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Poder Ejecutivo Federal

Iniciativas

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Se turnó Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Iniciativa_LGAPV.pdf)

Expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas; la ley que se propone expedir es de orden general y de observancia en todo el territorio nacional, obliga en el ámbito de sus respectivas competencias a las autoridades de los diversos órdenes de Gobierno, con atribuciones en materia de atención a víctimas, así como a las instituciones públicas, sociales o privadas, a fin de que brinden a las víctimas de servicios básicos, como atención médica, psicológica, jurídica y social.

La ley enuncia un conjunto de principios generales que deberán de observarse para tutelar y garantizar una serie de derechos mínimos de las víctimas, como el de recibir un trato digno y respetuoso, conocer toda la verdad sobre los hechos delictivos de los que fueron objeto. Se propone, también, que la calidad de víctima no esté condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor o autores del delito y será independiente de la relación familiar que exista entre el perpetrador y la víctima.

El carácter de víctima, le deberá ser reconocido no sólo por los jueces penales, sino, también, por los jueces de amparo, por los jueces civiles y por jueces familiares; por los órganos jurisdiccionales internacionales y las Procuradurías Sociales de Atención a Víctimas. En caso de delitos en que se encuentre bajo amenaza la vida o integridad corporal de una persona, la procuraduría social competente podrá otorgar el reconocimiento de la víctima, aún sin que se haya formulado denuncia, querella o queja, para lo cual bastará con la existencia d elementos indiciarios de la existencia de hecho victimizante, concediéndole los derechos que la ley contempla.

Las víctimas gozarán de los derechos que establece la ley, desde la fase de victimización y hasta que haya sido rehabilitada o haya asumido una cotidianeidad conforme a los estudios que al respecto se practiquen y hasta el grado que sea factible.

Los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades federativas que, en el ámbito de su competencia, emitan una sentencia donde se determine la violación de un derecho humano deberán pronunciarse respecto de la reparación del daño, por lo tanto dicha reparación del daño quedará sujeta a que se acredite la concurrencia de los siguientes elementos: que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, y que dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.

La atención médica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los delitos a que se refieren el artículo 75 de la ley, será proveída por la institución pública de salud de la que sean derechohabientes. En caso de no serlo de ninguna o de que la atención que se requiera no sea proveída por ésta, será brindada por otras instituciones del Sistema Nacional de Salud de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, de la Federación.

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente será la responsable de coordinar con su junta de gobierno o consejo de participación a las instituciones de seguridad pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades y dependencias competentes, para alcanzar la atención integral a las víctimas.

Se crea la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas al seno de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos federal como órgano especializado en brindar cada uno de los servicios jurídicos que establece esta ley en beneficio de las víctimas de delitos federales. Y en el ámbito local deberán crearse instancias con funciones análogas.

Se contempla que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación ciudadana. Dichos Consejos, integrados por representantes de los sectores público y social, podrán emitir recomendaciones y observaciones para promover un acceso cada vez más efectivo a la justicia para las víctimas.

Se crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, cual tendrá por objeto formular políticas generales de atención a víctimas, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar acciones en la materia. Estará integrada por los titulares de las instituciones de atención a víctimas de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. En coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá elaborar un programa nacional de atención a las víctimas.

Se prevé un mecanismo de ayuda económica victimal, que se otorgará independientemente de la reparación del daño, en algunos supuestos en los que, a consecuencia de ciertos delitos, las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo. Para ello, se propone la creación de 33 fondos de apoyo que se integrarán, entre otros, con los recursos que se asignen en los presupuestos Federal y estatales, los que se obtengan de decomisos realizados a la delincuencia, así como con las aportaciones que hagan organismos públicos, privados y sociales.

Finalmente, se propone crear el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que integrará la información de los tres órdenes de Gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas, con ello, se podrá dar seguimiento puntual a las diversas fases de asistencia que contempla la ley para ayudar a que las víctimas se reintegren a su vida cotidiana.

En un artículo segundo, la iniciativa propone la adición de una fracción V bis, al artículo 10; una fracción VIII bis al artículo 12; un Capítulo VII bis “De la Conferencia Nacional de Atención Integral a Victimas” integrado por los nuevos artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter; así como una fracción III, al artículo 115; y reforma la fracción XVII del artículo 25; se derogan el inciso d) de la fracción III del artículo 20; y el artículo 134 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efectos de armonizar sus disposiciones con las de la nueva Ley General de Atención y Protección a las Víctimas.

Finalmente en un artículo tercero, la iniciativa propone reformar el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para adicionar lo relativo al Fondo de Apoyo a las Víctimas a que se refiere la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas.