+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado


Martes 27 de noviembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-60

Buscar en esta Gaceta
Presione Control+F


Buscar en Base de Datos de: Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones


Gaceta en formato descargable

FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Comunicaciones de Senadoras y Senadores

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone desaparecer las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública y modifica la denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria, por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Se otorga a la Secretaría de Gobernación las siguientes nuevas facultades:

• Coordinar las acciones de la Administración Pública Federal;

• Coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios para garantizar las órdenes del Ejecutivo Federal;

• Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación;

• Proponer al Ejecutivo Federal la política criminal;

• Coadyuvar a la prevención del delito;

• Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República;

• Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal;

• Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal;

• Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

• Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones;

• Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones;

• Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país;

• Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes;

• Participar, conforme a los tratados respectivo, en el traslado de los reos;

• Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal;

• Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial;

• Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública y nacional;

• Regular y autorizar la portación de armas para empleados federales; y

• Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad; formular y dirigir la política migratoria.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorga las siguientes nuevas facultades:

• Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
• Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal;

• Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales;

• Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento;

• Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas;

• Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; y

• Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal.

A la Secretaría de Desarrollo Social, otorga las siguientes nuevas facultades:

• Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil;

• Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva e inclusión y atención de los adultos mayores, así como programas que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad;

• Impulsar políticas públicas en materia de asistencia social e integración familiar, con coordinación con el DIF;

• Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social.

A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, otorga las siguientes nuevas facultades:

• Impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento;

• Administrar el registro agrario nacional;

• Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

• Administrar los terrenos baldíos y nacionales;

• Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas;

• Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda;

• Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de la propiedad;

• Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia.

Señala que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen.




Iniciativas

De los Senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para considerar los municipios de Campeche, Chiapas y Tabasco, colindantes con Belice y Guatemala, dentro de la región fronteriza, a fin de obtener beneficios fiscales y reducir la tasa de IVA a 11% o menos.

Asimismo, plantea la adición de un quinto párrafo al artículo 2 para establecer que tratándose de las regiones fronterizas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá aplicar temporalmente una tasa inferior en las mismas, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales en ese ámbito territorial.

La idea de reducir la tasa de IVA en la frontera sur es coadyuvar a su desarrollo social, productivo, comercial e industrial, desde la lógica de un desarrollo regional integral.

Actualmente el artículo 2 de la Ley del IVA establece como región fronteriza los territorios de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca, Cananea, así como una determinada región parcial dentro del estado de Sonora, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

De acuerdo con la iniciativa, 25 municipios de la región fronteriza del sur-sureste necesitan incentivos fiscales más allá de los 20 kilómetros permitidos, para estimular la creación de empleos y la activación económica de la región.

Los municipios beneficiados serían: Calakmul y Candelaria, en Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, en Chiapas; Balancán y Tenosique, en Tabasco.

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adiciona la fracción XIV bis y reforma la fracción XLIII del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone reformar la fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal, a efecto de darle el estatus jurídico a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como organismo público descentralizado.

En forma complementaria la iniciativa propone reformar el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, estableciendo en un artículo XIV Bis., la personalidad jurídica a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, definiéndolo como un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En su régimen transitorio, establece que la creación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como organismo público descentralizado, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.








Del Sen. Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone que el Estado organizará un sistema de programación y presupuestación, así como de participación del desarrollo nacional. Señala que la planeación además de ser democrática será participativa.

Adiciona dentro de los derechos de los ciudadanos, el participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito, y revocación del mandato de servidores públicos de elección popular; así como en la organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana, elaboración de los presupuestos participativos y acciones de contraloría social, en los términos previstos en la ley de la materia.

Establece que el país será una república participativa y deliberativa.

Propone que el pueblo podrá determinar mediante plebiscito la revocación de mandato del Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernadores de los Estados de la Unión, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Jefes Delegacionales, Diputados Locales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los Presidentes Municipales y demás integrantes del cabildo. El procedimiento de revocación de mandato se solicitará antes de la mitad del mandato y una vez que haya transcurrido una tercera parte en el ejercicio del mismo.

En el caso de la revocación del mandato del Presidente de la República, de los Senadores y Diputados Federales en funciones, previa declaración de validez del plebiscito popular por parte del Instituto Federal Electoral, el Congreso de la Unión ordenará su publicación en el Periódico Oficial de la Federación y notificará a la autoridad de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Cuando la revocación de mandato se efectué al Presidente de la República, el Congreso, designará un Presidente sustituto en un término no mayor a 60 días, en tanto se observará lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución.

