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Gaceta del Senado


Jueves 14 de febrero de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-86

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Banco de México

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

El proyecto que se devuelve para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, modifica los artículos 5, 40, 97, 107, 110, 111, 153, 165, 166, 170, 172 y adiciona un artículo undécimo transitorio, las modificaciones se refieren a:

• Incluye la materia agraria en las demandas de amparo directo o indirecto;

• Que se incluya y reconozca a la Procuraduría General de la República como autoridad legitimada para solicitar y/o plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción en los casos de amparo directo que se sustancien ante los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

• Modificar el término recurso por demanda, por efectos de terminología y hermenéutica jurídica;

• Precisa en qué casos expresamente procede la ampliación de la demanda de amparo;

• Modifica el término “modificación o revocación” por revisión, por efectos de terminología y hermenéutica jurídica;

• Precisa que los efectos de la suspensión surtirán de inmediato, en los casos que prevé la Ley de Amparo en materia penal, y el quejoso sea puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal, en los plazos constitucionales;

• Se reconoce los casos en los que conforme a la Constitución es procedente la prisión preventiva y por tanto la suspensión no podría tener el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad; y

• Se establece que el Consejo de la Judicatura Federal expida el Reglamento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica.

Iniciativas

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° y se adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar las fracciones III a la XLVII y la L y LI, adicionándose once fracciones y recorriéndose las subsecuentes del artículo 4, y se adiciona un artículo 25 Bis, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de incluir el fomento de la acuacultura marina o Maricultura, en el sector pesquero y acuícola de México.

Las reformas al artículo cuarto, tienen como propósito realizar el referente a las definiciones empleadas en el sector pesquero y acuícola por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), con el fin de incorporar aquellos que sean aplicables en la materia tales como: Acuacultura Epicontinental, Aptitud Acuícola, Área de reserva para la Maricultura, Arrecife Marino Artificial, Distrito de Maricultura, Lonja Acuícola y Pesquera, Maricultura, Ordenamiento Acuícola, Pesquería Acuacultural, Planes de desarrollo de la Maricultura, Unidades de capacitación y adiestramiento en Maricultura (UNICAM) entre otros, las cuales son necesarias para conocer los conceptos que serán empleados dentro de esta actividad.

Por su parte, la reforma de adición de un artículo 25 Bis, se propone con la finalidad de otorgar un soporte jurídico para el fomento y desarrollo de la actividad de Maricultura en las zonas costeras de México.

Para ello se establece que en materia de Maricultura, la Secretaría fomentará la práctica y desarrollo de esta actividad, para lo cual, en coordinación con las dependencias y entidades competentes y con los sectores interesados deberá: promover la formulación de los planes estatales para el desarrollo de la maricultura en las 17 Entidades Federativas que cuenten con litoral; identificar y definir las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollar la maricultura; fomentar la actividad de maricultura en sus diversas modalidades en las diferentes secciones de la columna de agua: Superficial con estructuras flotantes (jaulas flotantes, líneas madre, etc.); Media columna de agua (estructuras sumergibles); Bentónicos con estructuras de fondo (jalas en fondos, arrecifes marinos artificiales, etc.); así como cultivos itinerantes; establecer distritos de Maricultura para el manejo administrativo y ambiental de las zonas con aptitud de maricultura; otorgar las concesiones, permisos y licencias, mediante la actuación de las entidades Federativas que cuenten con los Planes de Desarrollo de la Maricultura y dentro de las áreas identificadas con aptitud para desarrollo de esta actividad, a personas físicas y morales que cuentan con el cumplimiento de los requisitos de ordenamiento y conservación de los recursos; y, fomentar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor, como Lonjas acuícolas y pesqueras, laboratorios de producción de cría y Unidades de Capacitación y Adiestramiento en Maricultura (UNICAM).

Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone que el Congreso de la Unión expida un Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo ámbito territorial de validez será en toda la República, con independencia del ámbito de validez de la norma que establezca el tipo penal que se persiga. Este Código regulará en todas sus etapas el proceso penal y la aplicación de sus reglas quedará reservada a la jurisdicción federal o local competente.



Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a fin de que se establezca que, cualquier acuerdo interinstitucional que las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República, en los términos de la fracción I del artículo 76.

En opinión del autor, con la aprobación por parte del Senado de la República de los acuerdos, se evitará que el Gobierno de México pueda estar signando acuerdos interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político.

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona la fracción V al artículo 73 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud.

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone adicionar el tercer párrafo del artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII al artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del artículo 17; se reforma la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII al artículo 38, recorriéndose la subsiguiente en su orden; y, se adiciona el artículo 46, todos de la Ley de Vivienda, con la finalidad de que las entidades de la Administración Pública Federal responsables de la materia de vivienda, logren la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

A su vez, con las reformas, se proponen establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación; proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación con la finalidad del mejoramiento continúo de sus viviendas e infraestructura pública; y, vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.



