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Gaceta del Senado


Jueves 07 de noviembre de 2013
Gaceta: LXII/2PPO-48

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Gaceta en formato descargable

FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

La minuta reforma las fracciones V y VII Bis del artículo 30, y la fracción XVII del artículo 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se reforman el párrafo primero del artículo 1º; la fracción IV del artículo 26 y se adicionan las fracciones X y XI al artículo 2º; los artículos 19 Bis y 19 Ter, y la fracción XII al artículo 40 de la Ley de Puertos. Se reforman el párrafo primero del artículo 1; 163, 164 y la fracción III del artículo 167; y se adicionan las fracciones I Bis, VII Bis y VII Ter al artículo 2; el artículo 8 Bis; la fracción VIII Bis al artículo 9; el tercer párrafo al artículo 46 y el artículo 49 Bis, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Con las reformas se establece que las administraciones portuarias integrales (API) se encuentren legalmente obligadas a proporcionar la información que le sea requerida por la Semar y la SCT para que estas autoridades cuenten con los elementos de juicio que permitan al estado cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección marítima y portuaria. De igual forma se establece el mandato para que dentro del recinto portuario la Semar cuente con espacios para crear infraestructura que le permita llevar a cabo sus atribuciones e interactuar con las API, aduanas y capitanías de puerto, para proporcionar en forma inmediata los apoyos técnicos y operativos que requiera el Centro Unificado para la Protección Marítima (Cumar) para el cumplimiento de sus funciones.

Se incorporan al marco jurídico correspondiente de la Semar, las figuras de la protección marítima y portuaria y la de los Centros Unificados para la Protección Marítima.

Para regular las actividades de la Semar y de la SCT en materias de búsqueda, rescate y protección marítima y portuaria, se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Puertos y a la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, para precisar las atribuciones que a cada una de las dos secretarías le corresponde ejercer, sin riesgo de incertidumbre en sus competencias ni imprecisiones.

Es importante destacar que con las reformas se permite que las tres leyes queden armonizadas entre sí, y con lo dispuesto en la normatividad internacional en materia de búsqueda, rescate, salvamento, seguridad y protección marítima.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

La minuta propone actualizar el actual marco normativo para fortalecer el marco jurídico de la protección de los datos personales en posesión de los particulares en dos aspectos fundamentales: los datos biométricos de las personas y la protección de los menores de edad en sus datos personales.

La reforma al artículo 3, en su fracción VI incluye a la identificación biométrica, dentro de la clasificación de datos personales sensibles; y con la adición de un párrafo sexto al artículo 8 se establece que si el titular de los datos es un menor de edad, el consentimiento nunca se presumirá tácito. Siempre deberá constar la autorización del padre, madre o tutor cuya validez será verificada por el responsable del tratamiento los datos conforme a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA

Uno, por el que se repone el procedimiento de ratificación o no del ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Iniciativas

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone facultar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para impulsar por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios.

Asimismo, para lograr por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN, DE REFORMA DEL ESTADO, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone establecer un registro de compromisos de campaña, a efecto de evitar que los candidatos a puestos de elección popular hagan promesas falsas a los ciudadanos para conseguir su voto y ganar la elección.

Se pretende facultar al IFE para crear un registro de las propuestas, compromisos o promesas de los candidatos a cargos de elección popular, las cuales deberán ser viables y de competencia del cargo para el que se postulan. Los responsables de realizar el registro serán los partidos políticos, los cuales deberán revisar se cumpla con los requisitos necesarios, a efecto de que sea más sencillo para el IFE requerir ante deficiencias las características de los compromisos registrados.

Asimismo, señala que la autoridad electoral deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la autoridad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos.

Estipula la obligación de los servidores públicos electos, de emitir informes anuales con la precisión de cuáles de sus promesas o compromisos planteados durante su campaña electoral fueron cumplimentados.

Finalmente, propone que este registro de compromisos de campaña se aplique también en el ámbito local, por lo que se reforma el artículo 116 para que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garanticen que los partidos políticos locales presenten ante la autoridad electoral, un registro de los compromisos que asuman sus candidatos a cargos de elección popular, (gobernador, diputados locales y Ayuntamientos).


Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos; se reforma el artículo 9, tercer párrafo, se derogan la fracción primera, inciso d) y la fracción tercera incisos c, f y g del artículo 15; se reforman las fracciones III y IV del artículo 15 bis, todos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; se modifica el artículo 32 bis, fracción III) y se deroga el artículo 33, fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se adiciona la fracción V del artículo 2 y se derogan los incisos d) y e) del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

La Ley a expedirse tiene por objeto proveer las bases para la supervisión y regulación de la protección al medio ambiente y de los recursos naturales, así como la seguridad operativa, industrial y de los trabajadores y de las instalaciones del sector hidrocarburos, que se relacionen con cualquiera de las actividades del Sector Hidrocarburos.

Se instituye la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, que será un órgano especializado exclusivamente en cuestiones referentes a la protección del medio ambiente y a la seguridad industrial, en materias relacionadas con el sector de hidrocarburos. Su objeto será proveer las bases para la regulación de la protección al medio ambiente, la sustentabilidad de los recursos naturales y la seguridad industrial y operativa en el trabajo y de las instalaciones, que se relacionen con cualquier de las actividades del sector de hidrocarburos.

Las atribuciones de la Agencia se distribuyen en los siguientes ámbitos competenciales: facultad de emitir lineamientos técnicos y normas para el cumplimento de su objeto; proporcionar apoyo técnico a la SEMARNAT, STPS, SENER, así como a sus órganos desconcentrados respectivos, para el debido cumplimiento de sus funciones; requerir todo tipo de información a los sujetos regulados en la materia; supervisar, verificar, vigilar y, en su caso, certificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas administrativas que en su caso emita, así como realizar visitas de inspección; e instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que con motivo de sus atribuciones se promuevan y determinar las violaciones y sanciones a las disposiciones y normatividad técnica que emita, tomando las medidas conducentes para corregirlas.

Establece que la Agencia tendrá que sujetarse a las políticas que se emita a través del Plan Nacional de Desarrollo y las distintas políticas sectoriales, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Energía.

Dota a la Agencia con la facultad de celebrar convenios de colaboración con Instituciones, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior, con la finalidad de desarrollar programas, análisis y estudios que fortalezcan sus capacidades técnicas, asimismo podrá solicitar a terceros autorizados la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación. Para ello, a su vez, la Agencia podrá autorizar a entes u organismos certificadores, que coadyuven con la validación técnica y jurídica necesaria para efectos de la incorporación de terceros autorizados en el ámbito de sus atribuciones.

Establece que la figura de terceros autorizados, podrán llevar a cabo actuaciones de supervisión y verificación en la materia, logrando con ello, la reducción de costos operativos y, por su parte, la especialización requerida en la conducción de dichos actos que, como ya se mencionó, consisten en dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación.

Se propone que el Consejo de Directores de la Agencia, que estará presidido por el Director General, cuente con cuatro directores generales que serán designados por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo criterios de especialización y profesionalización en las materias objeto de la Agencia, en los términos del reglamento interno que para tal efecto se expida.


Se dispone que la Agencia será la autoridad encargada de la aplicación y ejecución de las normas relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales, así como de la seguridad operativa e industrial de las instalaciones y los trabajadores del sector hidrocarburos. Asimismo, se establece la supletoriedad de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para el efecto de abarcar toda la industria, en cuestiones atinentes a la seguridad industrial y operativa y protección al medio ambiente.

Finalmente, y con la finalidad de propiciar la simplificación administrativa y procesal, se indica que cualquier procedimiento que se substancie ante la Agencia, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en lo que se disponga en el reglamento interno de la propia Agencia.


De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformas a efecto de regular el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento, para ello los partidos políticos deberán llevar un registro de los compromisos que sus candidatos a cargos de elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que éstos sean lícitos, sucintos y propios de las facultades al cargo que aspiran; los compromisos de campaña son toda promesa de realizar actos inherentes a la función del cargo al que se aspira y que no pueden versar sobre actos que sean formalmente o materialmente imposibles; el candidato a cargo de elección popular podrá registrar sus compromisos ante el Partido Político que los postula, desde que recibe la constancia que lo acredita como candidato y hasta la conclusión de la campaña.

Se establece que los candidatos que resulten electos deberán rendir informes anuales al Instituto, en relación al cumplimiento de sus compromisos electorales, acompañando los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de éstos; que el Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos registrados para informar a la ciudadanía de su cumplimiento. Para ello deberá emitir informes anuales de los compromisos cumplidos. Y se establece que al término de la gestión del servidor público que haya resultado electo, deberá remitir un informe final al Instituto.

Finalmente se establece que el Instituto, la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente, la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, deberán dar parte a la autoridad penal, en caso de encontrar anomalías en el incumplimiento de los compromisos que pudieran implicar la comisión de un delito. El Instituto, deberá dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el Código referentes al cumplimiento de compromisos de campaña.

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionael Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone la adición de un Capítulo VI bis al título tercero de la Ley General de Salud, en el cual se contempla la protección social en relación a obesidad mórbida, concebida como una enfermedad crónica, y este modo garantizar la gratuidad del tratamiento e incorporar el bypass gástrico dentro del catálogo de servicios de salud de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, con el fin de preservar la salud de la población.

En el capítulo que se adiciona denominado “Obesidad”, se considera de interés prioritario la prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes que padecen de obesidad mórbida; se define a la obesidad mórbida como una enfermedad metabólica crónica, que se caracteriza por el incremento en el porcentaje adiposo corporal, que afecta la salud física y emocional de la persona.

Se señala que las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Protección Social de Salud, tendrán la obligación de cubrir los costos de los tratamientos y cirugías bariátricas para la atención de la obesidad mórbida, debiendo proporcionar los medicamentos y materiales necesarios para cumplir con esa obligación.

Finalmente, se señala que los sistemas hospitalario y de salud pública deberán implementar Unidades Multidisciplinarias especializadas en el Tratamiento de Obesidad y Obesidad Mórbida, integrada por cirujanos, endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, que cuenten con la capacitación y herramientas necesarias para proporcionar un tratamiento adecuado.

Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar el artículo 2 de la citada ley, a efecto de que el delito de robo de vehículos se elimine de la fracción V para ser una nueva fracción VIII y así se le otorgue la relevancia debida dentro de la ley, contando de esta manera, con elementos que permitan actuar de manera más eficaz contra el delito de robo de cualquier tipo de vehículo.

Modifica el artículo 376 Bis del Código Penal Federal, para eliminar la excepción de no considerar a las motocicletas dentro de los vehículos automotores terrestres, con lo cual, se incluyen todos los tipos móviles motorizados.

Finalmente, adiciona una fracción sexta al artículo 377 del ordenamiento citado con el propósito de incorporar en uno de los supuestos que contempla este artículo el de sancionar a quien pague u otorgue en garantía un vehículo robado o alguna de sus partes.

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Angélica Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, la que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone que el Honorable Congreso de la Unión, declarare el día 8 de noviembre de cada año, el “Día del urbanista mexicano.”

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre de Senadoras y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide laLey Nacional de Ejecución Penal y se reforma la fracción II del artículo 5 y se adicionan los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema Nacionalde Seguridad Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal; se reforma la fracción II del artículo 5, y se adicionan los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se expide una ley única en materia de ejecución penal una ley que siente las bases para la efectiva aplicación del nuevo paradigma constitucional de protección a los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional, así como una nueva perspectiva mucho más humanista en la ejecución de resoluciones judiciales privativas de la libertad, reconociéndola a la vez como un aspecto trascendental del proceso penal.

