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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Quinto al Título Noveno, denominado “De la Participación Ciudadana”, del Reglamento del Senado de la República.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRáCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CáMARA DE SENADORES.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

La suscrita, Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto al Título Noveno, denominado “De la Participación Ciudadana”, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales.” [*]

Según Álvaro Ramírez Alujas, el Gobierno Abierto hace referencia a principios que se manifiestan en: mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, lo que se conoce como open data (para ejercer control social sobre los gobiernos y demandar rendición de cuentas), y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (para incidir en la toma de decisiones); y favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o producir valor público, social y cívico.

El concepto de Gobierno Abierto se traslada al quehacer legislativo en la figura de Parlamento Abierto. Para Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., un Parlamento Abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir que es transparente-, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana – y que, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación. [*]

La noción de Parlamento Abierto ha surgido como un aspecto clave para la profundización y avance de las democracias actuales. Sus principios han supuesto una ventana de aire fresco en un sistema que ha ido sufriendo un proceso continuo de desgaste durante las últimas décadas; un deterioro más relacionado con la mala praxis del funcionamiento parlamentario que con la erosión de la idea, como tal, del Parlamento como institución esencial para el funcionamiento democrático. [*]

Es de notarse, que el Parlamento Abierto es un esquema complejo y de diversos compuestos, como la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, el uso de las tecnologías de la comunicación, la ética y la participación ciudadana, una evidente voluntad política, entre otros que, en conjunto, fortalecen la democracia y se reflejan en la consecución del bien común.

El análisis crítico del Parlamento Abierto, indica que los congresos a nivel nacional y local, no suelen ser espacios donde la ciudadanía y sus representantes coexistan en un ámbito de deliberación y debate horizontal para la toma de decisiones, ni en la corresponsabilidad democrática de co-creación en el ejercicio de gobierno. Esta anomia sustantiva de la actividad legislativa, al operar al margen de la ciudadanía, hace de la representación parlamentaria un escenario proclive a la opacidad, contrario a los genuinos intereses del pueblo y la Nación. [*]

La garantía de oír al interesado antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo. Si bien dicha garantía tiene antecedentes remotos, encuentra su expresión moderna en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, y en la enmienda V (aprobada en diciembre de 1791) de la Constitución estadounidense de 1878. [*]

Los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones públicas, en cualquiera de los poderes públicos, y ser parte de la administración deliberativa. Para que ello sea efectivo, necesita estar informado y generar canales idóneos para dirigir sus aportaciones, pues "los nobles ideales de la teoría democrática clásica suponen un proceso de toma de decisiones racional por un electorado con pleno conocimiento” [*] .

Para que los ciudadanos que tienen especialidad en ciertos temas, o mero interés, puedan acceder de forma efectiva a la información legislativa que genera la proposición, discusión y aprobación de una reforma legislativa, o de la expedición o abrogación de un cuerpo normativo, es necesario que obtenga la información suficiente para entender su contenido, su motivación y las consecuencias que pretende o puede generar.

Es imperativo partir de un presupuesto de transparencia, lo cual podemos tomar del artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone que los sujetos obligados de los Poderes Legislativos, incluido el federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I.     Agenda legislativa;

II.    Gaceta Parlamentaria;

III.   Orden del Día;

IV.   El Diario de Debates;

V.    Las versiones estenográficas;

VI.   La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

VII.  Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX.   Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

X.    Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

XI.   Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII.  Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y

XV.  El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Este listado de obligaciones en materia de transparencia implica una base fundamental para el Parlamento Abierto, mas no lo garantiza, se trata de punto de arranque, sobre el cual se deben construir elementos no formales, o no escritos, como son la voluntad de los legisladores y servidores públicos legislativos para que el trabajo sea transparente más allá de los deberes legales, y de elementos formales o escritos, como puede ser legislar mecanismos de participación ciudadana dentro del Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras.

En el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, Segunda Edición, de la Alianza para el Parlamento Abierto (AGA), respecto a la participación ciudadana y rendición de cuentas, podemos destacar lo siguiente: “Promover la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas. Resultados destacados | 51% de cumplimiento promedio.

La calificación de contacto directo con los representados disminuyó —de 26.5% en el primer ejercicio a 23.5% en 2017.

