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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar, a hacer público el Padrón Único de Beneficiarios, el Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus Reglas de Operación.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR A HACER PÚBLICO EL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, EL CATÁLOGO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN.

Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

A siete meses de que arrancó formalmente la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, existen muchas dudas respecto de los censos que el propio Gobierno Federal decidió levantar para el reparto de los programas sociales.

Estos censos se realizaron sin el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y a partir de una metodología sin rigor técnico y científico que permitiera consolidar un padrón confiable y apartidista para combatir la pobreza y la disminución de la desigualdad.

El padrón de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal arrancó en los meses de septiembre y octubre de 2018, con un grupo de alrededor de 20 mil voluntarios llamados “servidores de la nación” que, a decir verdad, no contaban con la profesionalización y la capacitación adecuada para un ejercicio de tal magnitud.

Estos brigadistas que tuvieron como misión visitar casa por casa en todo el país, contabilizaron a los beneficiarios de apoyos sociales, actuales y potenciales, recibiendo pagos por 3 mil 500 pesos mensuales a pesar de que este levantamiento censal fue anunciado como una práctica ciudadana totalmente voluntaria y apartidista.

La sorpresa es que muchos de los servidores de la nación que iniciaron como voluntarios, y otros que ya eran militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se han convertido de repente en funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Bienestar.

Cabe mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, contempla 1,808 millones de pesos para pagar la nómina de los “servidores de la nación”, a pesar de que la Secretaría de Bienestar había señalado que estos jóvenes trabajarían sin pago alguno en apoyo a la realización de los censos para generar los padrones de los nuevos programas sociales.

En la plataforma Nómina Transparente se da a conocer la nómina de 18 mil 299 “servidores de la nación” que reciben sueldos que van de los 8 mil 173.60 hasta los 51 mil 087.50 pesos, por realizar los censos de los programas sociales, así como apoyar en la organización de los actos del presidente en las plazas públicas de las diferentes entidades federativas, en donde son ubicados por portar chalecos cafés con el logotipo del Gobierno Federal y la leyenda “servidores de la nación”.

Un asunto denunciado en su momento fue justamente que, durante el levantamiento del “Censo de Bienestar”, los brigadistas estaban uniformados con gorras, chalecos y mochilas que llevaban el mismo logotipo utilizado por el Gobierno Federal y hasta   el nombre del presidente de la República, en franca violación a la ley electoral.

Lo anterior, debe ser investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y establecer las medidas que se estimen conducentes para prevenir la afectación de los principios rectores en materia electoral.

La visita de los encuestadores se dividió en dos partes, en la primera, se verifican los domicilios de las personas con apoyos de las extintas Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de acuerdo con los padrones que se entregaron al nuevo gobierno durante la etapa de transición, mientras que, en la segunda, se registró a quienes aspiraban a ser beneficiarios de acuerdo a criterios y lineamientos que el nuevo gobierno no ha sabido explicar, lo que nos indica que se trata de un método por demás incierto que pudiera dar lugar a información sesgada y un padrón inflado que no tiene ningún tipo de control que fomenta prácticas clientelares.

Existen testimonios de muchas familias pobres que recibían apoyos de gobiernos anteriores que no fueron censadas y por tanto excluidas de los programas sociales del nuevo gobierno. No sabemos si lo anterior se debió a la falta del rigor técnico y científico en el levantamiento del propio censo, o a una estrategia premeditada que buscó beneficiar a los militantes y simpatizantes del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA).

Fue así como se recopilaron los datos de 24 millones de beneficiarios de los programas sociales, a través de los cuales se distribuirán tan solo este año 207 mil 100 millones de pesos, a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en situación de pobreza, jóvenes que no estudian ni trabajan, campesinos, damnificados de sismos, familias que buscan crédito para la vivienda y a pequeños comerciantes que requieren un crédito.

Cabe mencionar que este grupo de brigadistas ha dependido durante la operación en campo, de Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, una nueva oficina del Gobierno Federal para la administración de programas sociales que depende directamente de la Presidencia de la República. Este despacho se encarga también de coordinar a los delegados estatales y regionales para la ejecución de los programas de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y entidades federativas.

Este funcionario, desde la Secretaría de Organización del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue el responsable de operar la estructura electoral que promovió el voto y la imagen del entonces candidato López Obrador durante la pasada campaña electoral. Este mismo esquema fue utilizado durante el levantamiento del “Censo de Bienestar”.

Nos preocupa que el “Censo de Bienestar” manejado desde la Presidencia de la República a través de una estructura de brigadistas que ya habían colaborado con López Obrador promoviendo el voto durante la campaña presidencial y en otros ejercicios como las consultas ciudadanas, se convierta ahora en una estructura paralela del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que impedirá acreditar la imparcialidad de la operación de los programas sociales en este sexenio.

