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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Jorge García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California para que, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, emita las observaciones pertinentes en relación al decreto de reformas al artículo 8 transitorio de la Constitución Local, aprobado por el Congreso del estado, en sesión de fecha 8 de julio de 2019, con objeto de que sea devuelto al propio Congreso para su análisis y su eventual reconsideración.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EMITA LAS OBSERVACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN AL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 8 TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN SESIÓN DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CON OBJETO DE QUE SEA DEVUELTO AL PROPIO CONGRESO PARA SU ANÁLISIS Y SU EVENTUAL RECONSIDERACIÓN.

El suscrito, Diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EMITA LAS OBSERVACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN AL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 8 TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN SESIÓN DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CON OBJETO DE QUE SEA DEVUELTO AL PROPIO CONGRESO PARA SU ANÁLISIS Y SU EVENTUAL RECONSIDERACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A escasos días de haberse cumplido un año de los comicios que dieron como resultado la mayor legitimidad que Presidente alguno haya tenido en nuestro país, lo que es digno de reconocer y celebrar, en Baja California se presentó un episodio vergonzoso y atentatorio para la democracia mexicana.

El 2 de junio de este año, se llevaron a cabo elecciones para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, así como los Ayuntamientos en el Estado de Baja California. Al igual que ocurrió en el proceso federal del año anterior, el mismo partido político que se erigió con el triunfo, ganó por amplio margen las posiciones en disputa, lo cual fue reconocido sin ambages por todas las fuerzas políticas contendientes.

Esta elección tuvo la particularidad de que, con la finalidad de empatar los procesos electorales de la entidad con las elecciones federales, por lo que en 2014 se reformó la Constitución local, estableciéndose, dentro del articulado transitorio:

“OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.”

Es decir, el 2 de junio pasado, los electores acudieron a las urnas a elegir un Gobernador por 2 años. Así se aprobó por el Poder Legislativo, así fue promulgado por el Poder Ejecutivo y así fue del conocimiento pleno de los partidos políticos y de sus candidatos a Gobernador.

Sin embargo, el candidato de la coalición electoral encabezada por el partido Morena, posterior a esta reforma, aduciendo la afectación de sus derechos políticos, impugnó ante la autoridad jurisdiccional el periodo de 2 años, para que fuera de 5 años, lo cual fue avalado por Tribunal Electoral del Estado de Baja California, en una actuación a todas luces irregular y provista de sospechas de corrupción por parte de los magistrados que votaron a favor de trastocar el contenido del artículo octavo transitorio, arriba citado.

Este recurso promovido por el candidato de Morena, y avalado por el Tribunal local, fue desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciéndose valer la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado en 2014. Se ratificaba la determinación expresada en la Constitución en el sentido de los electores votarían por un Gobernador para un período de 2 años, no de 5. De hecho, el propio Congreso del Estado, después de realizar un análisis jurídico del caso y de las resoluciones de ambas instancia jurisdiccionales, concluyó que, en efecto, debería prevalecer lo aprobado en 2014.
No obstante lo anterior, el pasado lunes 8 de julio, el Congreso del Estado fue convocado de manera subrepticia y, prácticamente, en la clandestinidad, en un hecho sin precedentes, Diputados de todos las fuerzas políticas ahí representadas votaron a favor de ampliar el periodo de 2 a 5 años, violentando y vulnerando los derechos de los ciudadanos, así como la voluntad de los electores que acudieron a las urnas con la certeza jurídica y política de que votaban por un Gobernador para dos años.

La actuación de los Diputados que votaron a favor de este albazo legislativo —21 de 25—, para favorecer al Gobernador electo han trastocado el estado de derecho al violentar y vulnerar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, al modificar radicalmente el sentido de su voto.