La variable de interacción en tiempo real entre ciudadanos y el Congreso es la del menor porcentaje de cumplimiento (5.9%), como en el diagnóstico previo.” [*]

La Participación Ciudadana esta “reprobada” en nuestro Congreso, pues si bien han existido acciones loables, estas han sido aisladas, carentes de una sistematización y de institucionalización.

Para ParlaAméricas, la importancia de la Participación Ciudadana en el Proceso Legislativo, “además de responder a las expectativas de la ciudadanía, cuyas opiniones deberían ser consideradas, la participación ciudadana puede contribuir al:

• Fortalecimiento de la inteligencia colectiva que brinde un mejor análisis de los impactos potenciales y una serie más amplia de consideraciones durante todo el proceso legislativo para conseguir resultados de mejor calidad.

• Toma de decisiones parlamentarias más inclusiva y representativa.

• Aumento de la confianza de la ciudadanía en el parlamento.

• Fortalecimiento de la legitimidad, corresponsabilidad de las decisiones y acciones.

• Aumento de la comprensión de la ciudadanía sobre el rol de parlamento y legisladores.

• Oportunidades para la ciudadanía de comunicar sus intereses legítimos.

• Parlamentos más transparentes y que rinden cuentas.”

Como en el Parlamento Abierto, la participación ciudadana también implica voluntad política, sin embargo, consideramos oportuno fortalecer las figuras mediante la formalización que les da una regulación legal y reglamentaria.

El Congreso de la Unión, sólo cuenta con un mecanismo de participación de índole político, y referido desde la Constitución, en su artículo 71, que dispone el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

En el caso de la Cámara de Diputados, cuenta con un Sistema de Evaluación de Diputados que tiene como objeto, valorar el desempeño del trabajo legislativo de todas las diputadas y los diputados integrantes de la Legislatura, y que se implementa a través de un Consejo Coordinador que funge como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de los diputados.

Otro caso, es el relativo al canal del Congreso que, para el mejor desempeño de sus labores, cuenta con un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia.

Sin embargo, ni en la Ley Orgánica, ni en los Reglamentos de las Cámaras existe un capitulo o apartado específico que regulen mecanismos de Participación Ciudadana que permitan la intervención de la ciudadanía en los procesos internos del Congreso.

La participación ciudadana dentro del Congreso es una medida eficiente para garantizar una aportación ordenada y efectiva de la ciudadanía dentro de los procesos legislativos. Existen diversas figuras ya exploradas, que se pueden adaptar a la realidad jurídica y política parlamentaria, y que, en la presente propuesta, se enfoca en dos figuras, aplicadas al Senado de la República, con objetivos específicos. Se trata de un elemento en aras de un Parlamento Abierto, una aportación en un espectro que sigue siendo uno de los puntos débiles en la materia de nuestro Congreso.

Por ello, proponemos adicionar un capítulo, al Reglamento del Senado de la República, en materia de Participación Ciudadana, con dos mecanismos que permitan observar los procesos de toma de decisiones en lo general (esto sin detrimento de explorar otro tipo de figuras) a los cuales se denominará Observatorios Ciudadanos y otro que permita a expertos o interesados actuar en el proceso de dictaminación de determinados asuntos, dentro de las comisiones legislativas, a los cuales se les denominará Comités de Opinión. Ambos se explican a continuación:

A) OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Un observatorio es un organismo creado por un colectivo con el fin de seguir la evolución de un fenómeno de interés general; desde las administraciones públicas, nacionales, regionales y locales; desde instituciones académicas, sindicatos, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil se ha promovido y apoyado la creación de estos órganos coadyuvantes al desempeño institucional mediante señalamientos puntuales y propositivos previo estudio, registro y análisis de la situación y evolución de una temática determinada. [*]

Para todos los interesados en temas determinados, pero que no necesariamente tienen experiencia o conocimientos en ellos, se propone la creación de Observatorios Ciudadanos en el Senado de la República, los cuales se podrán instituir en cualquier órgano de esta Cámara.

Los Observatorios Ciudadanos serán entes de interés público, de participación y colaboración ciudadana, desde los que se analizarán y fortalecerán las actuaciones de los Senadores, en búsqueda del beneficio de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva, tendrán la finalidad de conocer, informarse, dar seguimiento, opinar y pedir la rendición de cuentas de legisladores, y cuyos resultados, deberán señalarse en informes periódicos, que con independencia de los medios de difusión particulares de los cuales puedan hacer uso, se deberán publicar en la Gaceta Parlamentaria.

