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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realiza un extrañamiento a los integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California, por haber ampliado de dos a cinco años el periodo de la gubernatura de esa entidad federativa; y solicita que en sus actuaciones se restituya el orden Constitucional.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OVBIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR HABER AMPLIADO DE DOS A CINCO AÑOS EL PERIODO DE LA GUBERNATURA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA Y SOLICITA QUE EN SUS ACTUACIONES SE RESTITUYA EL ORDEN CONSTITUCIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZZBETH MATA LOZANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, Diputada Federal  de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 numeral 1 fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución mediante el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realiza un extrañamiento a los integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California por haber ampliado de dos a cinco años el periodo de la gubernatura de esa entidad federativa y solicita que en sus actuaciones se restituya el orden constitucional, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado dos de junio se llevó a cabo la jornada electoral en el estado de Baja California para elegir al próximo Gobernador de esa entidad federativa.

Es del dominio público que desde el año de 2014 todas las fuerzas políticas representadas en la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California coincidieron en la necesidad de empatar las elecciones locales con las federales.

Durante la discusión y aprobación de lo anterior, se estableció que la duración de las autoridades locales que fueran electas en el proceso electoral 2018-2019, tuvieran una duración de dos años con la finalidad de empatar los procesos electorales locales con las federales que se llevarán a cabo en el 2021. Los objetivos que se establecieron a través de ese consenso son, entre otros, reducir los costos en la organización de los procesos electorales, estimular una mayor participación ciudadana en dichos procesos y combatir el abstencionismo.

Cabe señalar que una vez iniciado el proceso electoral local 2018-2019 para renovación de los poderes ejecutivo y legislativo del estado, así como a los integrantes de los Ayuntamientos, se suscitaron diversos incidentes jurisdiccionales que se colocaron en el centro de la discusión política y jurídica del Estado como por ejemplo, algunas resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Esto es, no obstante que ya había iniciado el proceso electoral local y que de acuerdo al artículo 105 de la Constitución Federal, las leyes electorales deben publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del mismo y que durante el cual no pueden modificarse, integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado emitieron resoluciones que atentaban en contra de los principios democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin la oportuna intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se habría puesto en riesgo la organización imparcial y objetiva de la jornada electoral.

Todo inició en un primer momento, cuando por mayoría de votos el Tribunal Local, se modificó el periodo de duración de los ejercicios de Gobierno que se habían aprobado por el Congreso del Estado para un término de 2 años en la reforma electoral de 2014, para que en el caso de la Gubernatura fuera de 5 años, recibiendo su primer revés de parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ello, resultaba evidente que los Magistrados Locales intentaron realizar modificaciones fundamentales a las leyes electorales en pleno proceso electoral en franco detrimento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Posteriormente, el 19 de abril de 2019, en pleno desarrollo de la campaña electoral, nuevamente los Magistrados Electorales Locales, sorprenden con otra resolución polémica, transgrediendo nuevamente los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, al pretender modificar los lineamientos para el registro de candidaturas en materia de paridad de género, invadiendo, desestimando y suplantando la selección de candidaturas de diversos Partidos Políticos en forma irracional. Afortunadamente y por segunda ocasión, tuvo que intervenir la jurisdicción del Tribunal Electoral Federal, a través de la Sala Regional con sede en Guadalajara, para corregir el nuevo error de interpretación del Tribunal Electoral Local, que insistía en realizar modificaciones a las reglas ya predeterminadas por la legislación electoral y por el Instituto Electoral Estatal.

Y por si fuera poco, en una tercera ocasión, el Tribunal de Justicia Electoral nuevamente sorprende el día 07 de mayo, en esta ocasión planteado por un candidato, ordenando al Consejo General de la autoridad electoral local, la emisión de una Adenda a la Convocatoria para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que el periodo de duración del cargo sea de 6 años. Lo anterior irremediablemente hace suponer la existencia de un interés particular para beneficiarse ampliando el periodo de Gobierno, totalmente ajeno al interés público, a pesar de haberse sujetado con anterioridad a las bases de la reforma electoral de 2014, por la que se establece un periodo de 2 años en el ejercicio de Gobierno a fin de empatar las elecciones locales con las elecciones federales intermedias.

Y como era de esperarse, esa resolución fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual, aún está en proceso de resolverse, y no es de dudarse que se resuelva revocando la resolución del Tribunal local, dejando en evidencia su actuación parcial y temeraria que ha puesto en riesgo en varias ocasiones la salvaguarda de los certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben regir a todo proceso electoral.

No debe pasar desapercibido para esta Comisión Permanente, que en su momento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Mexicali, Tijuana y Ensenada, presentaron una denuncia de juicio político en contra de los Magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, por considerar que cometieron un ataque grave a las instituciones democráticas de Baja California, al vulnerar la autonomía del Instituto Electoral de Baja California, del Congreso del Estado de Baja California y del Congreso de la Unión, provocando un transtorno en el adecuado funcionamiento de la próxima elección de Gobernador del año 2019; creando incertidumbre jurídica respecto al periodo y duración del cargo, lo cual afecta la planeación democrática.

No obstante lo anterior, el pasado ocho de julio, el Congreso del Estado de Baja California en un hecho lamentable, sesionó de último momento, en lo oscurito, para modificar la reforma de 2014 en la que se establecía el periodo de dos años para el próximo Gobernador.

El artículo reformado decía: "la concurrencia de la elección de gobernador del estado con el proceso electoral federal 2021, para lo que el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”. Sin embargo, el cambio generado la noche del lunes, únicamente se le cambió la fecha en que terminará el periodo.

Por ello, es totalmente vergonzoso que el Gobernador electo del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se empeñe en modificar el periodo correspondiente, al grado que durante meses ha sonado en los medios de comunicación que tanto el gobernador electo como su equipo, estuvieron ofreciendo dinero a los Diputados locales para que modificaran el periodo de dos a cinco años. Ha sido tanto su interés por modificar el periodo que los incidentes realizados ante el Tribunal local de Baja Califonrnia fueron promovidos todos por integrantes de Morena, con la finalidad de acomodarle el plazo de gobierno a Jaime Bonilla, Gobernador Electo de Baja California.

De este modo, al haber terminado el proceso electoral desde el pasado dos de junio, y que aún así el Congreso del Estado de Baja California modificó el periodo para la Gubernatura, se actualiza la necesidad de emitir un extrañamiento al Congreso del Estado de Baja California, por haber ampliado ilegalmente de dos a cinco años el periodo de la Gubernatura del Estado de Baja California y exhortarlo para que en sus actuaciones se restituya el orden constitucional.

No es posible que, en favor del gobernador electo, y por quien la ciudadanía votó por un periodo determinado, se cambien las reglas rompiendo con el orden constitucional y legal.

Ante ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos en contra de la conducta asumida por las y los Diputados locales que votaron a favor de este cambio, ya que queda en duda su honorabilidad y respeto social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realiza un extrañamiento a los integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California por haber ampliado de dos a cinco años el periodo de la gubernatura de esa entidad federativa y solicita que en sus actuaciones se restituya el orden constitucional.

Dado en el Senado de la República, a julio de 2019.

Diputada Lizbeth Mata Lozano

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