Lamentablemente dentro del grupo de Diputados que avalaron este atentado al sufragio efectivo, se encuentra el legislador que representa a Movimiento Ciudadano en el Congreso local. En este sentido, nuestra dirigencia estatal se ha deslindado totalmente de la decisión de este Diputado, toda vez que por diversos medios y en diferentes momentos se le había manifestado la inconstitucionalidad de modificar el periodo de gobierno. Asimismo, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, inició los procedimientos legales correspondientes para la expulsión de nuestro instituto político de este Diputado, por haber infringido los principios y las disposiciones normativas contenidas en nuestros Estatutos.

La indignación de los bajacalifornianos y de amplio sectores de la sociedad en el país ha sido manifiesta y se ha difundido extensamente en medios de comunicación y en redes sociales. Destaca la percepción de que los Diputados fueron beneficiados con una considerable cantidad de dinero por parte del Gobernador electo en connivencia con el propio Gobernador en funciones.

El Presidente de la República, ha manifestado su desconocimiento de lo que ha ocurrido en Baja California, aduciendo respeto a la soberanía estatal. Preocupante si el Presidente no sabía lo que fraguaba el candidato de su partido, quien además de ser un amigo cercano, financió con grandes cantidades de dinero la campaña presidencial. Pero más preocupante si el Presidente, como él lo ha dicho, no está al tanto de lo que ocurre en un Estado de la República.

No se trata de que del Presidente interfiera o atente contra la soberanía del Estado, se trata de que cumpla su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y las leyes que de ella emanen. Incluso, lo que él expresa como un principio de su actuación política: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

Por su parte el Gobernador del Estado ha manifestado públicamente, en un afán de desmarcarse de la decisión de los Diputados, incluyendo, por cierto, los de su mismo partido, que votaron a favor de ampliar el periodo de la próxima administración, que no publicará la reforma en el Periódico Oficial. Sin embargo, no basta sólo con no hacer la publicación en los términos que señala el Gobernador.

Es menester cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de Baja California, que se hagan observaciones y se devuelva al Congreso, tal como lo indica el primer párrafo de este precepto, de lo contrario el Decreto por el que se avala la ampliación del periodo del próximo gobierno estatal, se estaría reputando como aprobado, como lo señala el segundo párrafo del mismo artículo:

“Artículo 34.- Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

A. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.

B. El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate.

Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.

C. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso, en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución.

Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionadas por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

D. a  G. . . . “

Movimiento Ciudadano, además de haber expulsado de nuestras filas al Diputado que se coludió en este vergonzoso atentado al estado de derecho, ha iniciado el procedimiento para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la confianza de que el máximo tribunal, revocará el Decreto aprobado por el Congreso de Baja California, para favorecer al Gobernador electo.

El país no puede estar expuesto a que este reprobable acto del Congreso de Baja California, siente un peligroso precedente para que, algún gobernador busqué ampliar su periodo de gobierno, o que el Presidente de la República, argumentando que cuenta con el respaldo popular y con la mayoría en el Congreso de la Unión, decida ampliar su sexenio a diez o doce años.

Debemos hacer valer nuestro estado de derecho y apoyarnos en los pilares de nuestro andamiaje institucional para detener este atropello a los derechos de los bajacalifornianos y para prevenir de potenciales hechos similares en otros Estados del país y en la propia Presidencia de la República.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta Ejecutivo del Estado de Baja California para que, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, emita las observaciones pertinentes en relación al Decreto de reformas al artículo 8 transitorio de la Constitución local, aprobado por el Congreso del Estado, en Sesión de fecha 8 de julio de 2019, con objeto de que sea devuelto al propio Congreso del Estado para su análisis y su eventual reconsideración.

Lo anterior, a fin de que el Congreso del Estado, en cumplimiento al precepto constitucional invocado, reconsidere la reforma al artículo 8 transitorio de la propia Constitución local.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de julio de 2019.

Suscribe

Dip. Jorge Alcibíades García Lara

Periódico Oficial del Estado de Baja California. Tomo CXXI, Mexicali, Baja California, 17 de octubre de 2014, No. 50

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