Los Observatorios Ciudadanos podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad del Senado, previa solicitud a la Mesa Directiva, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por mandato constitucional o legal. Será obligación de los órganos del Congreso, garantizar el acceso a la información que los observatorios ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

Los ciudadanos que integren estos órganos serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos. Para su creación, deberán solicitarlo ante la Mesa Directiva, con una propuesta de no mas de diez y no menos de dos integrantes, los cuales tendrán que cumplir con los requisitos previamente establecidos, señalando a los órganos parlamentarios a los cuales desean observar, y apegándose a los criterios que para el efecto emita la Mesa Directiva.

La duración de estos Observatorios será desde su creación, hasta la conclusión de la Legislatura. Si los Observatorios incumplieran con los informes referidos, la Mesa podrá, de forma fundada y motivada, revocar los derechos de los ciudadanos observadores.

Se podrán sustituir a ciudadanos que decidan dejar de pertenecer al Observatorio.

No podrá haber más de un Observatorio por cada órgano parlamentario, en el caso de que existan ciudadanos que deseen participar en un Observatorio ya instituido, podrán ingresar si no se ha superado el número de diez integrantes. De haber ya el número máximo de integrantes, la Mesa podrá valorar su incorporación.

Finalmente, se establecerán derechos y obligaciones puntuales de los integrantes de los Observatorios Ciudadanos, que les permita ejercer su labor de forma adecuada.

B) COMITES DE OPINIÓN

Una Comisión legislativa, es un grupo u órgano de trabajo constituido por el Pleno de las Cámaras e integrado por legisladores de los grupos parlamentarios con representación en cada una de ellas. Tiene como finalidad estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los órganos de dirección de la Cámara a la que pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o dictámenes que serán discutidos en el Pleno.

Las comisiones fomentan la organización, especialización y distribución del trabajo parlamentario y contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Éstas pueden ser: ordinarias, especiales, de investigación, con carácter transitorio, conjuntas. [*]

Dentro de las comisiones ordinarias, que son las que tienen la facultad exclusiva de dictamen, podrán existir Comités de Opinión, que serán órganos de participación ciudadana que acompañarán y opinarán en el proceso de dictaminación.

La presente propuesta, se basa en el formato utilizado en las LXII y LXIII Legislaturas, en materia de Parlamento Abierto, para la elaboración de iniciativas y co-creadoras en el proceso de dictaminación de la legislación secundaria en materia de Transparencia.

El 7 de octubre de 2014, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, instalaron un Grupo Redactor de la Legislación Secundaria en materia de Transparencia, derivada de la reforma constitucional de 2013, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil, México Infórmate, Red por la Rendición de Cuentas y del Colectivo por la Transparencia y por Senadores de cada Grupo Parlamentario, quienes a su vez designaron un asesor que los representara en las mesas de trabajo, donde se discutió tema por tema, hasta concretar la redacción que conformó la Iniciativa.

Los días 10, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 30 y 31 de octubre, y 3, 4, 5, 11, 12, 14 y 21 de noviembre de 2014, los integrantes del Grupo Redactor de la Legislación Secundaria en materia de Transparencia, celebraron 16 reuniones de trabajo, en las que se analizó, discutió y redactó un proyecto de iniciativa.

El 25 de febrero de 2015, las Comisiones aprobaron un Acuerdo relativo al formato y metodología para la celebración de Audiencias Públicas, respecto al proceso de dictaminación de la Ley. El Acuerdo indicó que, del resultado de las discusiones del Grupo Redactor y atendiendo diversas observaciones y comentarios de dependencias y organizaciones de la sociedad civil que no participaron en el Grupo, se concertó un importante avance en el contenido del Proyecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; no obstante, a los logros alcanzados, persistieron 10 temas generales en los que no se consiguió concretar acuerdos.

Posteriormente, de conformidad al artículo 184 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas celebraron audiencias públicas en las que se invitaron a sujetos obligados, organismos garantes y a especialistas en la materia, los días 2 y 3 de marzo de 2015.

