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Gaceta del Senado


Martes 02 de abril de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-114

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Poder Ejecutivo Federal

Nombramientos

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano:
Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Estonia.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA.

Nombramientos

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano:
Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA.

Permisos

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite solicitud de autorización del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso por el territorio nacional de Tropas Francesas, en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y participar en la ceremonia del "150 aniversario de la Batalla de Camarón", que tendrá lugar en Camarón de Tejada, Veracruz.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA.

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Oficio con el que remite su Informe de actividades correspondiente a 2012.

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE POBLACIÓN Y DESARROLLO.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con los que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Reforma el primer párrafo y la fracción I del artículo 112 de la Ley de Migración, y adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del citado artículo, para establecer que cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración quedará bajo su responsabilidad y deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos. Para ello, el Instituto canalizará de inmediato al menor al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, deberá asignárseles un espacio específico distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá dar aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

Asimismo, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda.

Oficio con los que remite:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA.

Se eleva a rango constitucional el derecho al libre acceso a la información. Se define la obligación del Estado Mexicano, a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Se instaura la obligación del Estado a garantizar que los servicios públicos y de interés general de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de competencia, pluralidad, calidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Asimismo, se establece la obligación del Estado a garantizar que los servicios públicos y de interés general de radiodifusión sean prestados en condiciones de competencia y calidad, brindando los beneficios de la cultura a toda la población.

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, por lo que se establecerán condiciones para regir los contenidos y contratación de servicios para transmisión al público, sin afectar la libertad de expresión.

Se establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se podrá restringir este derecho por ninguna vía o medios indirectos y con el mismo propósito, se establece que ninguna ley ni autoridad puede hacer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión.
Por mandato de Ley, se establecerá un Organismo Público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Contará con un Consejo ciudadano, integrado por 9 consejeros, electos mediante amplía consulta pública, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente. Desempeñando su encargo en forma escalonada, sustituyendo de forma anual a los dos de mayor antigüedad en el cargo. El presidente del Organismo Público durará en su cargo cinco años y será designado a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, el cual deberá presentar anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo un informe de actividades.

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Entre sus facultades contará con las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Será también la autoridad exclusiva en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y regulará en forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. El Instituto impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites.
Corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones el otorgamiento, la revocación, la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. Los comisionados durarán en su encargo nueve años y no serán reelectos. Los aspirantes a ser designados comisionados acreditarán el cumplimiento de requisitos ante un Comité de Evaluación, integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

Por cada vacante el Comité enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y máximo de cinco aspirantes; el Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes al candidato que propondrá al Senado, quién hará la ratificación por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales. En los recesos, la Comisión permanente deberá convocar al Senado quién hará la ratificación por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo señalado. Si existiera rechazo del Senado al candidato propuesto por el Ejecutivo, éste someterá una nueva propuesta de los restantes seleccionados y el procedimiento se repetirá las veces que sean necesarias hasta que quede un solo aspirante quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Se faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre tecnologías de la información y de la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.

Se faculta al Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Iniciativas

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone reformar el inciso e) y adicionar un inciso f) a la fracción I del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear el Sistema Nacional de Información e Indicadores del Desarrollo Regional, coordinado, operado y administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que permita el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos a escala sectorial y regional, que tenga como propósito la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de los programas regionales y especiales para el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

La actualización del marco normativo establece que la misma dependencia deberá participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de desarrollo regional, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, así como integrar y administrar el Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.



De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformar el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de armonizarla con los principios establecidos en la Ley General de Cambio Climático, buscando contribuir con ello a mitigar los impactos negativos del cambio climático, generando el respeto y cuidado a los medios naturales. Así, se propone que en el cuerpo de la ley quede debidamente especificado que los terrenos y aguas nacionales así como los materiales naturales existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, previa obtención, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, que contemplen medidas compensatorias que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone reforma el artículo 115 para establecer un límite de diferimiento por imposibilidad en el desahogo de las pruebas ofrecidas hasta por tres veces, planteando que en caso de que de que ya no proceda el diferimiento, el juez habrá de resolver con las constancias con las que cuente, aplicando los principios que rigen el juicio de garantías.

