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Gaceta del Senado


Jueves 27 de septiembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-19

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Un acuerdo, por el que se constituyen las comisiones de trabajo.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
JAVIER CORRAL JURADO, PAN.
MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT.
MARCELA TORRES PEIMBERT, PAN.
ERNESTO RUFFO APPEL, PAN.
ARMANDO RÍOS PITER, PRD.
ANA GABRIELA GUEVARA, PT.
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, PRD.
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, PAN.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRD.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.
FUE APROBADO EL ACUERDO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, EXCLUYENDO A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE JUVENTUD Y DEPORTE, QUE SE APROBARON DE MANERA INDIVIDUAL, TAMBIÉN EN FORMA ECONÓMICA.

Iniciativas

Del Sen. Eviel Pérez Magaña y de la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación.

SE TURA A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone diversas reformas a la Ley General de Educación, que permitirán regular la asistencia a madres solteras en situación de alta marginación y pobreza, para ello, incluye en el Capítulo III, de la Equidad en la Educación, en la Sección 1, del Acceso a la Educación, incluye el seguro de vida, como un programa que el Estado deberá a cabo programas.

Propone la creación de una Sección 2, denominada: Del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, en donde establece para los efectos de este Capítulo, que la Secretaría de Educación Pública, tendrá a su cargo el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, y dispone que para ello deberá integrar y actualizar el Padrón de Beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Señala que se reputan beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, las mujeres que reúnan los siguientes requisitos: ser solteras, y tener hijos menores escolarizados de hasta 18 años cumplidos; estar registradas en el Padrón de Beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia; acreditar su residencia en el territorio nacional.

La iniciativa señala que el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia es un beneficio, intransferible e inembargable, que será actualizado anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y establece que las beneficiarias podrán en todo tiempo solicitar su inclusión ante la Secretaría de Educación Pública.

Propone que el monto de las ministraciones mensuales del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, se entregue al Tutor que ostente la Patria Potestad de los menores acreditados, de conformidad con lo que establezcan las Reglas de Operación.

Finalmente establece una serie de disposiciones por las cuales se pierde el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y ello será por: acreditación de beneficio homólogo bajo cualquier denominación en los tres órdenes de gobierno, o Instituciones Privadas; cambio de domicilio sin actualización del registro; baja escolar definitiva de los menores acreditados ante la Secretaría de Educación Pública; y mayoría de edad.


De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Lorena Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone impulsar las bases que permitan establecer una política nacional de empleo penitenciario remunerado, que regule y establezca condiciones homogéneas para actividades productivas en los centros penitenciarios del país.

La iniciativa reforma el artículo 9 y 10; y adiciona los artículos 10 bis, 10 ter, 10 quáter, 10 quintus y 10 sextus a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con la finalidad de crear en cada reclusorio un Consejo Técnico interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas preliberacionales, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la aplicación de la retención. El Consejo podrá sugerir también a la autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general para la buena marcha del mismo, y tendrá la facultad de decidir sobre la aprobación de las actividades remunerativas que realicen los internos.

En caso de que el interno fallezca durante la reclusión, el Consejo tendrá la facultad de administrar y disponer de los fondos correspondientes a las fracciones III y IV, del artículo 10 quáter de la Ley, para ser destinados exclusivamente al fondo que se creé en beneficio de las áreas productivas y laborales del Centro.

Se propone que el trabajo deberá de ser programado teniendo en cuenta las aptitudes, interés, vocación, capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral, según lo determine el Consejo Técnico Interdisciplinario. A los internos, tanto procesados como sentenciados, se les podrá asignar un trabajo voluntario como medio para lograr la reinserción social, cumplir con la manutención de sus dependientes económicos y cubrir la reparación del daño, proporcionándoles en lo posible los elementos necesarios para la realización del mismo.

Se establece que la ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento penitenciario o comisiones que se le encomienden de acuerdo con el Reglamento. Y se prohíbe el establecimiento de negocios particulares por parte de los internos y del personal de los Centros Federales.


De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone que los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones sean materia de salubridad general. Señala que la competencia entre la Federación y las entidades federativas en esta materia, será regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones.



De los Senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al sistema nacional de fiscalización.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes de carácter general que regulen la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización y la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y rendición de cuentas.

Establece dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, específicamente, en la revisión de la cuenta pública, esta evaluará los resultados e impactos de las políticas públicas, tomando en cuenta la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. Asimismo, en la revisión de la cuenta pública emitirá las resoluciones conducentes, las cuales serán vinculantes para las dependencias o entidades sujetas a revisión o se integrarán en el decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente.

