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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CáMARA DE SENADORES.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. COMISIÓN PERMANENTE
P R E S E N T E

El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada el 06 de junio de 1990 mediante decreto presidencial , como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos, cuya persona titular era designada de manera directa por el presidente de la república. En aquel entonces, la persona a cargo de la CNDH no debía cumplir mayor requisito que el de la libre designación por parte del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Posteriormente, el 28 de enero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 102 de la Constitución, a efecto de incorporar un apartado B en el que se mandata la creación de organismos de protección de los derechos humanos encargados de conocer de quejas u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen esos derechos.
Fue esta la reforma que creó y facultó a dichos organismos a emitir recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas antes las autoridades respectivas. Finalmente, se estableció que estos organismos no serían competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. Con esta reforma constitucional como sustento, el 29 de junio de 1992, se publicó en el DOF la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual reconoció a la CNDH su carácter de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto esencial era promover la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el ordenamiento jurídico mexicano.
La Ley de la CNDH de 1992, preveía en su artículo 9, que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debía reunir, para su designación, los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. No tener menos de treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento; y
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Casi siete años después, el 13 de septiembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 102, Apartado B de la Constitución, a efecto de determinar que el organismo nacional de protección de los derechos humanos se denominaría, a partir de entonces, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  que tendría un Consejo Consultivo integrado por 10 personas y contaría con autonomía de gestión y presupuestaria, así como con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
De esta forma, se dio el paso de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ente gubernamental, a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos como organismo con autonomía constitucional, cuyo titular sería electo, al igual que los integrantes del Consejo Consultivo, desde aquel momento, por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma mayoría calificada.
A través de esa reforma, se determinó que la Ley debería establecer los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas correspondientes y se estableció que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos duraría en su encargo 5 años, pudiendo ser reelecto una sola vez y removido de sus funciones solo en los términos del Título Cuarto de la Constitución.
Para armonizar el contenido de la reforma constitucional que dotó de una nueva personalidad jurídica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se publicó el 26 de noviembre de 2001 en el DOF , una reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la cual se modificó su denominación y se reformaron diversas disposiciones relativas a su personalidad jurídica, estructura, integración y funcionamiento.
De manera particular, resaltan las adiciones hechas al artículo 9, en cuanto redefinieron los requisitos que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería reunir para su elección, quedando así los requisitos aún vigentes hasta el día de hoy, de la manera siguiente:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;
III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;
IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y
VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.
Como se puede apreciar, al igual que el marco normativo constitucional y secundario que da sustento al organismo nacional de protección de los derechos humanos, los requisitos para ser designado o electo como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al igual que las atribuciones del organismo, han sido el fruto de un largo y complicado proceso de evolución que, a 29 años de distancia, le ha permitido al Estado mexicano contar con una institución indispensable no solo para la protección de los derechos humanos, sino también para de garantizar la vigencia de la gobernabilidad democrática.
Con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, el primer objetivo de la presente iniciativa es el de darle continuidad y mayor profundidad al proceso de evolución histórica del organismo nacional de protección de los derechos humanos, a través de la consolidación, fortalecimiento y perfeccionamiento del perfil que debe tener la persona que aspire en el futuro a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y, el segundo objetivo, es el de, una vez actualizado y redefinido el perfil de la persona titular, fortalecer las atribuciones del organismo nacional para cumplir de manera más adecuada con su mandato constitucional.
Y me permito subrayar la palabra futuro, porque lo que está detrás de esta propuesta normativa no es exclusivamente la redefinición legal del perfil o las facultades de una persona o una institución, sino la consolidación y perfeccionamiento del modelo nacional de protección de los derechos humanos, como instrumento clave para que nuestro país pueda, en el plazo más corto posible, saldar su deuda pendiente con miles de víctimas de la violencia, la injustica, la desigualdad y la impunidad.
De acuerdo con diversos especialistas, el artículo 9 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue uno de los objetos de mayores modificaciones entre 1992 y 2001, pues a las tres fracciones originales, la ley vigente agregó cuatro fracciones o requisitos adicionales para redefinir la elegibilidad de la persona titular de la CNDH, pues “como consecuencia del reforzamiento del carácter autónomo de dicho organismo nacional, se debía apuntalar la autonomía de la persona a cargo de la presidencia” .
No obstante lo anterior, me parece que hoy en día, la autonomía del organismo nacional de protección de los derechos humanos, entendida como la forma de ejercer sus facultades y relacionarse con otros ámbitos del poder público, en condiciones de absoluta libertad e independencia, constituye una de sus principales características y una de sus grandes fortalezas en el contexto político e histórico actual que atraviesa el Estado mexicano. Algunos de los debates públicos de los últimos meses acreditan y dan buena fe de ello.
Pero desafortunadamente no podemos decir lo mismo de su capacidad para dar respuesta a nuevas realidades y a las crecientes necesidades de las personas, a partir del cabal y estricto cumplimiento del mandato y de las facultades que tiene asignadas en nuestro sistema jurídico. Al respecto, vale la pena resaltar que, si bien la recepción de quejas y la emisión de recomendaciones son algunas de las sus atribuciones más visibles e importantes, ahí no se agota su ámbito de influencia.
La CNDH puede, entre otras cosas, presentar denuncias penales, promover acciones de inconstitucionalidad e investigar graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, creo que aún es posible desarrollar estas atribuciones y complementarlas con algunas otras que le permitan cubrir un campo de protección mucho más amplio, partiendo de un supuesto fáctico fundamental: la autonomía de la CNDH no impide ni constituye un obstáculo para avanzar en un nuevo modelo de colaboración con el Poder Ejecutivo y con los demás poderes de la Unión. 
Por estas razones, creo que debemos revisar y actualizar los requisitos de elegibilidad de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como fortalecer las facultades de la CNDH, a partir de una nueva óptica y tomando en cuenta una de las más grandes transformaciones que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años. De manera particular, me refiero a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual modificó por completo nuestro paradigma constitucional en este importante rubro. 
A partir de la entrada en vigor de esta reforma, publicada el 10 de junio de 2011 en el DOF , en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Cuando las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de derechos humanos no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos ya serán tratándose de asuntos laborales y la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.
Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