La reforma del artículo 117 es para establecer un tope de 8 días máximo como plazo para diferir la audiencia, cuando dicho diferimiento sea por la falta de la notificación al quejoso del informe justificado. Asimismo, se propone un plazo máximo de 30 días, cuando la causa del diferimiento sea la ampliación de la demanda.

En el artículo 121 se prevé que en los casos en que se soliciten documentos o copias a los servidores públicos, y éstos no los envían oportunamente, el diferimiento de la audiencia, no podrá exceder de quince días, y en caso de que no se cuente con los documentos solicitados se presumirá el dicho del quejoso como cierto, para todos los efectos a que haya lugar. Propone cambiar en el artículo 124 la frase “se dictará fallo” por “se dictará sentencia”.

En el artículo 184 se reduce el plazo de 30 a 15 días naturales, como máximo para listarse el asunto que no fuere aprobado en la audiencia en la que debían discutirse y resolverse los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito. Finalmente, se propone la modificación al artículo 187 para establecer que en los casos en que no fuera aprobado el proyecto, pero se formularen por la mayoría las adiciones o reformas en la sesión, sea el magistrado ponente el que proceda a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión, y que en ese mismo momento, sea redactada la sentencia.


De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que el Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de hacienda, los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales rindan anualmente al Senado de la República un informe específico de actividades.


De la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Propone la adición de un párrafo a la fracción IV del artículo 42 de la Ley Minera para cancelar las concesiones y asignaciones mineras cuando exista daño a la salud humana o en los demás organismos vivos, en el agua, en el aire, en el suelo, en los ecosistemas y en general en el ambiente.


De los Senadores José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Benjamín Robles Montoya, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior y se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone expedir la Ley de Fomento del Primer Empleo para fomentar el primer empleo de jóvenes de 18 a 29 años, a nivel técnico superior y de educación superior en el sector público y privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional.

La ley será de orden público, interés social y de observancia en todo el territorio para los jóvenes estudiantes; y plantea diseñar políticas para incorporar a los jóvenes con nivel técnico superior de educación superior al mercado laboral; fortalecer el vínculo entre universidades, el sector público y privado; apoyar a las empresa en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de los jóvenes egresados; orientar a los jóvenes estudiantes para la búsqueda de un empleo de calidad acorde a sus perfiles; así como brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de estudiantes.

Reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ley del impuesto Empresarial de Tasa Única para que tengan derecho a deducciones del ISR y del IETU los patrones que contraten a jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico y de educación superior en puesto de nueva creación.

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone derogar el artículo 128 del Código Civil Federal por considerarlo ajeno a la corriente garantista en materia de derechos humanos porque la ejecución de la pena de muerte ya no es acorde a las normas constitucionales, ni a la jurisdicción penal ordinaria y militar en virtud de haberse abolido la pena capital. Además de ser contraria a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano relativo a la Abolición de Pena de Muerte y el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, toda vez que actualmente ningún tribunal instruye proceso penal por delito que merezca pena capital.

El artículo 128 del Código hace referencia a la ejecución de la sentencia de muerte con el objeto de inscribir la misma en el Registro Civil y obtener el acta de defunción respectiva.


Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Pretende incluir en los objetivos del Sistema Nacional de Salud, la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Además establece que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Finalmente, se incluye dentro de los servicios básicos de salud, la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

INTERVINO LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, PAN.
FUE APROBADO.
SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Se propone que el Instituto Nacional de las Mujeres haga llegar al Poder Legislativo Federal, a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de manera anual, el diagnóstico sobre la situación de las mujeres en relación con los avances del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, con el propósito de actualizar al Poder Legislativo para que éste, en el ámbito federal o local realice los cambios legislativos que se requieran.




De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

INTERVINIERON LAS SENADORAS:
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, PAN.
DIVA GASTÉLUM BAJO, PRI.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Establece como principio básico en las relaciones de consumo la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

Se entiende por información o publicidad engañosa aquella que presente acciones, símbolos o expresiones que atribuyan o asocien características denigrantes de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de animadversión o cualquier otra forma de discriminación hacia el género femenino.

