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Gaceta del Senado


Jueves 20 de diciembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-77

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Minutas

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 BIS a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Garantiza que los recursos que ingresan al Fondo Forestal Mexicano por el cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales retornen a las entidades federativas de las cuales proceden y sean ejercidos por las mismas.

La aplicación y destino de los recursos darán prioridad a la microcuenca donde se asienta el terreno que resultara afectado, después al municipio donde se autorizó el cambio de uso de suelo, y por último a la entidad federativa afectada.

Minutas

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Los diputados coinciden con las propuestas de la colegisladora para establecer medidas que garanticen la equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre los principales transportes aéreos, como resultado de la evaluación respecto al uso y aprovechamiento de los mismos.

Sin embargo, introduce modificaciones a la redacción respecto al uso y aprovechamiento de los horarios de aterrizaje y despegue, por lo que agregó la continuidad en la prestación del servicio como criterio para asignar los slots.

Establece la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de solicitar a la Comisión Intersecretarial opinión favorable sobre el otorgamiento de concesiones y prórrogas, así como tomarla en cuenta al momento de emitir el fallo respectivo.

Propone como causas de revocación de las concesiones y permisos que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.

Obliga a los concesionarios o permisionarios a asegurar que los aeródromos civiles contarán con infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario.

Iniciativas

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN, DE REFORMA DEL ESTADO, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone la segunda vuelta electoral presidencial, esto es, si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.






Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformas y adiciones a los artículos 3, 73 y 123 constitucionales para elevar la calidad de la educación; establecer las bases para la evaluación a los trabajadores de la educación y para facultar al Congreso de la Unión para participar en el aseguramiento del cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua.

Propone que la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa esté a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Faculta al Instituto para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo en la educación obligatoria. Crea una Junta de Gobierno para el Instituto y establece el procedimiento para el nombramiento de sus integrantes en forma escalonada.

En la adición de un tercer párrafo al artículo 3º establece que el Estado deberá garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que todos sus elementos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

La iniciativa propone como objetivo de la educación pública la calidad, tomando como base el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los estudiantes. Además, permite que los padres de familia puedan opinar sobre los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para todo el país.

El ingreso, permanencia y promoción de los docentes, asesores de apoyo técnico pedagógico, directivos o supervisores en la educación básica y media superior que imparta el Estado, será mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio, incluidos concursos de oposición. Los procesos se realizarán bajo los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género. Se exceptúan de esta disposición a las universidades e instituciones autónomas.

Asimismo, faculta al Congreso de la Unión para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Plantea salvaguardar los derechos laborales adquiridos de los trabajadores de la educación; así como sujetar a disposiciones de transparencia a los sindicatos, mediante la elección de sus directivas por voto libre, directo y secreto; considerar información pública los estatutos, contratos colectivos y reglamentos interiores; dar al trabajador el derecho de solicitar información sobre la administración del patrimonio del sindicato, y éste tendrá que informar de los recursos públicos recibidos, de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.

La ley establecerá las sanciones aplicables a los trabajadores que suspendan o paralicen, sin causa legal justificada, la prestación de servicios públicos a cargo de órganos, organismos o entidades en el ámbito de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal.

En los artículos transitorios establece que todo docente actualmente en funciones deberá ser evaluado dentro del primer año a partir de la entrada en vigor del Decreto. En caso de que la evaluación no arroje resultados satisfactorios plantea la capacitación para darle al docente la oportunidad de volver a ser evaluado hasta por dos ocasiones. Entre la primera evaluación y la tercera deberá mediar un plazo que no podrá ser superior a 24 meses.









De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios, la que contiene proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida con el objeto de regular el acceso al Sistema Nacional de Salud, en materia de reproducción humana asistida, previsto en el artículo 4º constitucional y 5º de la Ley General de Salud, a fin de auxiliar a los problemas reproductivos del hombre y la mujer derivados de la esterilidad o infertilidad, así como proteger la vida, la salud y la dignidad humana en la fertilización asistida y, en especial, en la formación, implante y destino final del embrión.

Las disposiciones de la Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el país. Define el concepto de embrión como el producto de la fertilización a partir de ésta y hasta el término de la decimosegunda semana gestacional, y establece que sólo pueden ser generados con el fin de la fertilización humana.

Regula la investigación y aplicación de las técnicas biomédicas de reproducción humana asistida; regula la prestación de los servicios de salud en los establecimientos permitidos por la Ley; y determina los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los donadores, receptores, mujeres receptoras de embrión, los centros autorizados y los bancos dedicados a la crioconservación de células germinales humanas.

Refuerza el papel rector de la Secretaría de Salud para analizar y normar todas las técnicas de reproducción asistida que pueden practicarse, así como para autorizar la práctica de las técnicas y tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica. Crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Comité de Reproducción Humana Asistida que será dependiente de la Comisión Nacional de Bioética.

Prohíbe la selección de embriones por cualquier motivo, incluyendo sexo, que atente contra la dignidad humana; su comercialización y traslado fuera de territorio nacional.

Contiene un capítulo de “Sanciones administrativas” que incluyen amonestación; multa; clausura temporal o definitiva; y arresto hasta por 36 horas. Así como un capítulo de “Delitos” y sanciones, entre ellas, a quien disponga de células germinales o embriones para fines distintos a lo previsto en la ley le impone de cinco a ocho años de prisión y multa de cien a 700 días de salario mínimo general vigente. A quien importe, exporte, posea, aísle, cultive, transporte, almacene, distribuya, contamine, deseche o realice actos de fertilización con células germinales o embriones humanos, se le aplicará de tres a 12 años de prisión y multa equivalente de 200 a mil días de salario mínimo. Asimismo sanciona hasta con 14 años de prisión y 15 mil días de salario la comercialización de embriones; y hasta con ocho años de prisión a quien insemine a una mujer sin su consentimiento.


De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le corresponderá elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarias de Gobernación, de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público y Salud, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático.




Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone que para el caso de la declaración de situación patrimonial inicial; que de no ser presentado dentro de los términos previstos en la Ley, deberá requerirse al servidor público para que en un término no mayor a 5 días hábiles exhiba ante la autoridad competente, que lo requiere, el acuse de recibo o la documentación que acredite la presentación de dicha declaración, incluso dentro de éste mismo periodo; en el entendido de que no hacerlo en este término, se procederá a integrar de inmediato el expediente respectivo y turnarse al área competentes para que se desahogue el procedimiento previsto en la ley. De resultar procedente, la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar, para lo cual debe verse precautoriamente suspendido del cargo hasta en tanto no cumpla con la obligación.


De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone como requisito para la construcción de la infraestructura física educativa (INFE) del país, el aseguramiento de la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables.

Las dictaminadoras consideran que los esfuerzos en el sentido de mejorar la calidad y equidad de la educación, incluidos los correspondientes a la construcción de espacios educativos, conllevan a un desarrollo educativo que favorece a toda la población de manera continua y permanente.

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras consideran que la incorporación de la infraestructura física educativa como elemento constitutivo del sistema educativo nacional materializa el vínculo de la calidad educativa con los espacios que, en sí mismos, son ocasión de aprendizaje y escenario de la interacción del resto de los agentes educativos.

Por ello, los consejos determinarán el diseño y adecuación de la infraestructura física educativa, mobiliario y equipos, así como la definición de los requerimientos en esta materia de acuerdo con los planes y programas educativos.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras consideran apropiada la propuesta de izamiento de la Bandera Nacional a toda asta el día 5 de junio de cada año, fecha del aniversario del nacimiento en 1878 del general Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Establece la obligación de los servidores públicos a cumplir con las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones deberá hacer pública su negativa, fundada y motivada. El incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones correspondientes.

Seis, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre en Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

INTERVINO EL SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

La minuta propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el porcentaje referido para la captación del Derecho de No Inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos, mismo que se destinará a la promoción turística del país.

No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario modificar la redacción propuesta por la Colegisladora toda vez que aquélla hace referencia al “Derecho de No Inmigrante”, y que este concepto fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su Reglamento, por lo que se propone actualizar la redacción de la Minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración. Por lo tanto, se devuelve a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.




De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación y se adicionan la fracción IX bis al artículo 12 y la fracción VI bis al artículo 13, todos de la Ley General de Educación.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
BLANCA ALCALÁ RUIZ, PRI.
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, PAN.
GERARDO FLORES RAMÍREZ, PVEM. FUE APROBADO
SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las reformas que se plantean posibilitaran un andamiaje normativo para la mejor operación de la Educación Media Superior, en un marco de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno; por otra parte, se posibilita el fortalecimiento institucional y para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa. Se incorpora a la Ley las referencias indispensables sobre la creación de un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa; además de establecer, en el marco del federalismo educativo, las atribuciones que de manera exclusiva corresponderán a la Federación y las que de manera concurrente tendrán las autoridades educativas federal y locales.

Las reformas establecen que el tipo medio-superior se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.






De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS COMISIONES ENTREGARON UN DOCUMENTO CON PROPUESTA DE CORRECCIONES DE ESTILO AL PROYECTO DE DECRETO.
LA ASAMBLEA AUTORIZÓ LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN CON LA APLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

PARA LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN, INTERVINIERON LOS SENADORES:
RAÚL CERVANTES ANDRADE, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.
PABLO ESCUDERO MORALES, A NOMBRE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

PARA LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL, HICIERON USO DE LA PALABRA LOS SENADORES:
MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRD.
LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PAN.
DAVID PENCHYNA GRUB, PRI.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PAN.
ARMANDO RÍOS PITER, PRD.
JAVIER CORRAL JURADO, PAN.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, PRI.

LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ RESERVÓ EL ARTÍCULO 6 APARTADO A, FRACCIÓN PRIMERA Y EL MISMO ARTÍCULO, EN SU APARTADO B, OCTAVO PÁRRAFO.

EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.

EL SEN. MANUEL BARTLETT PRESENTÓ SUS PROPUESTAS AL ARTÍCULO 6 QUE NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN. SE APROBÓ EL ARTÍCULO EN SUS TÉRMINOS. SE DECLARÓ APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La reforma constitucional en materia de transparencia, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Se establece que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

El dictamen señala que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución.

Se establece que los sujetos obligados deberán preservar la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

En un nuevo apartado B, dentro del artículo 6, se establece que el Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna. El organismo se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

En su funcionamiento se deberá regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros.

También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva de la información, en los términos que establezca la Ley. El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá la información que se considere reservada o confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

El organismo se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de la Constitución.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El organismo coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

En el dictamen se faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno; y para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Se otorga la faculta exclusiva al Senado para nombrar a los comisionados y en los recesos a la Comisión Permanente.

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación. Así como de las que se suscitaran entre los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación.

Se establece como sujeto obligado para presentar acciones de inconstitucionalidad, al instituto garante que establece el artículo 6° de la Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El dictamen adiciona una fracción VIII al artículo 116, para señalar que las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

Finalmente mediante reforma al artículo 122, se le otorga la facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.





De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 4º, 7º y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

INTERVINO EL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone incluir a las personas físicas y grupos sociales como parte de los beneficiarios del Programa de Fomento a la Economía Social.

Con las reformas se establece que el Sector Social de la Economía estará integrado además de diversas formas de organización social por la de las mujeres y grupos vulnerables, en cualquier modalidad de organización que se adecue a sus necesidades específicas.





De las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

INTERVINO EL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar el primer párrafo del artículo segundo transitorio de la Ley, el cual otorga dieciocho meses para la realización de convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del sector.

Se modifica el artículo tercero transitorio, párrafo cuarto, para continuar aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno de FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Propone modificar el artículo cuarto transitorio el cual establece las normas del Registro y del Programa. La propuesta es únicamente ampliar el plazo para expedir la normatividad del Programa y no del Registro con el objetivo de que quede constituido y no afecte los trabajos del proceso de inscripción. Se propone que las normas relativas al nuevo Programa se expidan durante 2013, pero su vigencia inicie a partir del ejercicio fiscal 2014.







De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

INTERVINIERON LAS SENADORAS:
MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PRI.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Propone incluir en las acciones de la atención materno-infantil: la atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso, atención que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado; la revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; la aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera; y la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo.





De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de células progenitoras o troncales.

INTERVINIERON LAS SENADORAS:
MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PRI.
MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, PT.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Las reformas permitirán establecer un marco normativo que dé certeza jurídica a la investigación científica con células progenitoras; se establece una definición de células progenitoras o troncales, la cual quedaría de la siguiente manera: Células progenitoras o troncales, aquellas capaces de autorreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados.

Del mismo modo y de tal forma que se armonice la reforma con la de donación y trasplante de órganos se define la Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos y sus componentes, y células, en cualquier momento desde la donación, y en su caso, hasta el trasplante o la transfusión.

Con las reformas, se establece que los establecimientos de salud dedicados a la extracción de células deberán cumplir con los requisitos de la autorización emitida por la Secretaría de Salud para quedar de la siguiente manera: Los establecimientos de atención médica que transfundan sangre y sus componentes deberán contar con un comité de medicina transfusional; Los establecimientos de atención médica que utilicen células progenitoras o troncales para regeneración de tejidos deberán contar con el comité interno de trasplantes a que se refiere el artículo 316 de esta Ley. En caso de que el establecimiento cuente con la autorización sanitaria para hacer trasplante de órganos y tejidos a que se refiere el artículo 315, fracción I de esta Ley, se deberá conformar un subcomité que deberá presentar los casos al comité interno de trasplantes; y, los comités y subcomités a que se refiere este artículo se integrarán y sujetarán a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría.

Por otra parte, la Minuta modifica los artículos 317, 327, 338 y 339, así como la adición de un artículo 321 Bis, de tal manera que la Ley General de Salud cuente con una armonización exacta derivada del establecimiento de una definición de las células progenitoras o troncales.

Con las reformas que se proponen se atiende la regulación sobre la investigación en células troncales, definiendo su concepto, quiénes pueden obtenerlas y bajo qué requisitos, además de establecer que la Secretaría de Salud emitirá en los lineamientos correspondientes los procedimientos que se utilizan en la investigación y los propósitos perseguidos por la investigación con células troncales.