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Gaceta del Senado


Martes 09 de abril de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-119

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Nombramientos

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadanos:
José Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Propone reformar el artículo 99 para que los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, no se consideren sólo a las actividades agrícolas, sino también en las actividades pecuarias, toda vez que éstas también conllevan impactos sobre el suelo y los ecosistemas de montaña.

Se adicionan dos párrafos al artículo 101 para establecer que quedan prohibidas las actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios cuya inclinación natural pueda generar procesos erosivos severos o de desertificación. En todo caso, las autoridades ambientales determinarán en qué casos las actividades que se pretendan llevar a cabo que generen dichos impactos podrán realizarse, siempre y cuando se sujeten al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la ley. Las reformas a los artículos 101 bis y 102 son para adicionar la mención expresa de los ecosistemas de montaña, como complemento y en plena congruencia con el resto de las propuestas.

Finalmente, se adiciona un párrafo al artículo 103 para establecer que la SEMARNAT expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña o en los predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie este fenómeno. En caso de que se presente la erosión de los suelos en los ecosistemas o en los predios antes citados, la SEMARNAT deberá promover ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria para el establecimiento de zonas de restauración ecológica, en los términos de la Ley.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone obligar al titular de la concesión a remitir anualmente un informe al área respectiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se refiera a los doce meses anteriores, con datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario que permitan conocer la forma en que se ha prestado y desarrollado el servicio público de transporte aéreo nacional regular, en relación con el interés público y del Estado.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Establece que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá pagar una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 100% del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Reforman los artículos 1390 Bis 42; 1390 Bis 47, primer y tercer párrafos; y 1390 Bis 48 del Código de Comercio para establecer que en el juicio oral mercantil las partes deberán de presentar sus propios testigos para lo cual el juez les entregarán cédulas de notificación con tres días de anticipación; y en caso de ofrecer la prueba testimonial para retrasar el proceso será acreedor de una sanción pecunaria al colitigante.

Asimismo en la prueba pericial cuando ninguno de los peritos acepte el cargo o no exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará desierta la prueba; y en caso de no asistir a la audiencia los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y, la ausencia injustificada del perito tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Establece que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva gratuitamente en el sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía referido en la fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y tres veces consecutivas en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos para señalar en aquellos artículos que se establecía competencia a la Secretaría de Desarrollo Social a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Iniciativas

De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo Escudero Morales, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular y Consulta Ciudadana y adiciona una fracción I) al artículo 105; una fracción Z.1 al artículo 118 y una fracción q), recorriéndose la actual a una nueva fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular reglamentaria de las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las bases y procedimientos para la presentación de iniciativas ciudadanas y la consulta popular; facultando al Instituto Federal Electoral para verificar la veracidad de la documentación y datos proporcionados para las iniciativas ciudadanas o consultas populares, así como para llevar a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de las consultas populares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles sobre la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular.

Las disposiciones de la ley son de orden e interés público y establece que las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, serán susceptibles de la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo las resoluciones sobre constitucionalidad que emita la Suprema Corte serán inapelables.

Para el trámite de una iniciativa ciudadana deberá ser presentada por al menos, el equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal nacional de electores, ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión; la documentación y datos proporcionados será verificada por la autoridad electoral en un plazo no mayor a 30 días hábiles, ya sea en su totalidad o mediante un método aleatorio de cuando menos el 0.26 por ciento corresponda a la lista nominal actualizada; y en caso de no cumplir con los requisitos establecidos se declarará improcedente por la Cámara de origen, se dará por desechada la iniciativa y se notificará al representante.

En tanto, la consulta popular expresará el consentimiento o rechazo respecto a decisiones o actos de autoridad del orden Federal de gobierno en temas de transcendencia nacional como: Entrada en vigor de disposiciones normativas; establecimiento de políticas públicas; creación o disolución de órganos públicos; celebración de tratados, convenios o suscripción de documentos por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros países u organismos internacionales; transferencia de atribuciones federales a otros órdenes de gobierno; y asuntos o temas que apruebe el Congreso de la Unión o, en su caso, solicite la ciudadanía en los términos y requisitos establecidos en el inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

La ley prohíbe como objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Además, la consulta popular se realizará simultáneamente con las elecciones federales ordinarias y deberá aprobarse por el Congreso de la Unión o declararse la validez de la misma previo al inicio del proceso electoral.

La solicitud de consulta popular podrá ejercitarse a petición del titular del Ejecutivo Federal; por cuando menos, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o por ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.



De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis y María Marcela Torres Peimbert, e integrantes de la Comisión de Educación, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone establecer, de manera explícita, la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación. Asimismo, se propone ampliar el horizonte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, al establecer que bajo ninguna circunstancia podrá ser condicionada la inscripción y permanencia de sus hijas, hijos o pupilos, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. En el caso de las cooperaciones provenientes de las asociaciones de padres de familia, se pretende explicitar el carácter voluntario de las mismas, así como la prohibición de que éstas sean mecanismos para condicionar los servicios educativos.

