+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, verifiquen el cumplimiento de la manifestación de impacto ambiental de la Minera San Xavier en San Luis Potosí; se constaten los daños al medio ambiente y se realicen las acciones de remediación correspondientes; así como para que se regularice el uso de suelo y se efectúen los pagos que se adeudan.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIÓN.


Proposición con Punto de Acuerdo.

Senador Martí Batres Guadarrama.
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
H. Senado de la República.
LXIV Legislatura.
Presente.

La suscrita Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 117, 118, 121 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones.

En México existe la costumbre de tratar a la tierra como si fuese la liquidación de una empresa, concretamente en la relación que con empresas canadienses el país sostiene que hacen todo lo que no pueden en su nación, tienen impuestos considerablemente bajos, existe evidencia de que contaminan las tierras donde operan, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos.

Las mineras canadienses en comento, de 1993 a 2012 obtuvieron 43 mil 675 concesiones que amparan una superficie de 95 millones 775 mil 800 hectáreas, prácticamente la mitad del país.

Estas concesiones son génesis de múltiples conflictos sociales, que en algunos casos han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y el aumento de violencia. Los impactos de la actividad extractiva se relacionan con la minería llamada “de tajo a cielo abierto” que, en opinión de expertos, es altamente contaminante y destructiva.

En el Estado de San Luis Potosí, la canadiense Minera San Xavier, inició actividades el 26 de febrero de 1999, en el Municipio de Cerro de San Pedro, de una mina áurea con un método de extracción denominado “de tajo a cielo abierto” que consiste en la devastación de los montículos donde se encuentra el mineral y que le costó al Estado la destrucción del cerro plasmado en nuestro Escudo de Armas que alguna vez simbolizó bonanza en la zona, y la lixiviación que consiste en separación del oro mediante la acción de cianuro y agua como disolventes. Debido a la naturaleza venenosa del ácido, el proceso es muy controvertido y su uso está prohibido en muchos países.

Según información del Ayuntamiento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su momento, le requirió a la empresa minera canadiense un estudio de impacto y riesgo ambiental en el cual se identificaron algunas especies que se encuentran en categorías de riesgo, por lo que debió la interesada presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental las medidas de prevención, mitigación o compensación, remediación de suelos contaminados a consecuencia de la actividad desarrollada en la unidad minera proyectadas al momento de su cierre. Para demostrar su eficacia en la protección del ambiente la empresa debió presentar un informe de cumplimiento de los términos y condiciones de forma anual a partir del 2012, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin que se tenga conocimiento de su cumplimiento.

Es importante destacar que la minera dio por terminadas sus operaciones en el 2016, quedando los materiales lixidiados, esto quiere decir que de acuerdo con los compromisos que la Ley le impuso como condición para poder operar su proyecto, en este momento deberían estar llevando a cabo la limpieza del sitio, pues dicha empresa se ha deshecho de cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso, cargado de metales pesados que por cientos de años van a estar generando drenajes ácidos, contaminando el aire el agua y la tierra, dejándole la responsabilidad a los ejidos. atentando contra la salud y la vida de los habitantes de la zona.

Por supuesto que la remediación como tal, siempre fue imposible, porque los impactos al aire, el agua y los suelos son irreversibles y permanentes, por lo que determinadas zonas son consideradas de impacto negativo, por tanto, lo que hay que pedir a la empresa son medidas efectivas de seguridad ambiental y el cumplimiento total de las diferentes condicionantes que la autoridad ambiental le pidió como suerte para poder llevar a cabo su proyecto minero.

Se destaca que la empresa arrendó 81 hectáreas a los ejidos Cuesta de Campa Municipio de Cerro de San Pedro y Palma de la Cruz, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, según los pobladores “engañando” a la autoridad, toda vez que en su Licencia de Uso de Suelo manifestaron que ambos se encontraban en el Municipio de Cerro de San Pedro, lo que coloca al segundo municipio en mención, en una posición de vulnerabilidad, ya que la minera no ha permitido la supervisión de la zona, ni el cobro que sobre la modificación de Uso de Suelo debió erogar la empresa San Xavier.

También, se resalta que existen opiniones de que la minera está haciendo arreglos con los ejidatarios para concertar una indemnización por daños a sus tierras, cuando, en su opinión, en realidad va más allá de un problema agrario, porque atenta contra la biodiversidad y contribuye al decremento de la calidad de vida de los potosinos de la región.

Ahora bien, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

Además, dicha disposición señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, finalmente, estipula que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Federal, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; que el Estado garantizará el respeto a este derecho, así como que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

En este sentido, los hechos llevados a cabo por la empresa New Gold Incorporate, Minera San Xavier, relatados con anterioridad, a consideración de la suscrita Senadora de la República, pudieran ser violatorios de los derechos fundamentales a un medio ambiente sano, así como que pudieran ubicarse en el supuesto constitucional de daño y deterioro ambiental.

Por todas las anteriores razones, para todas las mexicanas y mexicanos, las y los potosinos, las y los Soledenses, así como para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental que se promuevan, protejan, respeten y garanticen los derechos fundamentales y humanos de todas las personas, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, los de los ciudadanos de los Municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en coordinación y en el ámbito de sus competencias, verifiquen el cumplimiento de las condicionantes estipuladas en la manifestación de impacto ambiental de la Minera San Xavier, así como realizar visita de verificación e inspección a la empresa New Gold Incorporate, Minera San Xavier, con el fin de que se constaten los daños que la operación de la mina ha causado al medio ambiente (tierra, aire, agua, flora y fauna), y en su caso, se inicien los procedimientos sancionatorios correspondientes por el daño y deterioro ambiental, y se realicen las acciones de remediación que correspondan.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en el ámbito de sus competencias, ejerzan sus facultades de verificación respecto al cambio de uso de suelo otorgado a la empresa New Gold Incorporate, Minera San Xavier para llevar a cabo operaciones tanto en el Municipio de Cerro de San Pedro, como en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como para que, en el caso de que no esté autorizado para operar en el municipio mencionado en segundo término, se regularice la situación y se efectúen los pagos que se adeudan con motivo de dicha operación irregular.

Atentamente,

Ma. Leonor Noyola Cervantes.
Senadora de la República.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 24 de julio de 2019.