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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República; al Director General de la Comisión Federal de Electricidad; al Director General del Centro Nacional de Control de Energía; y al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a que tomen medidas urgentes e inmediatas para resolver el problema de falta de energía eléctrica en diversos municipios del estado de Baja California Sur.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, AL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, A QUE TOMEN MEDIDAS URGENTES E INMEDIATAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El día 29 de julio de 2019 a las 14:57 horas, el Sistema Eléctrico de Baja California Sur fue declarado EN ESTADO DE EMERGENCIA por el Centro Nacional de Control de Energía, mejor conocido como el CENACE.

Por esa causa, desde el domingo 28 del mes pasado los municipios de Los Cabos, Loreto, Comondú y La Paz, donde habita más del 90 por ciento de la población estatal, están sufriendo una serie de apagones e intermitencias eléctricas que afectan negativamente a los sudcalifornianos en sus necesidades básicas y más sensibles, como es la conservación de alimentos y el aire acondicionado en zonas con temperaturas que alcanzan los 43º centígrados, así como la industria, los negocios y la infraestructura y seguridad vial.

El pasado sábado 2 de agosto, Baja California Sur nuevamente fue afectada por un megaapagón, que afectó a gran parte de la entidad, sin que se conozca de manera oficial el número de usuarios afectados, debido nuevamente a que la capacidad de generación es menor a la demanda de energía, algo que nunca había sucedido de esta manera.

La declaración de emergencia del CENACE y esta situación en general se presenta en la temporada de mayor necesidad y demanda de este tipo de energía, lo que indica la gravedad del problema en términos concisos: según el CENACE el sistema eléctrico de Baja California Sur contaba al declararse dicha emergencia con un margen de reserva operativa menor al 4% (cuatro por ciento), sin capacidad para soportar la contingencia sencilla más severa.

Las condiciones históricas de la prestación del servicio público de energía eléctrica en el Estado no han sido favorables para sus habitantes. En ese Estado se paga la luz más cara del país, la infraestructura no ha sido renovada desde hace varios años y se depende del combustóleo para que, a través de turbinas, se produzca electricidad, lo cual ha generado en casos como la ciudad de La Paz una severa contaminación del aire.

Al martes 30 de julio pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de las instalaciones, infraestructura, funcionamiento y prestación del servicio de energía eléctrica no había informado oficialmente NADA AL RESPECTO. En las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador tampoco se había tocado el tema, dando un mensaje claro: esta grave situación por la que atraviesan los sudcalifornianos no existe para el Gobierno federal, la falta de energía eléctrica en el Estado no les importa.

Quien hizo la primera declaración para explicar la causa del desabasto, de una forma desafortunada e insensible, fue el Director General de la CFE, Manuel Bartlett, al más puro estilo del Gobierno actual: “los apagones en Baja California Sur son problemas heredados de los gobiernos anteriores, que dejaron mal todo”; ni más, ni menos, así como suele responder el Presidente de la República cuando no existen argumentos de fondo para dar respuesta a las protestas sociales.

Según fuentes periodísticas la causa real de los apagones se debió a la falta de combustóleo en las centrales termoeléctricas, derivado de las CARENCIAS OPERATIVAS DE LA CFE, por lo cual este organismo tuvo que reducir al mínimo la generación de energía eléctrica, afectando considerablemente las actividades económicas de la entidad, además de provocar malestar social por los daños que este desabasto está generando. Si esto es verdad, el argumento de “la culpa de gobiernos anteriores” cae por su propio peso.

Según algunas fuentes, el combustible utilizado es de pésima calidad (debido a que contiene basura) lo que hace que las bombas de las turbinas se descompongan y se activen los sistemas aislados de emergencia, los cuales están funcionando al límite generando cortes de electricidad continuos y de mucha duración que impactan negativamente las actividades cotidianas y económicas de la población.

También se señala como causas del desabasto actual la descompostura de los equipos de las plantas de generación, debido a la falta de mantenimiento de los mismos por los recortes presupuestales.

Este desabasto de energía eléctrica en Baja California Sur ha tenido varias iniciativas para haberlo evitado. Por ejemplo, existía un proyecto de cable subacuático de energía eléctrica con una inversión ya aprobada de 1,000 millones de dólares, gestionado por el Gobernador Carlos Mendoza Davis, que nos conectaría al sistema eléctrico nacional, el cual fue cancelado por el gobierno de López Obrador.

También se sabe que en marzo de este año el CENACE emitió una solicitud para la compra de potencia y energía eléctrica, con el objeto de cubrir la demanda de la zona desde mayo hasta septiembre, que es la temporada de mayor consumo, y con esto evitar posibles apagones.

Tanto el proyecto de cable submarino como la solicitud de compra fueron desechados por las políticas de austeridad ordenadas e implementadas desde la Presidencia de la República. Y el problema sigue sin resolverse, según el Director General de la CFE “por culpa de los gobiernos anteriores”.
Así mismo, ha habido iniciativas valiosas y probadas en nuestro Estado para cambiar la fuente de generación de energía eléctrica mediante fuentes de energías limpias, como los sistemas de energía solar que actualmente opera la propia CFE en Santa Rosalía. Pero este tipo de proyecto tampoco ha tenido eco en la actual administración. Se ha pedido también que se revisen las restricciones impuestas en el Estado para la instalación de equipos de energías renovables, bajo el argumento de que la capacidad autorizada se encuentra agotada, con lo cual se podría impulsar la generación distribuida.

Hoy los apagones y variaciones de electricidad han descompuesto aparatos eléctricos en muchos hogares y en los negocios que dependen de esta vital fuente de energía. No todas las personas tienen posibilidades de contar con reguladores aptos para soportar picos fuertes y permanentes de luz y, con este problema, su patrimonio se ha visto lesionado y comprometido sin que el gobierno federal muestre el más mínimo interés.