Propone crear el Sistema Nacional de Fiscalización, el cual estará encabezado por la entidad de fiscalización superior de la Federación, y en el que se establecerá un esquema de coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para el fortalecimiento y homogenización de la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios. Señala que el Sistema Nacional de Fiscalización reconocerá el derecho de la sociedad para organizarse y monitorear los procesos de fiscalización y rendición de cuenta de los sujetos obligados.

Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso. Asimismo, realizará la evaluación del desempeño de los entes fiscalizados, en términos de sus metas y objetivos, así como del ejercicio de sus facultades y atribuciones, cuyas omisiones derivarán en las sanciones que determine la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá, realizar evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas.

Promoverá ante los tribunales de la Federación las acciones para el fincamiento de la responsabilidad penal por actos que afecten a la hacienda pública federal y sean materia de las funciones definidas en las fracciones del presente artículo, para los cual los expedientes que integre en el ejercicio de sus funciones de fiscalización tendrán entera fe, salvo prueba en contrario.

Pretende crear el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y plena jurisdicción, a cuyo cargo estará el conocimiento de los casos de presunta responsabilidad de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno o de cualquier persona por actos que afecten a las haciendas públicas federal, estatales, del Distrito Federal o municipales y la imposición de sanciones en el ámbito administrativo cuando corresponda.

El Tribunal estará integrado por magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo y no podrán ser reelectos. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitirá la ley que establezca su organización, así como las formas y procedimientos a que se sujetará el conocimiento y la resolución de los casos de su competencia.

Fortalece el sistema nacional de fiscalización pública mediante la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para el fortalecimiento y homogenización de la fiscalización de los recursos públicos. Robustece las atribuciones de los entes locales de fiscalización en la misma proporción que para la Auditoria Superior de la Federación, incluyendo las atribuciones frente al Tribunal.


Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, David Penchyna Grub, Ismael Hernández Deras y Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone eliminar el domicilio de los electores de la credencial para votar con fotografía debido a que no es un elemento de seguridad electoral y por el contrario se ha convertido en un medio nocivo para sus titulares al ser utilizado cuando ésta es sustraída o robada en una forma que ha potenciado el aumento en delitos como extorsión, secuestro y robo de identidad.

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto regular las actividades relativas al drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

La autoridad y administración en materia de agua potable y saneamiento son los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal. Los gobiernos de los Estados, los municipios y el Distrito Federal garantizarán que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud, sin discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Se crea el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Entre sus atribuciones, se mencionan: fungir como autoridad técnico-normativa en materia de los servicios de agua potable y saneamiento; formular y proponer los criterios y lineamientos de carácter técnico-normativo que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios; conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, mitigación y solución de conflictos relacionados con la prestación del servicio de agua potable y su gestión; substanciar el procedimiento de sanción establecido en la presente Ley; promover en el ámbito nacional el uso eficiente y conservación del recurso agua destinado al uso domestico y servicio público urbano; proponer a la Secretaría las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua potable y saneamiento, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, entre otras.


El Director General de dicho Instituto será nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República, de una terna propuesta por el Consejo Directivo.

Señala que el Instituto elaborará un sistema de contabilidad regulatoria que posibilite el seguimiento del desarrollo económico-financiero en materia de prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento, incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización de la Concesionaria como agente contaminante.


Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Propone adicionar un párrafo séptimo al artículo 4 constitucional para establecer que toda persona tiene derecho al acceso y suministro a la energía eléctrica con calidad para su uso y consumo personal y doméstico en forma asequible, proporcional y equitativa en su costo.

Por lo que, señala que el estado garantizará en todo momento el respeto y disfrute de este derecho para su desarrollo y bienestar, y la ley establecerá las bases y las modalidades para el suministro equitativo y sustentable de la energía eléctrica.


Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

SE MANTIENE EN COMISIONES, POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA.(04-02-2016)

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los Senadores de la República a inscribirse como donantes de órganos ante el Centro Nacional de Trasplantes, mediante consentimiento expreso; así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar un aumento del 15% de los recursos asignados a la Secretaría de Salud.

INTERVINO LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PRI.
FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. INTERVINIERON LOS SENADORES:
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, PAN.
FERNANDO MAYANS CANABAL, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN, LA CUAL SE ACEPTÓ.
EL PUNTO DE ACUERDO ADICIONADO FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

De los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la asignación de recursos extraordinarios para atender las necesidades de recursos humanos de las escuelas del estado de Guerrero.

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
RENÉ JUÁREZ CISNEROS, PRI.
JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENA, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN, QUE SE ACEPTÓ.
EL PUNTO DE ACUERDO ADICIONADO FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Efemérides