Tras la conclusión de las Audiencias Públicas, el 10 de marzo de 2015, las Comisiones Unidas celebraron sesión ordinaria en que las Juntas Directivas informaron sobre el avance en el análisis de la iniciativa por parte de los grupos de trabajo, así como en las revisiones a las redacciones para proponer el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual se discutió y votó, para continuar con su trámite en el Pleno. [*]

Estos ejercicios incluyeron a la sociedad civil organizada, en temas de su interés, con productos legislativos que, si bien no necesariamente fueron de consenso, si incorporaron todas las voces y se llegaron a acuerdos democráticos y técnicamente sustentados para la expedición de una legislación de avanzada en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Con base en lo anterior, proponemos la figura de Comités de Opinión, que, a diferencia de los Observatorios, si integrarán para el proceso de dictaminación de una o mas iniciativas en específico, que se puedan dictaminar en un mismo documento, exclusivamente en la fase procesal a cargo de las comisiones, es decir, no será permanente y tendrá un objeto definido, que una vez cumplido, extinguirá la figura.

Los Comités de Opinión serán entes de interés público, de participación y colaboración ciudadana, que coadyuvarán en el análisis técnico de iniciativas de Ley, durante el proceso de dictaminación en las comisiones.

Los ciudadanos que integren estos órganos serán honorarios y tendrán el carácter de integrantes del Grupo Técnico de Dictaminación. Para su creación, deberán solicitarlo ante la Mesa Directiva, con una propuesta de no más de cinco integrantes, los cuales tendrán que cumplir con los requisitos previamente establecidos, enlistados de forma descendente, señalando el proyecto de decreto en el cual desean participar para su dictaminación y la comisión o comisiones donde haya recaído el turno de estos.

Su duración será desde el momento de su creación y hasta que hayan consumado su objeto. Los integrantes participarán en reuniones técnicas de trabajo, con derecho a voz y acceso a toda la información que tenga a la comisión en la materia. Cada Grupo Técnico de Dictaminación podrá acordar sus propias reglas de actuación, siempre que no contravengan la Ley, los reglamentos del Congreso y los acuerdos de la Mesa Directiva relativos al Comité.

En caso, de que se propusieran dos o más Comités de Opinión, la Mesa Directiva deberá integrarlo con integrantes de las distintas propuestas, privilegiando el principio “primero en tiempo, primero en derecho”. Tomando las listas de las solicitudes que se hayan presentado, se integrarán en número descendente, es decir, el primero en integrar el grupo, será el ciudadano marcado como número uno de la solicitud mas antigua, el segundo, será el ciudadano marcado como número uno, de la segunda lista en orden temporal y así consecutivamente, hasta completar los 5 integrantes. Si se llegaran a presentar más de 5 listas, estas se tendrán por rechazadas.

La razón por la cual se propone restringir el número de integrantes a 5, es que, en este tipo de grupos de trabajo, de dictaminación, cuando son numerosos suelen ser más complejos en su funcionamiento y las decisiones y acuerdos son más difíciles de alcanzar.

El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora encargada, será quien coordine al Grupo Técnico de Dictaminación, cada Grupo Parlamentario con integrantes en las comisiones dictaminadoras, podrá designar un asesor integrante del grupo.

El documento final que resulte de los trabajos del Grupo Técnico de Dictaminación se remitiría a la Junta Directiva de la comisión dictaminadora encargada, quien lo pondrá a consideración del resto de los legisladores pertenecientes a la comisión o comisiones, como proyecto de dictamen, para su discusión y votación. Lo anterior permitirá una discusión por parte de los senadores integrantes, los cuales, en respeto a sus derechos, podrán, desde luego, modificarlo para alcanzar los acuerdos necesarios para su debida votación positiva.

Las modificaciones hechas al proyecto, que pudieran afectar los acuerdos tomados por el Grupo Técnico de Dictaminación, tendrán la responsabilidad política de los senadores y sus Grupos Parlamentarios, no se puede coartar este derecho de los legisladores, sin embargo, los ciudadanos podrán conocer nombres y datos de cualquier cambio en el texto del proyecto del grupo técnico.

Al final, en caso de cualquier disputa o desavenencia en los Comités de Opinión, los tendrá que resolver la Mesa Directiva.

Finalmente, es de señalarse que, se reforma el artículo 37 del Reglamento del Senado de la República, para facultar a la Mesa Directiva, a emitir los lineamientos para la integración de los mecanismos de Participación Ciudadana.

