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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, para que, en cumplimiento de la convocatoria Proequidad 2019, vigilen que las dependencias, organizaciones, universidades, instancias sociales y entidades con las que se vinculen para la implementación de acciones que integran el proyecto beneficiado, tengan probada experiencia en investigaciones, actividades y trabajos con perspectiva de género y que los mismos se realicen con apego a los derechos humanos de las mujeres, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PROEQUIDAD 2019, VIGILEN QUE LAS DEPENDENCIAS, ORGANIZACIONES, UNIVERSIDADES, INSTANCIAS SOCIALES Y ENTIDADES CON LAS QUE SE VINCULEN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROYECTO BENEFICIADO, TENGAN PROBADA EXPERIENCIA EN INVESTIGACIONES, ACTIVIDADES Y TRABAJOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE LOS MISMOS SE REALICEN CON APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE.

Las suscritas Senadoras de la República, Mónica Fernández Balboa y Martha Lucía Micher Camarena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo, en materia de embarazo infantil y adolescente, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El embarazo infantil [*] y adolescente [*] es el resultado de la desigualdad estructural que coloca a las niñas y a las adolescentes en una situación de vulnerabilidad y de incapacidad de decidir sobre sus propias vidas y cuerpos. De acuerdo al Análisis de Causalidades del Embarazo en Niñas y Adolescentes Menores de 15 años está relacionado directamente a la violencia sexual, al matrimonio infantil y uniones tempranas, y a un ejercicio no planificado de su sexualidad como resultado de los estereotipos de género (SEGOB, 2018).

México tiene una obligación a nivel nacional e internacional para disminuir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil, en ese sentido el artículo 4 Constitucional señala que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus [hijas e] hijos” (el encorchetado es modificación propia para garantizar un lenguaje incluyente), así también indica:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), reconocen el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, y tienen el objetivo de prohibir la discriminación contra la mujer basada en el sexo, así como en los patrones culturales, prejuicios y prácticas que le coloquen en una relación de inferioridad.

La Ley General de Salud en su artículo 67, señala que la planificación familiar tiene carácter prioritario y debe incluir la información y orientación educativa para las y los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años; mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa.

La Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM 046– SSA2–2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” reconocen el derecho de las víctimas de violación a acceder a servicios de SSR (salud sexual y reproductiva).

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 50 señala que el Estado deberá:

“IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes;

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes”

Además, en su artículo 57 fracción XXI obliga a establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 19 establece el derecho de las niñas y niños a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha señalado que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. También ha señalado que:

“los Estados Partes deben proporcionar a las y los adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de las y los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.”

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), suscrita por México [*] , obliga a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar toda discriminación contra la mujer y modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y establece la obligación del Estado de condenar todas las formas de violencia contra las mujeres y adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

La Convención de los Derechos del Niño [y de la Niña] establece que una persona menor de edad no tiene el grado de madurez ni física ni psicológica, así como tampoco el entendimiento suficiente para medir las consecuencias que una actividad sexual tendrían para su cuerpo, vida y futuro. Por lo que, no existe manera para legitimar cualquier tipo de interacción sexual hacia una menor, sea consentida o no. De esta manera, cualquier acto sexual con una persona menor supone una violación a su sano desarrollo psicosexual y a su integridad corporal.

Sin embargo, a pesar de los instrumentos legales y los compromisos internacionales señalados, desde el 2007 el embarazo adolescente se ha incrementado de forma progresiva, en el 2016 hubo 11,808 nacimientos entre madres de 10 a 14 años (CONAPO, 2017). En ese sentido, en el último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2018) se estimó que uno de cada cinco embarazos en el país son de adolescentes y niñas que no alcanzan los 18 años, por lo que México ocupa el primer lugar en embarazos infantiles y adolescentes entre los países de la OCDE.

Lo que resulta especialmente preocupante considerando que el embarazo infantil y adolescente constituye para las niñas y adolescentes un obstáculo para su progreso personal, social y profesional, limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades, trunca sus aspiraciones y sus proyectos de vida. Implica, la mayoría de las veces, rezago educativo, desigual acceso a oportunidades de desarrollo, y barreras para obtener un empleo que implique mayor formación académica y experiencia. En ese sentido, “El informe el panorama de la educación 2013”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que las niñas que se casan o viven en pareja tienen menos probabilidades de continuar sus estudios, porque deben cumplir con roles domésticos o ser madres.

Ser madres a temprana edad no sólo limita las opciones de desarrollo de las niñas y adolescentes, sino que pone en riesgo su salud e integridad: el embarazo adolescente es la causa principal de mortalidad en niñas entre los 15 y 19 años en el mundo [*] . Las niñas y adolescentes menores de 15 años corren más riesgo de padecer eclampsia, anemia, hemorragia postparto, endometritis puerperal, fístula obstétrica, depresión postparto y tienen menor probabilidad de recibir atención médica durante su embarazo. Además, el riesgo de mortalidad infantil es 50% mayor en hijos de madres adolescentes, en comparación con madres mayores de 20 años [*] .

Según cifras de Children Internacional, las niñas que se casan antes de cumplir 18 años corren dos veces mayor peligro de sufrir abuso físico por sus maridos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012), el 70% de las niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron una hija o hijo, el padre tenía entre 18 y 78 años, lo que significa que esos embarazos son el resultado de violencia que puede presentarse desde coerción sexual hasta abuso y violación sexual.

Aunado a lo anterior, el embarazo adolescente no es solo un problema de salud global, sino que expresa desigualdad al presentarse con mayor frecuencia en los estratos sociales bajos en comparación con los altos. Las variaciones en México van desde 97 adolescentes por cada 1.000 mujeres embarazadas entre la clase más desfavorecida, a 15 adolescentes por cada 1.000 mujeres embarazadas en la más alta.  Además, el acceso a los anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas no es parejo a lo largo del país. Según el último informe “Estado mundial de las madres” de Save the Children, existe una discrepancia en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre los estados más al sur del país, como Chiapas, con un 35,5%, y el resto, donde se estima su uso en un 59%.

Con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, se diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual consta de ocho ejes rectores: 1) Intersectorialidad, 2) Ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos, 3) Perspectiva de género, 4) Curso de vida y proyecto de vida, 5) Corresponsabilidad 6) Participación juvenil, 7) investigación y evidencia científica y 8) Evaluación y rendición de cuentas. Su objetivo general es “Reducir el número de embarazos adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos”.

Para la Convocatoria del PROEQUIDAD 2019, emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) para que realicen acciones con perspectiva de género, con el fin de contribuir a la erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo adolescente se solicita que los proyectos sean elaborados desde las perspectivas de género, interseccionalidad y derechos humanos y con apego a la ENAPEA.

De esta manera, se busca crear proyectos inclusivos y adecuados culturalmente que mejoren las condiciones de vida de las niñas y las adolescentes.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para que, en cumplimiento de la Convocatoria PROEQUIDAD 2019, vigilen que las dependencias, organizaciones, universidades, instancias sociales y entidades con las que se vinculen para la implementación de las acciones que integran el proyecto beneficiado, tengan probada experiencia en investigaciones, actividades y trabajos con perspectiva de género y que los mismos se realicen con apego a los derechos humanos de las mujeres contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Atentamente.


[*] Se refiere al que ocurre en niñas y adolescentes menores de 15 años.

[*] Se refiere al que ocurre en adolescentes entre 15 y 19 años.

[*] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

[*] A pesar de que, en México, entre 2016 y 2017, la razón de mortalidad materna presentó un descenso de 9.4%, con 32 defunciones maternas por cada mil nacidos vivos18, en 2017 las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio son la sexta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años de edad19.

[*] OMS, El embarazo en la adolescencia, 2014

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