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Gaceta del Senado


Jueves 03 de abril de 2014
Gaceta: LXII/2SPO-115

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Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

El proyecto de decreto propone reformas a diversos artículos que establecen los montos de las multas que se aplican a los portadores de armas de fuego, por no registrar las armas permitidas ante la autoridad competente, promoviendo así, el uso legal y correcto de las armas, así como prevenir el uso indebido de las armas y salvaguardar la seguridad pública. De igual manera propone reformas para que en el supuesto de que se recoja un arma por no portar la licencia correspondiente, se amplíe el plazo para exhibir dicha licencia.

La Cámara de Diputados, previa discusión y revisión del proyecto de decreto resuelve modificar los montos propuestos por el Senado, por lo que la devuelve para efectos de su valoración.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

La Colegisladora propone modificar el texto del artículo 83 Quintus aprobado por la Cámara de origen, señalando que si bien las reformas tienen como propósito sancionar no sólo a quién posea o porte sin permiso armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también a quién posea cargadores de cartuchos, la Cámara de Diputados estima que existe la posibilidad jurídica para que pueda darse la posesión lícita de cargadores de cartuchos de uso exclusivo, por parte de algún funcionario federal o estatal a quién le haya sido otorgada licencia individual de portación, en virtud de lo cual se considera viable incorporar la circunstancia de ilicitud en el tipo penal que se propone, a efecto de diferenciar de manera indubitable la posible posesión lícita de algún cargador de cartuchos.

Los diputados consideran también necesario establecer sanciones diferenciadas, dependiendo el número de cargadores de cartuchos de uso exclusivo que se posean, atendiendo a los principios de proporcionalidad de la pena y razonabilidad jurídica; por otra parte estima que el proyecto de decreto aprobado en la minuta omite estos principios constitucionales al no establecer alguna fórmula para graduar la penalidad, más allá de establecer un mínimo y máximo, por lo que de aprobarse la minuta en sus términos, existiría la posibilidad jurídica de que puedan aplicarse penas corporales similares a quién posea dos cargadores de los ya referidos, respecto de quién posea cantidades mayores.

La redacción que aprueba la Cámara de Diputados establece en el artículo 83 Quintus, que al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores; y con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone un conjunto de reformas de la Ley General de Asentamientos Humanos, con el fin de crear un instrumento normativo que contribuya a evitar situaciones críticas, así como sus costos sociales y económicos en el desarrollo de los centros urbanos del país, mediante la aplicación y cumplimiento de lineamientos en materia de planeación urbana, que permitan disminuir riesgos para toda la población. Por otra parte, se plantea una mejor planeación para la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres naturales y el cambio climático.

Entre otras disposiciones, las reformas tienen por objeto fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para garantizar la seguridad de sus habitantes, a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos; la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos, así como la prevención de la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico y la reubicación de la población asentada en zonas de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Con las reformas, se considera como causa de utilidad pública, la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento. Y en un nuevo Capítulo Octavo Bis, se describen las normas orientadas a la prevención de riesgos en los asentamientos humanos, cuyo objeto será el establecer las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio en zonas sujetas a riesgos. Finalmente se pretende establecer normas que permiten que la institución competente asesore a los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano, así como, en coordinación con la Secretaria de Gobernación, apoyar en la formulación de sus Atlas de Riesgo y en la capacitación técnica de su personal.

Iniciativas

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los Senadores Arely Gómez González, Óscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David Penchyna Grub, Roberto Armando Albores Gleason, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas normativos internos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Establece que la aplicación de las normas en los pueblos y comunidades indígenas para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a los concejales de los ayuntamientos y a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, está reservado a los Estados de la República, en términos de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los Estados, Tratados Internacionales y leyes en la materia. En la elección de los concejales a los ayuntamientos y de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas que electoralmente se rigen por sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, los Estados deberán garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara, Martha Elena García Gómez y Dolores Padierna Luna, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados y separados.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DE ATENCIÓN A GRUPÓS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que en lugar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) continúe determinando el interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes no acompañados y separados (NNA), sea una Comisión plural la que se encargue de definir las medidas de corto y mediano plazo que permitan asegurar su integridad, sus derechos y su desarrollo en condiciones dignas y adecuadas, tomando como base la evaluación del interés superior. Esta Comisión, que se denominará “Comisión Especializada para la Determinación del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente”, estará conformada por representantes de organizaciones civiles por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente y representantes de las dependencias gubernamentales cuya competencia pueda ayudar a proporcionarles una protección integral acorde a su interés. Quienes integren esta Comisión deberán ser profesionales especializados en cuestiones relacionadas con el desarrollo del niño y el adolescente.