Por técnica legislativa, se reforman las fracciones III y IV del artículo 37 referido, a efecto de mantener el orden lógico del fraccionado del artículo, moviendo la conjunción “y” de la fracción III a la IV, sustituyéndola por un punto y coma.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPITULO AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 37 y se adiciona una fracción V al artículo 37, y un Capítulo Quinto al Título Noveno, compuesto por dos secciones, del artículo 299 Bis al artículo 299 Nonies, del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 37

1.

I. a II. …

III.   Autorizar el uso del salón de sesiones del Pleno y de las demás instalaciones del Senado no asignadas a fines específicos, para la realización de actos oficiales y de carácter educativo o cultural;

IV.   Conocer de las faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria en que incurran los senadores y participar, en su caso, con los grupos parlamentarios y en lo procedente con el Pleno, en la aplicación de las sanciones correspondientes, y

V. Emitir los lineamientos para la integración de los mecanismos de Participación Ciudadana, previstos en el Capítulo Quinto del Título Noveno de este Reglamento.

CAPITULO QUINTO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Artículo 299 Bis.

1. Los Observatorios Ciudadanos son entes de interés público, de participación y colaboración ciudadana, desde los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los Senadores, en búsqueda del beneficio de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma voluntaria, individual o colectiva podrán participar.

2. Los Observatorios Ciudadanos tendrán la finalidad de conocer, informarse, dar seguimiento, opinar y pedir la rendición de cuentas de legisladores.

3. Los ciudadanos que integren los Observatorios Ciudadanos serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos.

4. Sólo habrá un Observatorio por cada órgano parlamentario, los cuáles se integrarán con un mínimo de dos y un máximo de diez integrantes.

5. En caso de que existan ciudadanos que deseen participar en un Observatorio ya instituido, podrán ingresar si no se ha superado el número de diez integrantes. De haber ya el número máximo de integrantes, la Mesa podrá valorar el incremento de integrantes.

6. En caso de cualquier asunto no previsto en este Reglamento o en los Lineamientos en los Observatorios Ciudadanos, la Mesa Directiva resolverá lo conducente.

Artículo 299 Ter.

1. Al inicio de cada Legislatura, la Mesa Directiva deberá emitir lineamientos y criterios para la creación de los Observatorios Ciudadanos.

2. La duración de estos Observatorios será desde su creación, hasta la conclusión de la Legislatura.

3. Para la integración de un Observatorio Ciudadano, se hará una solicitud por escrito a la Mesa Directiva, señalando lo siguiente:

I. Un listado de no más de diez y no menos de dos integrantes enlistados de forma descendente con la firma, ya sea autógrafa o mediante huella dactilar, de cada uno de ellos;

II. Señalar el órgano de la Cámara que pretenden observar, y

III. Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de documentos o notificaciones. Este domicilio será su lugar de residencia; Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado podrá realizar todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento de conformación del Observatorio Ciudadano.

Artículo 299 Quater.

1. Será obligación de los órganos de la Cámara, garantizar el acceso a la información que los Observatorios Ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

2. Los Observatorios Ciudadanos rendirán informes de sus actividades, al menos cada semestre, de conformidad a los lineamientos emitidos por la Mesa Directiva.

3. Si los Observatorios Ciudadanos incumplieran con los informes referidos, la Mesa podrá, de forma fundada y motivada, revocar los derechos de los ciudadanos observadores.

4. Se podrán sustituir a ciudadanos que decidan dejar de pertenecer al Observatorio, de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Mesa.

Artículo 299 quinquies.

1. Son derechos y obligaciones de los Observadores:

I. Ser convocados, con oportunidad, por el órgano del Senado cuya actividad será observada, a las reuniones y eventos correspondientes, para el análisis y discusión en la materia;

II. Elaborar informes, cuando menos semestrales, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria;

III. Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

IV. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su encargo, y

V. Las demás que expresamente se le asignen.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS COMITES DE OPINIÓN

Artículo 299 sexies.

1. Los Comités de Opinión son órganos de participación ciudadana, de interés público, auxiliares temporales de las Comisiones legislativas, que podrán participar en el proceso de dictaminación de una o más iniciativas que serán analizadas en un mismo proceso y dictaminadas en un solo documento.

2. Los ciudadanos que integren estos órganos serán honorarios y tendrán el carácter de integrantes del Comité de Opinión.

3. Los Comités de Opinión se integrarán para el proceso de dictaminación, exclusivamente en la fase procesal a cargo de las comisiones.

4. La duración de los Comités de Opinión, será desde el momento de su creación y hasta que hayan consumado su objeto.

5. La conformación de los Comités de Opinión, no excluye otros tipos de participación ciudadana en torno a los procesos legislativos del Senado.

6. En caso de cualquier asunto no previsto en este Reglamento o en los Lineamientos en los Comités de Opinión, la Mesa Directiva resolverá lo conducente.

Artículo 299 septies.

1. Para la integración de un Comité de Opinión, se hará una solicitud a la Mesa Directiva, señalando lo siguiente:

I. Un listado de no más de cinco integrantes, enlistados de forma descendente;

II. Señalar el proyecto de decreto en el cual desean participar para su dictaminación y la comisión o comisiones donde haya recaído el turno de estos.

III. En caso, de que se propusieran dos o más Comités de Opinión, la Mesa Directiva deberá integrarlo con integrantes de las distintas propuestas, privilegiando de forma descendente a los integrantes y dando preferencia cronológica a las propuestas, hasta completar los 5 integrantes, y

IV. Si se llegaran a presentar más de 5 listas, estas se tendrán por rechazadas.

Artículo 299 octies.

1. El Grupo Técnico de Dictaminación será la conformación del Comité de Opinión, los secretarios técnicos de las comisiones dictaminadoras y un asesor designado por cada Grupo Parlamentario componente de las comisiones. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora encargada, será quien coordine al Grupo Técnico de Dictaminación.

2. El Grupo Técnico de Dictaminación deberá establecer un calendario de reuniones, con el compromiso prorrogable de entregar un proyecto a la conclusión de este.

3. El documento final que resulte de los trabajos del Grupo Técnico de Dictaminación se remitirá a la Junta Directiva de la comisión dictaminadora encargada, quien lo pondrá a consideración del resto de los legisladores pertenecientes a la comisión o comisiones, como proyecto de dictamen, para su discusión y votación.

4. El proyecto remitido por el Grupo Técnico de Dictaminación no conculca el derecho de los Senadores a modificarlo para lograr los consensos debidos.

5. Cada Grupo Técnico de Dictaminación podrá acordar sus propias reglas de actuación, siempre que no contravengan la Ley, los reglamentos del Congreso y los acuerdos de la Mesa Directiva relativos al Comité de Opinión.

6. En caso de cualquier asunto no previsto en este Reglamento o en los Lineamientos de los Comités de Opinión, la Mesa Directiva resolverá lo conducente.

Artículo 299 novenus.

1. Son derechos y obligaciones de los integrantes del Comité de Opinión:

I. Ser convocados con oportunidad por las Comisiones legislativas a las reuniones, previo acuerdo del Grupo Técnico de Dictaminación para el análisis y discusión de acciones legislativas relacionadas con el objeto de la creación del Comité de Opinión;

II. Participar en el Grupo Técnico de Dictaminación, de conformidad a sus propias reglas de actuación, siempre que no contravengan la Ley, los reglamentos del Congreso y los acuerdos de la Mesa Directiva relativos al Comité de Opinión, a efecto de opinar y contribuir a la construcción de un proyecto de dictamen;

III. Participar con derecho a voz en las reuniones y eventos de las comisiones relativas al proceso de dictaminación materia de su creación;

IV. Elaborar informes, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria;

V. Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

VI. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su encargo, y

VII. Las demás que expresamente se le asignen.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2019


[*] Véase: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/concepto Consultado el 19 de febrero de 2019.

[*] Véase: http://fundar.org.mx/parlamento-abierto-segundo-informe/ Consultado el 19 de febrero de 2019.

[*] Lendo Fuentes Tomislav y Resina de la Fuente Jorge Fernando “Parlamento abierto: un análisis comparado de los Congresos de Chile, España, Estados Unidos y México”. Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, México 2016.

[*] López Olvera Miguel Alejandro, “Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México IIJ-UNAM, México, 2014.

[*] Dalton Rusell y Wattenberg Martín, “Parties without partisans”, Oxford, Oxford, University Press, 2000.

[*] Véase: http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/praxis154.pdf Consultado el 19 de febrero de 2019.

[*] Véase: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=36 Consultado el 19 de febrero de 2019.

[*] Apartado de Antecedentes del Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda; Relativo a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 16 de abril de 2015.