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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De los diputados Rubén Cayetano García y Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, para que investigue las acusaciones por el delito de tortura, cometido durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


Proposición con punto de acuerdo, de URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, que   exhorta, a la Fiscalía General de la República para que investigue las acusaciones por el delito de TORTURA cometido en contra del C. CARLOS CANTO SALGADO, durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en el cual se encuentra involucrado el C. CARLOS GÓMEZ ARRIETA, Ex Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de manera exhaustiva revise los nombramientos que en materia de seguridad pública ha realizado durante su mandato;

Rubén Cayetano García y Anita Sánchez Castro, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El pasado 21 de junio de 2019 se dio a conocer a través del portal de Youtube un video en el que aparece un hombre al momento de ser torturado por otro con uniforme de la Policía Ministerial Federal y uno más con camuflaje gris de la Secretaría de Marina, en relación a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

La víctima de tortura es el C. Carlos Canto Salgado, detenido desde el 22 de octubre de 2014, quien actualmente se encuentra procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro ante el Tercer Juzgado de Distrito de Matamoros, Tamaulipas , y a la fecha sigue recluido.

La grabación, que dura un minuto con 11 segundos, muestra un interrogatorio por tortura a un hombre que revela detalles de los estudiantes. Los agentes le exigen a la persona, que está maniatada y con los ojos vendados, que responda a qué lugar se llevaron a los normalistas, pero al no obtener la información que requieren lo asfixian con una bolsa de plástico.

Además de lo anterior, sale a relucir el nombre de Carlos Gómez Arrieta, incluido en el título del video, quien era encargado de despacho de la Policía Federal Ministerial, durante la gestión de Jesús Murillo Karam como titular de la Procuraduría General del República. Así mismo, en los oficios girados por agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de delincuencia Organizada (SEIDO) e integrados en el expediente de Ayotzinapa, se comprueba la participación activa de Gómez Arrieta en la indagatoria .

Carlos Gómez Arrieta, hasta antes de difundirse el video, fungía como Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.    

SEGUNDO. Este hecho obligó a la renuncia inmediata de Carlos Gómez Arrieta, como Subsecretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, fechado del 22 de junio de 2019, a las 8:31 horas en el que señala: 

“Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven.”

“Reiteramos nuestra disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en la indagatoria, relacionada con los lamentables hechos ocurridos en el año 2014 en el estado de Guerrero.”

Cabe señalar que CARLOS GÓMEZ ARRIETA, se desempeñó durante 15 años como Director General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, hasta que en octubre de 2014 salió de San Lázaro para incorporarse a la PGR, con lo que pasó de ejercer labores de seguridad y vigilancia a un área dedicada a la investigación.

Como Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República, ejerció el puesto menos de un año, pues en octubre del 2015, fue designado por el gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO como sub secretario de seguridad pública en el estado de Michoacán.

En 2017, el portal de Aristegui noticias, difundió la existencia de un informe oficial de la propia Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en el que se señalaba a CARLOS GÓMEZ ARRIETA por la utilización de fondos públicos para alimentar y cuidar a su caballo pura sangre, llamado “Furioso” al que alimentaba con dinero público destinado para los equinos de la Policía Montada .

TERCERO. Por su parte el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, quien ostenta la representación legal de los padres de familia de los 43 estudiantes desparecidos señaló en su cuenta de Twitter:

“#Torturar no es justicia

El video es la primera prueba visual sobre el uso de la tortura en el caso #Ayotzinapa, práctica que las instituciones han negado.

 Para que la verdad aflore, deben ser investigados quienes desde el poder cometieron irregularidades y delitos.

 #TorturaNuncaMás”                              

En este orden de ideas, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), organismos que han acompañado a las familias de los normalistas, emitieron ayer un pronunciamiento en que señalaron que el video muestra la tortura contra Carlos N, una de las 34 víctimas de tormento documentadas por la ONU-DH .

“En respuesta a señalamientos como el de la ONU-DH, la entonces PGR negó haber construido la llamada ‘verdad histórica’ con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración” .

Agregaron que además de exponer que en las indagatorias se usó la tortura, también se acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la encubrió, pues en su recomendación sobre los hechos sólo refirió tormentos para ocho detenidos. Demandaron castigo para quienes infringieron el maltrato.

También acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación, sobre el caso, que no es fiable, coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso, y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes .

CUARTO. Cabe destacar el que el uso de la “Tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes” es una práctica internacionalmente rechazada,  y está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO por tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, entre ellos, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU contra la Tortura y tratados regionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), tratados de derecho internacional humanitario (entre ellos los convenios de Ginebra) y el derecho internacional consuetudinario.

Se trata de una prohibición absoluta: no se permite ninguna limitación o falta de aplicación en ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

Según la definición más habitual y más utilizada, es decir la de la Convención de la ONU contra la Tortura, tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

La TORTURA es una GRAVE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, cuya prohibición es absoluta e inderogable, considerada por algunos tribunales internacionales como una norma de IUS COGENS, es decir comonormas imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional precisa para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos el sustraerse de las mismas.

Dicho de otro modo, las normas contra la TORTURA en su carácter de IUS COGENS están por encima de las voluntades estatales en tanto que no pueden ser derogadas mediante acuerdos de voluntades entre los Estados .

QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y reglamentos que de ella emanan establecen un sistema salvaguardas para evitar el uso de la tortura como método para obtener confesiones

El artículo 20 inciso A fracciones V y IX e inciso B) fracción II establecen: 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A.      De los principios generales:

V.      La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

IX.     Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X.      Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B.      De los derechos de toda persona imputada:

II.      A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;”.

El artículo 22 de la Carta Magna señala:

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

Por otra parte, para el asunto concreto que nos ocupa, la actuación del ministerio público en los casos en que se presume el uso de la Tortura, se regía por lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual se encontraba vigente al momento de que ocurrieron los hechos, y establecía que:

“los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente a los peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones; se encuentran obligados, entre otras similares, a impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se inflijan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes; los cuales deberán ser denunciados inmediatamente ante la autoridad competente”.

Así mismo, y en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, el 18 de agosto de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número A/057/2003, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos médicos legistas y/o forenses, y demás personal de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.

Finalmente, la hoy extinta Procuraduría General de la República, estableció mediante el Acuerdo A/085/15 las bases por el cual se establecen las Directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos en medicina y psicología y demás personal de la Procuraduría General de la República para los que se presuma el delito de tortura.

En este caso y sin prejuzgar sobre la presunta responsabilidad del C. Carlos Canto Salgado, en los hechos delictivos de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la Fiscalía General de la República debe practicar de inmediato el llamado Protocolo de Estambul al hoy indiciado; y el juzgado penal federal donde se le procesa está obligado a reconsiderar sus actuaciones a la luz de la nueva evidencia.

Todo delito de Tortura es una grave violación a los derechos humanos y una afrenta para la sociedad en su conjunto. No debe quedar impune un crimen de esta naturaleza.

El Estado Mexicano no debe ser omiso ante esta barbarie.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio se propone, como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que investigue las acusaciones por el delito de TORTURA cometido en contra del C. CARLOS CANTO SALGADO, durante las investigaciones por la Desaparición Forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en el cual se encuentra involucrado el C. CARLOS GÓMEZ ARRIETA, Ex Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, quien se desempeñaba como Encargado de Despacho de la Policía Ministerial Federal al momento de cometer dicho crimen, para que en su caso, consigne la carpeta de investigación ante los tribunales penales correspondientes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de manera exhaustiva revise los nombramientos que en materia de seguridad pública ha realizado durante su mandato, a fin de que se verifique que ningún mando superior, personal intermedio o de base de las corporaciones de seguridad ha participado en actos de tortura o violaciones a derechos humanos, tanto en el Estado de Michoacán, como  en cualquier otra entidad federativa o corporación policiaca del país.  

ATENTAMENTE

Rubén Cayetano García                                                 Anita Sánchez Castro

Reciento de la Comisión Permanente a 3 de julio de 2019.


Proceso. No. 225. 23 de junio de 2019. Caso Ayotzinapa, Video de la Tortura desmiente la “Verdad Histórica”. Pág. 33.

Idem. Pág. 32.

La Jornada, 24 de julio 2019. ONG: video demuestra que la PGR usó tortura al investigar caso Ayotzinapa. https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/009n1pol#

Ob. cit. 

Ibid.

Para algunos autores, las normas de ius cogens responden al mínimo jurídico esencial del "orden público internacional" (SCHWARZENBERGER, G.: International ius cogens, en Texas Law Review, 1965, vol. 43, pág. 456; y DE VISSCHER, Ch: Positivisme et ius cogens, en RGDIP, 1971, págs. 8 y 9).

. La existencia en el Derecho internacional de normas no derogables por la voluntad de los Estados viene avalada por la jurisprudencia internacional. Así, la jurisprudencia internacional se ha referido tanto de forma directa como indirecta a la noción de norma imperativa. En el Asunto Osear Chinn, el juez SCHUCKING señalaba en su opinión individual que no podía "imaginar que la Sociedad de Naciones hubiera comenzado los trabajos de codificación del Derecho internacional si... no fuera posible crear en este campo un IUS COGENS de tal modo que... todo acto efectuado en contravención con dicha obligación es nulo de pleno derecho..." (CPJT, Serie A/B, núm. 63, págs. 149 y 150); en el Asunto sobre las reservas a la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio, el TU admitió que los principios que sirven de base a la citada Convención son principios reconocidos por todas las naciones civilizadas, incluso "fuera de todo vínculo convencional", careciendo los Estados contratantes de intereses propios en dicho Convenio, pues "tienen solamente todos y cada uno un interés común, el de preservar los fines superiores que son la razón de ser del Convenio..." (CU, Recueil, 1951, pág. 23); en el Asunto del derecho de paso por territorio de la India, el juez FERNÁNDEZ indicó que "el Derecho general COGENS prima sobre todo derecho particular" (CIJ, Recueil, 1960, págs. 34); en el Asunto del Sudoeste africano segunda fase, en la opinión disidente del juez TANAKA se recoge la distinción entre IUS COGENS y derecho dispositivo (CIJ, Recueil, 1966, pág. 258 y ss.); y en los Asuntos relativos a la plataforma continental del Mar del Norte, los jueces SORENSEN, LACHS, TANAKA y PADILLA ÑERVO aludieron a la existencia de normas de IUS COGENS en el Derecho internacional (ICJ, Reports, 1969, págs. 24-46). Por otra parte, en los Asuntos relativos al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán (CIJ, Recueil, 1980, págs. 42 y 43) y al de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (CIJ, Recueil, 1986, págs. 100 y 101) el TU sostiene el carácter imperativo de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y consulares y de sus agentes y la prohibición del uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, respectivamente; si bien, el TIJ en ningún momento calificó de IUS COGENS tales reglas.

CARRILLO SALCEDO, J.: Soberanía del Estado y Derecho internacional, Madrid, 1976, pág. 253 y 258.