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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, con el objetivo de que funde y motive las razones que fueron tomadas en consideración para que la dependencia a su cargo, no aceptara la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante la cual se establece que la cancelación del “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” viola los derechos de niñas, niños, madres, responsables y trabajadoras de las estancias, y solicita al Gobierno Federal que acepte y cumpla dicha Recomendación a cabalidad.

Se dio turno directo a la Tercera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, CON EL OBJETIVO DE QUE FUNDE Y MOTIVE LAS RAZONES QUE FUERON TOMADAS EN CONSIDERACIÓN PARA QUE LA DEPENDENCIA A SU CARGO NO ACEPTARA LA RECOMENDACIÓN 29/2019 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH), MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE QUE LA CANCELACIÓN DEL “PROGRAMA PARA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS” VIOLA LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, MADRES, RESPONSABLES Y TRABAJADORAS DE LAS ESTANCIAS, Y SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL QUE ACEPTE Y CUMPLA DICHA RECOMENDACIÓN A CABALIDAD.

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoya y reconoce la importante labor realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) al emitir la Recomendación 29/2019 [*] el pasado 10 de junio.

Esta recomendación que tiene sustento en el interés superior de la niñez, busca de parte del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Bienestar, mayor sensibilización y la restitución de los derechos que les fueron violados a los niños, niñas, madres, responsables y trabajadoras de las estancias infantiles.

Lo anterior, como consecuencia de los más de 4 mil 500 amparos que se han presentado en todo el país, que han derivado en 580 suspensiones definitivas en por lo menos 10 entidades: Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Sinaloa, en beneficio de las beneficiarias de las estancias infantiles, así como de la jurisprudencia sobre suspensiones provisionales en materia de recursos para estancias infantiles en el Estado de Chihuahua que obliga a toda la jurisdicción en esa entidad federativa a reinstalar el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, la cual representa un antecedente importante para todo el país basado en el principio de interés superior de la niñez.

Esta jurisprudencia, de la mano con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), serán material sustantivo para que los jueces resuelvan próximos amparos, además que, en su momento, tendrá que ser analizada y valorada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El juicio de amparo es un derecho que permite a los ciudadanos cuestionar la constitucionalidad respecto a la actuación de la autoridad, al tiempo de permitir la protección de sus derechos al acotar el ejercicio del poder público.

El de las estancias infantiles representa uno de los casos más emblemáticos en los que se limita el poder de las autoridades federales porque sus decisiones afectan a la niñez mexicana al contravenir el bloque de constitucionalidad, es decir, aquellos parámetros de control de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por diversas vías y por mandato de nuestra Ley suprema y los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos, en los que se incluyen aquellos tendientes a proporcionar una protección especial a la infancia.

Por su parte, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), van encaminadas a la protección de los derechos humanos y tienen la función de contribuir al desarrollo integral de la persona, ya que le permite delimitar una esfera de autonomía dentro de la cual puede actuar libremente y sentirse protegida, así como establecer controles contra los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función por parte de los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea ésta del ámbito federal, estatal o municipal.

En este mismo tenor, la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicita a la Secretaría de Bienestar establecer un mecanismo que restituya los derechos que fueron violados, actualizar el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del  “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, realizar el pago retroactivo de los subsidios, además de obligar a esta dependencia a establecer un instrumento para verificar que los apoyos se utilicen en servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Precisa, además, que el nuevo programa implementado por la Secretaría de Bienestar conocido como “Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” que busca eliminar el esquema de intermediación en las guarderías, no suple a cabalidad el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, ya que no garantiza la progresividad de los derechos de los niños, niñas, madres, responsables y trabajadoras de las estancias infantiles.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce que el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, de acuerdo a las evaluaciones del CONEVAL, significaba una política pública exitosa por lo cual solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Bienestar, que garanticen la progresividad de los Derechos Humanos en los recursos que deben asignarse; es decir, que el presupuesto que se destine a este mecanismo de restitución sea al menos igual al asignado en el año 2018 (4 mil millones de pesos), a fin de garantizar la misma cobertura poblacional y geográfica.

