Fundamenta en los artículos 25 y 26 constitucionales la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, su organización y planeación, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía que delinea el rumbo del sector energético con un horizonte de 15 años. La Comisión de Energía considera la Estrategia un instrumento eficiente de planeación del sector energético, por lo que propone su ratificación.
La Estrategia Nacional de Energía propone atender la demanda creciente de energía de forma eficiente, segura y sustentable; busca propiciar el ahorro de energía, expandir los servicios energéticos hacia las poblaciones y regiones de menores recursos y disminuir al mínimo los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente regional y global que pueden derivar de la producción y el consumo de la energía.
La dictaminadora coincide en la conveniencia de establecer medidas para acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, particularmente renovables, lo que aumentaría la seguridad energética, y permitiría aprovechar otros recursos naturales abundantes en el país y contribuir a la generación de empleo. Asimismo considera necesario fomentar la participación ciudadana en las decisiones relativas a la energía nuclear.
La Estrategia reconoce en el sur del país la posesión de una importante cantidad de recursos energéticos e infraestructura de transporte limitada y en ocasiones inexistente para abastecer a las localidades, que requiere de infraestructura para apoyar el crecimiento económico. Además considera necesario la coordinación de inversiones para llevar gas natural a aquellos estados del país (analizar la zona norte de Zacatecas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo) que no cuentan con gasoductos o que tienen acceso limitado al gas natural, a fin de apoyar el crecimiento económico y generar polos industriales.
Por ello, establece en sus líneas de acción ampliar la red de gasoductos de transporte y distribución, así como la infraestructura de almacenamiento de gas natural considerando no solo las demandas actuales sino también aquellas que podrían detonar e impulsar el desarrollo en los estados que aún no cuentan con el suministro de gas.
Asimismo, considera acertado implementar una política que identifique el asentamiento de la demanda para ubicar la infraestructura de producción de combustibles y generación de electricidad, así como de transporte y transmisión que amplíen la cobertura de la oferta, calibren lo precios y tarifas de menor costo, y que calculen los márgenes que permitan la inversión para lograr una expansión de los servicios.
La dictaminadora considera la Estrategia coherente con las recomendaciones de la OCDE para impulsar una política energética que busque proveer energía a precios accesibles y que coincidan con el crecimiento económico y la sostenibilidad.
Señala como adecuada la propuesta de promocionar la eficiencia energética, tanto en el consumo como en los diversos procesos de producción de energía; y coincide en que para reducir el uso energético del país sin que tenga repercusiones en cuanto a su crecimiento, es necesaria la utilización de las mejores prácticas y tecnologías.
Coincide en que las políticas públicas deben estar encaminadas a la adecuación de las regulaciones, inversiones, capacidades, conocimientos, tecnologías, y demás elementos que balanceen una mejor sincronización entre los requerimientos energéticos eficientes del país y el óptimo aprovechamiento de los recursos energéticos de los que se dispone.
Respecto a las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), la transición de petróleo a gas en la generación de energía eléctrica es en sí misma benéfica en términos del ahorro de emisiones, y establece que la transición hacia un sector eléctrico más bajo en emisiones de carbono, requerirá un despliegue extensivo de tecnologías limpia.