En el caso de los Consejos escolares de participación social, implementados para promover mecanismos participativos y de integración de la comunidad escolar (padres de familia, maestros, directivos, exalumnos y demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la escuela), se propone ensanchar sus atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, se establece que estos Consejos deberán conocer el destino y la aplicación de las cooperaciones que, en su caso, realicen las asociaciones de padres de familia. Ello, con el propósito de erradicar las prácticas fraudulentas que han sido identificadas al interior de dichos entes.

Se propone considerar, como una nueva infracción, realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.


Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

La iniciativa propone facultades que asumirá la Comisión Federal de Competencia Económica, a partir de su Autonomía Constitucional y refiere la creación de un Consejo Consultor de Competencia Económica integrado por el Presidente de la Comisión quien lo será también del Consejo, y 10 ciudadanos que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de competencia económica, o por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados. Los 10 consejeros ciudadanos serán por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Propone la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica, señalando que la especialización de estos tribunales no se enfoque exclusivamente en el tema de telecomunicaciones sino que amplié su especialización a todo el tema de la competencia económica para poder abarcar a otras industrias y sectores que mantienen un alto impacto sobre el gasto de los consumidores.

Propone un conjunto capacidades y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para llevar a cabo investigaciones y diagnósticos sobre la existencia de mercados integrados vertical y horizontalmente, así como facultades para proponer las medidas necesarias para garantizar medidas tendientes a romper aquellas integraciones y cuellos de botella que limiten el funcionamiento como mercados competitivos. Propone reforzar la independencia del Secretario Ejecutivo, para fortalecer el mecanismo dual de investigación y dictaminación por separado.

Así también propone normas para establecer programas que coordinen y apoyen a los municipios en el establecimiento de metas a favor de la competencia y asigna facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para generar recomendaciones a los Estados y Municipios en materia de legislación y demás actos de gobierno que restrinjan la competencia económica; y que, derivado de una recomendación, se establezca una agenda propia de revisión en sus ordenamientos identificados como anticompetitivos.

La iniciativa incrementa las multas y sanciones que la Comisión puede imponer, y se otorgan facultades explícitas para establecer regulación asimétrica que permita equilibrar la actuación de los agentes económicos en los mercados.

Se faculta a la Comisión para impugnar y sancionar aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

Se establece la obligación al Presidente de la Comisión para presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en sesión pública, ya sea ante comisiones o ante el pleno, durante el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo, previa invitación de cada una de las Cámaras.

Finalmente se establecen disposiciones, a efecto de que como parte de su programa permanente de trabajo, la Comisión deba publicar un programa de revisión respecto de los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal, en materia de competencia económica, emitiendo una opinión vinculatoria al respecto, con excepción de lo previsto en el artículo 24, fracción VI, e indicando aquellos que tengan efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia. El programa de trabajo para la revisión, deberá someterse a la aprobación del Consejo y darle la máxima publicidad.


De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone adición de un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que los tres niveles de gobierno con el objeto de reconocer, fomentar y promover el deporte como medida de prevención de enfermedades y adicciones que perjudiquen a las nuevas generaciones de México promuevan el 27 de abril de cada año el “Día Nacional del Deporte Mexicano, la activación y la salud física”.

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE A COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Propone actualizar el marco jurídico para proteger el medio ambiente y la vida de los seres humanos ante el uso de productos tecnológicos, su exposición por consumo y el daño ocasionado al ambiente por la falta de un manejo especial en el post consumo.

Faculta a la SEMARNAT para sujetar al plan de manejo de residuos los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos cuando sean considerados peligrosos, usados, desechados o caducos, mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 20; y una fracción VI al artículo 31, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En el caso de los desechos tecnológicos, eléctricos y electrónicos provenientes de estas industrias, en coordinación con las entidades federativas, fomentará la cultura del acopio y la difusión de acciones que permitan su debido tratamiento y disposición final entre la ciudadanía, las instituciones y centros educativos, empresas, establecimientos mercantiles, industriales, comerciales y de servicios, instituciones públicas y privadas, y dependencias gubernamentales.

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI y se adiciona la fracción VII al artículo 15 de la Ley de Federal de Defensoría Pública y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para quedar como tercero, al artículo 11 de la Ley de Migración.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que los extranjeros que ingresen al país, independientemente de su condición migratoria podrán acceder a los servicios previstos en la Ley Federal de Defensoría Pública, los cuales serán de forma gratuita y sin restricción alguna, a fin de garantizar su defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica.



De los Senadores Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reforma a la Constitución para propiciar mayores herramientas que permitan consolidar la reforma constitucional al sistema de justicia penal, optimizando y potencializando su implementación en los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas.

Adiciona un último párrafo al artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que la legislación procesal penal deberá de observar invariablemente los principios y derechos consagrados en dicho artículo. Reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 para facultar al Congreso a expedir la legislación procesal penal así como de ejecución de sanciones penales aplicable a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Reforma el inciso h) fracción V Base Primera apartado C del artículo 122 constitucional para facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer delitos (elimina la actual facultad de legislar en materia penal).




Del Sen. Raúl Morón Orozco, a nombre propio y con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone expedir la Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales, la que tiene por objeto establecer las facultades tributarias, las condiciones de igualdad y equilibrio en la distribución de los recursos recaudados y del gasto asignable, las modalidades de coordinación hacendaria, así como la participación que corresponda a las haciendas públicas, para la recaudación efectiva y profesional de los impuestos y la ejecución del gasto público en cada uno de los ámbitos de competencia y profesionalizar la función hacendaria, en los tres órdenes de gobierno.

Se presenta estructurada en diez capítulos, el Primero se refiere a las Disposiciones Generales; el Capítulo Segundo, se denomina Del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y en el se establece la creación del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, como máxima autoridad para garantizar, a través de sus órganos, la igualdad y equilibrio de la distribución de los ingresos entre órdenes de gobierno, en una Sección I, desarrolla o relativo a los Órganos Auxiliares y Técnicos del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, en su Sección II, describe lo relativo al Pleno del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, en una Sección III se refiere a la Comisión Permanente de Autoridades Hacendarias, en la Sección IV, desarrolla lo relativo a los Subsistemas para la Coordinación Hacendaria, en la Sección V, norma la actuación del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

En el Capítulo Tercero desarrolla lo relativo a las Prevenciones para los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios; en tanto que en el Capítulo Cuarto, se establecen las disposiciones sobre las Participaciones del Gobierno Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios; en un Capítulo Quinto, se desarrolla lo relativo con el Control y Supervisión del Fondo General de Participaciones; el Capítulo Sexto, desarrolla lo correspondiente a la Coordinación Administrativa entre las Entidades Federativas y el Gobierno Federal; y desarrolla un Capítulo Séptimo, para referirse a la Asignación y Calendarización de los Recursos que integran el Fondo General de Participaciones.

En un Capítulo Octavo, se desarrolla lo relativo a la Afectación de los Recursos Públicos del Fondo General de Participaciones; en el Capítulo Noveno, se contempla lo referente a otras Aportaciones Federales; y finalmente en el Capítulo Décimo se establecen las disposiciones relativas al Incumplimiento de las Obligaciones Hacendarias.

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone una adición del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, acorde a lo establecido en el artículo 4 del “Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar”, para que se establezca dentro del ámbito de la zona federal marítimo terrestre a las formaciones rocosas o acantilados, en atención a la inclinación que presenten, por lo que se señala que tatándose de costas que carezcan de playas y presenten formaciones rocosas o acantilados, dicha zona se determinará dentro de una faja de 20 metros contigua al litoral marino, únicamente cuando la inclinación en dicha faja sea de 30 grados o menor en forma continua.



De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone como obligación para obtener el registro de partido político contar con el número total de afiliados requeridos y estar integrado por al menos el 40% de género distinto. Establece como obligación de los partidos un mínimo de 40% de género distinto en la conformación de órganos de dirección, incluidos en el nivel municipal.

Asimismo, el Instituto Federal Electoral deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos, poniendo especial atención en las cuotas de género, mismas que no serán menores al 40% del total. En caso de incumplimiento de la cuota de género, el IFE podrá ordenar la reposición de la elección o designación de sus dirigentes.


Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone adicionar un párrafo a la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente a las pruebas que implican los procedimientos de control de confianza, de esta forma los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza encargados de aplicar las evaluaciones a que se refiere la Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán entre sus facultades las de proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable.

Y establece que los lineamientos para la aplicación y evaluación de los exámenes poligráficos deberán prever y atender a la posibilidad de inexactitud para ser considerados por sí mismos como determinantes; procurando un análisis concatenado al o a los exámenes con los cuales resulten compatibles.

Con la iniciativa de reformas se propone prever la posibilidad de inexactitud de los exámenes poligráficos para ser considerados por sí mismos, como determinantes.


Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte.

CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE PUESTO A DISCUSIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
DANIEL ÁVILA RUIZ, PAN.
LILIA MERODIO REZA, PRI.
SALVADOR VEGA CASILLAS, PAN.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
ANA GABRIELA GUEVARA, PT.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR.
SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las comisiones dictaminadoras realizan modificaciones a la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de asegurar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte entre la sociedad, conforme a lo que establece la Constitución.

La ley de orden público e interés social y de observancia general en toda la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4 constitucional; y establece las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, a través de la Conade.

Fomenta el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; fomenta el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; promueve las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping; y promueve entre las instituciones deportivas públicas y privadas la colaboración y cooperación en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.