La Ley Nacional de Ejecución Penal en los Estados Unidos Mexicanos, se estructura con un Título Primero que contiene un Capítulo I, de Disposiciones Generales para la Ejecución Penal; Un Capítulo II, que describe a las Autoridades Responsables de la Ejecución Penal. En un Título Segundo denominado de las Normas Sustantivas, se desarrolla en un Capítulo I, el Régimen de Internamiento; en un Capítulo II, desarrolla lo relativo a los Ingresos, Visitas y Entrevistas en los Centros de extinción de penas y de prisión preventiva; en un Capítulo III, se desarrollan las disposiciones referidas a las Revisiones personales para el Ingreso a los Centros de extinción de penas y de prisión preventiva; con un Capítulo IV, se describen las normas vinculadas a los Traslados.

En un Título Tercero, se desarrollan las prescripciones legales que regulan las Revisiones a los centros de extinción de penas y de prisión preventiva. En un Título Cuarto, se describe en su Capítulo I, las Disposiciones Generales sobre el Régimen Disciplinario y en el Capítulo II se desarrollan las normas relativas a la imposición de sanciones disciplinarias. En su Título Quinto, dentro del Capítulo I, se desarrolla lo relativo a las Sanciones y medidas penales no privativas de la libertad; en el Capítulo II, se describen las normas que regulan las medidas de seguridad para personas inimputables; en su Capítulo III, lo relativo a la Adecuación y Modificación de las Penas.

En su Título Sexto, denominado De los Procedimientos en la Ejecución Penal, se describe en su Capítulo I, lo relativo a las Peticiones administrativas; en su Capítulo II, las Acciones Procesales Jurisdiccionales; en su Capítulo III, las Medidas de apremio y cautelares; en el Capítulo IV, describe las normas relacionadas con las Controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; y en un Capítulo V, describe lo relacionado con las Controversias sobre la duración y modificación de la pena y determinación de la situación jurídica de las personas sujetas a sanciones o medidas penales; con un Capítulo VI, describe lo relativo a la regulación legal de las Controversias sobre la situación jurídica de las personas inimputables; y finaliza con un Capítulo VII, donde desarrolla lo relativo al Recurso de Apelación.

La iniciativa propone también reformar la fracción II del artículo 5, y adicionar los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para definir como Bases de Datos Criminalísticas y de Personal a las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, personas sujetas a prisión preventiva y personas sentenciadas y las demás necesarias para la operación del Sistema.

Por otra parte define al Registro Nacional de Ejecución Penal, como la base de datos, dentro del sistema único de información criminal, de la Federación y las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, que contiene, administra y garantiza la autenticidad de los registros de las personas privadas de la libertad por virtud de la imposición de una sanción penal o de una resolución judicial que impone prisión preventiva.

Señala que la base de datos contendrá, por lo menos, información relativa a Ficha de identificación de la persona, sentenciada o sujeta a prisión preventiva, con fotografía y huella dactilar; la sentencia ejecutoriada o resolución a la que se dé cumplimiento; el lugar en el que se cumplan las sentencias o se aplique la prisión preventiva y, en su caso, los traslados de las personas sentenciadas; las sentencias que, en su caso, estén pendientes de cumplirse por las personas privadas de la libertad, con indicación de su prelación; la imputación del tiempo cumplido en medida cautelar o bajo prisión preventiva respecto de la sentencia que corresponda; la resolución judicial que contenga el cómputo de los reductivos acumulados que se hubiesen aplicado a las penas impuestas; la fecha de extinción de las penas; y toda la información necesaria para dar certeza jurídica en la imposición de las penas a las personas privadas de la libertad y a la sociedad.

Además se establece que en el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el registro será reservado; en los demás casos, el registro será público.

En la iniciativa se incluyen catorce artículos de disposiciones transitorias.

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de atención médica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone establecer un trato preferente a los grupos vulnerables, al momento de requerir servicios públicos de salud, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de necesitarlos.

En este sentido, establece que para efectos de la Ley General de Salud, se entienden como grupos vulnerables: los adultos mayores, los niños y las niñas desde su concepción, las personas con discapacidad, las personas de escasos recursos y, en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.

Finalmente, pretende que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a toda persona que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN.
INTERVINIERON LAS SENADORAS:
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

La Minuta que conforma el presente dictamen, tiene por objetivo que el Consejo de la Judicatura Federal incorpore la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras concordaron con las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta proyecto de decreto de mérito, relativas a la necesidad de adicionar un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incluir en las obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal la relativa a que incorpore la perspectiva de género en sus actividades.



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TOTAL
88
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De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143 144 y 145 del Código Civil Federal.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN.
INTERVINO LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

La Minuta que conforma el presente dictamen, tiene por objeto derogar los artículo 139, 140, 141, 142, 143 y 145 del Código Civil Federal, los cuales versan sobre la figura de los esponsales y su impacto en los menores de edad que contraen matrimonio, los cuales no se consideran en vigencia dado que la ley no obliga a contraer matrimonio ni a ejecutar lo que se hubiese convenido entre las partes para el caso de que no se cumpla.

En ese contexto, las Comisiones Unidas Dictaminadoras llevaron a cabo el análisis jurídico de la minuta de mérito, y señalan que la regulación de esta institución jurídica en el Código Civil Federal es ociosa, pues se encuentra en desuso debido a que reglamentar el estado civil y sus instituciones es facultad de las legislaturas de las entidades federativas, por lo que propone la derogación de todos los artículos citados al rubro.

Por tal motivo, estas Comisiones Dictaminadoras han determinado aprobar la minuta proyecto de decreto que se estudia, en sus términos.



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TOTAL
92
0
0

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN.
INTERVINO EL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, PRD.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La iniciativa que conforma el presente dictamen, propone garantizar los Derechos Humanos, al derogar el artículo 128 del Código Civil Federal, que hace referencia a la ejecución de la pena de muerte e inscribe la misma en el registro civil, obteniéndose un acta de defunción respectiva.

Por tal motivo, y al estar prohibida la pena de muerte en nuestro país y al considerarse que, además, la inscripción de las defunciones ante el Registro Civil es competencia de las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las Comisiones Dictaminadoras encontraron procedente derogar el artículo 128 del Código Civil Federal.


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TOTAL
88
0
0

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo en relación con la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica.

SE REALIZÓ LA ELECCIÓN POR CÉDULA Y SE RATIFICÓ LA DESIGNACIÓN DEL NOMBRAMIENTO.
EL CIUDADANO EDUARDO MARTÍNEZ CHOMBO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de adición de un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado "De los delitos cometidos contra la libertad de expresión".
(Dictamen en sentido negativo)

FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

Las comisiones previo análisis de constitucionalidad y legalidad identificaron que el texto de la Minuta coincide casi plenamente con la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de mayo de 2013. De la misma forma destacan la aprobación de la reforma constitucional de fecha 25 de junio de 2012, mediante la cual se establecieron y reglamentaron mecanismos constitucionales y legales que la Federación posee para coadyuvar en la protección de los derechos informativos de la población y, en especial, de los profesionales de la comunicación y del periodismo, concentrándose en regular la facultad de atracción que la Constitución estableció para que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales federales puedan conocer y resolver este tipo de asuntos, sin importar que los mismos no tengan conexidad con delitos federales.

Por tal motivo, las dictaminadoras resuelven que la propuesta contenida en la Minuta no es viable de acuerdo con el marco constitucional vigente y, por lo tanto debe ser desechada totalmente.

La propuesta de la Minuta consistía en adicionar un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, que se denominaría “De los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión”.



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