Lo cierto, es que el llamado “Censo de Bienestar” reportó en toda la República significativas anomalías y retrasos que, incluso, provocaron regaños públicos por parte del presidente a los delegados federales. Esto nos habla del mal manejo de dicha iniciativa y, lo peor de todo, es que los delegados como responsables de hacer dicho levantamiento nunca fueron capaces de transparentar la información ante la opinión pública.

Nos parece muy preocupante que un censo que carece de metodología técnica y científica que le dé certeza y credibilidad, afecte a la población más pobre de nuestro país debido a la discriminación de muchas familias pobres que no fueron tomadas en cuenta durante el ejercicio de levantamiento de la información.

Debemos apuntar, además, que la experiencia y participación del INEGI en el levantamiento de encuestas ha servido para que Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúe la eficacia de los programas sociales para avanzar en la lucha contra la pobreza. Sin estadísticas y el diagnóstico adecuado será muy complicado avanzar hacia un nuevo estadio de desarrollo basado en la justicia social, capaz de posibilitar el establecimiento de consensos en cuanto a la canalización del gasto público, los servicios sociales, la seguridad, las políticas de inclusión, la protección social y la generación de empleo, todo ello, con el propósito de superar los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos.

Fue en mayo pasado cuando se informó que había concluido el “Censo del Bienestar” a pesar de la opacidad que caracterizó en todo momento su integración. Nunca se supo con claridad el nombre de la empresa, organización civil o dependencia que realizó el Censo del Bienestar del Gobierno Federal, así como la metodología utilizada para obtener la información. Actualmente, el padrón de beneficiarios es manejado por los 32 delegados federales conocidos como “superdelegados”, en su mayoría miembros del Partido Morena.

Lo grave, es que estos funcionarios dependen directamente del Presidente de la República. Esto nos habla de una situación altamente riesgosa para la democracia porque todo apunta a que los recursos destinados a los programas sociales podrían tener claramente un manejo partidista.

Los padrones de beneficiarios de programas sociales representan un instrumento útil para controlar la focalización, la administración de los recursos asignados y los resultados alcanzados para gestionar adecuadamente los programas sociales. De ahí la importancia de un padrón que emane de una metodología adecuada debido a que es parámetro para que los funcionarios que lo operan rindan cuentas a los beneficiarios y a la sociedad en su conjunto.

Sin un padrón único, reglas de operación claras y mecanismos de focalización de los programas sociales, no se pueden crear los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para contribuir a disminuir la pobreza en un ambiente de confianza, debido a que los recursos destinados para este fin pueden ser utilizados con fines partidistas y clientelares en perjuicio de los grupos vulnerables.

Por todo ello, es importante que el Gobierno Federal haga público el Padrón Único de Beneficiarios, el Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus reglas de operación, a efecto de evitar opacidad, tener un mejor seguimiento y control sobre el gasto en desarrollo social, y para que el “Censo de Bienestar” no se convierta en un instrumento gubernamental para fomentar el clientelismo político y el uso discrecional de recursos públicos.

Asimismo, que el Gobierno Federal informe sobre la metodología y medición científica utilizada durante el levantamiento del “Censo de Bienestar”, además de los mecanismos de trasparencia que se implementarán para operar el otorgamiento de los apoyos de los programas sociales.

Finalmente, es deseable que Instituto Nacional Electoral (INE) adopte las medidas cautelares necesarias, con el objeto de evitar que los “servidores de la nación” realicen propaganda gubernamental durante la entrega de los programas sociales, e impedir que sus uniformes porten el logotipo utilizado por el Gobierno Federal y el nombre del presidente de la República, que pudieran resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo Federal y la configuración de actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a hacer público el Padrón Único de Beneficiarios, el Catálogo Nacional de Programas Sociales y sus reglas de operación, a efecto de evitar opacidad, tener un mejor seguimiento y control sobre el gasto en desarrollo social, y para que el “Censo de Bienestar” no se convierta en un instrumento gubernamental para fomentar el clientelismo político y el uso discrecional de recursos públicos.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a informar sobre la metodología y medición científica utilizada para el levantamiento del “Censo de Bienestar”, además de los mecanismos de trasparencia que se implementarán para operar el otorgamiento de los apoyos de los programas sociales con el objeto de rendir cuentas a los beneficiarios y a la sociedad en su conjunto.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional Electoral adopte las medidas cautelares necesarias con el objeto de evitar que los “servidores de la nación” realicen propaganda gubernamental durante la entrega de los programas sociales, e impedir que sus uniformes porten el logotipo utilizado por el Gobierno Federal y el nombre del presidente de la República, que pudieran resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo Federal y la configuración de actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de julio de 2019.

S u s c r i b e n,

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura.