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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica


De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviar a esta Soberanía, un estudio costo-beneficio, que permita analizar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el Gobierno Federal a partir de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, y el programa “Sembrando Vida” a favor de Guatemala, el Salvador y Honduras, traerán los resultados esperados en el tema migratorio.

Se dio turno directo a la Segunda Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN ESTUDIO COSTO-BENEFICIO QUE PERMITA ANALIZAR Y EVALUAR SI LOS ESFUERZOS QUE EMPRENDERÁ EL GOBIERNO FEDERAL A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN FINANCIERA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, Y EL PROGRAMA “SEMBRANDO VIDA” A FAVOR DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS, TRAERÁN LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL TEMA MIGRATORIO.

Los que suscriben, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El pasado 24 de junio el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por medio del cual se reforma la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, con el fin de otorgar apoyo económico como una acción específica de cooperación internacional en el tema migratorio.

El Decreto establece la constitución de un fideicomiso público de administración y pago, no considerado entidad paraestatal, denominado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, el cual estará coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe contará con un Comité Técnico conformado por dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; uno de la Secretaría de Gobernación; uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otro de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los demás invitados que por el ámbito de su competencia puedan contribuir respecto a la ejecución de programas y proyectos específicos, que se señalen en el contrato respectivo."

Los recursos que formaban parte de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe desde diciembre de 2011 como un instrumento de cooperación mexicana creado para canalizar apoyos financieros a proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe, ahora formarán parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que tiene como propósito fortalecer el desarrollo social y combatir de manera integral las causas la migración en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El objetivo es otorgar financiamiento a “programas, proyectos y acciones en los ámbitos de infraestructura, desarrollo de capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios, así como asistencia, capacitación, estudios e intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con los mismos”.

El Decreto en cuestión señala que, el objetivo de esta acción es “contribuir al desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el territorio nacional, así como fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente provechosas”.

El Decreto reforma lo establecido el 6 de diciembre de 2011, y en él se ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificar el contrato de fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Lo anterior, según señala la disposición, se modifica debido a que “el Gobierno de México, consciente de la migración en la frontera sur proveniente de los países hermanos de Centroamérica, requiere una nueva visión que permita el mejor aprovechamiento de los recursos” del fondo referido.

Cabe recordar que, el pasado 21 de junio el Gobierno mexicano presentó el programa “Sembrando Vida” como el primer programa de cooperación del Plan de Desarrollo Integral con el que se busca mejorar las condiciones de vida en los países centroamericanos y, atender desde su origen, la crisis migratoria. Lo anterior, en el marco de la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la fronteriza ciudad de Tapachula para ratificar su apoyo a la estrategia diseñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De un total de 100 millones de dólares provenientes del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe para arrancar con el plan de desarrollo en esa región y disminuir la migración hacia los Estados Unidos de América, el presidente de la República comprometió 30 millones de dólares para la siembra de árboles frutales y maderables en El Salvador.

Estos recursos, contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán), que dependen de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y está concebido como instrumento de cooperación que permite canalizar apoyos financieros a proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe, cuenta con recursos por 2 mil millones de pesos.  

Lo anterior, corresponde a la respuesta que el Gobierno mexicano ha implementado para frenar a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, a raíz del conflicto migratorio que derivó en diversas amenazas de parte del presidente Donald Trump, entre ellas, el aumento progresivo a los aranceles a los productos que se exportan de nuestro país a los Estados Unidos de América (EUA).

Lo anterior, nos lleva a preguntarnos si el Ejecutivo Federal en su apresuramiento por ser bien calificado por la administración del presidente Donal Trump, no está cayendo en medidas apresuradas que no permiten analizar con mayor detalle si las medidas contempladas y los recursos comprometidos por el gobierno federal para atender la crisis humanitaria en Centroamérica, realmente servirán como contención de los flujos migratorios. 

Las presiones que ha ejercido sobre nuestro país el presidente Donald Trump, al vincular el tema migratorio y comercial como parte estratégica de su campaña electoral rumbo a la reelección en noviembre de 2020, pueden estar provocando precipitaciones de parte del Gobierno Federal en su compromiso de frenar los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y evitar sanciones que pudieran repercutir en el ámbito económico.

De ahí que es importante señalar que, dentro de las estrategias para contener la migración anunciadas por el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores no se exhibe un estudio costo-beneficio que permita diagnosticar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el gobierno federal traerán los resultados esperados en el tema migratorio.

Lo anterior toma relevancia porque se están comprometiendo importantes recursos federales cuando se ha dicho hasta el cansancio que es necesario hacer ahorros. Además, es contradictorio porque el apoyo a Centroamérica obligado por presiones externas, va a contracorriente de la imperiosa necesidad de invertir recursos en el sector salud a nivel federal y de las entidades federativas para hacer frente al déficit de recursos financieros, materiales y humanos, para el pago de plazas de personal médico, la compra de medicamentos e insumos para la salud, contrataciones y mantenimiento de infraestructura, entre otros rubros, a fin de poder atender a la población derechohabiente.

La crisis que enfrenta el sector salud ante la falta de presupuesto para su funcionamiento óptimo es eminente y requiere de por lo menos 10 mil millones de pesos.

En este sentido, los suscritos consideramos oportuno solicitar al titular de las Secretaría de Relaciones Exteriores, un estudio costo-beneficio que permita analizar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el gobierno federal a partir de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe y el programa “Sembrando Vida” a favor de Guatemala, El Salvador y Honduras, traerán los resultados esperados en el tema migratorio para evitar las sanciones económicas y comerciales anunciadas por el presidente Donald Trump en caso de no cumplir con sus expectativas.

La migración cobra cada día mayor relevancia en la comunidad internacional. En México, ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional ya que la migración reúne las tres características que definen este fenómeno: origen, tránsito y destino de los migrantes.

Sin embargo, el fenómeno migratorio es un tema estructural que ha adquirido una dimensión global, por lo cual, es imposible que nuestro país resuelva por sí mismo un problema de gran complejidad. El tema migratorio en el mundo se ha convertido en un grave problema global y de crisis humanitaria, ya que millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los conflictos bélicos, la violencia, la persecución y las crisis económicas.

De ahí que a los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos gustaría conocer los estudios de costo beneficio para la implementación de políticas públicas nacionales de impacto en la región centroamericana, que nos permitan evaluar si, con estas medidas, México logrará enfrentar con éxito los desafíos permanentes de la migración y la crisis humanitaria que trae aparejada.

No se trata de permanecer ajenos a la grave situación por la que atraviesan nuestros hermanos centroamericanos, mucho menos, cuestionar el importante papel que México debe jugar dentro de las estrategias globales que permitan atender el fenómeno migratorio. Sin embargo, creemos que nuevamente estamos ante decisiones de gobierno que no se sustentan en diagnósticos y estudios sólidos que permitan evaluar con datos duros la efectividad de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de las Secretaría de Relaciones Exteriores a que envíe a esta Soberanía un estudio costo-beneficio que permita analizar y evaluar si los esfuerzos que emprenderá el gobierno federal a partir de la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, y el programa “Sembrando Vida” a favor de Guatemala, El Salvador y Honduras, traerán los resultados esperados en el tema migratorio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de junio de 2019.

S u s c r i b e n,