Por otra parte, la iniciativa establece el convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente, privilegiando que se coordinen acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica y adicionan dos párrafos del artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de ejemplares y poblaciones exóticas peligrosas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Adiciona dos párrafos al artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre para establecer que aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debiendo el propietario, poseedor o responsable, asumir los gastos de traslado y manutención durante la vida del ejemplar.

Asimismo, las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.




Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado A fracción V y el Apartado B fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone incluir en la Constitución Política, que los padres trabajadores gocen íntegramente de la licencia que por maternidad le hubiera correspondido a la madre trabajadora en aquellos casos en los que ésta fallezca durante el parto, o que se encuentre imposibilitada para el cuidado del menor.

La iniciativa propone establecer que los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando. A su vez contempla establecer que en el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 días posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformar el artículo 25 para establecer que el Estado procurará y garantizará el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos relevantes para las finanzas públicas. Adiciona una fracción IX, al artículo 35, para establecer como derecho del ciudadano que le rindan cuenta del ejercicio responsable de los recursos que aporta para contribuir a los gastos públicos, conforme a los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Propone la adición de una fracción XXIX-R al artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión para establecer las bases sobre el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera a desarrollarse en toda la República en la que concurrirán obligatoriamente en corresponsabilidad la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios que contribuya al desarrollo económico con equidad de la Nación mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos relevantes para las finanzas públicas. Reforma el artículo 79, para facultar a la entidad de fiscalización superior de la Federación a fiscalizar en forma posterior los empréstitos. Y establece como obligación del Ejecutivo mediante reforma al artículo 89, el procurar con el Congreso de la Unión por el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera, mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos relevantes para las finanzas públicas.




Reforma el párrafo tercero del artículo 108, para incluir como responsables por el manejo indebido de recursos locales y empréstitos a los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales. La reforma al artículo 110, tiene propósito incluir como causal de juicio político a los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, por el manejo indebido de recursos locales y empréstitos.

Con la reforma al artículo 115, se establece la obligación a los municipios de manejar su patrimonio conforme a la ley, con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. Y se otorga la facultad a las legislaturas de los Estados para aprobar las leyes de ingresos de los municipios, que incluirán, previa autorización de los ayuntamientos, los empréstitos, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, y que cumplan con el régimen de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución. Y se establece la obligación de los municipios para rendir cuentas y trasparentar la información referida en los términos que se establezcan en las leyes correspondientes.

La reforma al artículo 116, establece que los Estados deberán cumplir con el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. De igual forma, deberán rendir cuentas y trasparentar la información de la deuda estatal y de sus municipios, en los términos que dispongan las leyes. Y se establece para las Legislaturas de los estados el dar seguimiento, auditar y vigilar las acciones desarrolladas por los estados y municipios en materia de fondos, recursos federales, locales y empréstitos, incluyendo la fiscalización de los financiamientos con base en el proyecto y el análisis costo-beneficio que sirvió de base para su autorización y contratación, y en el incumplimiento se estará a lo establecido en el artículo 110 de la Constitución.

Con la reforma al artículo 117, se define a la inversión productiva, como aquella dirigida a contribuir al mantenimiento o incremento de infraestructura social para la prestación eficiente de los servicios públicos, por lo que se establece que en ningún caso, se podrá destinar recurso alguno a gasto corriente, en caso de ser así, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de esta Constitución. Y se instituye que no se podrá limitar en forma alguna la facultad de los Estados y Municipios para financiarse siempre que atienda a los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

Finalmente, en el mismo artículo establece que los Congresos Locales, mediante las dos terceras partes de sus integrantes, autorizaran en las mejores condiciones la contratación de cada uno de los empréstitos, siempre que se presente el proyecto respectivo con su análisis costo-beneficio, los montos a financiar y, en su caso, el otorgamiento de garantías ya sea de ingresos federales o locales, así como las obligaciones de corto plazo o cualquier otra con independencia de su denominación, contraída por éstos o sus órganos autónomos o entidades de su sector paraestatal. Por otra parte consigna que no se reconocerán obligaciones adquiridas con entidades bancarias, bursátiles, mercantiles o de cualquier naturaleza civil o comercial, física o moral, sin la respectiva autorización del Congreso Local.

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Crea el Registro Nacional de Deuda que estará a cargo de la SHCP, y que contendrá información de la deuda de la federación, entidades federativas, municipios, y en todos los casos de sus órganos autónomos y del sector paraestatal, la que proporcione la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito y aquella vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la Comisión.