Establece que cuando exista el riesgo razonable de que en el país de origen los niños, niñas y adolescentes vean vulnerados sus derechos o tengan un fundado temor a ser perseguidos, el Estado mexicano reconocerá tanto su condición de refugiado como el principio de no devolución. En este caso, se atenderá la solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en su territorio o salir de él a fin de garantizar la reunión de la familia.



De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Se incluye una reforma que contenga la definición de violencia sistémica, entendida como aquella que se traduce en hechos constitutivos de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad o la seguridad cometidos en contra de niñas y mujeres por razones de género.

Se propone que siga siendo la Secretaría de Gobernación la dependencia facultada en declarar o negar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, con base en el informe emitido por el Comité de Expertas. Se proponen reformas para estar en concordancia con las reformas, del 2 de enero de 2013, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

Se propone ampliar el catálogo de sujetos que pueden solicitar la Alerta de Violencia de Género a los siguientes: Organizaciones de la sociedad civil; Comisión Nacional de Derechos Humanos; Organismos de Protección de los Derechos Humanos de las 31 Entidades Federativas y el D.F.; Organismos Internacionales, o cualquier persona; la iniciativa propone establecer los supuestos por los cuales se puede solicitar la Alerta de Género a nivel federal. Se adiciona un Capítulo V Bis denominado “Del Procedimiento para la Emisión de la Alerta” con lineamientos y plazos puntuales para dar respuesta a las solicitudes de Alerta de Violencia de Género en

Se propone la adición de un Capítulo V Ter, denominado “Del Comité de Expertas” en donde se establece la naturaleza jurídica del Comité como “un cuerpo colegiado, con carácter honorifico, a cargo de la oficina de la persona titular de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, que tiene por objetivo recibir, analizar y emitir un informe de todas las solicitudes de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres que reciba la Secretaría. Así como, solicitar medidas provisionales de protección y prevención”.

Finalmente, se reforma el artículo 49 para adicionar dos nuevas obligaciones a las entidades federativas con la finalidad de que adecuen sus marcos normativos para establecer el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, en aquellas que no cuenten con este; así como se establezca un órgano colegiado integrado por mujeres expertas que resuelvan las solicitudes de Alerta por Violencia de Género.

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 210, se reforma el artículo 212 y se modifica el artículo 301 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone establecer con carácter de obligatorio, incorporar en las etiquetas la declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, necesaria para informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica pre-envasada.

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone establecer que serán consideradas enfermedades de trabajo, además de las señaladas en la Ley, las contempladas en la lista de enfermedades profesionales actualizada por la Organización Internacional del Trabajo.

Del Sen. Fernando Torres Graciano, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone establecer que las normas se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, lo anterior para adecuar la Ley con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Se establece la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver los procedimientos administrativos sancionadores que el Instituto Nacional Electoral ponga a su disposición. Asimismo, se prevé la resolución por parte del Tribunal de los conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus trabajadores.

El Instituto Nacional Electoral deberá poner a disposición del Tribunal Electoral los procedimientos sancionadores con motivo de las quejas o denuncias por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, para resolver en forma definitiva, y en su caso, imponer las sanciones de conformidad con la ley.

Se propone que exista una sexta Sala Regional en Materia Administrativa Electoral que resolverá en forma definitiva y deberá imponer las sanciones a que haya lugar en los procedimientos sancionadores. Dicha Sala tendrá la facultad de solicitar pruebas para proveer la sustanciación de los procedimientos. Asimismo, se propone que apruebe los proyectos de sanción en sesión pública por mayoría de los magistrados integrantes y en caso de empate, el Presidente de la Sala, tendrá voto de calidad.

Se establecen las reglas que deberá seguir el Tribunal Electoral para resolver los procedimientos sancionadores: el Secretario del Instituto envía a la Sala la investigación del expediente con los requisitos establecidos en la propuesta; recibidas las constancias, el presidente de la Sala turnará de inmediato a un Magistrado el expediente. El Magistrado deberá dictar un acuerdo de recepción en las 24 horas siguientes; si de la revisión observa la falta de exhaustividad, ordenará la realización de los medios probatorios que considere pertinentes, necesarias e idóneas; desahogado lo anterior, emitirá acuerdo de cierre de instrucción, y dentro del plazo de 48 horas posteriores, deberá proponer un proyecto de resolución al pleno de la Sala Regional el cual deberá ser aprobado o no, en las 24 horas siguientes; las sentencias podrán ser impugnadas en apelación.


Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone que la Procuraduría General de la República cuente con un Fiscalía Especial para la atención de delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, que funja como la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de la economía nacional, realice una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos de la materia, además de que promueva una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados a la economía nacional y Coordinarse con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, a fin de coadyuvar en la investigación de los ilícitos competencia de esta Fiscalía.

El Ministerio Público se coordinará con la Comisión Federal de Competencia para el cumplimiento de sus funciones en la materia de competencia económica y protección de los derechos consumidores mediante, la asistencia jurídica a la Comisión Federal de Competencia, y la representación de la misma ante instancias jurisdiccionales; los arreglos para la ejecución judicial de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia y el Tribunal Federal en Competencia Económica y la implementación de medidas cautelares a efecto de frenar violaciones del orden económico.

Establece que el Procurador General de la República asistirá a las reuniones de la Comisión Federal de competencia, sin derecho a voto, para la atención de temas relacionados con la investigación coordinada de casos contra personas físicas y morales o funcionarios públicos por actos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, asimismo designará a un Fiscal Especializado en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, para atender los casos relacionados con la materia.

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone expedir la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, como una ley de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, que tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se consigan como derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos.

Establece como titulares del derecho a la Consulta a los pueblos y comunidades indígenas; los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas; las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva; y a las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la legislación de la entidad respectiva.

Serán responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente, para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a los respectivos poderes ejecutivos, incluido el municipal, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas.

Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y tendrá al menos el nivel de unidad, con la participación de la institución responsable.

Se establece que tratándose de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la legislación secundaria o de iniciativas que así lo ameriten, participarán en la consulta todos los pueblos indígenas del país. Para este caso, la consulta se realizará, previa convocatoria que emita el Congreso de la Unión. Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez.

Se instituye que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres ámbitos de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar las posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos o amortiguarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación.

Se afirma que los resultados de la consulta serán vinculantes, por lo que la institución responsable deberá implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas. Como mecanismo de defensa se establece que cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva.

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

La iniciativa tiene como propósito lograr la medición de los componentes de la cohesión social para hacer posible la construcción de políticas públicas exitosas.

Se plantea adicionar el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para establecer que dentro del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, se generen un conjunto de indicadores que incorporen componentes fundamentales de la cohesión social tales como: la equidad, la inclusión social, el sentido de pertenencia, la participación, la solidaridad, la tolerancia y la justicia social.

Asimismo, se propone reformar el artículo 29 de esta Ley para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuente con un coordinador en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, a fin de que pueda aportar una visión respecto al ordenamiento territorial y esquemas autosustentables en materia de vivienda, para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social de las zonas urbanas y de las comunidades rurales.

De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, a partir de los indicadores de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda, y de las capacidades institucionales de los entes locales, genere una tipología, a fin de clasificar a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el sub inciso 3, del sub inciso ii), del inciso b), de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone que en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presente información completa sobre los créditos fiscales, sobre las cancelaciones y los nuevos créditos otorgados detallando el saldo de éstos al cierre del trimestre anterior; la recuperación efectuada en el trimestre; el monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo; la cancelación de créditos fiscales; la condonación de créditos fiscales; los nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre; y el saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual.

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone otorgarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, exclusivamente en lo relativo a las leyes que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en materia de combate a la elusión fiscal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Propone establecer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deba entregar un estudio donde, además de analizar la evasión fiscal, analice los casos de elusión fiscal, para con ello buscar mecanismos que vayan encaminados a terminar con una práctica perjudicial a las finanzas públicas.

También establece que el SAT deberá entregar el estudio sobre la elusión fiscal a más tardar sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso h) al artículo 27 y se reforma el inciso i) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone que los Estatutos de los partidos políticos tengan dentro de sus órganos estatuarios con una cartera responsable de las políticas ambientales que deberá de ir encauzada hacia el cuidado de los ecosistemas a niveles municipales, estatales y nacionales, la cual deberá de impulsar el desarrollo humano sustentable.

Asimismo, se establece como obligación de los partidos que su centro de formación política privilegie la cultura ecológica.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.