+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a las redadas contra migrantes, así como en materia de asilo.

Se dio turno directo a la Segunda Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN RELACIÓN A LAS REDADAS CONTRA MIGRANTES, ASÍ COMO EN MATERIA DE ASILO.

Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La migración internacional ha crecido sostenidamente en las últimas décadas, modificándose además de manera reciente, las rutas de origen, tránsito y destino.

Hoy en día es prácticamente imposible identificar a algún país que, de una manera u otra, no participe de los flujos migratorios globales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de 260 millones de personas residen fuera de su país, lo que representa prácticamente el 3.5% de la población mundial.

Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que migrar por necesidad. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha estimado que el corredor de Centroamérica-México-Estados Unidos de América es el que en promedio anual de migrante ocupa el primer lugar del mundo.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.

Por su ubicación geográfica, historia y condiciones socioeconómicas, en México confluyen múltiples flujos migratorios de origen, tránsito, destino y retorno. La migración ha contribuido a la transformación de nuestra Nación y seguirá teniendo un papel destacado en la evolución social, económica, cultural y política del país.

Por ello, los desafíos de México en materia migratoria son de enorme trascendencia. Nuestro país se encuentra integrado en uno de los sistemas de mayor movilidad humana y complejidad social, donde se encuentra el principal destino de migrantes del planeta: los Estados Unidos de América (EUA).

Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social, económico, político y, hasta hace poco, medioambiental, que provocan falta de empleo, la caída del ingreso real, altos índices de violencia y otros factores que obligan a las personas a tomar la difícil decisión de abandonar su hogar y buscar trabajo en el extranjero.

Las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica y que atraviesan por territorio nacional con la esperanza de llegar a los Estados Unidos de América (EUA), están compuestas por familias en las que cada vez es más frecuente encontrar menores de edad que son utilizados como un escudo para solicitar asilo y, con ello, no ser deportados. Sin embargo, esto no les ha dado resultado porque la unión americana se emprendió una política migratoria muy agresiva en la que decidió separar a los menores de las familias como un recurso para frenar el ingreso de extranjeros indocumentados a su territorio.

Asimismo, autoridades migratorias de los Estados Unidos de América (EUA) han reportado un importante aumento de niños migrantes que viajan sin un adulto que los acompañe, con la esperanza de poder cruzar la frontera para después poder atraer a la familia, por lo que más de 50 mil niños migrantes centroamericanos han sido detenidos en territorio norteamericano. Esta situación, sin duda, ha cambiado la forma de ver y tratar el fenómeno migratorio.

De ahí que sea importante incrementar los esfuerzos internacionales para atender la migración sobre la base del principio de la responsabilidad compartida, considerando especialmente la vulnerabilidad de las víctimas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de menores y otras formas de delitos transnacionales conexos, de acuerdo con los instrumentos internacionales y en el marco de la cooperación regional con la idea de tipificar los delitos referidos en las respectivas legislaciones nacionales para enfrentarlos de forma efectiva.

Esta situación no es ajena a nuestro país y la padecen millones de mexicanos que durante muchos años tuvieron la necesidad de migrar a los Estados Unidos de América (EUA), en búsqueda de mejores condiciones de vida y para dejar atrás las desigualdades a las que se enfrentaban en nuestro país.

En los últimos años, el célebre “sueño americano” se ha ido transformando en una pesadilla para muchos connacionales que viven en la unión americana debido a una política antiinmigrante que contiene una alta dosis de racismo, lo que ha provocado que, en los últimos meses, se registre un número importante de deportaciones.

Por si fuera poco, la administración de Donald Trump anunció el pasado lunes el endurecimiento de la política migratoria y el desarrollo de operativos por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) en al menos 10 ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus familiares. Aunque después de duras críticas internas y externas por el anuncio de las redadas en contra de los migrantes indocumentados, se dijo que éstas irían dirigidas básicamente a 2.000 extranjeros que tienen orden de deportación. Sin embargo, estos operativos apenas comienzan y se espera que las deportaciones se incrementen en los próximos meses.

Estas diez ciudades son Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, donde se concentra la mayor población de inmigrantes con estatus ilegal.

Mientras tanto, activistas y organizaciones civiles trabajan arduamente para ofrecer asistencia a los miembros de sus comunidades en riesgo de deportación y que viven en un ambiente de terreros e incertidumbre ante las medidas adoptadas por parte del gobierno norteamericano.