De esta forma, la reforma constitucional de 2011 derivó en nueva dimensión de las instituciones protectoras de derechos humanos en nuestro país y redefinió todos los parámetros a partir de los cuales el Senado de la República está obligado evaluar, más que un simple perfil, los requisitos de elegibilidad y de idoneidad que deben sustentar su decisión sobre las personas a las que se les conferirá la responsabilidad de encabezar el organismo nacional de protección de los derechos humanos; así como a repensar sus facultades y atribuciones en aras de ajustarlas a los nuevos tiempos.
Entre esos parámetros, debemos resaltar no solo aquellos que contribuyen a asegurar la autonomía o la especialización y la capacidad técnica, sino también la adecuada comprensión del nuevo paradigma constitucional, el entendimiento y la efectiva aplicación del principio pro persona, la capacidad para elegir y promover aquella interpretación más garante y protectora, la correcta utilización de la nueva relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, la legitimidad y la cercanía con la sociedad, el compromiso con valores como la ética, la transparencia, la honradez, la austeridad, entre otros.
Al reflexionar sobre sus atribuciones, debemos tomar en cuenta, entre otras nuevas realidades, la intervención de nuevos actores en los distintos fenómenos sociales que derivan en violaciones a los derechos humanos, la conveniencia de dotar de mayor fuerza a las recomendaciones y elevar los costos políticos y legales de su desatención o incumplimiento. Desarrollar y fortalecer los demás procedimientos emprendidos por la CNDH y, finalmente, la necesidad de fortalecer la influencia de la sociedad civil a partir de un mayor empoderamiento del Consejo Consultivo.
La sociedad mexicana demanda la reivindicación de las instituciones y del servicio público como instrumentos de cambio y transformación social. No podemos ser omisos ni ajenos a esa exigencia. Por lo tanto, la presente iniciativa propone lo siguiente para fortalecer de manera integral y estructural el papel del organismo nacional de protección de los derechos humanos:

  1. Incluir a los agentes económicos entre los actores cuyas conductas ilícitas pueden ser objeto de investigación por parte de la CNDH, particularmente cuando dichas conductas afecten derechos humanos y atenten contra la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad o tengan por objeto anular o menoscabar otros derechos y las libertades de las personas.