Se le responsabiliza a la Secretaría de establecer y mantener actualizado el Registro Nacional y para efectos de facilitar el acceso a su información, desarrollar un sistema o portal único que permita al público libremente acceder a toda la información generada, debiendo también encargarse de supervisar que los estados, municipios y la CNBV entreguen la información en la forma y términos establecidos en los lineamientos que para tal efecto se emitan. Las secretarías de finanzas o equivalentes en los Estados serán responsables de concentrar, procesar y remitir a la SHCP, la información de deuda de la entidad federativa y de sus municipios. Asimismo se establece que toda la información del Registro Nacional será pública, por lo que no se podrá oponer secreto bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro para su difusión, debiendo el Consejo aprobar los formatos estandarizados a través de los cuales deberá entregarse la información y establecerá los lineamientos generales que permitan al público su adecuada y eficiente consulta, y podrá coordinarse con la CNBV a fin de establecer mecanismos para mejorar la calidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información reportada. Con la reforma al artículo 85 se establece que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables cuando omitan realizar los registros de la deuda de los entes públicos.

La reforma al artículo 5º de la Ley General de Deuda Pública, tiene como propósito facultar a la SHCP, para llevar el registro de la deuda del sector público federal y del Distrito Federal, en los términos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por otra parte, con la reforma el artículo 16 y la adición del artículo 16 BIS de la Ley de Coordinación Fiscal, se propone incluir a la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera, como institución que participara en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la define como órgano de coordinación institucional entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios cuyo objeto es emitir directrices para que los órdenes de gobierno responsables cumplan con los principios previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución.

Las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, establecen que se considerará una operación con personas relacionadas, aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este mismo artículo y cuando se celebren operaciones crediticias con entidades federativas y municipios, las instituciones deberán tener especial cuidado en verificar los antecedentes crediticios de sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal y considerarlos como una sola entidad para los fines de calificación, reservas, garantías y demás conducentes, según lo dispuesto en esta Ley y los lineamientos de la Comisión. Se establece que la aprobación del Consejo de Administración es inexcusable en el supuesto de operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de la Ley. También se establece que las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan obligación por ley de entregar. Se instituye la prohibición a las instituciones de crédito de otorgar créditos a entidades federativas y municipios que no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La reforma al artículo 10 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que las operaciones de créditos, préstamo o financiamiento de cualquier tipo que realicen las Entidades, que pongan en riesgo la capacidad de pago, independientemente de la nulidad de dichos actos, se harán acreedoras a las sanciones que establece la Ley.

La reforma al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, instaura que corresponde a la SHCP el manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; así como registrarla conforme a las previsiones de las leyes aplicables.

Las reformas a los artículos 3º y 6º de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, establecen que el Banco impulsará esquemas de financiamiento y otorgamiento de líneas de crédito flexibles a entidades federativas y municipios que actúen con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y otorgará financiamiento competitivo a las entidades federativas y municipios que cumplan con el principio de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

Con las reformas al Código Penal Federal, se establece que se comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a quien Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Y se entiende que el servidor público otorga, realiza o contrata indebidamente deuda cuando formalice operaciones de crédito que de acuerdo a las mejores prácticas financieras, en el momento de la suscripción o en tiempo posterior, pueden causar en el mediano o largo plazo un desequilibrio a las finanzas públicas o causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública o bien se abstenga dolosamente de difundir, revelar o poner a disposición del público o de quienes participen directa o indirectamente en una gestión de operación crediticia, información disponible y relevante que sea necesaria para la toma de decisiones financieras. También se incluye a quienes con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución financiera datos falsos sobre la situación financiera de una institución o entidad. También al servidor público que teniendo obligación de pagar un crédito no pague y como consecuencia resulte un perjuicio a la hacienda pública.

Finalmente se establece que serán responsables solidarios, y serán sancionados con las mismas penas previstas en este artículo, aquellos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de estructuradores, despachos, agentes financieros o cualquier otro que participe directa o indirectamente en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre la situación financiera del acreditado, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dicha situación. Así se establece que al que cometa el delito a que se refiere el artículo 217, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

De los Grupos Parlamentarios, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la I Cumbre de la CELAC realizada en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013.

CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN, FUE PUESTO A DISCUSIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
DOLORES PADIERNA LUNA, PRD.
TEÓFILO TORRES CORZO, PRI.
GERARDO FLORES RAMÍREZ, PVEM.
FUE APROBADO.

De los Grupos Parlamentarios, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo para analizar la necesidad de buscar una audiencia con los senadores que están impulsando la reforma migratoria en los Estados Unidos y fijar un agenda de temas que por su relevancia es conveniente que se incluyan en la mencionada reforma.

CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN, FUE PUESTO A DISCUSIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, PRI, PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, PAN.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
LA PROPUESTA DE LA SEN. ORTIZ FUE ACEPTADA. EL PUNTO DE ACUERDO SE APROBÓ.