La inminente deportación de miles de connacionales y centroamericanos a nuestro país, forma parte de los acuerdos surgidos entre los gobiernos de los Estados Unidos de América (EUA) y México como manera de paliar la amenaza que lanzó el presidente Dolnald Trump para incrementar los aranceles de los productos mexicanos de exportación. Lo anterior, nos han puesto ante una situación altamente vulnerable ya que no existe la capacidad institucional que haga posible absorber esa cantidad de personas en tan poco tiempo y, mucho menos, para brindarles las condiciones básicas para rehacer sus vidas de forma digna.

México está situado frente a un problema que adquiere dimensiones extraordinarias y, por razones obvias, jamás previstas. Ante este panorama, muchos migrantes que buscaban el sueño americano se quedarán en nuestro territorio con todas las implicaciones que eso conlleva.

Entendemos que la magnitud alcanzada por la migración y sus complejas consecuencias en la vida económica y social de México y Estados Unidos de América (EUA), ha propiciado que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en la agenda binacional. Sin embrago, las presiones ejercidas por el presidente Donald Trump no pueden, ni deben, exponer al gobierno federal a caer en precipitaciones que conduzcan a las autoridades mexicanas, sobre todo a la Guardia Nacional, a cometer arbitrariedades que vayan en contra de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, ya que es precisamente la política que queremos defender para detener las arbitrariedades cometidas por nuestro vecino del norte.

Asimismo, ante el estancamiento de la discusión en el Congreso de Estados Unidos de la reforma migratoria, pero en el contexto electoral de ese país, el presidente Trump emplea una retórica y discurso de odio con fines políticos criminalizando la migración.

Por lo tanto, es urgente tomar medidas para resolver esta crisis humanitaria y, en consecuencia, actuar en defensa de los migrantes ante lo que se podría presentar como un regreso masivo de connacionales y centroamericanos provocado por la ola de deportaciones ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump.

De no actuar ante este problema que está en ciernes, las consecuencias serán lamentables por múltiples razones. No sólo se tratará de un problema de desempleo, sino también de inseguridad pública ante la falta de oportunidades para los cientos de miles de mexicanos y centroamericanos que pudieran quedar varados en las ciudades fronterizas del norte de nuestro país en búsqueda de asilo para permanecer en México de forma definitiva o, en su caso, en espera para tener otra oportunidad y cruzar nuevamente a los Estados Unidos de América (EUA).

Ante la gravedad del problema, es necesario exhortar a la comunidad internacional a trabajar en políticas migratorias basadas en la dimensión ética del respeto de los derechos humanos y orientadas al desarrollo integral de los individuos que tomen en cuenta principios universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de las personas.

De no atenderse el problema migratorio a través de soluciones multilaterales que impacten a la región, la crisis humanitaria pasará rápidamente a ser una emergencia de dimensiones inimaginables.

La política proteccionista y antimigratoria de la actual administración republicana en la unión americana ha complicado la relación bilateral, lo que provoca mucha tensión entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América (EUA). Esto ha obligado a nuestro país a convertirse, de facto, en tercer país seguro lo que nos obliga a mantener en territorio nacional a todos aquellos solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos de América (EUA) hasta que pueden ser recibidos para obtener una entrevista de temores fundados ante las autoridades norteamericanas. Esto explica porque existen miles de migrantes en listas de espera en ciudades de la frontera norte y sur de nuestro país, muchas de ellas detenidas en contra de su voluntad en las estaciones migratorias.

México ya actúa en los hechos como tercer país seguro. Lo anterior se confirma con el endurecimiento de las normas para los solicitantes de asilo dadas a conocer el pasado lunes por parte de la administración de Donald Trump. Con ello, el gobierno americano implementa desde el martes pasado una orden administrativa para que, los solicitantes de asilo que transiten por otro país, antes de pisar suelo estadounidense, realicen su petición de asilo en esos países y no en los Estados Unidos de América (EUA).

De no haber una acción de parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América que ponga alto a las pretensiones de Donald Trump y en la que declare inconstitucional esta orden ejecutiva emitida por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, estaremos frente a una política migratoria más restrictiva que pondrá límites de elegibilidad a los extranjeros que buscan asilo en la unión americana.

Y aunque el canciller Marcelo Ebrard afirmó de forma tibia que nuestro país no se va a convertir en un tercer país seguro o de asilo para los Estados Unidos de América (EUA) y que México rechaza la nueva medida anunciada por el gobierno americano, la verdad es que la inacción y falta de estrategia del gobierno federal a lo largo de siete meses nos tiene muy debilitados para oponer resistencia a la política migratoria de Donald Trump. 

El golpe ya está dado de parte de nuestro vecino del norte, por lo que, en lugar de negar esta realidad, sería más conveniente tomar acciones que nos permitan hacer frente al gran reto migratorio desde el ámbito multilateral. El Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es un primer paso, pero faltan muchos otros para involucrar a la comunidad internacional y encontrar soluciones conjuntas a este problema estructural.

Es claro que, mientras no exista una política de población y de migración coherente, bien sustentada y que concite un acuerdo entre México y los Estados Unidos de América (EUA), la relación no mejorará y, por el contrario, las presiones que supone la crisis humanitaria de la migración afectará gravemente a nuestro país.

Sin duda que es recomendable actuar con prudencia en cuanto a la relación bilateral cuando está latente la amenaza del cierre de la frontera o en el aumento a los aranceles de los productos producidos en México. Sin embargo, consideramos que es fundamental la implementación de una estrategia de política exterior por parte de nuestro país ante organismos internacionales que permita recuperar la dignidad nacional y una posición de fortalecimiento en materia comercial y migratoria frente a los Estados Unidos de América (EUA).

Debemos recordar que, una política más restrictiva de parte de los Estados Unidos de América (EUA) con el tema migratorio y la extradición de connacionales, traerá aparejado una baja muy sensible en las remesas que permiten una entrada muy importante de divisas para México, el alivio económico para las familias de los migrantes y una “válvula de escape” para restar presión al mercado laboral en nuestro país.

Resulta urgente, por tanto, que México adopte a la brevedad una estrategia regional y multilateral activa respaldada en el derecho internacional, en la que sea posible detonar acciones de defensa del interés nacional y elevar el reclamo por los agravios cometidos por los Estados Unidos de América (EUA) en contra de nuestro país y las medidas antinmigrantes violatorias de derechos humanos.

Al mismo tiempo, el Estado mexicano debe tener un enfoque integral en materia migratoria y estar prevenido con políticas públicas que permita atender de forma exitosa el retorno de migrantes para facilitar su reinserción efectiva a las actividades productivas, la vida social y comunitaria.

En este sentido, el Senado de la República debe velar por los derechos y garantías de los migrantes en retorno, considerando entre ellos, tanto a los connacionales que regresan de manera voluntaria, como de aquellos que han sido objeto de deportaciones, estableciendo mecanismos que actúen claramente en su beneficio.

Nuestro país se ha convertido no solo en uno de tránsito, sino que está pasando a convertirse en uno cada vez más de destino. Este componente nos debe hacer reaccionar para modernizar nuestra política migratoria y entender que el fenómeno de las migraciones es un asunto que debe resolverse a partir de la cooperación internacional.

El Pacto Mundial sobre la Migración para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abre la posibilidad de crear conciencia en las naciones del mundo para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen ni su condición migratoria, pero sobre todo, plantea un reto para que las legislaciones migratorias de los países contemplen la integración y observancia del derecho internacional de los derechos humanos e incluyan políticas públicas con una visión de gobernanza en las fronteras.

En este contexto, la bancada del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República expresa su más firme rechazo por la grave violación a los derechos humanos por parte de la administración del presidente Trump al iniciar redadas masivas contra migrantes que viven en la unión americana.

Expresamos nuestra solidaridad con los migrantes y sus familias, al tiempo de exigir a las autoridades del gobierno mexicano estar a la altura de las circunstancias y defender los derechos humanos de la comunidad hispano-mexicana y de los connacionales que viven en los Estados Unidos de América (EUA), tras la puesta en marcha de las redadas migrantes en el país vecino.

En este sentido, respaldamos la posición del Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que envíe una nota diplomática de protesta al gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) por las redadas contra indocumentados mexicanos en ese país, ya que atentan contra los derechos humanos establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos. [*]

Asimismo, para que, a través de los consulados mexicanos en territorio de los Estados Unidos de América (EUA), se implementen acciones jurídicas para velar por los derechos e integridad nuestros paisanos conforme a los principios universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de las personas.

Recordamos que la absoluta mayoría de los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América (EUA) lo hacen sin contar con documentos migratorios, sin embargo, forman parte muy importante del desarrollo económico de aquel país ya que contribuyen al bienestar de la sociedad estadounidense en su conjunto a partir de su trabajo, el consumo y el pago de impuestos.

El debate que hoy se desarrolla en Estados Unidos de América (EUA) está muy alejado de la posibilidad de concretar una reforma migratoria, por el contrario, existe una agenda conservadora y xenofóbica que pone en peligro cualquier acercamiento para formular e instrumentar una política migratoria que dignifique a la región, promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y propicie flujos migratorios de manera ordenada y regular.

El escenario de la migración en la región México-Centroamérica es complejo, particularmente en el área que forma México y los países del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), debido a la magnitud de migrantes que transitan de sur a norte en búsqueda de llegar a los Estados Unidos de América (EUA). Esto constituye un gran reto para la región en el que es indispensable la instrumentación de políticas regionales que tomen en cuenta las causas estructurales y los factores asociados a la migración.

La falta de una visión estratégica de parte del gobierno mexicano que permita una defensa efectiva ante los embates de Donald Trump hacia nuestro país tanto en el plano comercial como en el migratorio nos hace particularmente vulnerables, ya que la voz de México no se escucha en el concierto internacional y tampoco da señales claras de cómo conducir la relación con el país más poderoso del planeta.

Lo anterior ha provocado incapacidad de parte del gobierno mexicano para proteger y asistir a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, al tiempo de dar la impresión que le estamos haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos de América (EUA) en las fronteras de nuestro país. Mientras tanto, los flujos migratorios muestran un incremento año con año, lo que provocará irremediablemente mayores conflictos sociales derivados de la crisis humanitaria del fenómeno migratorio.

En ese sentido consideramos que es importante sostener reuniones bilaterales con actores políticos y funcionarios del gobierno los Estados Unidos de América (EUA), que tengan por objeto un acercamiento en la relación bilateral para atender el fenómeno migratorio y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, así como manifestar nuestro  total desacuerdo con las redadas en contra de indocumentados mexicanos y las nuevas políticas migratorias de asilo en ese país y que obligan a México a actuar como tercer país seguro.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha sido capaz de fijar una postura firme a nivel internacional para evitar una obligación derivada de una decisión unilateral por parte los Estados Unidos de América (EUA) en su decisión de externalizar su frontera que nos convierte, en los hechos, en un tercer país seguro. Lo anterior, producto de las presiones comerciales y económicas ejercidas sobre nuestro país en donde se ha cedido en todo, sin contar con una estrategia que permita incidir en la relación bilateral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la grave violación a los derechos humanos por parte de la administración del gobierno de los Estados Unidos de América al iniciar redadas masivas contra migrantes, así como por las nuevas políticas migratorias de asilo en ese país que obligan a México a actuar de facto como tercer país seguro.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que envíe una nota diplomática de protesta al gobierno de los Estados Unidos de América, por motivo de las redadas contra indocumentados mexicanos y las nuevas normas para los solicitantes de asilo que se aplicarán en ese país, ya que atentan contra los derechos humanos establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Asimismo, para que, a través de los consulados mexicanos se implementen acciones jurídicas para velar por los derechos e integridad nuestros paisanos conforme a los principios universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de las personas.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de forma conjunta con el Senado de la República, se pueda emprender con la intermediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una defensa regional y multilateral para evitar que, a partir de una decisión unilateral y el chantaje comercial impuesta por los Estados Unidos de América, México adquiera la categoría de tercer país seguro.

Cuarto.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de forma conjunta con el Senado de la República se elabore una agenda de trabajo que permita iniciar un diálogo de entendimiento con diferentes actores políticos y funcionarios del gobierno los Estados Unidos de América que tenga por objeto lograr un acercamiento en la relación bilateral para atender el fenómeno migratorio, salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y evitar la puesta en marcha de las nuevas políticas migratorias y de asilo anunciadas por el presidente Donald Trump.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de julio de 2019.

S u s c r i b e n,

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura.