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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE SEGURIDAD PúBLICA DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, PRESENTADA POR LA DIP. ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ.

La suscrita Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122,  numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La grave condición de violencia delictiva e inseguridad pública que se ha expandido  en la mayor parte del territorio nacional en los últimos 20 años ha sido el motor de muchas decisiones estructurales y normativas que ha impulsado la república.
En consecuencia, tras un debate nutrido en perspectivas y opiniones la fuerza política dominante impulsó la creación de una polémica transformación de las instancias policiales federales, dando lugar a la creación de la Guardia Nacional.
Dentro de los debates que dieron origen al marco jurídico de esta instancia de reciente creación, tanto en el ámbito constitucional como en lo concerniente a las leyes secundarias, uno de los debates más importantes radicó en torno a que una de las ideas propuestas para integrar la normatividad de la Guardia Nacional implicaba establecer mecanismos de corresponsabilidad con Entidades Federativas y municipios.

Dicho debate partía de un comportamiento observado durante los últimos 15 años en algunas entidades federativas y en algunos municipios en el cual estas instancias del poder público aparentemente demoraban u omitían el cumplimiento de compromisos para el desarrollo policial y el fortalecimiento de las instituciones policiales.

En consecuencia en la fracción IV del artículo 7 de la Ley de la Guardia Nacional se plantea la posibilidad de convenir colaboraciones con Entidades federativas y municipios y en artículo 91 del mismo ordenamiento se plantearon los rasgos generales que  debe tener esta colaboración en los siguientes términos:

Artículo 91. Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios, se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el Secretario, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en su caso, los presidentes municipales correspondientes. En los convenios se establecerán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional, a fin de que las instituciones de seguridad pública local las asuman plenamente.

Asimismo, se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, atribuciones y obligaciones; para lo anterior, deberán contar, sobre la base de la corresponsabilidad, con las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas.

Considerando la redacción del artículo citado y el precedente que se ha planteado en los convenios de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado de Hidalgo en 2018, en el cual el gobierno hidalguense pagaba 40 millones de pesos al ejército mexicano para combatir el robo de hidrocarburos , mediáticamente reconocido como “Huachicoleo”, entonces encontramos que bajo el marco jurídico vigente pueden generarse escenarios no deseados de gasto presupuestal. Esto es, que a pesar de que son funciones de las instituciones federales proteger determinados espacios y ámbitos, para lo que se les asignan partidas presupuestales específicas, bajo el argumento de una distribución del gasto público municipal o estatal que no les satisfaga, se impongan obligaciones financieras o presupuestales para condicionar la colaboración entre autoridades de distintos ámbitos de gobierno.

En este sentido, distintos expertos como Marcos Kaplan en su obra “Aspectos Sociopolíticos del Narcotráfico”, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su texto “El Narco: la Guerra Fallida”, o el clásico de Luis Astorga Almanza, “El Siglo de las Drogas”, señalan cómo han surgido incentivos presupuestales informales que dificultan las soluciones de fondo en materia de seguridad pública y encarecen el gasto público contra la delincuencia .
En este orden de ideas, tal y como lo ha demostrado la estrategia contra el robo de hidrocarburos que desplegó la actual administración los 40 millones de pesos no fueron suficientes y por el contrario, las instituciones estatales dejaron de invertir dinero en otro tipo de prioridades por atender un problema que desde el comienzo era una responsabilidad de la federación.

En este mismo sentido, si se considera que en muchos lugares la situación de inseguridad y violencia delincuencial encuentra su principal incentivo en ámbitos de jurisdicción federal ¿por qué las entidades federativas y los municipios tendrían que erogar recursos extraordinarios para cubrir esas deficiencias de las instituciones federales pagándoles adicionalmente para que cumplan sus responsabilidades?
Sin lugar a dudas las entidades federativas y los municipios deben esforzarse en aportar los recursos que puedan para poder reaccionar ante las acciones de la delincuencia, sin embargo cuando la coyuntura es originada en la desatención de las atribuciones y responsabilidades de la federación, esa reacción no puede, ni debe priorizarse sobre políticas de salud, educación y desarrollo económico que son de competencia directa de esas entidades federativas y municipios y que representan la posibilidad de reducir la violencia en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, si consideramos hechos normalmente aceptados como la desatención de instalaciones federales como los ductos de combustibles o que la economía ilegal regularmente fluye por las mismas vías de la economía legal, y que las carreteras federales y aduanas son responsabilidad de la federación, no se justifica una redacción abierta para que en los convenios devengan obligaciones presupuestales irracionales para las necesidades locales.