Esto significa que la Comisión podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de empresas públicas y privadas, así como de aquellas que posean una concesión del Estado para la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad competente el informe correspondiente;

  1. Las autoridades deberán dar respuesta a las recomendaciones, denuncias y quejas de la CNDH de manera prioritaria, en un lapso no mayor a 10 días hábiles;
  2. Verificar que las diversas autoridades del país, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de políticas públicas y prácticas administrativas, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política;
  3. Elaborar y remitir al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativa, de oficio o a petición de parte, opiniones consultivas sobre la convencionalidad de iniciativas de reformas legales y constitucionales, o sobre la aprobación de tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo Federal;
  4. Supervisar el respeto y la observancia de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país y el apego de la política penitenciaria a lo establecido en Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante la elaboración de un diagnóstico anual.

En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere en materia de vigencia de derechos humanos, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en los centros penitenciarios federales y locales, así como irregularidades durante las distintas etapas y procedimientos de la ejecución penal.
El diagnóstico se hará del conocimiento de los tres poderes, así como de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;

  1. Elaborar un Diagnóstico Nacional sobre la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de paridad e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
  2. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere su Consejo Consultivo.
  3. En cuanto a la revisión y actualización de los requisitos formales de elegibilidad para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propongo incorporar requisitos de idoneidad, como elementos y parámetros cualitativos que permitan evaluar de manera más amplia e integral el perfil para ocupar un cargo tan relevante.

Se añaden como causales de impedimento el haber ocupado cargo de elección popular en la legislatura en funciones el año de la elección; la obligación de haberse desempeñado en actividades relacionadas con la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, cuando menos el año anterior a su elección; así como acreditar experiencia y competencia notorias en materia de derechos humanos.
De igual forma, propongo eliminar disposiciones subjetivas y discriminatorias como las contenidas en fracciones VI y VII del artículo 9 vigente, y sustituirlas por el requisito de gozar de prestigio y reconocimiento público, probada integridad, conducta ética e independencia, con lo cual se garantiza que no exista ningún conflicto de interés y se ajuste su actuación a los principios de certeza, legalidad, autonomía, imparcialidad, objetividad, transparencia y austeridad.

  1. Adicionalmente, planteo eliminar la fórmula vigente a partir de la cual las comisiones competentes presentan al pleno del Senado o de la Comisión Permanente una terna, a efecto de que se presente y someta a la consideración del pleno que corresponda una propuesta única, la cual habrá de obtener, o no, la mayoría calificada a la que hace referencia el artículo 102 de la Constitución. 
  2.  Para fortalecer las facultades de la persona titular del organismo nacional de protección de los derechos humanos y su relación con los demás poderes del Estado, propongo que pueda celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con organismos públicos y de la sociedad civil de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;
  3. Se faculta al Presidente de la CNDH a elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio, pero sometiéndolo a la consideración del Consejo Consultivo;
  1. Por su parte, se faculta al Consejo Consultivo a aprobar el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión Nacional presente a los Poderes de la Unión; al igual que a aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente de la CNDH;
  2. También se establece en la ley que el Consejo Consultivo deberá reunirse cada seis meses con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
  3. Se reducen los plazos para dar respuesta a recomendaciones, quejas y denuncias formuladas por la CNDH; se elimina la posibilidad de que las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa a una recomendación de la CNDH, informen dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación, estableciendo que, en caso de que la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas no sea considerada suficiente, la Comisión Nacional denunciará a los servidores públicos señalados en la recomendación ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda para que sean sujetos de responsabilidad penal o administrativa, en los términos de las leyes en la materia.
  4. Finalmente, se establece que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente durante el mes de febrero y ante los titulares de los Poderes de la Unión, en un acto público y conjunto, un informe sobre el cumplimiento y el avance de las recomendaciones, informes, quejas y denuncias emitidas entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.

Como se puede apreciar, se trata de una propuesta de reforma integral y estructural que pretende fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y abrir un debate sobre el futuro del sistema nacional de protección de los derechos humanos en México. Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 9, 10, 10 BIS, 10 TER, 15, 19, 20, 46 y 52 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
ÚNICO.- Se adicionan y reforman los artículos 6, 9, 10, 10 BIS, 10 TER, 15, 19, 20, 46 Y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como siguen:
Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I.- …
II.- …
a) …
b) Cuando los particulares o algún otro agente económico o social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos sean omisos o se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que atenten contra la dignidad humana, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad o tengan  por objeto anular o menoscabar otros derechos y las libertades de las personas.
Para los efectos del inciso anterior, la Comisión podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de empresas públicas y privadas, así como de aquellas que posean una concesión del Estado para la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad competente el informe correspondiente.
III. …
Las autoridades deberán dar respuesta a dichas recomendaciones, denuncias y quejas de manera prioritaria, en un lapso no mayor a 10 días.
IV.- …
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por negativa o insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley; Fracción reformada DOF 26-11-2001
VI.- VII …

VIII.- Verificar que las diversas autoridades del país, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de políticas públicas y prácticas administrativas, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política
VIII bis.- Elaborar y remitir al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativa, de oficio o a petición de parte, opiniones consultivas sobre la convencionalidad de iniciativas de reformas legales y constitucionales, o sobre la aprobación de tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo Federal.

IX.- XII bis. …
XII. Supervisar el respeto y la observancia de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país y el apego de la política penitenciaria a lo establecido en Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante la elaboración de un diagnóstico anual.
En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere en materia de vigencia de derechos humanos, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en los centros penitenciarios federales y locales, así como irregularidades durante las distintas etapas y procedimientos de la ejecución penal.
El diagnóstico se hará del conocimiento de los tres poderes, así como de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;
XIII.- XIV. …
XIV Bis.- Elaborar un Diagnóstico Nacional sobre la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de paridad e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere su Consejo Consultivo, el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas, y
XVI. …
Artículo 9o. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección, los siguientes requisitos de elegibilidad:
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. …
III. Contar con experiencia y competencia notorias en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales; y haberse desempeñado en actividades relacionadas con la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, cuando menos el año anterior a su elección.
IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su elección;
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular en la legislatura en funciones el año de su elección; o de Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el año anterior a su elección;
VI.- Gozar de prestigio y reconocimiento público, probada integridad, conducta ética e independencia;
VII. Se deroga

Artículo 10. …
Con base en dicha auscultación, la comisión o comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la persona propuesta para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.
Artículo 10 Bis. …
I.- …
II.- Señalar en la convocatoria:
a) Los requisitos de elegibilidad e idoneidad que habrán de cumplir quienes deseen participar en la elección para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
b) …
c) …
d) La fecha en la que se dará a conocer la lista de candidatos que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo vacante.
e) …
f) …
g) …
III.- Difundir la lista de candidatos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional. Para tal efecto, la lista deberá publicarse en los medios en que se haya difundido la convocatoria, a más tardar dentro de los tres días siguientes de haberse ésta cerrado;
IV.- Evaluar la elegibilidad y la idoneidad de los candidatos para lo cual programará las comparecencias de los mismos y, una vez concluidas, determinará a  la persona que habrán de proponer para ocupar el cargo correspondiente.

V.- Proponer ante el pleno del Senado o ante la Comisión Permanente, una vez desahogado el procedimiento a que se refieren las fracciones que anteceden, a la persona que ocupará el cargo de Presidente de la Comisión Nacional.
Artículo 10 Ter. …
Si no se reuniera la votación requerida para designar al Presidente, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva propuesta, tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida.

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- IV. …
V.- Presentar anualmente ante los Poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos del artículo 52 de esta Ley.
VI.- Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con organismos públicos y de la sociedad civil de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;
VII. VIII.- …
IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para someterlo a la consideración del Consejo de la misma;
X. …
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales publicados en el Diario Oficial de la Federación que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte,
XII. …
Artículo 19. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:
I.- III. …
IV. Aprobar el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión Nacional presente a los Poderes de la Unión;
V. …
VI. Aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; y
VII. …
Artículo 20.- …

El Consejo Consultivo se reunirá cada seis meses con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
Artículo 46. …
En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros diez días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación.
Dicho plazo podrá ser ampliado hasta en cinco días hábiles adicionales cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:
a) …
b) …
c) se deroga

d) La Comisión Nacional denunciará a los servidores públicos señalados en la recomendación ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda para que sean sujetos de responsabilidad penal o administrativa, en los términos de las leyes en la materia.
Artículo 52.- El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente durante el mes de febrero y ante los titulares de los Poderes de la Unión, en un acto público y conjunto, un informe sobre el cumplimiento y el avance de las recomendaciones, informes, quejas y denuncias emitidas entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de, H. Comisión Permanente, a los 07 días de agosto de 2019.

SUSCRIBE

SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Comentada y concordada. José Luis Soberanes Fernández, Luis García López-Guerrero, Jorge Mena Vázquez (Coordinadores). COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CENTRO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. México, 2005.
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Libros/Ley%20comentada.pdf