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Viernes 14 de agosto de 2015
Gaceta: LXII/3SPR-23

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Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores

Una, del Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA. SE COMUNICÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS, PRI
DIP. LILIA AGUILAR GIL, PT
DIP. TOMÁS TORRES MERCADO, PVEM
SEN. GERARDO FLORES RAMÍREZ, PVEM
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, PRD
DIP. MARCELO TORRES COFIÑO, PAN
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, PAN
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN, PRI
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

Poder Ejecutivo Federal

Secretaría de Gobernación

Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa, del 11 al 17 de julio de 2015.

QUEDÓ DE ENTERADO.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA DE LA CÁMARA DE SENADORES; A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS; Y A LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE.

Banco de México

Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente al periodo abril-junio de 2015.

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Legislaturas de los Estados

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa propone reformar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil para suprimir el texto “Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave”, para quedar “Cuando se cancele un vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario que tengan por consecuencia la denegación del embarque […]”.

Asimismo, propone adicionar el artículo 52 Bis para prohibir la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave.

Del Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se establece la segunda vuelta para las elecciones de Presidente de la República, gobernadores, jefe de gobierno, presidentes municipales y jefes delegacionales.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa propone reformar el artículo 81 constitucional para establecer que, en las elecciones presidenciales, el candidato con la mayoría absoluta de los sufragios emitidos será electo y prevé que, en los casos en los que no se obtuviera dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta en la que participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta, bajo ese criterio, reforma el artículo 115 en el caso de la elecciones de presidentes municipales, el artículo 116 para la elección de gobernadores, el artículo 122, Base segunda, para la elección de Jefe de Gobierno y la base tercera del mismo artículo para la elección de los titulares de los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales.

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Propone como objetivo prioritario de la economía del país, que el Banco de México promueva el crecimiento económico sostenido del país. Asimismo, establece como función del Banco de México promover en coordinación con el Gobierno Federal el crecimiento económico sostenido del país.




ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El objeto de la iniciativa es precisar qué especies acuáticas destinadas a las actividades pesqueras y acuícolas serán reguladas por SAGARPA y por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en tanto que las especies acuáticas que no están destinadas a las actividades pesqueras y acuícolas serán reguladas por la SEMARNAT y por la Ley General de Vida Silvestre.




ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 47 de la Ley del Banco de México.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Establece que le corresponderá al Gobernador del Banco de México, comparecer ante la Cámara de Diputados cada vez que la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense supere el 10%, a fin de rendir un informe respecto a las medidas llevadas a cabo por el Banco Central en coordinación con la Comisión de Cambios; y difundir información oportuna, clara y precisa a través de los medios de comunicación masiva, respecto de las acciones realizadas por el Banco Central Mexicano en momentos de una potencial crisis financiera.

De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La presente iniciativa tiene como objeto principal que el sistema de certificación se restrinja a las energías renovables, esto mediante la modificación de algunos artículos en los que se pretende cambiar el concepto de “Energías Limpias” por el de “Energías Renovables”.

Asimismo, la iniciativa da una definición de Energías Renovables, en donde menciona que son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica.

De la Dip. Friné Soraya Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que en la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicables al personal docente y al personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación media superior se incluya además del Instituto Politécnico Nacional al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; señalando que para ello se deberá considerar la normativa propia de dichos Institutos.

De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 y 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa propone reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados con el fin de establecer como obligación la dictaminación de los asuntos turnados a las comisiones en tiempo y forma, con el propósito de que estos asuntos sean discutidos por los integrantes de la Legislatura correspondiente y, de esta manera, evitar el rezago legislativo. En ese sentido sustituye el término “precluido” por “vencido”, para referirse al plazo para emitir dictamen. Asimismo, establece que la Mesa Directiva incluirá en el orden del día los asuntos que no se resuelvan en el plazo indicado, con el fin de que sean discutidos y votados por el pleno; en virtud de lo anterior, dispone que dichos asuntos deberán ser aprobados por mayoría calificada o de lo contrario serán desechados.

Se propone, además, adicionar la fracción VIII al numeral 1 del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados para que los Presidentes de las Juntas Directivas de las comisiones cuenten con la atribución de instruir a su Secretario Técnico el estricto cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso de dictaminación de los asuntos que le sean turnados.

De los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone expedir la Ley General para el Control de la Cannabis para regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados de la cannabis. Asimismo, establece atribuciones de coordinación a la Secretaría de Salud con las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Economía, la Procuraduría General de la República y otras autoridades competentes. La Secretaría de Salud establecerá lineamientos que garanticen la instrumentación y ejecución del Programa Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia.

