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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos.

Hizo uso de la palabra el Sen. Omar Fayad Meneses.
Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores:
Alejandro Tello Cristerna, PRI.
Benjamín Robles Montoya, PRD.
Arturo Zamora Jiménez, PRI.
Maki Esther Ortiz Domínguez, PAN.
Martín Orozco Sandoval, PAN.
David Penchyna Grub, PRI.
Adriana Dávila Fernández, PAN.
Fidel Demédicis Hidalgo, PRD.
Jorge Luis Preciado Rodríguez, PAN.
Fue aprobado en votación económica.


SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E.-

De Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8°, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e instruir a sus órganos de fiscalización para realizar auditorias a las Haciendas Públicas, y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a tomar las medidas necesarias para que la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental sea discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo de treinta días naturales; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las perspectivas económicas internacionales se encuentran en una situación francamente delicada. Lo anterior debido a que varios países de la zona del euro se encuentran en medio de una severa crisis de endeudamiento que ya afecta la actividad económica mundial.

Así, debido a malos manejos financieros, países como Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España se encuentra en franco riesgo de insolvencia. Por ejemplo, al cierre de 2011 Grecia e Italia tenían un endeudamiento bruto del sector privado de 142 y 119% del sus respectivos productor internos brutos (PIB); es decir, su endeudamiento supera el valor de toda la producción anual de bienes y servicios de sus economías.

Para poder acceder a nuevos créditos y paquetes de ayuda económica, se ha visto en la necesidad de implementar un doloroso programa de reordenamiento económico consistente en aumentar impuestos y reducir abruptamente el gasto público, pese al elevado desempleo en algunos de esos países y al descontento social en todos ellos. Incluso, en el caso de Grecia, la situación amenaza con sacar al país de la zona del euro.

Durante los últimos 12 años, el Gobierno Federal mexicano ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se promovieron diversas reformas a la Constitución y se emitieron nuevos ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Gracias a este nuevo andamiaje legal, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, lo que permite que haya mayor orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la Fedreación.

Sin embargo, estos avances han estado primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y municipios. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave. Ya en el documento Índice de Competitividad Estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad -refiriéndose a la situación imperante en las entidades federativas- señalaba que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal ni cuáles son sus salarios”. En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.

Que los gobernantes locales no están obligados a reportar cómo gastan propicia ineficiencia y dispendió, con el resultante incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a varias autoridades a contraten mayores montos de deuda y a exceder la capacidad de pago de sus Haciendas Públicas.

De diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de las entidades federativas y municipios se incrementó en 99.1%, al pasar de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5  millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7% en diciembre de 2008 a 80.1% en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del PIB del país asciende a 2.7%.

Por supuesto, no es la misma situación en todas las entidades federativas. Pues mientras en algunas hay indicios de disciplina en las finanzas públicas, en otras la situación es sumamente preocupante. Así, estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Nuevo León han incrementado sustancialmente sus pasivos de corto y largo plazo en los últimos años, puesto que al amparo de la falta de transparencia han contratado deuda pública para financiar gasto corriente. Por ejemplo, a junio de 2012 Chihuahua tiene una deuda de 18 mil 860.2 millones de pesos, que equivale al 129.3% de las participaciones recibidas; Coahuila una deuda de 36 mil 499.6 millones de pesos, que ascienden al 299.1% de sus participaciones; Michoacán un endeudamiento de 16 mil 472.3 millones de pesos que son el 103.8% de sus participaciones; y Nuevo León con obligaciones financieras de 40 mil 008.5 millones de pesos, que equivalen al 177.5% de sus participaciones.

Como se puede observar en los casos de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, estos casos de dispendio y opacidad son más notorios en el caso de los estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Debe también notarse, haciendo un ejercicio de memoria histórica, que en los peores momentos económicos del país, los gobiernos del PRI ha sumido al país es severas crisis causadas por su irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.

El endeudamiento irresponsable de los gobiernos es terriblemente injusto. Si bien, gracias al manejo responsable del Gobierno Federal no hay todavía un riesgo a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de las deudas de las entidades federativas respecto a sus ingresos implica que para poder solventar sus obligaciones se afectará el bienestar de las generaciones futuras. Tarde o temprano, la deuda se tendrá que pagar y serán los ciudadanos los que se apretarán el cinturón, como pasa en la actualidad en varios países de la zona del euro: para que sus gobiernos puedan enfrentar sus obligaciones financieras han tenido que aumentar los impuestos y reducir su gasto público lo que, en un contexto de elevado desempleo, disminuye el bienestar de su población.

En este sentido, el pasado primero de septiembre el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Cabe señalar que esta Iniciativa es la primera con trámite preferente que se presenta en esta Cámara.

El objetivo de la Iniciativa es asegurar que los recursos públicos no sean distraídos para otros fines, es la de establecer los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría.

Por ello, en el tema del endeudamiento de las entidades federativas y municipios, se señalan que los entes públicos deben informar sobre las obligaciones de deuda pública, incluyendo todos los pasivos de cualquier naturaleza, independientemente si son considerados deuda en términos de la legislación local. De esta manera, la iniciativa del Presidente de la República ataca el problema del endeudamiento excesivo e injusto que algunos gobiernos estatales han efectuado recientemente.

Sin embargo, debe notarse que más allá de las deudas estatales y municipales, la referida iniciativa aborda de manera integral todo el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Así, la iniciativa establece los rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, tales como: sus fuentes de ingresos, sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, los pagos efectuados a los servidores públicos por concepto de remuneraciones; los pagos por pensiones, gastos de inversión, así como sus proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, el listado de programas que serán sometidos a evaluación del desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

El resultado será que tendremos reglas para la presentación homogénea y armónica de la información financiera durante todo el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno. Así, tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como a la sociedad en general, tendrán acceso a información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas en el manejo y aplicación de los recursos públicos.

Al tenor de lo anterior, la finalidad de este punto de acuerdo es exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal a presentar estudios sobre la sostenibilidad de las deudas contratadas y sus efectos de mediano y largo plazos en el bienestar de la población. También, se exhorta a Congresos  locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a establecer mecanismos de control de transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado ha establecer las comisiones pertinentes para cumplir con el mandato constitucional de discutir y votar la referida iniciativa en un plazo máximo de 30 días.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a los gobernados de los 31 estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las Haciendas Públicas a su cargo, con especial énfasis en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados y los efectos de mediano y largo plazos en el bienestar de la población.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Congresos de los 31 estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como instruir a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de las Haciendas Públicas de los estados y el Distrito Federal.

TERCERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para tomar las medidas necesarias para que a la brevedad se establezcan la Comisiones de trabajo a fin de que la Iniciativa con Trámite Preferente con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental sea discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo de treinta días naturales. Lo anterior para cumplir con el mandato del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SUSCRIBE

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 05 días del mes de septiembre del año dos mil doce

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