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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De las diputadas y los diputados del del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que ejerciten la atribución que les confiere el artículo 105, fracción II, incisos c) y g), respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e interpongan acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, inmediatamente a que se publique en el Periódico Oficial de la entidad.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A QUE EJERCITEN LA ATRIBUCIÓN QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS C) Y G), RESPECTIVAMENTE, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, E INTERPONGAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, INMEDIATAMENTE A QUE SE PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, sometemos a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que ejerciten la atribución que les confiere el artículo 105, fracción II, incisos c) y g), respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e interpongan acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, inmediatamente a que se publique en el Periódico Oficial de la entidad, al tenor de los siguientes:

Antecedentes.

  1. Que a fin de dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 116, fracción IV, inciso n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto número 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 17 de octubre de 2014, se aprobaron entre otras, la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
  1. El Transitorio OCTAVO del Decreto apenas referido dispuso lo que para mejor comprensión se transcribe literalmente:

“OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, El Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de diciembre de 2021.
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el 31 de agosto de 2027.”

  1. Al efecto, resulta de la mayor importancia resaltar que el Decreto número 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 17 de octubre de 2014, fue declarado válido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente identificado como SUP-JRC-22/2019 y sus acumulados.
  1. El pasado 08 de julio de 2019, la XXII Legislatura del Estado de Baja California, celebró sesión extraordinaria y durante el desarrollo de la misma se presentó a la Presidencia de la Mesa Directiva un documento identificado como “Iniciativa de decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”, aprobado mediante el decreto número 112 ya precisado en el punto precedente.
  1. Así, concluida la lectura de la iniciativa, la Legislatura demandada dispensó arbitraria e ilegalmente el trámite de turnarla a la Comisión de Dictamen Legislativo, impidiendo el proceso de parlamento abierto que debe corresponder a una reforma constitucional de tal magnitud en perjuicio de la Democracia Representativa que caracteriza a nuestro sistema parlamentario.
  1. La reforma aprobada por el Congreso Local tiene por finalidad ampliar el periodo para la gubernatura del gobernador electo de 2 a 5 años, socavando con ello los principios de legalidad y certeza bajo los que han de conducirse los procesos electorales democráticos, tomando en consideración que el pasado proceso electoral que tuvo verificativo en la entidad federativa se desarrolló bajo las reglas de la elección de un gobernador para un período de dos años.
  1. Tal hecho inédito en la historia de nuestro país, y más de nuestra transición democrática, se aparta de los principios constitucionales de legalidad y certeza que deben observar los procesos electorales, pero además se vulneran los derechos de quienes participaron en la jornada electoral y emitieron su sufragio para elegir a un gobernador para un plazo de dos años, motivo por el cual se vuelve urgente que todas las instancias facultadas por nuestra Carta Fundamental promuevan las acciones judiciales que resulten pertinentes, de forma y manera tal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer y resolver sobre la constitucionalidad del Decreto emitido por el Congreso del estado de Baja California, mediante el cual se amplía el plazo del Gobernador electo en la entidad, Jaime Bonilla Valdez.
  1. Tomando en consideración que la fecha para que asuma el cargo el Gobernador electo es el próximo 1 de noviembre de 2019, es indispensable que el Ejecutivo Federal solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los juicios constitucionales –juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales- que se interpongan en contra del Decreto señalado, sean substanciados y resueltos de manera prioritaria.

El Decreto emitido por la actual Legislatura del estado de Baja California modifica substancialmente las reglas electorales que se fijaron para la elección que ya tuvo verificativo del próximo gobernador de la entidad, mismas que incluso fueron objeto de impugnación ante los tribunales locales y el federal en materia electoral. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 29 de mayo, al resolver el expediente identificado como SUP-JRC-22/2019 y sus acumulados, confirmó la validez del Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, cuyo artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California previó que la duración de la próxima gubernatura tendría una duración de dos años, el cual a su vez fue materia de modificación mediante el acto legislativo que se denuncia en esta Tribuna.

Modifica la esencia de las reglas electorales que se establecieron y que fueron con las que los diversos partidos y coaliciones contendieron y registraron a sus candidatos a gobernador del estado en la pasada elección que se verificó el pasado 02 de junio, violando en perjuicio de todos los partidos políticos y sus candidatos contendientes, los principios de legalidad y certeza que son piedra fundamental de los procesos electorales. Pero en mayor medida se vulneran tales principios en perjuicio de los ciudadanos que acudieron a las urnas a emitir su sufragio, quienes lo hicieron en pleno conocimiento de que el plazo que duraría en el cargo el próximo gobernador sería de sólo dos años. 

Por ello es que este asunto se relaciona de manera directa con el mandato constitucional de que los servidores públicos de elección popular sean aquellas personas elegidas democráticamente, es decir, con base en las reglas previamente definidas y establecidas noventa días antes de que dé inicio el proceso electoral.

La afectación a nuestra vida democrática de dicha determinación, es de tal magnitud que ha generado pronunciamientos en contra de todos los dirigentes de los partidos políticos nacionales de oposición, pero además de legisladores federales como los Diputados Federales Tatiana Clouthier y Porfirio Muñoz Ledo.   

De igual manera es importante señalar la oposición a esa medida que se ha generado en actores de la vida política como del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Inclusive, el Presidente de la República señaló en conferencia de prensa que:

“Imagínense si a mí me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese yo autorizado, como era antes, que, en efecto, se pusiera de acuerdo y aprobaran esa reforma. ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad.”

Incluso, a pregunta expresa de un reportero sobre que hubiera dicho si le hubiera consultado sobre la reforma multicitada respondió:

Que no, pero esas cosas a mí no me las consultan, ¿cómo me van a consultar eso?, si saben muy bien.”

En tratándose del Ejecutivo Federal, es preciso señalar que no se trata de una facultad que puede o no ejercer, tomando en consideración que a partir de la reforma constitucional de 2014 mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República, se plasmó la atribución al Ejecutivo Federal por conducto de su  Consejería Jurídica, de ser el vigilante de la constitucionalidad de leyes federales y locales, por lo que está obligado a someter la constitucionalidad de este Decreto tan controvertido públicamente ante la máxima instancia jurisdiccional de nuestro país.

Por todo ello, someto a la consideración de esta Soberanía, de Urgente u Obvia Resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que en el ámbito de sus respectivas competencias previstas en el artículo 105, fracción II, incisos c) y g) respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpongan acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California inmediatamente a que se publique en el Periódico Oficial de la entidad.

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los juicios constitucionales –amparos, acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales- que se interpongan en contra del Decreto señalado, sean substanciados y resueltos de manera prioritaria conforme a lo dispuesto el párrafo décimo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración que el próximo 01 de noviembre, es la fecha en la que tomará posesión el próximo Gobernador electo del estado de Baja California.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 16 días del mes de julio de 2019.

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Conferencia de prensa del Presidente de la República de fecha 12 de julio de 2019, consultable en https://lopezobrador.org.mx/2019/07/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-120

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