Las comisiones dictaminadoras consideran aprobar la reforma a la fracción VII del artículo 1 y la adición de un segundo párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad denigrante para la mujer.




En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Las comisiones dictaminadoras discrepan de la necesidad de realizar la reforma al artículo 71 constitucional que platea la iniciativa y proponen su desechamiento porque la reforma publicada el 9 de agosto de 2012 facultó al Presidente de la República, para que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, pueda presentar hasta dos iniciativas de trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores.

Considera que contrario a lo que sostiene la iniciativa, el artículo 71 constitucional contiene las bases generales para atender aquellas iniciativas de trámite preferente, por lo que cualquier precisión normativa que se requiera para dar el cauce adecuado a las iniciativas en cuestión, deberá resolverse en el nivel de la legislación secundaria, sea en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en los Reglamentos respectivos de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Las comisiones dictaminadoras discrepan de la necesidad de realizar la reforma al artículo 4 constitucional que se indica en la iniciativa y propone su desechamiento porque el derecho a tener acceso al agua de manera suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, ha sido considerado desde el siglo pasado en diversos instrumentos internacionales, como fundamental para todos los individuos, al ser incuestionable su necesidad para garantizar la subsistencia, y mantener la salud física y mental de todo ser humano.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo)

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
INTERVINIERON LOS SENADORES:
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
FUE APROBADO NOMINALMENTE.

Las comisiones dictaminadoras discrepan con la iniciativa de reforma constitucional y proponen su desechamiento porque considera que la inclusión de diversos instrumentos de transparencia, rendición de cuentas y de participación ciudadana directa, hacen coparticipe al ciudadano en la supervisión y gestión de los asuntos públicos, logrando con ello que la representación política en ningún momento pierda el vínculo necesario con la ciudadanía, es decir, para que dicha representación continúe siendo democrática.

Además de que la implementación de los presupuestos participativos implica resolver y definir de antemano, una serie de aspectos de carácter jurídico, presupuestario y logístico que permitan articular el principio de libertad hacendaria municipal, con el derecho de los ciudadanos de intervenir en la asignación y ejercicio del presupuesto municipal.


En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

La iniciativa tiene por objeto adicionar un artículo 8 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con el fin de que se protejan a los servidores públicos que denuncien actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Sin embargo, con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la nueva estructura de la Comisión de Anticorrupción se requerirá modificar, adicionar y reformar las leyes y reglamentos que se ajusten a los objetivos y atribuciones de la nueva institución, por lo que las comisiones dictaminadoras acuerdan desechar la propuesta en estudio.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

La iniciativa propone adicionar la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la facultad de promover, fomentar y atender de manera íntegra el abastecimiento y distribución proporcional y equitativa de los alimentos a través de la creación del Instituto Mexicano de Alimentación como un organismo público desconcentrado, que garantice el cumplimiento del derecho a la alimentación consagrado en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, las comisiones dictaminadoras consideran improcedente dicha propuesta, en virtud de que la creación de un nuevo organismo de la administración pública tendrá un impacto presupuestario, por lo que se debe tomar en cuenta el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, por lo que proponen desechar la iniciativa.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

La iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 2, un quinto párrafo al artículo 5, una fracción XI al artículo 6, las fracciones VII y VIII al artículo 7 y el artículo 15, así como reformar las fracciones IV y X del artículo 6, las fracciones V y VI del artículo 7 y el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, para establecer en la Ley la obligación de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de incorporar a los vendedores ambulantes de billetes de lotería al Régimen Voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto las comisiones dictaminadoras consideran improcedente dicha propuesta, en virtud de que el artículo 18 del Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública establece que los expendedores y vendedores no estarán subordinados al Organismo en la distribución y venta de billetes ni sujetos a horarios o lugares determinados de venta, quedando facultados para llevar a cabo simultáneamente otras actividades y auxiliarse de una o varias personas, con las obligaciones que contraigan en los contratos mercantiles de expendio que, en su caso, suscriban con la Institución, por lo que desechan la propuesta en estudio.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abrogaba la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

