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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 51 del Código Penal Federal.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CáMARA DE SENADORES.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA AUMENTAR LAS SANCIONES POR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE ADULTOS MAYORES.

El suscrito, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del  Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 96, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Argumentación

Aunque no representan la mayoría de la población, la cantidad de adultos mayores en México ha ido aumentando. Mientras que en 1990 por cada 100 niños y jóvenes existían 16, para el 2015 ya había alcanzado una cifra de 38. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país hay 12.4 millones de personas adultas mayores de 60 años, lo cual se traduce al 10.4% del total de la población  nacional [*] .

Según el mismo organismo, en México el 20% de adultos mayores vive completamente solo y un 16% muestra signos de abandono y maltrato [*] . Entre los abusos que sufre este sector poblacional se destaca el despojo patrimonial cometido, incluso, por sus propios descendientes. Con esto queda claro que se están expuestos a constantes transgresiones de sus derechos humanos.

En el “Diagnóstico sobre los contextos de victimización hacia las personas adultas mayores” elaborado por la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) en conjunto con la organización Bitácoras Liderazgo Social con Equidad, se identificó que este sector poblacional es altamente vulnerable a daños como violencia patrimonial, despojo, maltrato, omisión de cuidados, falta de cobertura en salud, negación de servicios institucionales, falta de pensiones y apoyos económicos, entre otros [*] .

Si bien en México contamos con una ley específica para su protección que integra diversos principios y acciones a favor de los adultos mayores, existe un gran reto por delante, especialmente para combatir los actos u omisiones que se traducen en la violación frontal a sus derechos.

Cinco millones de adultos mayores carecen de ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios propios de una vida digna; además, se prevé que para el 2025 la población de adultos mayores aumente un millón sobre el total, dejándonos con 14 millones adultos mayores vulnerables. [*] Desde luego que las cifras presentadas tienen la posibilidad de ser aún mayores a causa de factores que dificultan obtenerlas como lo son la vergüenza, el miedo a la familia o al cuidador y sentimiento de culpa. [*]

Los datos anteriores alertan y dan cuenta de que, en realidad, las diversas formas de violencia y maltrato contra las personas mayores en México, están a la orden del día, por lo que prevenir, sancionar y eliminar tales actos es un tema que toma fuerza en la agenda pública actual.

Como se mencionó anteriormente, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en 2002, prevee los tipos de violencia de los cuales pueden ser víctima quienes hacen parte de este sector: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Esta normativa amplió el espectro de protección vigente para las personas mayores.

No obstante, la legislación penal mexicana, hasta el día de hoy, no contempla sanciones más profundas para los casos en los cuales los delitos sean cometidos en contra de personas mayores; específicamente, no se considera como agravante el hecho de que se perpetren actos delictivos en su contra, omitiendo la especial protección que requiere esta población, dada su condición de vulnerabilidad.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone una reforma al Código Penal Federal, de manera que en caso de que la víctima de un delito sea un adulto mayor y concurran acciones de violencia a las que se refiere la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se aumente la pena hasta en una mitad, siendo el delito cometido por familiares o servidores públicos.

Es prioritario establecer un marco jurídico robusto que brinde la más amplia protección posible a este grupo vulnerable de la población, para lo cual resulta fundamental considerar todos los mecanismos legales que inhiban cualquier acto que viole sus derechos humanos.

II. Cuadro comparativo

Para mayor claridad, se inserta el siguiente cuadro comparativo entre el texto de la Constitución vigente y la Iniciativa:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan.

En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 65 y en cualesquiera otros en que este Código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días.

Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

SIN CORRELATIVO.

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan.

….

….

…..

Cuando la víctima de un delito sea un adulto mayor o concurran acciones de violencia a las que se refiere la Ley  de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el mismo sea cometido por familiares o servidores públicos se aumentará la pena hasta en una mitad.

III. Texto de la iniciativa

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA AUMENTAR LAS SANCIONES POR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE ADULTOS MAYORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo quinto al artículo 51 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan.

Cuando la víctima de un delito sea un adulto mayor o concurran acciones de violencia a las que se refiere la Ley  de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el mismo sea cometido por familiares o servidores públicos se aumentará la pena hasta en una mitad.

TRANSITORIOS

ÚNICO-. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de julio de 2019.

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA.


[*] RIVERA-SILVA, Gerardo et al. El envejecimiento de la población mexicana. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro. México, 2018. Pág. 116. Disponible en: https://bit.ly/2IqdB18 Fecha de consulta: 15 de julio de 2019.

[*] REDACCIÓN. Adultos mayores en México viven en abandono y maltrato: UNAM. Periódico El Excelsior, 28 de junio de 2017. Disponible en: https://bit.ly/2KOihxo Fecha de consulta: 15 de julio de 2019.

[*] COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. Diagnóstico sobre los contextos de victimización hacia las personas adultas mayores. México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2xN2qta Fecha de consulta: 15 de julio de 2019.

[*] REDACCIÓN. Soledad y maltrato, patentes en los adultos mayores, 28 de junio de 2017. Boletín de la Dirección General de Comunicación Social UNAM. Disponible en: https://bit.ly/2xN9YMx Fecha de consulta: 15 de julio de 2019.

[*] RUÍZ, Félix y OROZCO HERNÁNDEZ, ML. El abandono del adulto mayor como manifestación de violencia intrafamiliar.  México, 2009. Pág.148. Disponible en: https://bit.ly/2K7lF8U Fecha de consulta: 15 de julio de 2019.