En consecuencia, la presente propuesta ofrece una opción de redacción que permitirá matizar las posibilidades de obligaciones presupuestales que se impongan a entidades federativas y municipios a partir de los convenios. Ello, a partir de considerar como un parámetro el promedio anual nacional que las entidades federativas invierten en materia de   fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas al momento de establecer cualquier tipo de compromiso. Asimismo, a partir de reconocer que si en la fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional se establecen las siguientes responsabilidades del ámbito Federal:

 Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.       ….
II.      Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en:
a)      Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares;
b)      La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables;

c)      Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos;
d)      Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Federación;
e)      Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, así como las instalaciones estratégicas, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y
f)       En todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia; en las zonas turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su actuación;
III.     a   XLIV  …..
Entonces se debe aceptar que en algunos municipios y entidades federativas, las condiciones de violencia delictiva e inseguridad derivan de la desatención de esos espacios federales.
En consecuencia, debe plantearse esos matices en el texto de la ley para buscar un margen legal de los convenios que sea presupuestalmente más equitativo entre la federación, las entidades federativas y los municipios y evite la generación de convenios que presupuestalmente comprometan el desarrollo de los municipios y entidades en el largo plazo por atender aspectos que no atiende adecuadamente la federación.
Por lo anteriormente y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de

DECRETO

Que adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional con la finalidad clarificar los aspectos de obligaciones presupuestales que se aluden en los convenios que podrán realizarse entre la Guardia Nacional, las Entidades Federativas y los municipios.

ÚNICO.- Se adicionan tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional:
Artículo 91. ….

….

En ningún caso los términos, obligaciones o condiciones de los convenios con autoridades de entidades federativas o municipales implicarán la transferencia directa o retención de partidas presupuestales, transferencias financieras o pagos directos emitidos de la entidad federativa o el municipio a la Guardia Nacional o el Gobierno Federal.

Las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de las entidades federativas con que deban contar los programas operativos vinculados a los convenios a los que hace referencia el presente artículo, no podrán implicar obligaciones sobre montos que superen el promedio nacional incremento que anualmente registran las entidades federativas en materia de   fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas.

Los convenios no podrán contener obligaciones presupuestales sobre las Entidades Federativas o los municipios cuando el motivo principal de la presencia de la Guardia Nacional en la entidad federativa o el municipio se requiera debido a la incidencia delictiva directamente vinculada a actividades ilegales realizadas en Zonas fronterizas, litorales, pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, centros de supervisión y control migratorio, carreteras federales, aeropuertos, instalaciones hidráulicas, parques nacionales, presas, embalses, cauces de ríos, espacios urbanos considerados como zonas federales, inmuebles, instalaciones y servicios de dependencias federales y cualquier espacio o ámbito dentro de las obligaciones y atribuciones de la Guardia Nacional dispuestas en la fracción II del artículo 9 de esta ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación el Ejecutivo Federal tendrá 90 días para realizar los ajustes correspondientes en los reglamentos y manuales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional.

A T E N T A M E N T E

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de agosto de 2019.

Durante las participaciones en los foros públicos sobre la Guardia Nacional, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, citó como un logro de su administración el convenio y el pago extraordinario a la SEDENA. Asimismo, en una comparecencia del Secretario General de Gobierno del Estado de Hidalgo, ante el congreso de dicha entidad federativa, registrada el 6 de noviembre de 2018, se reconoció el monto y las erogaciones implícitas en el pago. Véase a Ignacio García, Paga gobierno de Hidalgo 40 mdp a SEDENA para combatir huachicileo, Quadratín Hidalgo, 6 de noviembre de 2018, disponible en https://mexico.quadratin.com.mx/paga-gobierno-de-hidalgo-40-mdp-a-sedena-para-combatir-huachicoleo/

Véase a Kaplan, M., Aspectos Sociopolíticos del Narcotráfico, Instituto
Nacional de Ciencias Penales, México, 1992; Aguilar V., Rubén y Castañeda, Jorge G., El narco: la guerra fallida, Punto de Lectura, 2009, o Astorga, Luis, El Siglo de las Drogas, Debolsillo, México, 2016.