Por otra parte, la ley establece regular la producción, autoproducción, comercio, distribución y venta de los productos derivados de la cannabis. Para lo que será necesario licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, además se clasificarán los establecimientos destinados a la producción de la cannabis. Asimismo, se llevará a cabo vigilancia sanitaria por verificadores de la secretaría. Propone la participación de la sociedad civil en la prevención y tratamiento de la dependencia, así como la denuncia ciudadana cuando se observe incumplimiento de las obligaciones de la ley.

Crea las Asociaciones Cannábicas para Usuarios, que son grupos sin fines de lucro que se organizan para cultivar y producir cannabis para el consumo exclusivo de los usuarios miembros de la Asociación.

Reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud para crear el Programa Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia, que pondrá diversas acciones para la prevención y uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia.

Reforma el Código Penal Federal para establecer pena de prisión de uno a seis años a quien como actividad principal tenga labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de amapola.

Reforma la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para el establecimiento de pago de derechos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, por hectárea, fábrica o laboratorio, almacén, depósito, farmacia o botica, droguerías y autoconsumo.

De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 en su numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone modificar el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su numeral 2 para adecuarlo al texto constitucional; el primer precepto invocado señala que para tener derecho a diputados de representación proporcional se requiere deducir de la votación total emitida “los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación”, mientras que el artículo 54 fracción II de la Constitución General de la República indica que son causa de pérdida de registro de un partido político “no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida..”

Por lo anterior, en el texto del artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se adicionará la frase “por lo menos”.

De la Dip. Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa tiene como objetivo establecer sanciones de un mes y hasta cuatro años de prisión, así como una multa de cincuenta a cien días de salario mínimo, a quien abandone a una persona adulta mayor, un menor o una persona enferma; establece que este delito se perseguirá de oficio y dispone que el Ministerio Público pondrá al abandonado al cuidado de la institución correspondiente, que promoverá la privación de la patria potestad o tutela y que designará un tutor especial si la persona activa del delito fuere ascendiente o tutor del menor abandonado.

Del Dip. Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 bis 1 y 77 bis 36 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa pretende que para que el Estado garantice el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a todos los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, deben contemplar todos los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como todos los servicios de consulta externa y hospitalización para todas las intervenciones de segundo y tercer nivel de atención contempladas dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

De la misma manera, pretende que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tengan derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación todos los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de todos los padecimientos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y María Lucero Saldaña Pérez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de acoso escolar.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Con las reformas a la Ley General de Educación se busca delimitar la obligación del Estado en materia de entorno escolar libre de violencia, así como la responsabilidad ante el incumplimiento de dicha obligación; de la misma manera, se establece el derecho del educando de recibir una indemnización por los daños que, ante el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a un entorno escolar libre de violencia, genere en sus bienes o derechos.

Las reformas al artículo 77 tiene por objeto disipar cualquier duda respecto de la responsabilidad del Estado tratándose de educación impartida por particulares, en la que por su obligación de supervisión y por la autorización que otorga el Estado, no exime de la responsabilidad ante el incumplimiento de la garantía de entornos escolares libres de violencia y se prevé la situación en la que el acoso escolar se dé en una institución que presta servicios educativos sin la autorización del Estado, en ese caso es fundamental no dejar desamparado al menor; por lo que se plantea que, para que prevalezca el interés superior de los menores, la responsabilidad por los daños que el menor pueda sufrir, recaiga en el Estado, dejando a salvo las demás sanciones a la que dicha institución se haga acreedora, inclusive penales.

Se define el objetivo de la indemnización, que es el de resarcir el daño, personal y moral, de manera íntegra, ya sean presentes y futuros; además que tenga un efecto disuasivo de la conducta dañosa.

Finalmente con la reforma del artículo 80 remite a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que a la letra dice “La presente Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal y los principios generales del derecho.

La reforma al artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es para homologar la ley en relación a la obligación del Estado en materia de entorno escolar libre de violencia.

Del Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 51 de la Ley General de Educación con la finalidad de establecer el derecho de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y la del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y la de Educación y del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República para que colaboren con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la elaboración del Calendario Escolar cada año, siendo esto, en los meses de mayo y junio del año inmediato anterior al calendario escolar correspondiente, con la finalidad de que se acorten los días inhábiles.

Del Dip. Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Se busca incorporar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las elecciones primarias como la forma en que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias electorales para la postulación de candidatos por el principio de mayoría relativa en los partidos políticos, destacando que las elecciones primarias serán abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos políticos como parte de sus procedimientos para la postulación de candidatos.