Asimismo, la electricidad es fundamental para la comunicación de la gente, desde las computadoras hasta los teléfonos celulares que, sin energía eléctrica no funcionan, imposibilitando esta actividad de primera necesidad. No debemos olvidar que existe el riesgo del colapso de los sistemas bancarios que se encuentran computarizados y la afectación directa al comercio, todo lo cual origina una severa afectación a la economía local, que de por sí ya está lastimada por las tarifas eléctricas excesivas que se cobran en la entidad.

La Ley de la Industria Eléctrica establece expresamente que su finalidad es, entre otras, garantizar a los usuarios la operación continua, eficiente y segura del servicio público y universal de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta obligación está repartida en tres órganos gubernamentales federales: el CENACE, en su papel de responsable del mercado de electricidad; la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como autoridad que determina las especificaciones técnicas y las tarifas correspondientes al servicio, y la CFE, encargada de la operación y funcionamiento del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, es decir, de las actividades necesarias para llevar a cabo la transmisión y distribución de energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión y en las Redes Generales de Distribución.

En este sentido, la CFE es la responsable del buen funcionamiento del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y es el organismo que está obligado a explicar a los sudcalifornianos lo que está sucediendo y las medidas que se tomarán para regularizar la prestación de dicho servicio, lo cual NO HA REALIZADO en un absoluto desinterés y falta de rendición de cuentas a los miles de usuarios y familias afectados por estos apagones.

La única explicación ante esta afectación a los habitantes de la entidad ha sido echarle la culpa al anterior Gobierno, sin asumir la responsabilidad que conlleva ser el actual responsable de la prestación del servicio público de energía eléctrica del país.

Es necesario informarles a los actuales gobernantes que cuando asumieron sus cargos públicos, empezando por el Presidente de México, se obligaron a resolver los problemas, según ellos “heredados de gobiernos anteriores”, por lo que no es pretexto aceptable y válido echarle la culpa a otros y no atender al pueblo sudcaliforniano que está sufriendo por la incapacidad de las autoridades federales para cumplir con sus funciones más elementales. Contrario a lo dicho, gobernar sí tiene ciencia.

De igual manera, es injusto e intolerable que el Gobierno federal aplique discriminatoriamente tarifas diferenciadas a entidades federativas de la preferencia del titular del Ejecutivo Federal -como su natal Tabasco-, donde les otorgó la tarifa 1F que le ha negado a Baja California Sur, y les haya condonado adeudos históricos de más de 11,000 millones de pesos, mientras que a nuestro Estado nos mantiene “en la raya de la austeridad y el combate a la corrupción”, con una deficiente infraestructura eléctrica y una incapacidad técnica, operativa y de servicio de la CFE, lesionando la salud, la economía y otros derechos de los habitantes de los municipios Los Cabos, Comondú, Loreto y La Paz.

Es necesario reiterar que Baja California Sur sufre estos apagones por la cancelación de un proyecto de cable submarino que abastecería a la entidad de energía suficiente y por la falta de previsión de las autoridades de la CFE. Nos preocupa la falta de información al respecto y las medidas necesarias para resolverlo.

Necesitamos que el Gobierno federal atienda de manera urgente e inmediata la falta de la energía eléctrica suficiente para la entidad. Si ha habido corrupción, que se castigue al corrupto no al pueblo de México, no a los sudcalifornianos.

La pregunta es ¿por qué se afecta de esta manera a Baja California Sur? ¿Por qué se recategorizó a Tabasco en la tarifa 1F hace unas semanas y se le niega ese beneficio a nuestra entidad, a pesar de las mismas condiciones climatológicas?

¿Cuándo se va a informar a la población sobre el origen real del problema actual? ¿Van a cubrirle los daños a los afectados? ¿Han previsto qué va a pasar en esta situación, ante el embate de un posible huracán y la necesidad de garantizar el suministro para enfrentar sus efectos?

¿Existe algún proyecto para resolver este problema en el futuro? Son preguntas que tendrán que responder las autoridades federales.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a que no extralimite su política de austeridad en perjuicio de la población de Baja California Sur y proponga la aplicación de recursos públicos dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, a la implementación de soluciones para  nueva infraestructura en materia de energía eléctrica, al mantenimiento de la existente, a tecnología de energías limpias, a fin de proveer de energía eléctrica al Estado de Baja California Sur de manera eficiente, permanente y con calidad.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que explique con detalle y completa transparencia: (1) Las causas que han originado el grave problema de falta de energía eléctrica en Baja California Sur en los últimos días, poniendo énfasis en la falta de combustóleo en las centrales termoeléctricas; (2) Los motivos por los cuales el proyecto de cable subacuático de energía eléctrica que conectaría a la entidad con el sistema nacional fue cancelado por el Gobierno federal, y por qué no fue atendida en tiempo y forma la solicitud del Centro Nacional de Control de Energía para la compra de potencia y energía eléctrica, con el objeto de cubrir la demanda de Baja California Sur de mayo a septiembre de 2019, y (3) Las medidas jurídicas y económicas que realizará ese organismo para resarcir los daños y perjuicios provocados al patrimonio de las familias y negocios de Los Cabos, Comondú, Loreto y La Paz por estos apagones.

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Centro Nacional de Control de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía a que, con base en la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones jurídicas y técnicas aplicables, realicen las medidas de emergencia tales como la contratación de potencia, así como dar instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad para el suministro emergente de energía eléctrica en Baja California Sur y la regularización del servicio público a través de la renovación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica necesaria para que este tipo de problemas no se vuelva a repetir en esta entidad federativa.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a siete de agosto de 2019.