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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a tomar urgentes medidas para evitar y castigar la sustracción ilícita de cactáceas en el estado de Baja California Sur.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.  

P R E S E N T E .

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A TOMAR URGENTES MEDIDAS PARA EVITAR Y CASTIGAR LA SUSTRACCIÓN ILÍCITA DE CACTÁCEAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Baja California Sur se caracteriza, entre muchas cosas importantes, por su alta y única biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestres, cuya riqueza natural endémica y genética debemos admirar, respetar y proteger. En esta entidad federativa, dentro de su flora se encuentran cactáceas como el cardón barbón, el cardón pelón, el garambullo, la pitahaya dulce, la choya, la biznaga, el mezquite, y otros que tanto valor alimenticio, medicinal, cultural y ornamental proporcionan a México y al mundo entero.

A 53 kilómetros de la ciudad de La Paz, se haya el único Santuario de Cactus del país, en una reserva ejidal de 6 hectáreas aproximadamente, que alberga a más de 50 especies diferentes de cactáceas que han nacido, se reproducen y desarrollan en condiciones naturales y representan la riqueza natural de Baja California Sur.

Lamentablemente, durante varios años esta riqueza natural ha sido objeto de actos ilícitos como la sustracción, el desmonte y el robo ilegal, por parte de personas sin escrúpulos que la aprovechan con fines de lucro para alimento (por ejemplo, las biznagas) o para venta en el mercado negro de coleccionistas (especialmente el norteamericano), dañando seriamente los ecosistemas sudbajacalifornianos, obrando sin permisos en materia de vida silvestre, y afectando varias de las especies que se encuentran en algún estado de protección especial por estar en riesgo, amenazadas o en peligro de extinción, formalmente previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (NOM-059).

Desde septiembre del año pasado y hasta ahora, diversos periódicos de Baja California Sur han estado informando sobre la detención de personas que transportan de manera ilegal cardones de entre 1 a 3.8 metros de altura, provenientes de diversas zonas de San José del Cabo. Cabe decir que la longitud de estos ejemplares permite determinar su edad: un cardón de 1 metro tiene una edad de 100 años; de esa magnitud es la afectación que están realizando los saqueadores de cactáceas que, por desgracia, en su mayoría, siguen operando de manera libre e impune debido a la tolerancia, falta de interés y/o incapacidad de vigilancia por parte de las autoridades federales competentes.

La Policía Federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han llevado acciones coordinadas para la realización de operativos de inspección y detención de algunas personas que, in fraganti, en el acto mismo de la sustracción y/o transporte ilícitos, estaban disponiendo de varios ejemplares de cactáceas típicos de Baja California Sur, sin acreditar su legal procedencia.

Ante estas acciones oportunas, aunque escasas, de detención de infractores de la ley, la PROFEPA ha indicado lo siguiente:

  1. Que el problema común es la falta de acreditación de la legal procedencia.
  2.  
  3. Que la medida de seguridad que se les impone a los presuntos infractores es el aseguramiento precautorio de los ejemplares de cactáceas y de los vehículos, con base en el artículo 170, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
  4.  
  5. Que a los presuntos infractores también se les obliga a trasplantar los ejemplares sustraídos y su cuidado, en tanto se logra su recuperación y restablecimiento.
  6.  
  7. Además, se les impone una multa que oscila entre 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
  8.  

Si bien estos elementos que ha publicitado la PROFEPA resultan de una serie de normas infringidas, lo que las notas periodísticas no dan cuenta es que la actividad de sustracción y/o transporte de cactáceas es una conducta ilícita que puede ser constitutiva de una o más infracciones administrativas -tal y como lo ve la PROFEPA, según se desprende de sus constantes declaraciones- o de delitos contra el ambiente, ambos del orden federal.

Estas conductas parten de una infracción común: la falta de acreditación de la legal procedencia, figura regulada tanto por la Ley General de Vida Silvestre -de la que no da cuenta la PROFEPA en sus declaraciones a medios-, como por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

¿Hasta qué punto estas conductas infractoras encuadran en la Ley Forestal, cuando no son propiamente materias primas forestales? Eso tiene que resolverlo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La sustracción y/o transporte de estas especies sin acreditar su legal procedencia es una infracción a la Ley General de Vida Silvestre, en sus artículos 50 a 52, y un delito conforme al artículo 420, fracciones IV y V, del Código Penal Federal, conforme a lo siguiente:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE:

Artículo 50. Para otorgar registros y autorizaciones relacionados con ejemplares, partes y derivados de especies silvestres fuera de su hábitat natural, las autoridades deberán verificar su legal procedencia.

Artículo 51. La legal procedencia de ejemplares de la vida silvestre que se encuentran fuera de su hábitat natural, así como de sus partes y derivados, se demostrará, de conformidad con lo establecido en el reglamento, con la marca que muestre que han sido objeto de un aprovechamiento sustentable y la tasa de aprovechamiento autorizada, o la nota de remisión o factura correspondiente.

En este último caso, la nota de remisión o factura foliadas señalarán el número de oficio de la autorización de aprovechamiento; los datos del predio en donde se realizó; la especie o género a la que pertenecen los ejemplares, sus partes o derivados; la tasa autorizada y el nombre de su titular, así como la proporción que de dicha tasa comprenda la marca o contenga el empaque o embalaje.

De conformidad con lo establecido en el reglamento, las marcas elaboradas de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, podrán bastar para demostrar la legal procedencia.

Artículo 52. Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies silvestres, deberán contar con la autorización correspondiente otorgada por la Secretaría de conformidad con lo establecido en el reglamento. Asimismo deberán dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas correspondientes.

No será necesario contar con la autorización de traslado a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:

a)   Mascotas y aves de presa, acompañadas de la marca y la documentación que demuestre su legal procedencia, o en su caso la marca correspondiente.

b)   Ejemplares adquiridos en comercios registrados, que cuenten con la documentación que demuestre su legal procedencia, o en su caso la marca correspondiente.

c)   Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas y museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente expedida por la persona física o moral a la que pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.

d)   Ejemplares procedentes del o destinados al extranjero, que cuenten con autorización de exportación o con certificado al que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, expedido por la Secretaría.

CÓDIGO PENAL FEDERAL:

Artículo 420 .- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

IV.    Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o

V.      Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Como se puede observar, no basta con castigar a las personas infractoras con penas económicas administrativas. Es necesario valorar la normatividad aplicable y la más eficaz para desestimular la comisión de estos actos de robo de la riqueza natural de Baja California Sur y del país en general, con fines comerciales.

La Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal debieran ser los ordenamientos bajo los cuales se determinen la ilicitud de estas conductas y sus correspondientes consecuencias jurídicas; de lo contrario, la sola multa administrativa no solo resulta ineficiente, sino que induce a los infractores a seguir cometiendo estos delitos, ante la facilidad de pago de sanciones monetarias frente al beneficio económico que les representa la actividad del saqueo.

Tan solo la aplicación de la multa máxima asciende a $1’689,800.00 pesos, cuando cada ejemplar de cactácea se vende aproximadamente en $2,000.00 dólares americanos. En el caso que reportan los periódicos, de 21 cardones asegurados, la ganancia en pesos mexicanos, por venta de ejemplar en dólares americanos, sería hoy de $832,020.00 pesos. 

Todos, en especial las autoridades de la SEMARNAT y de la PROFEPA, debemos tomar conciencia de que estamos frente a un negocio altamente lucrativo, el de la venta ilegal de especies de cactáceas endémicas, únicas, cuyo mercado es internacional y su demanda es realmente amplia: ornamental, alimenticia o de investigación genética para aprovechamiento lucrativo a través de patentes y marcas comerciales.

Nos quejamos de que otros países pretendan patentizar la vida a costa de la diversidad biológica de México, pero no hacemos lo necesario para protegerla de origen; preferimos los tribunales internacionales comerciales a las acciones gubernamentales internas.

Permitir el saqueo de especies de flora y fauna silvestres mexicanas, además, es una violación flagrante a los tratados internacionales de los que nuestro país es Parte, como el T-MEC, recién aprobado por esta H. Soberanía, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, entre otros. La protección de la naturaleza que haga el gobierno de México tiene muchos ojos fuera de nuestras fronteras.

Esto, aunado a las políticas de austeridad de la cuarta transformación, hará que el problema que hoy se denuncia se haga más grande y más grave, debido al adelgazamiento de la burocracia federal especializada en inspección y vigilancia en materia de protección ambiental. Sabemos que la PROFEPA ya no cuenta con delegados en las entidades federativas y sus servidores públicos siguen siendo sujetos de despido laboral, justificando estas medidas en la corrupción de los gobiernos anteriores y en aras del manejo clientelar de los recursos públicos, sin considerar los daños al medio ambiente.

Esto solo hará que los problemas ambientales y sociales se hagan cada vez más grandes y, cuando se quieran resolver, será tal vez muy tarde. Debemos recordar que el deterioro de la naturaleza genera pobreza, atenta contra la cultura, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, y sus efectos, como el cambio climático o la desertización no esperan, no olvidan, no perdonan.

No podemos permitir que este saqueo de cactáceas siga sucediendo en perjuicio de la naturaleza de nuestro país y de sus localidades. Es indispensable que se refuercen las labores de inspección y vigilancia ambiental en Baja California Sur y en todo México, ya que este tipo de conductas contra la fauna y la flora de nuestro territorio nacional se presentan a lo largo y ancho del país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, a proteger la naturaleza mexicana, en el ámbito de su competencia, en particular autorizando y asignando dentro de su política de austeridad republicana, mayores recursos económicos y humanos para fortalecer la función de inspección y vigilancia en materia ambiental que realiza la SEMARNAT, a través de la PROFEPA, para combatir, erradicar y evitar el saqueo de especies de flora y fauna silvestres, con fines lucrativos, en todo el territorio nacional.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la SEMARNAT a establecer en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales una política de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales a la altura de los retos que implica la solución del saqueo y comercialización ilícitos de especies de flora y fauna silvestres, en todo el territorio nacional, considerando lo dispuesto por la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-059.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular de la PROFEPA para que refuerce el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, así como de sanción, en materia de vida silvestre, en el Estado de Baja California Sur, para evitar, erradicar y detener el saqueo y tráfico de especies de flora y fauna silvestres, en especial de cactáceas como el cardón barbón, considerando, dentro de las posibilidades de atención jurídica de este problema, la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 420, fracciones IV y V, del Código Penal Federal.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a tres de julio de 2019.