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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública; y a la Fiscalía General de la República, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, por los actos de corrupción derivados de la operación irregular de la empresa Odebrecht en México.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DERIVADOS DE LA OPERACIÓN IRREGULAR DE LA EMPRESA ODEBRECHT EN MÉXICO.

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, Diputada Federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Los escándalos derivados de la corrupta operación de la empresa Odebrecht en toda Latinoamérica ha sido de una trascendencia imponderable, tan es así que ha generado la caída de regímenes de gobierno y el encarcelamiento de presidentes y ex presidentesen 12 países, entre ellos Ecuador, Colombia, Argentina y varios más en África. En nuestro país, no obstante el discurso oficial en contra de la corrupción, el pacto de impunidad que establecieron de facto Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador ha empañado el ejercicio público y garantizado al ex presidente quedar sin ninguna responsabilidad pese a que existen múltiples indicios de su colusión en el asunto.
La semana pasada, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señaló que los delitos por los cuales el PRD habría denunciado a Enrique Peña Nieto debido al uso de recursos públicos durante la campaña electoral de 2012, han precluído, razón por la cual no puede ejercerse acción penal en su contra, por estas causas. No obstante, resulta escandaloso que ninguna de las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción hayan tomado cartas en el asunto e iniciado los procedimientos de investigación por los delitos de corrupción.
Debemos recordar que los delitos de corrupción se persiguen de oficio y no requieren de denuncia alguna para ser investigados, por ello resulta imprescindible que las instancias que conforman el Sistema Nacional Anti corrupción, como la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, así como la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, ambas personas muy cercanas al Presidente López Obrador, inicien los procedimientos correspondientes, en ejercicio de las facultades que las y los mexicanos decidimos atribuirles, acabando con la impunidad de la que gozan estos funcionarios.
En el caso de la Secretaria de la Función Pública, es menester recordar que, si bien forma parte de la Administración Pública Federal, y se encuentra sujeta directamente a los designios del Presidente de la República, la protesta de conducirse con apego a la Constitución y las leyes, la obliga a no permitir la pervivencia de prácticas perniciosas como es la suscripción de pactos no escritos que no garantizan la vigencia del Estado de Derecho y permiten que la corrupción sea una práctica constante en la administración pública, por encima de lealtades personales que únicamente lastiman la legalidad.
Debemos recordar que, entre los tipos penales introducidos al Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, por la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se encuentran el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En esta reforma se estableció que los tipos penales entrarían en vigor una vez que la Cámara de Senadores hubiera nombrado al Fiscal Anticorrupción, nombramiento que se produjo el 8 de febrero pasado, en favor de María de la Luz Mijangos.
Todos estos delitos son perseguibles de oficio y corresponde, directamente, a la nueva Fiscal su investigación, lo cual daría muestras del compromiso de la Fiscalía General de la República con la legalidad y el combate a la impunidad así como de la autonomía e independencia con que debe conducirse la Fiscal Mijangos, de frente a las decisiones del titular del Poder Ejecutivo Federal.
En el mismo tenor, es de resaltarse que, en días anteriores, se dio a conocer la relación del abogado Javier Coello Trejo, representante legal del Señor Lozoya, quien, al mismo tiempo, es representante legal del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, situación que pone en tela de juicio la imparcialidad de las actuaciones de la Fiscalía. Si bien múltiples voces de la opinión pública así como el propio Presidente López Obrador han señalado que en esa relación no existe la configuración de una conducta delictiva, esas mismas voces han señalado que se trata de un hecho inmoral. No obstante, la opinión pública no constituye la instancia autorizada para la investigación de lo que, por lo menos podrían constituir faltas administrativas y evidenciar conflictos de interés. Es por ello que la instancia competente debe realizar las investigaciones correspondientes y proceder conforme a derecho.
Por todo lo anterior, plenamente comprometida con la legalidad y la transparencia, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para que, a la brevedad, inicien o continúen las investigaciones correspondientes destinadas a deslindar las responsabilidades de servidores públicos de la pasada administración federal, específicamente del ex presidente Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin, relativas a los hechos ilícitos relacionados las actividades de la empresa Odebrecht en México.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República para la realización de las investigaciones correspondientes derivadas del posible conflicto de interés de. Dr. Alejandro Gertz Manero, por la contratación de Javier Coello Trejo, como su representante legal.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de julio de 2019.
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