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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que informe a esta Soberanía, sobre el proceso de compra de los terrenos requeridos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y que pertenecen a las poblaciones aledañas; asimismo, sobre la reubicación de los propietarios y sus familias.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIÓN.


Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a que informe a esta soberanía sobre el proceso de compra de los terrenos requeridos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y que pertenecen a las poblaciones aledañas; asimismo, sobre la reubicación de los propietarios y sus familias. 

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía, constituye una de las obras estelares del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, ha señalado que pese al “sabotaje legal” y la “lluvia de amparos” promovidos en contra de dicha obra, el aeropuerto en Santa Lucía va.

De acuerdo con medios de comunicación, cuatro resoluciones dudiciales han sido dictadas para evitar que continuara cualquier obra en Santa Lucía, así como la destrucción de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco.

Estas resoluciones son producto de 147 juicios de amparo tramitados por el colectivo #NoMásDerroches, en el cual participan ciudadanos y organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Además de estas cuestiones legales, existe un asunto igualmente importante que es preciso considerar y que está relacionado con el proceso de compra de los terrenos requeridos para la construcción de dicho aeropuerto y que pertenecen a las poblaciones aledañas.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, el plan maestro de desarrollo para la construcción del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” refiere que la compra de predios adicionales para el proyecto podría ajustarse, debido a los estudios realizados por las empresas NavBlue y Aeropuertos de París (ADP).

Dicho documento refiere que el preplan maestro inicialmente contemplaba la adquisición de 1,286 hectáreas de terrenos ubicados en la parte norte, poniente y sur del actual polígono de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, abarcando los municipios de Zumpango, Santa Ana Nextlalpan y Tecámac, en el Estado de México. Esto difiere marginalmente de la superficie señalada en la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto, que apunta a una compra de 1,284 hectáreas.

No obstante, con la arquitectura del espacio aéreo desarrollada mediante los estudios de aeronavegabilidad de la empresa NavBlue, con el plan maestro de Aeropuertos de París (ADPI), “se ha determinado ajustar la adquisición de predios”, refiere el documento, sin especificar el área afectada.

Ello, tiene como fin evitar la falta de visión estratégica y problemática que hoy presenta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y que ha quedado inmerso dentro de la ciudad, sin espacios de crecimiento, al contar únicamente con 711 hectáreas que no le han permitido desarrollarse en función a la demanda actual de operaciones aeroportuarias, se señala en el documento que forma parte del expediente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

Previamente, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) había informado que la compra de los predios requeriría de un monto de 3,030 millones de pesos. El documento refiere que la compra se ha realizado mediante una política de compraventa directa entre el Gobierno federal y los actuales poseedores de los predios, siendo éstos en su mayoría de uso agrícola de temporal y organizados en ejidos.

Según el documento Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto/militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”, elaborado por la SEDENA y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el cual fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, se requiere una extensión adicional de 1,284 ha. como áreas de amortiguamiento acústico y de seguridad.

Los ejidos a los que se les comprara la tierra son: Ejido de Xltocán, Ejido Ozumbill, Ejido Lucas Xolocl, Ejido de Sta. Ana Nextlalpan, una propiedad privada y Terrenos nacionales.

En este contexto, cabe preguntar ¿cuál será el impacto económico en la región de esta medida? ¿cuánto se pagará a los propietarios y ejidatarios por sus terrenos? ¿dónde serán reubicados con sus respectivas familias? Son cuestiones muy importantes sobre las cuales el Gobierno federal no ha dado respuestas puntuales. Lo único que se sabe es que se están llevando a cabo juntas, donde se cuenta con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el propósito de poder dar claridad y agilizar los trámites al respecto.

Asimismo, es importante que las autoridades informen si existen planes de reubicación para los pobladores y sus familias que ocupan actualmente los terrenos en cuestión, los lugares a donde serán ubicados y si se han negociado con los propietarios.

Para nadie es sencillo abandonar su tierra y comenzar una nueva vida, por lo que es indispensable que las negociaciones para la compra de terrenos se realicen teniendo en cuenta el impacto social, laboral y económico que tendrá para los propietarios.

Es una situación que merece toda la atención por parte del Gobierno federal, ya que dichas poblaciones aledañas cuentan con altos niveles de marginación y las tierras de los ejidatarios son, muchas de las veces, su única fuente de empleo, ingreso y sustento familiar con la que cuentan, por lo que es primordial que se les pague de manera justa y, sobre todo, se garanticen sus derechos fundamentales.

En la historia reciente del país, hay un precedente al respecto. Cabe recordar que durante el gobierno del Presidente Vicente Fox, después de nueve meses de conflictos con los campesinos de San Salvador Atenco, el gobierno decidió cancelar el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Texcoco. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, a través de un comunicado, que tras la negativa de las comunidades ejidales para la edificación del nuevo aeropuerto sobre sus tierras, “y habiendo, en las nuevas condiciones, opciones convenientes para ampliar la base aeroportuaria del centro del país, el Gobierno de la República ha tomado la decisión de realizar los trámites conducentes para dejar sin efecto los decretos expropiatorios”

La decisión se tomó luego de que el 13 de julio de 2002 estalló la violencia entre los ejidatarios armados con machetes y los policías del Estado de México en Acolman, teniendo como resultado varios heridos, 14 retenidos y 14 ejidatarios aprehendidos.

Ello, reveló un hecho toral sobre la manera de decidir e implementar políticas públicas que no debemos soslayar: las decisiones gubernamentales deben ser consensuadas con los directamente afectados y, en general, con la sociedad civil.

Tanto en el caso de San Salvador Atenco como en el de Santa Lucia, se trata del interés y los derechos fundamentales de campesinos e indígenas que representan la identidad del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que informe a esta soberanía sobre el proceso de compra de los terrenos requeridos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y que pertenecen a las poblaciones aledañas, asimismo, que informe sobre la reubicación de los propietarios. 

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al día 31 de julio del año 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en representación del Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros.