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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones; a la Procuraduría Federal del Consumidor; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a llevar a cabo las acciones necesarias para que a la población de la zona pacífico norte del estado de Baja California Sur, se le brinde servicio de internet y de telefonía celular de calidad.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE A LA POBLACIÓN DE LA ZONA PACÍFICO NORTE, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE LE BRINDEN SERVICIO DE INTERNET Y DE TELEFONÍA CELULAR DE CALIDAD, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Mediante la presente proposición, me permito solicitar a esta Comisión Permanente su apoyo y solidaridad para exigir a las autoridades responsables, la atención inmediata del problema que viven los habitantes de la Zona Pacífico Norte, en el Estado de Baja California Sur, que desde hace muchos años padecen un deficiente servicio de telefonía, pero sobre todo en el servicio de internet, al cual prácticamente no tienen acceso en toda la región y por tanto se encuentran al margen de un derecho humano fundamental para el desarrollo de sus pobladores.

La internet y la telefonía celular vinculada a la misma, propias de un mundo globalizado, se han convertido en bienes/servicios indispensables para el desarrollo de las personas y las empresas, superando las fronteras tradicionales de información, comunicación, entretenimiento y mercados.

La internet es definida oficialmente por el Federal Networking Council de los Estados Unidos de Norteamérica como “el sistema de información global que está lógicamente conectado por una dirección única global basada en el Internet Protocolo (IP) o subsecuentes extensiones; es capaz de soportar comunicaciones utilizando el Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o subsecuentes extensiones y o/otros protocolos compatibles al IP; y provee, usa o hace accesible, tanto pública como privadamente, servicios de más alto nivel producidos en la infraestructura descrita.”

Este complejo sistema de información global genera múltiples y variados beneficios para las millones de personas que lo usan diariamente de continuo, desde que despiertan hasta que terminan sus actividades. Las redes sociales, la comunicación remota, el intercambio de información y las transacciones comerciales a distancia no serían posibles si no existiera la internet como la tecnología de información y comunicación más revolucionaria en la historia de la humanidad desde la invención del teléfono, en el siglo XIX, como medio de comunicación de masas.

En lo que va de este siglo, las tecnologías  de la información y las comunicaciones son un factor clave del desarrollo económico y las inversiones, que generan empleo y bienestar social, así como su creciente generalizacio?n en las distintas sociedades, han modificado la manera en que las empresas se relacionan entre sí y con los consumidores, los gobiernos hacen políticas públicas y atienden a los gobernados, y la forma en que los ciudadanos participan en la vida pública y privada .

La incorporación de la internet en los diferentes procesos de desarrollo humano y la acogida masiva de sus diferentes servicios en las relaciones humanas (correo electrónico, transferencia de información, comercio de productos y servicios, entre otros) han hecho que el acceso a la internet sea considerado como un derecho humano.

En el orden internacional el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la internet, ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en sus resoluciones números A/HRC/32/L.20, de fecha 27 de junio, y A/71/460, de 14 de diciembre, ambas de 2016. Estos documentos, aunque no vinculantes, dan cuenta de la importancia de la internet para la protección de ciertos derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la educación y la privacidad, así como para la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a internet, de manera que la internet sea abierta, accesible, segura en cuanto a la información personal de los usuarios y que cuente con la participación de múltiples interesados .

El caso de México es un ejemplo a nivel mundial de la importancia del acceso a la internet como un derecho humano reconocido al más alto nivel normativo: el 11 de julio de 2013 se publicó la modificación al artículo 6º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguiente: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

Como puede apreciarse, este derecho humano se expresó de una forma atípica pero válida, al establecerse como contenido de una obligación general del Estado (Poderes Federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial), la de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a través del establecimiento de las condiciones de competencia efectiva entre las empresas concesionarias que presten los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet.

La importancia de que el Estado Mexicano cumpla su función de garante del derecho humano de acceso a la internet ya ha sido motivo de controversias judiciales entre la administración pública y los gobernados, a través de juicios de amparo, en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del respeto de este derecho.

Partiendo del derecho internacional público, nuestro Máximo Tribunal ha indicado que “…el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios (refiriéndose a la red mundial o internet) y asegurar a los particulares el acceso a éstos, pues precisamente el intercambio instantáneo de información e ideas a bajo costo, a través del Internet, facilita el acceso a información y conocimientos que antes no podían obtenerse lo cual, a su vez, contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad en su conjunto.

Concluye que dicho derecho debe restringirse por el Estado de la manera más mínima posible, dada su importancia para el desarrollo y la protección de otros derechos humanos, de la siguiente forma: “…Por tanto, en atención a ese derecho humano, se reconoce que en el orden jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos.

De esto podemos ver que el derecho de acceso a la internet no se agota en el establecimiento por parte del Estado de condiciones de competencia efectiva; va mucho más allá, se trata de un derecho al conocimiento (cuan amplio como sea la red mundial), al descubrimiento de la verdad y al progreso social.

Ahora bien, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (mejor conocida por sus abreviaturas ENDUTIH) de 2018, que publican conjuntamente el INEGI, la SCT y el IFETEL, nuestro país se halla bien posicionado en el avance de la cobertura de acceso a la internet por las familias mexicanas.

Por ejemplo, existen 74.3 millones de usuarios de internet, habiéndose incrementado 4.2 puntos porcentuales respecto a la población beneficiaria reportada para 2017, cuando el número de usuarios ascendió a 71.3 millones.

Las tres principales actividades de los usuarios de internet para 2018 fueron el entretenimiento, con 90.5%; la comunicación, con 90.3% y la obtención de información, con 86.9%. Le siguen la educación y capacitación (83.6%), el acceso a contenidos audiovisuales (78.1%), el acceso a redes sociales (77.8%), la descarga de software (49.2%), la lectura de periódicos, revistas y libros (48.7%), la interacción con gobierno (31.0%), la orden o compra de productos en línea (19.7%) y, en el último lugar, las operaciones bancarias en línea (15.4%).

Respecto a los hogares mexicanos, para 2018 18.3 millones de familias disponen de internet, comprendiendo el 52.9% del total nacional, aumentando dos puntos porcentuales respecto de la cifra en 2017 (50.9%).

Por lo que hace a la telefonía celular, la ENDITUH 2018 nos indica que este rubro tecnológico es el de mayor penetración en la población. Para el año de referencia, se cuenta con 83.1 millones de usuarios de teléfonos celulares. De estos, 8 de cada 10 usuarios disponen de un celular inteligente o smartphone, con lo cual tienen la posibilidad de conectarse a internet. La Encuesta también nos indica que en 2018 hubo un aumento en los usuarios que se conectan al internet desde el smartphone, pasando de 92.0% en 2017 a 93.4% en 2018, con una diferencia de 5.5 millones de personas.

No obstante estas cifras, en algunas entidades federativas el derecho al acceso a la internet no es garantizado adecuadamente por el Estado, ni mucho menos prestado de manera competitiva y en condiciones de eficiencia y calidad para todos por las empresas privadas concesionarias. De ello, de la calidad de los servicios, no nos habla la ENDITUH, pero es una triste realidad en la Zona Pacífico Norte del Municipio de Mulegé. en el Estado de Baja California Sur, especialmente

Esta región representa una extensa zona geográfica enclavada en la parte central de la Península de Baja California, principalmente en la parte norte del Estado de Baja California Sur, en donde habitan miles de personas, cuyas principales actividades son la pesca, la agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo, lo cual les exige contar con un eficaz servicio de internet, con el que lamentablemente no cuentan.

Dentro de las comunidades de esta región se encuentran Bahía Tortugas, Bahía Asunción, Punta Abreojos, La Bocana, Isla Natividad, San Ignacio, Punta Eugenia, por citar algunas de las poblaciones que resienten desde hace muchos años el grave problema de no tener acceso a un servicio de internet funcional. Han sido muchas las quejas que han presentado y hasta hoy no existe una respuesta para mejorarlo, sólo que “la antena no se da abasto”.

El problema que viven los habitantes de la Pacífico Norte en Baja California Sur es sencillo de explicar, pero sus consecuencias son complejas e inadmisibles en un país que desde hace varios años se ha insertado en el contexto global tecnológico: la extrema lentitud en la transferencia de la información y la pésima calidad de la comunicación y acceso a la internet mediante la telefonía celular, deficiencias atribuibles a las compañías concesionarias que prestan ese servicio.

Los malos servicios por parte de estas empresas privadas de telecomunicaciones, generan por ejemplo que las personas no puedan pagar con tarjeta de crédito, los establecimientos mercantiles pierdan oportunidades importantes de negocios o de prestación de servicios de excelencia a sus clientes, o que las sociedades cooperativas pesqueras no puedan hacer transacciones comerciales al interior y exterior del país, todo por carecer o contar con un deficiente servicio de internet y telefonía celular.

Esta problemática, que lleva varios años produciéndose y creciendo, no ha podido ser resuelta mediante vías expeditas contractuales entre los particulares afectados y las compañías mencionadas, lo que ha hecho que las autoridades locales, incluyendo el Congreso del Estado, hayan exigido por diversas vías a las autoridades federales y a dichas empresas que se aboquen a resolver el problema que viven los habitantes de la zona Pacífico Norte, quienes en muchos sentidos, están incomunicados con el resto del país y del mundo ante el servicio deficiente que reciben en telefonía celular y en internet.

No es admisible que en este país tengamos leyes con derechos humanos “de adorno”, debido a que el Estado Mexicano, especialmente el órgano constitucional autónomo denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, no realiza lo que por disposición constitucional está obligado a hacer; no sólo se trata de ampliar la cobertura de internet y de aparatos telefónicos inteligentes, sino que los bienes y servicios de acceso a la red mundial y de comunicación remota se brinden en condiciones competitivas en precio y calidad, para el adecuado ejercicio de los derechos humanos de las personas.

Es injusto que se paguen impuestos, así como bienes y servicios a elevados precios, cuando a cambio las personas y las empresas no reciben lo que jurídicamente tienen derecho por disposición constitucional, legal y contractual.

En tal virtud, el Estado Mexicano tiene que actuar. Se debe realizar una verificación rigurosa del cumplimiento de la ley, de los contratos y del contenido de las concesiones, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) deben ejercer sus facultades de inspección y vigilancia, para la protección y beneficio de los derechos humanos de los habitantes de la Zona Pacífico Norte de Baja California Sur.

Además, toda vez que el derecho de acceso a la internet es un derecho humano constitucionalmente reconocido y protegido, la CNDH debe investigar las posibles violaciones a este derecho humano por parte del IFETEL, por omisión en su función de garante de dicho derecho humano, ya que las empresas privadas de telecomunicaciones HAN PERSISTIDO EN NO SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS DE SUS SERVICIOS, en detrimento del desarrollo de los habitantes de esa región de Baja California Sur.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, realice las inspecciones y verificaciones pertinentes a las concesionarias de telefonía celular y de internet en la Zona Pacífico Norte, en el Municipio de Mulegé, del Estado de Baja California Sur, para que determine las presuntas irregularidades en la infraestructura y la prestación de los deficientes servicios que están afectando el desarrollo social y económico de los habitantes de la región, que requieren tecnologías de la información y comunicación de alta calidad para el ejercicio de sus derechos humanos, y en su caso imponga las sanciones administrativas correspondientes por incumplimiento a los títulos de concesión y violaciones a la Ley.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que obligue a las empresas concesionarias de telefonía celular y de internet, a mejorar sustancialmente la eficiencia y calidad de la infraestructura y prestación de servicios de telefonía celular e internet en la Zona Pacífico Norte del Estado de Baja California Sur, conforme a las obligaciones asumidas en sus títulos de concesión y establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que realice las inspecciones y verificaciones pertinentes, con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y determine las presuntas irregularidades por incumplimientos legales y contractuales en la prestación de los deficientes servicios de internet y telefonía celular que afectan a los habitantes de la Zona Pacífico Norte, en el Estado de Baja California Sur, que requieren tecnologías de la información y comunicación de alta calidad para el ejercicio de sus derechos humanos.

CUARTO:  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades de investigación de oficio, realice las diligencias correspondientes para determinar posibles violaciones al derecho humano de acceso a la internet y otros derechos humanos vinculados, por parte  el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las empresas privadas concesionarias, en contra de los derechos humanos al acceso a la internet y al desarrollo social y económico de los habitantes de la Zona Pacífico Norte, Estado de Baja California Sur, en virtud del servicio deficiente que reciben desde hace muchos años por la extrema lentitud en la transferencia de la información y la baja calidad de la comunicación y acceso a la internet mediante la telefonía celular.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a diecisiete de julio de 2019.

Resolución de las Naciones Unidas A/71/460, de fecha 14 de diciembre de 2016.

Resolución de las Naciones Unidas A/HRC/32/L.20, de fecha 27 de junio de 2016.

Época: Décima Época. Registro: 2014515. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CII/2017 (10a.). Página: 1433, con el título “FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE.”