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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León para que, se pronuncie sobre el estado que guarda la carpeta de investigación en contra de Juan Fernando Ruiz Ramos, por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y feminicidio, ejercitando la acción penal correspondiente y la consecuente puesta a disposición del inculpado ante la autoridad judicial local, a fin de establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIÓN.


Proposición de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que se pronuncie sobre el estado que guarda la Carpeta de Investigación en contra de  Juan Fernando Ruiz Ramos  por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y feminicidio, ejercitando la acción penal correspondiente y la consecuente puesta a disposición del inculpado ante la autoridad judicial local, a fin de establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda del Grupo Parlamentario de MORENA.

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con preposiciones de  los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que se pronuncie sobre el estado que guarda la Carpeta de Investigación en contra de  Juan Fernando Ruiz Ramos  por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y feminicidio, ejercitando la acción penal correspondiente y la consecuente puesta a disposición del inculpado ante la autoridad judicial local, a fin de establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima, al tenor de las siguientes:

            Consideraciones:

Primera. El pasado 15 de julio del presente año se cumplió un año del indignante caso que se perpetúo contra la vida de “Anita”, el cual de acuerdo con nuestras leyes fundamentales, principios constitucionales, jurisprudencia y tipicidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuadra la figura del feminicidio en la modalidad infantil o infanticidio.

            Este censurable hecho violento que nos une en la condena unánime por parte de la ciudadanía, máxime de quienes tenemos la alta responsabilidad de ser los representantes populares y titulares de las instituciones del Estado, cuyas decisiones impactan en el bienestar colectivo a través de la instauración y desarrollo de políticas públicas, nos obliga de forma vinculante a ser críticos con nuestra labor desde los Poderes de la Unión y los organismos constitucionales autónomos.

            Segunda. Si bien es cierto que la captura del presunto responsable de nombre Juan Fernando Ruiz Ramos 72 horas después de los hechos acaecidos permitió la integración de la averiguación ante la institución de la cual usted es titular; no podemos obviar que las condiciones causales de inseguridad que inhiben la acción delictiva por parte de los enemigos de la ley siguen en una perpleja y condenable vigencia, como el hecho de haber encontrado el cuerpo de la menor en un radio de 300 metros entre el lugar de los hechos y el yacimiento del cadáver, lo cual pudo tener otro desenlace si la sinergia interinstitucional funcionase adecuadamente con la coadyuvancia de la Fuerza Civil de nuestro Estado. Con el debido respeto a su investidura, cabría cuestionarle enérgicamente porqué el feminicidio y secuestro agravado fue cometido por una persona que desde el 2014 ya contaba con una orden de aprehensión por haber perpetrado un delito de violación contra una menor de 12 años en el municipio de Santa Catarina y cuya filiación con el fiscal Víctor Alfonso Ruiz Ramos es más que sospechosa y abre la puerta a la rampante impunidad, que en su momento procesal oportuno, permitió de manera dolosa la inhibición del ejercicio de la acción penal, lo que constituye un evidente conflicto de intereses.

Tercera. Asimismo, entonces como ahora, la escasa o nula presencia de elementos de la Fuerza Civil bajo la jurisdicción del Estado en la Colonia Vistas del Río, -la cual por testimoniales de sus propios vecinos continúa en el completo abandono-, continúa replicando sucesos violatorios de los derechos del menor en casos similares, sumando de forma alarmante la terrible cifra de ocho muertes violentas de niñas y adolescentes en lo que va del año en nuestro Estado.

            Cuarta. Cabe destacar que el protocolo facultativo respecto de la Convención Americana para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Naciones Unidas, no fue observada en el caso del rapto y feminicidio de “Anita”, según el cual indica -de acuerdo a las investigaciones oficiales arrojadas por su propia dependencia- la búsqueda de la menor de 8 años se realizó doce horas después de que esta autoridad tuvo conocimiento, violentando todos los protocolos de actuación antes señalados al cometer un acto de omisión, negligencia e inoperancia en la citada búsqueda.

            Quinta. Resulta de gran indignación que dicho caso engrose las deshonrosas estadísticas de impunidad, de las cuales la ciudadanía manifiesta un legítimo hartazgo y demanda respuesta efectiva de sus representantes quienes juramos cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Estado bajo los principios de supremacía constitucional en todos sus fueros.

            Sexta. En  consecuencia, presento con toda firmeza este exhorto a fin de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dentro de las facultades y obligaciones conferidas por la Constitución Local, me sea proporcionado el estado que guarda la Carpeta de Investigación en contra de  Juan Fernando Ruiz Ramos  por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y feminicidio en contra de la menor citada en las generales de la averiguación previa penal correspondiente y de las cuales obran en los archivos de la representación social de la cual es titular, a fin de que manifieste si se ha ejercitado la acción penal correspondiente y la consecuente puesta a disposición del inculpado ante la autoridad judicial local; lo que permitirá el puntual seguimiento del caso hasta sus últimas consecuencias jurisdiccionales traducidas en una sentencia condenatoria.

Séptima. La naturaleza del presente exhorto tiene como objetivo la protección a la tutela judicial efectiva del caso expuesto, no obstante éste no es limitativo, pues busca el hacer extensiva la armonización entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el apoyo de elementos de la Fuerza Civil, que permitan garantizar la operatividad y restablecimiento del orden público en ésta y en todas las colonias del municipio de Juárez, a través de vigilancia y medidas de seguridad permanentes, lastimosamente conculcadas en el último año en perjuicio de dicha comunidad; ello en aras de hacer justiciable el derecho a la vida, a la integridad personal en todas sus acepciones, a la seguridad, al libre tránsito, a la dignidad humana, derecho de petición, derecho de acceso a la información pública  y transparencia, así como los demás aplicables conforme al Control de Convencionalidad Internacional de acuerdo a la transversalidad de los artículos 1º párrafo segundo, 76 fracción I párrafo segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de universalidad y proporcionalidad, vinculantes al marco normativo mexicano en materia de derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que se pronuncie sobre el estado que guarda la Carpeta de Investigación en contra de  Juan Fernando Ruiz Ramos  por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y feminicidio, ejercitando la acción penal correspondiente y la consecuente puesta a disposición del inculpado ante la autoridad judicial local, a fin de establecer la tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima, protegidos y amparados en las garantías procesales y por los principios rectores de la carta fundamental; así como de los tratados y convenciones que en materia de derechos humanos el Estado mexicano sea parte.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 29 de julio de 2019.

Diputada Sandra Paola González Castañeda

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