Propone incorporar como derecho de los ciudadanos que deseen hacerlo expresar en elecciones primarias sus preferencias por los candidatos por el principio de mayoría relativa a ser postulados por los partidos políticos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

En el Titulo Segundo se busca cambiar la denominación de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el de Titular del Poder Ejecutivo Federal y busca que uno de los fines del Instituto Nacional Electoral (INE) sea la de garantizar, a través de elecciones primarias, el derecho de los ciudadanos de expresar sus preferencias por los candidatos por el principio de mayoría relativa a ser postulados por los partidos políticos.

De la misma manera, se propone que el Instituto Nacional Electoral entre otras atribuciones tendrá la de llevar a cabo las elecciones primarias, el padrón de los militantes de los partidos políticos, así como el de los ciudadanos simpatizantes de los respectivos partidos políticos, para los efectos de las elecciones primarias y busca brindar nuevas atribuciones en materia elecciones primarias al Consejo General del INE.

Y propone que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral, el registro de militantes de los partidos políticos y el registro de simpatizantes de partidos políticos.

En la iniciativa se busca que las comisiones de vigilancia tendrán la atribución de vigilar que la inscripción de los Ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores, el registro del padrón de militantes y de simpatizantes de los partidos políticos y se adiciona un Capítulo II Bis denominado de las Elecciones Primarias.

Con las reformas propuestas a la Ley General de Partidos Políticos, se pretende regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de derechos y obligaciones de sus militantes y de sus simpatizantes, para los efectos de las elecciones primarias y la participación en elecciones primarias como parte del procedimiento de postulación de sus candidaturas.

Establece como un derecho político-electoral de los ciudadanos mexicanos votar y ser votado en las elecciones primarias, como parte del procedimiento de selección de candidaturas y en las elecciones constitucionales, propone como derecho de los partidos políticos participar en las elecciones incluyendo las primarias y pretende que la autonomía para regular la vida interna de los partidos políticos de ninguna manera eliminará la celebración de elecciones primarias, en los términos que dicten las leyes.

Y propone establecer como obligación de los partidos políticos la de cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos, en cuyo caso, deberán participar en la celebración de elecciones primarias como parte del procedimiento de postulación de candidatos y que sus estatutos no podrán limitar el procedimiento de las elecciones primarias.

Del Dip. José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Reforma el tercer párrafo y adiciona seis párrafos a la fracción XIX, del artículo 27 constitucional, con el objetivo fundamental de crear un órgano constitucional autónomo para la procuración de justicia agraria, especificar sus órganos de gobierno y el mecanismo institucional para nombrar al titular, así como establecer los sujetos jurídicos portadores de los derechos agrarios

La reforma propone establecer en el nivel constitucional el carácter de la Procuraduría Agraria como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión.

Asimismo, establece que, en el marco de sus obligaciones de servicio social gratuito, la protección y defensa de los derechos sociales agrarios y derechos humanos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general, estará a cargo de la Procuraduría Agraria, conforme a los principios agrarios consagrados en el artículo 27 y los derechos humanos del artículo 1 de la Constitución.

De la Dip. Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de exigibilidad de los derechos sociales.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La presente iniciativa pretende implementar un Capitulo denominado de la Exigibilidad de los Derechos Sociales, el cual menciona que toda persona o grupo de personas a quienes se les haya negado, restringido o suspendido el acceso a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social conforme a lo dispuesto en esta Ley, podrán exigir la reparación de la presunta violación mediante el recurso de queja que presentarán ante la Secretaría de la Función Pública.

El recurso de queja procederá también ante omisiones de las autoridades encargadas de operar los programas de desarrollo social o cuando autoridades de las entidades federativas o de los municipios hayan sido quienes negaron, restringieron o suspendieron el acceso a toda persona o grupo de personas a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social, la queja se presentará ante la dependencia u organismo homologo a la Secretaría de la Función Pública, en los términos y bajo el procedimiento previsto en la Ley. El recurso de queja deberá presentarse por escrito, de manera oral o por lenguaje de señas mexicanas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de la negativa, restricción o suspensión de sus derechos sociales

En la iniciativa se menciona que el recurso de queja contendrá el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre quien deberá acreditar su representación; la autoridad responsable de la operación del programa de desarrollo social que haya sido negado, restringido, suspendido o aquella que haya omitido responder al promovente solicitud para participar y beneficiase de los programas de desarrollo social; el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; las violaciones a los derechos sociales que a su juicio le cause el acto u omisión que se reclame; y los documentos y demás pruebas que a su juicio guarden relación con el acto u omisión que se reclame.

Para el caso de que la queja haya sido presentada de manera oral o por lenguaje de señas mexicanas, porque el promovente no entienda el idioma español por pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena o tenga discapacidad del sentido auditivo, se le proporcionará gratuitamente un traductor o interprete.

Por otra parte se menciona que la Secretaría de la Función Pública podrá solicitar en cualquier momento a la autoridad señalada como responsable o a cualquier otra autoridad, adoptar las medidas precautorias o cautelares que sean necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables al quejoso sobre la presunta violación de sus derechos sociales; asimismo, las medidas precautorias o cautelares podrán ser conservatorias o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del acto u omisión que se reclame. En todo caso, se adoptarán medidas para que el quejoso no sea sujeto de intimidación o discriminación como consecuencia de la presentación de la queja.

Establece que desde el momento en que se admita la queja, la Secretaría de la Función Pública exhortará a las partes a llegar a una conciliación para lograr una solución inmediata del conflicto, siempre que se dé dentro de los derechos sociales que se consideren violados. El acuerdo de conciliación o, en su caso, el allanamiento de la autoridad señalada como responsable a las pretensiones del quejoso pondrán fin al conflicto, para lo cual la Secretaría de la Función Pública emitirá resolución que tendrá por objeto reparar al quejoso los derechos sociales que le hayan sido violados. La resolución deberá emitirse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se acuerde la conciliación o el allanamiento a las pretensiones del quejoso, la cual será notificada de manera personal a las partes.

De la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, para impulsar el fomento de las actividades artísticas en la educación preescolar, primaria y secundaria.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone establecer en los planes y programas de estudio a la educación artística como obligatoria en los niveles inicial, básica y media para fortalecer el desarrollo integral de las personas, de sus potencialidades artísticas y de capacidades cognitivas, practicas, éticas y afectivas, atendiendo sus vocaciones personales.

Del Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Turismo y se expide la Ley de Protección al Turismo.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adicionar una fracción XV, recorriendo la actual, para pasar a ser la fracción XVI del artículo 4 de la Ley General de Turismo para establecer que será atribución del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerá a través de la Secretaría de Turismo el formular, determinar y establecer las políticas en materia de protección y seguridad al turismo, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que corresponda, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección al Turismo y su Reglamento.

Por otra parte, con la iniciativa se propone expedir la Ley de Protección al Turismo, la cual consta de treinta y siete artículos y siete transitorios, distribuidos en cinco Capítulos. En el Capítulo I, denominado “Generalidades”, se establece el objeto y finalidad de la Ley, se plasman las definiciones, todas armonizadas con los contenidos de la Ley General de Turismo y se mencionan los derechos del turista. En el mismo capítulo se establece el marco de coordinación y las funciones que competen a la Federación, los Estados y Municipios.

En el Capítulo II, denominado “De la Certificación en Materia de Protección Turística” se establece el mandato de creación de todo un esquema de certificación de una policía especializada bajo la rectoría de la Secretaría de Gobernación. En el Capítulo III, denominado “Del Programa Nacional de Protección Turística” se define al mismo como el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo del Sistema Nacional, según lo dispuesto por la Ley de Planeación. También se contempla la creación y diseño de programas estatales y municipales de protección turística.

En el Capítulo IV, denominado “Del Sistema Nacional de Protección Turística” se define al mismo como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección del turista, tanto nacional como extranjero que se encuentre en territorio nacional, contra los peligros y riesgos en lo referente a su seguridad.

Finalmente, en el Capítulo V, denominado “De los Mecanismos de Participación de la Sociedad” se menciona que los prestadores de servicios turísticos pertenecientes al Registro Nacional de Turismo podrán desarrollar mecanismos y planes de protección al turista, bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, asimismo se reconocen como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones municipales, estatales, regionales y nacionales que obtengan su registro ante la instancia correspondiente.

En los Artículos Transitorios, se establecen los plazos y términos para que el Ejecutivo expida el Reglamento de la Ley y se determina que la Federación tendrá un término de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, para definir y establecer el perfil y contenidos que deberán ser tomados en consideración para crear los cuerpos de seguridad pública especializados en materia de protección al turismo, todo al amparo y de conformidad con los mecanismos que ya establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informen sobre el avance de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como los resultados de la investigación y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Chiapas.

INTERVINO EL DIP. DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MC.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta de género en diversos municipios del Estado de México y del estado de Morelos.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado información sobre las supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la reforma educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y apoyar la labor de los docentes en estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y fortalecer al sistema educativo nacional.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se da por atendida la solicitud de las proposiciones relativas a las políticas de prevención y erradicación del virus del chikungunya en México.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES