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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a respetar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Quienes suscriben, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El 10 de abril de 2003 se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Su propósito ha sido lograr una administración pública profesional, eficiente y orientada a responder las demandas de la población.

Mediante el servicio profesional de carrera, se buscado garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza en la Administración Pública se base en principios como mérito, igualdad de oportunidades, la legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia y lealtad institucional.

Sin embargo, a más de tres lustros de iniciada su implementación, dista de haber consolidado un auténtico servicio de carrera. De hecho, el gobierno federal no ha ofrecido un diagnóstico integral del mismo ni por tanto, las medidas necesarias para cumplir con sus metas.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que la problemática que enfrenta el Servicio Profesional de Carrera es la insuficiente coordinación de los diferentes actores; deficiencias en el ingreso y ascenso; y una limitada capacitación de los funcionarios.

El servicio no ha ayudado a solventar problemas de la Administración Pública Federal como son la falta de continuidad de las políticas públicas; ineficiencia en la prestación de bienes y servicios a la sociedad, así como el incumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la planeación del desarrollo.

Su cobertura ha sido limitada. Hacia 2018, de 1 millón 302 mil 399 servidores públicos del gobierno federal, sólo 26 mil 103 forman parte del esquema de profesionalización.

La aspiración de un servicio de carrera significa que sea cual sea la formación política que llegue a gobernar, el cuerpo profesional al servicio de la población debe ser el mismo y no el resultado de componendas, compromisos, intereses o relaciones personales y familiares del grupo que llegue al poder.

Si bien, esto no se ha logrado. Tampoco se ha abordado como un problema a resolver a pesar de que prevalece una ley vigente que de mantenerse al margen o como un marco que rige a una pequeña proporción de servidores públicos.

En este contexto, resulta una medida contraria a la profesionalización del servicio público el anuncio realizado por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cesar a 5 mil funcionarios de carrera de la Administración Pública Federal, bajo el esquema de retiros voluntarios.

Se trata de servidores que se han mantenido en sus cargos por diversas administraciones y que se mantienen en sus cargos y logran reconocimientos y promociones mediante concursos de oposición.

Cesar a este personal, sin un diagnóstico previo, sin el reconocimiento a las capacidades y experiencias debilita a un gobierno de por sí enfrentado a sus trabajadores desde el inicio de la actual administración.

El discurso de austeridad tampoco tiene que sustentar medidas que desmantelen las instituciones públicas, pongan en riesgo la prestación del servicio público, ni afecten derechos de trabajadores que han sido la base fundamental que sostiene las políticas públicas.

Estos movimientos deben ser explicados e incluso deben hacerse con pleno respeto a los derechos humanos y laborales de los servidores públicos. La revaloración del trabajo público debe ser reconocida por el gobierno pues es mediante el servicio público como el gobierno provee servicios y bienes a la población y lograrlo con calidad y oportunidad no puede resultado de la improvisación o de discursos de buenas intenciones.
De manera paralela, durante los siete meses de este gobierno, se han despedido a muchos trabajadores de honorarios, sin que se les haya cubierto ninguna liquidación ni gratificación por la terminación de la relación laboral. En estos casos, debido a que resulta indispensable la renovación de los contratos, simplemente no se procedió a ello, dejando a los trabajadores en la más grade indefensión. De estos trabajadores ni la Secretaría de Hacienda tiene un número acertado, lo cual resulta preocupante, ya que las cifras van desde 21 mil hasta los 113 mil burócratas despedidos. Esta situación no sólo afecta a las personas de manera particular, sino que contribuye a la desaceleración de la economía mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, altamente comprometidas y comprometidos con los derechos laborales de todas y todos los trabajadores, quienes suscribimos sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe respecto a

  1. El número de contratos por honorarios que han sido cancelados o no han sido renovados en la Administración Pública Federal y el monto total de las liquidaciones y/o gratificaciones que han sido erogadas por este concepto.
  2. El número de plazas del Servicio Profesional de Carrera que han sido canceladas y/o el número de trabajadores pertenecientes a éste y el monto que ha sido erogado por liquidación y/o gratificación a estos trabajadores.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a respetar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos de carrera, por lo que, en caso de emprender medidas de ajuste presupuestal, éstas no afecten tales derechos y valoren la experiencia, el compromiso y el mérito de los servidores públicos, basándose en criterios de aplicación general mediante un proceso público y transparente.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la elaboración de un diagnóstico sobre el estado que guarda el servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, a fin de emprender las medidas legales y administrativas que sean necesarias para alcanzar un servicio público profesional, eficiente y eficaz que garantice la prestación de servicios oportunos y de calidad para toda la población.
Suscriben,

 

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña          Dip. Claudia Reyes Montiel

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de julio de 2019