La iniciativa propone crear la Secretaría de Asuntos Indígenas, así como reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para dejar sin mención los efectos que corresponden a los organismos considerados en dicha ley, entre ellos la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas; y pretenden abrogar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las comisiones dictaminadoras consideran que la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas no es necesaria, ya que existen, hoy en día, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México, encargados de velar por los derechos y oportunidades de los indígenas, ya que de crear dicha secretaría sólo se estaría trasladando las funciones de estas dependencias a la Secretaría, sin que necesariamente se logre el desarrollo de los pueblos indígenas, por lo que desechan la iniciativa.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la iniciativa que adiciona un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 constitucional porque considera que en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el carácter preferente de una iniciativa del Ejecutivo Federal, en ningún momento pierde dicha cualidad, aun ante la eventualidad de que la Cámara revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su origen, por lo que resulta innecesario realizar adición alguna al respecto en el texto constitucional, pues de ser necesario implementar alguna adecuación para su trámite, este deberá hacerse en los reglamentos respectivos de las Cámaras.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 95 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la iniciativa que reforma los artículos 95 fracción VI y 99 párrafo doce constitucionales que establecía como impedimento para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, porque consideran que el derecho fundamental de todo ciudadano de acceder en condiciones de igualdad a las diversas funciones públicas de su país, es un derecho humano que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales, por lo que la restricción resulta inadmisible y colisiona con el principio constitucional y derecho humano de libertad de ocupación.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 8 constitucional porque consideran que la propuesta de establecer 15 días hábiles como lapso perentorio para que la autoridad dé respuesta a las peticiones de los ciudadanos, podría no ser suficiente, o bien, podría llegar a ser excesivo, para acordar una solicitud realizada en el ejercicio del derecho de petición, ya que como se ha sostenido en diversas tesis y criterios jurisprudenciales, lo racional es que el plazo para la respuesta dependa de la naturaleza de la petición, donde habrá de considerarse la complejidad de lo solicitado, sus características, así como los estudios y trámites necesarios que la contestación requiera.

En Sentido Negativo

De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Las comisiones dictaminadoras resuelven dictaminar en sentido negativo al concluir, previo análisis y estudio de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que su propósito se encuentra comprendido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Lineamientos del Registro Nacional de Armamento y Equipo.

La iniciativa proponía la creación de una base de datos de armas extraviadas dentro del denominado Registro Nacional de Armamento y Equipo, necesario ante el creciente problema de inseguridad y para efectos de atender eficazmente a la delincuencia organizada.

Instruyen archivar el asunto como definitivamente concluido.

De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo:
Sobre desaparición forzada de personas.

OFICIO RESPUESTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
NO. DGPL-2RlA.-74
Respuesta_Con_San_Luis.pdf

OFICIO RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
NO. DGPL-2RIA.-241
Respuesta_Con_Puebla.pdf

OFICIOS DE RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y SAN LUIS POTOSÍ.
NO. DGPL-2RIA.-769
DGPL-2R1A-769.pdf

OFICIO RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
DGPL-1P2A-158
DGPL-1P2A-158.pdf

INTERVINIERON LAS SENADORAS:
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, POR LA COMISIÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA (PAN)
FUE APROBADO.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de contingencia por sequía atípica en los 46 municipios del estado de Nuevo León afectados y a implementar las acciones inmediatas y de largo plazo necesarias para mitigar los daños ocasionados en la población y en los sectores productivos.

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA, PRI.
RAÚL GRACIA GUZMÁN, PAN.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
DAVID MONREAL ÁVILA, PT.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, PAN, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
MIGUEL ROMO MEDINA, PRI.
OMAR FAYAD MENESES, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
MANUEL CAVAZOS LERMA, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
TEÓFILO TORRES CORZO, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
LUZ MARÍA BERISTÁN NAVARRETE, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
MARCELA GUERRA CASTILLO, PRI.
LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, PAN.
PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, PRI.
LA PROPUESTA DE LA SEN. DÍAZ FUE APROBADA.
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS PROPUESTAS DE ADICIÓN SE CONFORMARÁN EN UNA PROPUESTA CONJUNTA A PRESENTARSE EN SESIÓN POSTERIOR.