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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, realice una revisión presupuestal en los recursos asignados para la seguridad y otorgue los recursos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública, en los estados y los municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas, que reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible en el país; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, de manera urgente, establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad de México.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Poder Ejecutivo para que realice una revisión presupuestal en los recursos asignado para la Seguridad y otorgue los recursos necesarios para el fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Pública en los estados y los municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible en el país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México  para que de manera urgente establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad de México a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de para exhortar al Jefe del Poder Ejecutivo para que realice una revisión presupuestal en los recursos asignado para la seguridad y otorgue los recursos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública en los estados y los municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible en el país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México  para que de manera urgente establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad de México con base en las siguientes:

Exposición de Motivos

De acuerdo a las disposiciones constitucionales, la seguridad es una función a cargo del Estado, una obligación y fin del mismo, así como un derecho vital de los gobernados.
El artículo 21 constitucional contiene las bases de la seguridad pública en México, este artículo se divide en cuatro grandes rubros:

La función del Ministerio Público como el investigador de los delitos, la autoridad que ejerce la acción penal, salvo en el caso en que esta sea ejercida por el particular, y los casos en los que, en ejercicio de la acción penal pueda aplicar criterios de oportunidad .

La facultad del Ejecutivo Federal, que con aprobación del Senado, y de acuerdo a un criterio casuístico podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional

La función propia y exclusiva de la autoridad judicial en la imposición, modificación y duración de las penas, y la función de la seguridad pública a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y marzo de 2019, 8,493 personas fueron asesinadas en México, lo que se traduce en el primer trimestre de año más violento del que haya registro. Un 9.6% arriba del arranque de 2018, año que también cerró con el mayor número de asesinatos totales: 33.369 personas, desde 1997, que fue el primer año en que se contabilizó. Por otro lado, si se toma en cuenta el número de homicidios en el país desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, diciembre 2018, el total alcanza 11,372 víctimas.

Lo anterior muestra que el nuevo récord de homicidios contradice recientes declaraciones del Presidente, quien aseguró que las cifras de asesinatos no han aumentado durante su mandato, que inició en diciembre pasado.

Uno de los estados con mayor violencia en el primer trimestre de 2019 fue Guanajuato, con 947 asesinatos, esta región es uno de los puntos industriales más importantes de México, se la disputan a sangre y fuego el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El Estado de México fue el segundo más violento con 769 homicidios y Jalisco (oeste), el tercero con 720.

Según los datos de los documentos publicados por fuentes oficiales del gobierno de México se logra identificar otros tipos de delitos violentos como feminicidios, abusos sexuales, extorción, robo y lesiones personales, los que más han aumentado junto con el índice de homicidios en lo que va  del último año.

Es necesario enfatizar que el crecimiento que ha tenido el secuestro. (De diciembre de 2018 a mayo de 2019 se contabilizaron cinco secuestros en promedio al día).  De abril a mayo de este año creció 23.9 por ciento el número de secuestros en el país. Al comparar los cinco primeros meses de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018 se puede ver un incremento de 36.5 por ciento en este homicidio en el país.

Por su parte el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch (HRW), que analiza las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, estableció como los más vulnerados en México los casos de la tortura, las desapariciones forzosas, los ataques contra periodistas, las desapariciones extrajudiciales, la violación sistemática de los derechos de mujeres, niñas y comunidad LGTBI, entre otros.

Lamentablemente, el caso del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo se suma al de otros jóvenes que murieron debido a la violencia en México.

Norberto Ronquillo Hernández, estudiante de Mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, en la Ciudad de México (CDMX), fue secuestrado el pasado 4 de junio; a pesar de que su familia pagó el rescate, el joven de 22 años no volvió a casa, y su cuerpo fue hallado en Xochimilco.   El caso de Norberto no es el único en el que los jóvenes y estudiantes mexicanos han sido víctimas de la inseguridad que azota a México.

Aideé Mendoza, de 18 años (CDMX), asesinada el 29 de marzo, cuando tomaba clases al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, cuando una bala atravesó el salón y se alojó en su cuerpo.  Hasta la fecha no se sabe de dónde provino el disparo del arma 9 milímetros que terminó con la vida de la joven que aspiraba a ser forense al terminar el bachillerato.

Jenifer Sánchez Domínguez (CDMX). El 20 de marzo de 2019 salió de clases del CCH Oriente -donde también estudiaba Aidée Mendoza-  y nunca más se le volvió a ver con vida.   Su cuerpo sin vida fue hallado seis días después en el Estado de México, informaron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mariana Valladares Castañeda (Morelos), estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y jugaba en el equipo de tochito Venados Black.  La joven de 22 años desapareció el pasado 9 de mayo luego de salir con amigos de la escuela y su cuerpo fue hallado el 10 de mayo en el municipio morelense de Xochitepec.

Son cientos de casos que se suman a la larga lista de homicidios en el país, sin recibir la atención oportuna por parte de las autoridades.

Tal parece que el gobierno federal, a la hora de la asignación de los recursos, se está olvidando de las promesas de campaña y de quienes les dieron el triunfo en las elecciones, ciudadanos que viven la inseguridad diariamente. Para el Ejecutivo es más importante incrementar el número de programas y el monto de los recursos en efectivo a entregar a diversos sectores de la población. Más que programas asistencialistas, hoy se requieren con urgencia estrategias de seguridad eficientes, con los recursos económicos suficientes para ponerlos en acción.

El Presidente de la República mantiene un discurso de víctima, asegurando que recibió al país en situación de desastre, invadido por la delincuencia. Sin embargo, él sabía qué país iba a recibir y aun así en su campaña prometió seguridad para todos. Ahora es momento de trabajar, de dejar la división del país a un lado y construir un México donde quepamos todos. El país que usted gobierna no necesita más fracturas, trabajemos unidos para proporcionar a los ciudadanos la seguridad que merecen.

Un claro ejemplo de que la seguridad no es un tema prioritario para este Gobierno es que a pesar de que argumentan que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad, este año los recursos destinados a los Fondos en Seguridad se redujeron de forma considerable, lo que provocará que los gobiernos locales tengan en la práctica menos recursos para tareas de seguridad.

La mejor prueba de esta despreocupación es la desmesurada disminución de apoyo a municipios del país; las posibilidades de que estos fondos se redujeron principalmente para costear la Guardia Nacional son muchas. Pero el discurso no concuerda con la realidad, ya que es más que paradójico que, se ha argumentado que una de las razones que motiva la creación de la Guardia Nacional, es la incapacidad de estados y municipios de hacerse cargo de la seguridad.

No podemos olvidarnos que las policías locales y estatales son parte del problema de la seguridad en México, por lo que también forman parte de la solución, y que, debido a la falta de recursos, insumos, capacitación, procesos y depuración, no han cumplido de la mejor forma con su tarea, es decir, por mucho que haya esfuerzos federales en la materia, es fundamental mantener el FASP y el FORTASEG, o la creación de programas similares con otros nombres y reglas de operación. Si la verdadera intención del gobierno federal es mejorar la seguridad, tenemos que contar con corporaciones fuertes desde lo local.

En la designación del 2019 para el FORTASEG fueron aprobados 3 mil 930 millones de pesos para distribuirse en el país, siendo beneficiados únicamente 252 municipios, 48 menos que en el 2018, lo que provocó la eliminación de municipios que presentan altos índices de violencia e inseguridad.

La bolsa general a repartir es de 3 mil 930 millones de pesos, prácticamente en el mismo nivel de 2018, cuando se autorizaron 4 mil 009 millones. La diferencia es de 79 millones.

Entre los principales problemas en materia de Seguridad en México podemos señalar:

  • Que la reacción de las autoridades frente a la creciente ola de delincuencia es insuficiente.
  • Falta de infraestructura, competencias, compromiso y coordinación entre autoridades.
  • Las instituciones de seguridad pública del país son débiles y el sistema de coordinación es inoperante.
  • Limitaciones críticas del modelo actual de 3 policías; aumenta la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin contar con un marco legal adecuado.
  • Vínculo entre delincuencia organizada y grupos de poder político y económico.
  • Hay lentitud en la mayoría de los procesos de cambio y fortalecimiento institucional; se incumplen las leyes, no se da seguimiento a los acuerdos ni se evalúa la calidad de las reformas.
  • Reformas de justicia penal en transición lenta y desigual.

Provocando que crezca la percepción de inseguridad en la población; aumente la desconfianza en las instituciones de seguridad pública; en algunos estados se reduce la denuncia de delitos.

La inseguridad genera cambios de hábitos, la gente deja de realizar actividades cotidianas de tipo laboral, social y recreativo por temor a sufrir algún daño.

Es prioritario, atender el problema de la inseguridad a fondo, ya que como lo señala un número significativo de especialistas en economía del sector privado concuerdan en que la inseguridad es el principal factor que afecta el crecimiento de la economía mexicana.

¿Qué pueden hacer los gobernadores y los presidentes municipales con estos recortes de recursos para la seguridad? No se podrá hacer suficiente. Sin embargo, sí sabemos es que le presidente arropa y protege a su Jefa de Gobierno de la CDMX, argumentando que no está sola y pidiendo el apoyo de la sociedad para con ella, ahora quiero saber en qué momento pide el apoyo para los demás gobernadores que están pasando por las mismas situaciones, Por lo que es momento de que el Presidente busque apoyar a todos los gobernadores que se enfrentan en soledad a los problemas de inseguridad en sus estados. Defender y proteger a la Jefa de Gobierno de la CDMX es algo inaceptable dada la ineficiencia con la que está atendiendo los problemas de la ciudad. La situación nacional reclama apoyo a todos los gobernadores por igual.

Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe del Poder Ejecutivo para que realice una revisión presupuestal en los recursos asignado para la Seguridad y otorgue los recursos necesarios para el fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Pública en los estados y los municipios, así como el establecimiento de las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros y homicidios en el menor tiempo posible en el País y la Ciudad de México

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que de manera urgente establezca las estrategias precisas que reduzcan las cifras de secuestros, robos y homicidios en el menor tiempo posible en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro a, …….de  2019

Dip. Ricardo Villarreal García


Aunque debe destacarse que, si el Ministerio Público ejerce criterios de oportunidad, el ejercicio de la acción penal no tiene razón de ser, sin embargo, la redacción del séptimo párrafo del artículo 21 constitucional así lo expresa: El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

Lo cual es una flagrante violación al Estatuto de Roma, toda vez que el artículo 120 de este tratado establece que no se admiten reservas y la Convención de Viena (que también es un tratado suscrito por el Estado mexicano) dispone en su artículo 2º párrafo 1, inciso d: se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización. Sin embargo a sabiendas de que esta disposición se encontraba en el Estatuto de Roma, el Estado mexicano pretende sustraerse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional conforme a los casos y las condiciones que al Ejecutivo no le convengan o no sea su voluntad hacerlo, pues dependerá de él y de la aprobación del Senado reconocer lo que se supone que ya suscribió, luego el artículo 19 de la Convención de Viena establece: Un Estado o una organización internacional podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse a él, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado. Tampoco es válido alegar la prevalencia del derecho interno, pues de acuerdo a la Convención de Viena no puede alegar una contradicción con el derecho interno de cada Estado como pretexto para la inaplicación de un tratado internacional.

. Fuente: Alto al Secuestro

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