Cuando la revocación de mandato se efectué a un Senador o a un Diputado Federal en funciones, el Congreso convocará al suplente para que se presente en un término de 30 días en términos de lo que establece el artículo 63 primer párrafo de la Constitución, para que concluya el periodo. Si no se presentare se aplicará la regla contenida en el citado artículo para el caso de las vacantes aplicables tanto al principio de mayoría relativa como de representación proporcional.

Faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, presupuesto participativo y contraloría social.

Atribuye a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, recibir las quejas o denuncias que le sean remitidas por los órganos de contraloría social integrados por ciudadanos de cualquier parte del país, de acuerdo con las facultades y obligaciones que le sean establecidas en la ley de la materia, cuya función primordial será la vigilancia ciudadana en la transparencia y eficiente administración de los recursos públicos de cualquier autoridad federal.

Señala que procederá la revocación de mandato de los Presidentes Municipales cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popular por el porcentaje de electores y se cumpla con los lineamientos que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia. La Ley estatal de la materia establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato del Presidente Municipal, del Síndico y Regidores. Cuando la revocación de mandato se efectué a un Presidente Municipal, el Congreso del Estado correspondiente designará un Presidente municipal sustituto de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de cada Estado, en un término no mayor a 30 días. Establece que cuando la revocación de mandato se efectué al Síndico o Regidores, el Congreso del Estado de que se trate mandará llamar al suplente. Los ayuntamientos deberán asimismo, fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social, de acuerdo con lo que al respecto se establezca en la ley de la materia.

Procederá la revocación de mandato para los Gobernadores de los estados y para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popular por el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia. La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato de los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El Congreso del estado o la Asamblea Legislativa ordenarán la publicación en el Periódico Oficial del Estado y notificará al gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas. Cuando la revocación de mandato se efectué al Gobernador, el Congreso designará un Gobernador sustituto de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de cada estado, en un término no mayor a 30 días, en su caso Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Señala que procederá la revocación de mandato para los diputados de un Estado o del Distrito Federal en funciones, cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popular por el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato de diputados al Congreso de los estados o del Distrito Federal. El Congreso del estado o del Distrito Federal ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado y notificará al diputado de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Una vez notificada la revocación del mandato, el Congreso convocará al suplente en términos de lo que se establece en la Constitución de cada Estado o del Distrito Federal para que concluya el periodo.


Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone el procedimiento de ratificación para aquellos consejeros que deseen participar en un segundo periodo en el Consejo Consultivo de la CNDH, los cuales deberán enviar una carta de intención al Senado acompañado de un informe de su actuación para que su candidatura sea considerada en los mismos términos de los demás participantes.

Lo anterior deberá hacerse dentro del término de un mes previo al vencimiento de la designación y hasta antes de concluir el periodo de inscripción de candidaturas.




De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México, a fin de establecer que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, deberá ser ejercido por el Secretario de la Defensa Nacional. Así como establecer que el Mando Supremo de la Marina de Guerra, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le reconocerá como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y de forma clara reitera que el alto mando de la Marina de Guerra, lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional.


Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Prohíbe el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente.

La adición atiende a los principios de orden, de seguridad y salvaguarda a la integridad de las personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del Parlamento, para que ninguna autoridad o individuo interfiera por la vía del derecho o de los hechos.


De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el quinto párrafo a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone establecer que sí un proyecto de ley o decreto para trámite preferente fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen y, en su caso, de la Cámara revisora, se conducirá en los términos de los incisos d) y e) del artículo 72 de esta Constitución. En ambos casos, cada una de las Cámaras contará con un plazo máximo de quince días naturales para votar y discutir las observaciones correspondientes, agotado este plazo, el Presidente de la Mesa Directiva registrará el proyecto, en sus términos y sin mayor trámite, como el primer asunto a discusión y votación en la siguiente sesión del Pleno.








Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º. bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera del artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga el artículo decimo de las disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

La iniciativa propone reformas a diversos ordenamientos con el propósito de garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. Con las reformas que se proponen, se establecen los principios rectores que deben observarse para garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, y las medidas presupuestales deberían considerarse para garantizar dicha seguridad.

La reforma al artículo 4 Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, propone que las actividades de PEMEX y su participación en el mercado mundial deban orientarse por los intereses nacionales fundamentados en los ejes de seguridad energética tales como mínimos niveles de endeudamiento, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la autosuficiencia en la producción de combustibles, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la distribución basada en un esquema de ductos con redundancia, adaptación y desarrollo de tecnologías que permitan la autosuficiencia en exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, protección del medio ambiente y mínima participación de capital privado.

La iniciativa propone un último párrafo en el que se establece que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán de contemplarse y someterse a discusión, análisis, aprobación y modificación de la Cámara de Diputados los recursos destinados a PEMEX fundamentados en los ejes de seguridad energética.

En tanto que la reforma al último párrafo de la fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que al enviar el Ejecutivo Federal al Congreso Federal la Estrategia Nacional de Energía deberá estar fundamentada en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

La reforma la fracción primera del artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos, obliga a PEMEX a enviar anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años fundamentada en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Por otra parte, la iniciativa propone la reforma del artículo noveno de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, para establecer que Petróleos Mexicanos deberá emplear hasta el 70% de sus excedentes de ingresos propios para sanear su endeudamiento, incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación, fundamentado en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Finalmente la iniciativa propone la derogación del artículo décimo de las disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. En dicho artículo transitorio se establece que al año siguiente de que se aplique lo dispuesto en la fracción V del artículo noveno transitorio y se cumpla, a juicio del Ejecutivo Federal, las metas establecidas en el plan estratégico a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley, para el año siguiente a que se cumpla el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción V del artículo noveno transitorio, entrará en vigor la fracción III del artículo 49 de la Ley. Y señala que los trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del precepto a que se refiere este artículo, se concluirán conforme a las disposiciones con que se iniciaron.


Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone reformar el primer párrafo del artículo 76 constitucional para ampliar las facultades del Senado de la República en política exterior al incluir informes anuales de las Misiones Diplomáticas Permanentes, las Embajadas y Oficinas de Enlace con funciones análogas a las mismas y los Consulados Generales, que serán presentados al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de cada año de ejercicio.

Asimismo tiene por objeto que el Senado cuente con mayores elementos para el análisis de la política exterior y fortalezca sus facultades de vigilancia, pues resulta contradictorio que tenga la facultad de ratificar a los Embajadores y Cónsules Generales, pero que éstos no se encuentren obligados a rendir cuentas del ejercicio de su encargo.


Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Propone establecer que la Secretaría de Educación Pública en acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creará instrumentos para el seguimiento y avance de los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios, cuyos resultados remitirá periódicamente a la Cámara de Diputados a fin de que sean valorados en la reasignación anual del gasto educativo.


De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone modificar el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de otorgar a la región conocida como de los 5 manantiales en Coahuila, conformada por los municipios de Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, el carácter de región fronteriza, dado que reúne las características geográficas para ello.

Los autores señalan que la propuesta implica dar tratamiento de Región Fronteriza para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a las actividades realizadas en la denominada Región Cinco Manantiales del estado de Coahuila, partiendo de que actualmente, la aplicación de una tasa menor del IVA en la Región Fronteriza, obedece a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la mencionada región y los comerciantes de nuestro país vecino, establecidos en las poblaciones limítrofes a la línea divisoria internacional del norte del país.

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

Propone reformar diversas disposiciones relativas a la protección de periodistas, así como personas e instalaciones contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, para ello

Por lo anterior, y a fin de adecuar el ordenamiento a la Constitución Política, se propone reformar el texto del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando un párrafo cuarto, que establezca los supuestos en los cuales el Ministerio Público Federal podría ejercer la facultad de atracción a la que se refiere la fracción XXI del artículo 73 constitucional. Con la adición al artículo 10, necesariamente se tendría que reformar el artículo 6 del mismo ordenamiento para señalar que “Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 10.”

La iniciativa propone reforzar la competencia de los Jueces Federales en estos casos y no correr el riesgo de que se decline la competencia, para concederles esa facultad se adiciona una fracción IV al artículo 50 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En la iniciativa también se propone reformar los artículos 10, 11 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ha efecto de fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

En lo que respecta a las reformas al Código Penal Federal, con ellas se establece el derecho a la información y las libertades de expresión e imprenta, como un bien jurídico que debe abarcar la norma penal. La propuesta es la tipificación de los delitos en materia de libertad de expresión y acceso a la información, y para ello se incluye en el Código Penal Federal un título vigésimo séptimo al que denomina “De los Delitos en Materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información”.