Respecto al funcionamiento de espacios de cuidado infantil, la recomendación solicita dar prioridad a las responsables de estancias para la operación de estos centros y responsabiliza al Sistema Nacional DIF de su supervisión y vigilancia.

En México, la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación, lo que se ha traducido en una ampliación de los derechos inherentes a este sector de la población. De esta manera, se ha reconocido en nuestra Carta Magna el derecho que tienen los niños de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

A efectos de garantizar lo anterior, a través de la reforma al artículo 4º Constitucional publicada el 7 de abril del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares con el propósito de que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños.

Tales adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dio como resultado que el 29 de mayo del año 2000, fuera promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se pretende asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional, social y moralmente, en condiciones de igualdad.

Los objetivos que, a través de la emisión de dichas reglas se ha fijado el Estado mexicano, son la expresión de compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, por medio de los cuales se pretende reafirmar la intención de garantizar a nuestros niños y niñas su pleno desarrollo.

De esta manera, México ha ido consolidando una estructura jurídica que responde a los compromisos adquiridos a través de diversos instrumentos internacionales, los cuales tienden a proporcionar una protección especial a la infancia, entre los cuales podemos destacar la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño [*] , la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas los días 20 de noviembre correspondientes a los años 1959 [*] y 1989 [*] , respectivamente.

La Convención sobre los Derechos del Niño reviste especial importancia, ya que en su parte considerativa reconoce que los niños por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especiales e, incluso, la debida protección legal. Asimismo, considera que los niños deben estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad, por lo tanto, deben ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas [*] y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Si tal como hemos referido con antelación, el Estado mexicano ha reflejado en el artículo 4º de la Constitución Federal y su Ley reglamentaria, así como en diversos instrumentos internacionales su preocupación por el desarrollo de la niñez, la consecuencia lógica de todo este entramado jurídico sería que lo previsto en tales ordenamientos trajera aparejada una mejora notable en las condiciones de vida de nuestros infantes, lo cual es totalmente contrario a las erráticas decisiones que ha venido tomado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al cancelar el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

El Estado mexicano está obligado a cuidar del interés superior de la niñez, disponer de todos los medios a su alcance para seguir brindando oportunidades de desarrollo a la niñez, así como de llenar los vacíos que, con su omisión, las autoridades educativas han generado en el ámbito de la educación inicial.

A partir de lo anterior, podemos aseverar que no hay opciones para el gobierno federal como encargado de ejercer el presupuesto para limitar derechos de los infantes, sino que existe un imperativo que lo constriñe a actuar de una forma determinada a favor de ellos.

Desde que comenzó la administración de la “4T” hemos sido testigos de la forma en que sistemáticamente se han venido violentando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dentro de este contexto, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) toma una gran relevancia porque apunta a preservar programas sociales que tienen como propósito proporcionar asistencia a los infantes y a quienes cuidan de ellos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con 29 años de existencia (surge el 6 de junio de 1990), se ha constituido en un contrapeso institucional ante los abusos de poder, ya que, como una institución autónoma del Estado, independiente de gobiernos, partidos e intereses, ha sido el garante para lograr que los derechos humanos de las víctimas se defiendan y protejan.

De ahí que, la poca simpatía y desprecio que mostró la Secretaría de Bienestar a cargo de María Luisa Albores González hacia la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la que hemos hecho referencia, no deja de preocupar por la falta de institucionalidad y sensibilidad hacia la niñez mexicana.

La Secretaría del Bienestar no sólo rechazó la recomendación que le extendió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las estancias infantiles, sino que a través del oficio SB/SDSH/200/435/2019 [*] de fecha de 21 de junio del presente año, suscrito por la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes y dirigido a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó al organismo autónomo de encubrir crímenes y mantener la impunidad durante el “periodo autoritario neoliberal”.

La Secretaría de Bienestar calificó como “una aberración inaceptable” la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la cual este organismo autónomo afirma que la decisión del gobierno federal de cancelar el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, vulnera los derechos de niños, padres de familia, así como de los responsables de las guarderías.

En su respuesta a la Recomendación 29/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 21 de junio pasado, la Secretaría del Bienestar contestó, además, que no se viola ningún derecho de la niñez mexicana y acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de permitir “atrocidades contra la población” durante el “periodo neoliberal”.

El comunicado de la dependencia fue más allá cuando aseveró que: “en lugar de defender a la población de atrocidades cometidas por autoridades, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticia, corrupción y privilegios”.

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó el pasado 28 de junio como una "vergüenza" la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Bienestar y otras dependencias en relación al extinto “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

Frente a este exabrupto inaceptable donde incluso se acusó al organismo autónomo de exceder sus facultades, consideramos oportuno y necesario que la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, funde y motive las razones que fueron tomadas en consideración para que la dependencia a su cargo no aceptara la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, por el contrario, la desestimara a partir de un comunicado que se dio a conocer a través de las redes sociales donde se hizo uso de un lenguaje agresivo y fuera del orden institucional que debe regir la vida de la República.

Cabe destacar que esta determinación y la forma en que la Secretaría de Bienestar respondió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contraviene flagrantemente el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que a la letra establece lo siguiente:

“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, lamentamos profundamente que se utilice un lenguaje que conlleva el desprecio y la descalificación hacia una institución encargada de vigilar los excesos y abusos del Estado.

Rechazamos cualquier acto autoritario por parte del gobierno federal que atente contra la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y hacemos público nuestro respaldo a su recomendación para restituir el “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

Además, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional acoge y hace suyo el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) [*] dado a conocer a la opinión pública el pasado 28 de junio, como consecuencia de las desafortunadas declaraciones del Ejecutivo Federal al conocer la Recomendación 29/2019 relativa a las violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

Desde el Senado de la República estaremos vigilantes y apoyaremos todas aquellas acciones que adopte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como contrapeso institucional ante los abusos de poder, y para preservar los derechos de madres y padres trabajadores, pero, sobre todo, aquellas que tienen que ver con la defensa del interés superior de la niñez.


En su comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es contundente cuando establece que “México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, obligación que subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales. No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente la seguridad y oportunidades de vida y desarrollo de niñas, niños, así como de mujeres y hombres trabajadores.”

A partir de la negativa por parte de los destinatarios de la Recomendación 29/2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la H. Cámara de Senadores cite a las autoridades y servidores públicos responsables “para que comparezcan a explicar el motivo de dicha negativa” proceso para el cual este organismo autónomo  manifestó su más completa disposición a coadyuvar para que, “con elementos e información objetiva, concreta y verificable,” el Senado de la República, en el marco constitucional y legal que rige su actuación, pueda “valorar la pertinencia de esa negativa y las acciones que en consecuencia procedan”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el apartado B del artículo 102 constitucional, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con


Punto de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, con el objetivo de que que funde y motive las razones que fueron tomadas en consideración para que la dependencia a su cargo no aceptara la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, por el contrario, la desestimara a partir de un comunicado donde se hizo uso de un lenguaje agresivo y fuera del orden institucional que debe regir la vida de la República.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Bienestar, para que restituyan los derechos que les fueron violados a los niños, niñas, madres, responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, de conformidad con la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en respeto irrestricto al interés superior de la niñez.

Tercero. - La Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordará la fecha y el horario de la reunión de trabajo, para comunicarla por escrito a los legisladores y a la titular de la dependencia oportunamente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 3 días del mes de julio de 2019.

S u s c r i b e n,

Miguel Ángel Osorio Chongo                                               Manuel Añorve Baños

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura.