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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Deuda Pública.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


CC Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

PRESENTE

El suscrito, Reginaldo Sandoval Flores, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo décimo primero, décimo quinto, décimo sexto y demás relativos y aplicables del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Deuda Pública, bajo lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Sin duda tener finanzas sanas y un equilibrio entre los ingresos de gobierno y el gasto que realiza es el mejor escenario en el que como sociedad se quisiera estar. Sin embargo, las demandas sociales y/o las estructuras tributarias no siempre permiten lograr el equilibrio.

De hecho, existen múltiples factores que van desde eventos catastróficos que demanden recursos financieros de urgencia hasta inversiones de largo plazo en infraestructura y que pueden romper dicho equilibrio. En este sentido, la deuda pública es una herramienta financiera con que cuenta el gobierno para cumplir con las funciones que se le han asignado en termino de creación de bienes sociales y operación de la administración pública.

Dentro de estas funciones, la realización de inversiones sociales y de infraestructura surgen como una de las principales demandas de las sociedades para sus gobiernos. Así, la deuda pública es un mecanismo que tienen los gobierno para solventar las disparidades de ingreso gasto, ya sean temporales o de largo plazo, y que permite financiamiento para cumplir obligaciones o responsabilidades inmediatas, inversiones sociales y de infraestructura, o refinanciar su gasto y la misma deuda contraída anteriormente.

La deuda es un mecanismo que permita el buen funcionamiento del gobierno y que bien dirigida impulsa el crecimiento económico y el progreso social de las comunidades.  En este sentido, los gobiernos tienen la opción de contratar deuda pública en función de las necesidades que se tiene y en alcance a su capacidad de pago. Éste es un punto fundamental, pues la deuda publica mal gestionada puede convertirse en una carga fiscal para el gobierno y para la sociedad en su conjunto por muchos años, generaciones incluso.

Es por ello que se debe garantizar que la deuda publica contratada sea utilizada en financiamiento de inversiones y actividades que sean fiscalmente sostenibles y se autofinancien en el tiempo, evitando su uso en gasto corriente.

Para los países latinoamericanos la deuda pública ha sido un problema en varios momentos de nuestra historia, pero sin duda la experiencia de las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado dejo grandes temores y enseñanzas.  Recordemos que la economía mundial venia de un periodo de expansión y crecimiento impulsado por la industria manufacturera, la producción automotriz y la petroquímica.

En este contexto, los países latinoamericanos gozaron de una posición relativamente estable al ser proveedores de materia primas para la cadena mundial de producción.

Esta posición los llevo a incrementar sus deudas públicas nacionales al amparo de los organismos internacionales y los bancos mundiales que les proveyeron de recursos financieros prácticamente sin restricción. La gran problemática de estas deudas es que los recursos obtenidos por esta vía al final del periodo se orientaron de manera errónea hacia gasto corriente, ya que paulatinamente se fue dejando de lado la inversión, el fortalecimiento de las empresas públicas y el gasto en infraestructura.

Ante el fin de ciclo económico, el agotamiento del patrón de producción y la desaceleración de la economía estadounidense, el ciclo de crecimiento encontró su tope, llevando con ello a la región latinoamericana a una crisis económica profunda. La combinación de contracción de la demanda mundial de materias primas principalmente del petróleo, la baja de liquidez, el alto gasto corriente comprometido de los gobiernos, y el alza internacional de las tasas de interés llevaron a que las deudas públicas de los países latinoamericanos se dispararan, haciendo que el costo financiero de las mismas, presionaran a tal punto las finanzas de los países que los llevaron prácticamente a la quiebra.

Para nuestro país este periodo fue de gran conmoción económica. La crisis llevo a que México se declarará en moratoria de pagos y a que el flujo financiero internacional se cortará, a que nuestro país se quedará sin liquidez y que la inflación se disparará. Todo debido al peso de la deuda pública.

Esa experiencia nos mostró que la falta de supervisión y orientación en el uso de la deuda pública condujo a que las finanzas nacionales dependieran cada vez más de factores externos y de terceros actores, lo que dejó una estructura económica frágil y vulnerable. Para darle solución a la crisis económica que se vivió se establecieron medidas encaminadas, en un primer momento, a contener los efectos de la crisis para después reestructurar todo el sistema económico nacional.

Sin embargo, dichas medidas fueron a la postre más dañinas, pues, han deprimido la economía nacional, contuvieron el crecimiento económico, y estancaron el ingreso de la población y el bienestar en general.

Así, la deuda pública quedo satanizada como el peor de los males sociales, sin considerar que fue su mala orientación y la poca supervisión la que llevo a la situación de crisis que tanto costó a los mexicanos.

Ante esto es que se aprobaron medidas legislativas encaminadas a controlar el uso de la deuda, sin embargo, hoy es necesario una reorientación de la misma y garantizar que la deuda pública sea utilizada en actividades productivas y en activar el aparato industrial nacional. La deuda publica puede ser un instrumento de impulso al crecimiento económico si es utilizada en proyectos, programas y o inversiones que amplíen la demanda, generen empleos, fortalezcan el mercado interno y generen ingresos de gobierno al ampliar la actividad económica general.

Para los países de desarrollo medio, en desarrollo o en proceso de industrialización, la deuda pública se convierte en una necesidad apremiante pues hay inversiones sociales necesarias para garantizar el proceso económico en curso y no siempre pueden ser financiadas en su totalidad por los ingresos de los gobiernos al momento de su realización, por lo que la deuda pública y la calendarización de los pagos en el tiempo se convierten en prácticamente la única opción.

En este sentido, existe actualmente varias propuestas sobre el nivel óptimo de deuda, sin embargo, en lo que prácticamente existe consenso es en que la deuda pública es necesaria. En 2018 la deuda pública en nuestro país se ubicó en 44.8% de PIB Nacional. Si bien se encuentra en parámetros similares a otros países de tamaño y desarrollo económico acorde al nuestro, es preocupante la velocidad con la que ha crecido, pues en menos de una década aumentó casi 20 puntos porcentuales.

De hecho, en 2000 la deuda pública correspondió al 30.6% del PIB, para el 2016 llego a su punto más alto del periodo reciente al ubicarse en un 48.7%.

Las preocupaciones que sobresalen respecto a la situación de la deuda pública es lo referente a los costos de la misma. En el periodo 2013 – 2017 el pago por concepto de deuda pública fue de 2.2% del PIB, pero como se ha señalado en análisis de la situación, si se resta el crecimiento de la economía nacional en el periodo, el cual fue de 2.4% y se considera el crecimiento de la población de 1.3%, entonces el costo de la deuda generó un déficit económico del -1.1% del PIB.

Es por ello que se hace necesario conocer el destino de la deuda, pues si esta no ha sido canalizada a inversión social y en infraestructura que fomente el crecimiento económico, entonces, el país entrará en un proceso de circulo vicioso que incrementará paulatinamente y sostenidamente la deuda pública.

Es por ello que la presente iniciativa busca garantizar que la deuda pública contraída por el gobierno federal sea utilizada en financiar actividades productivas y de inversión, que arrastren la economía en su conjunto.

También, se busca tener la máxima transparencia en el uso y destino de los recursos de la deuda pública, a fin de mantener la información real de uso de los recursos que por esta vía se obtienen y se eviten posibles desvíos hacia otros rubros de gasto, en particular de gasto corriente.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a esta Soberanía siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Deuda Pública para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma y adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 4o; se adiciona un párrafo tercero recorriendo el actual a cuarto del 6o; y se reforman los artículos 9º, 10, 23 y 26 de la Ley Federal de Deuda Pública.

ARTICULO 4o.- Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. a III.

IV.- Garantizar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago, que sean inversiones sociales o de infraestructura, o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.

No se podrá aceptar bajo ninguna circunstancia financiamiento de gasto corriente a través de deuda pública

ARTICULO 6o.-

Sólo se podrá autorizar deuda pública para proyectos de inversión social y/o de infraestructura

ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado y el destino específico de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos y destinos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

ARTICULO 10.- El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos y el destino específico del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización informará de inmediato al Congreso.

ARTICULO 23.- Las entidades acreditadas, ya sean del Gobierno Federal o del sector paraestatal, llevarán los registros de los financiamientos en que participen y el destino específico del gasto de los recursos obtenidos vía financiamiento conforme a las reglas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberán además proporcionar a la misma Secretaría, toda la información necesaria para llevar a cabo la vigilancia que le compete respecto a la aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados, con la periodicidad y en la forma que dicha Secretaría determine

ARTICULO 26.- Sin perjuicio de lo señalado por los artículos del presente capítulo las Secretarías de Estado encargadas de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán la utilización de los recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades de su sector.

Sin prejuicio de lo anterior, la Auditoria Superior de la Federación realizará la vigilancia y auditoría a la deuda pública.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados a través de la Auditoria Superior de la Federación realizará en los siguientes 60 días naturales una auditoría a la deuda pública nacional y extranjera vigente al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 10 días del mes de julio del 2018.

 A T E N T A M E N T E.