Así con la inclusión de un artículo 430, se establece que a quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa. Y se refuerza señalando en dos fracciones adicionales que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; o cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.









De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone diversas reformas a la Ley General de Educación para fortalecer el sistema educativo mexicano con miras a apoyar la prevención y programas del respeto irrestricto de los derechos de las y los niños, fundamentalmente relacionadas con todas aquellas situaciones y problemáticas de abuso sexual infantil, embarazos y paternidad anticipada y la falta de formación en aspectos sobre la sexualidad humana.

Las reformas proponen que todo individuo nacional, tiene el derecho a recibir educación y, permanecer en el sistema educativo nacional en igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación. Se determina entre los fines del Estado, el establecer un programa nacional para la prevención, detección, y atención del abuso sexual infantil desde la perspectiva de género y en torno a la educación integral del cuidado del cuerpo y respeto a la dignidad humana.

Finalmente las reformas contemplan como infracciones de quienes prestan servicios educativos, el expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas y adolescentes embarazadas o que se les condicione su inscripción y/o permanencia en el sistema educativo; y ejercer algún acto de discriminación que atente, vulneren o restrinjan el derecho a la educación de las mujeres, niñas y niños, o atente contra el acceso a la educación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona al párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el estado de Campeche.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Plantea que Campeche sea considerado como estado fronterizo dentro de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para obtener incentivos fiscales con la reducción de 16 a 11% de la tasa de IVA.

La iniciativa establece que la reducción del IVA le dará a la entidad la posibilidad de captar inversiones que generen empleos y eleve el nivel de vida de la población, así como tener competitividad ante Belice y Guatemala, países vecinos.

Además, estima que la promoción y fortalecimiento sustentable de las zonas turísticas, generarían inversión y empleos para el desarrollo económico de la región.

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone adicionar una fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria, para establecer la denominación de Tierras de conservación, entendiendo como tales a los suelos que por su excesiva pendiente, por su pobreza, baja productividad o erosionabilidad, o por considerarse estratégicas por sus servicios ambientales o por la protección de infraestructura de desarrollo, comunicación o de vivienda, deben permanecer manteniendo sus ecosistemas nativos y deben ser segregadas de cualquier uso productivo o actividad humana.

Por otra parte, la iniciativa propone reformar las fracciones III y IV del artículo 19 Bis; adiciona las fracciones V y VI al artículo 19 Bis, y adiciona un artículo 20 Bis 8, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de establecer que el ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico incluyendo los Comunitarios y Ejidales y los Privados.

Asimismo, propone la adición de un artículo 20 Bis 8, donde se establece que los programas de ordenamiento ecológico comunitario y privados serán expedidos por las asambleas de los ejidos y comunidades agrarias, así como por los propietarios de predios privados y deberán contener, por lo menos: la determinación del área o región a ordenar, dentro del ejido, comunidad o propiedad privada, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las actividades realizadas por los habitantes del área; la determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, y los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación.


De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo octavo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone con la adición de un párrafo octavo al artículo 4 de la Constitución Política, establecer un mandato, que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, tomen todas las medidas apropiadas para garantizar que la niñez se vea protegida contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, actividad, opiniones expresadas o creencias. A través de esta reforma se lograra la plenitud de los derechos fundamentales del hombre, al atender la problemática específica de la niñez.



Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Faculta al IFE para expedir credenciales para votar en las sedes diplomáticas mexicanas, ubicadas en el extranjero, con vigencia limitada a una sola elección para Presidente de la república. Por lo que el listado nominal de mexicanos residentes en el extranjero será temporal y tendrá que renovarse totalmente en cada elección presidencial.

La iniciativa distingue como mexicanos que residen transitoriamente en el extranjero, a los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar en cualquiera de las oficinas del IFE en el país. Y como mexicanos que residen permanentemente en el extranjero, a quienes obtengan su credencial para votar en cualquiera de las oficinas del IFE, agregadas a las sedes diplomáticas de México en el extranjero.

Prohíbe en el exterior todo tipo de propaganda contratada en medios de comunicación nacionales o del extranjero, y sanciona como delito electoral con multa de setenta a 200 días y de tres a siete años de prisión, al que contrate, acuerde, apruebe, consienta o por cualquier medio haga transmitir en radio o televisión propaganda electoral con la finalidad de influir en las preferencias electorales, o realice en el extranjero actos de campaña a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos.




Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.