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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno de la República; y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objeto de que actualicen, de manera coordinada y con base a las necesidades actuales de la sociedad, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”.

Se dio turno directo a la Tercera Comisión.


C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE   LA   COMISION   PERMANENTE  DEL
HONORABLE  CONGRESO  DE  LA
UNIÓN.
PRESENTE
 
La suscrita Diputada Lizeth Sánchez García integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 15 y 16, y demás relativos y aplicables del ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición, con Punto de Acuerdo, por el que el Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objeto de que actualicen, de manera coordinada y con base en las necesidades actuales de la sociedad, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, al tenor de los siguientes:

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 3°, que toda persona tiene derecho a recibir educación y que los particulares podrán impartir los servicios educativos   en  todos

sus tipos y modalidades, en los términos que establezcan las leyes, y por otro lado en el diverso 28, establece que las autoridades perseguirán con eficacia cualquier abuso por parte de los prestadores de servicios así como los derechos de los consumidores.

El Estado Mexicano preocupado por garantizar y defender los derechos de los consumidores por los diversos abusos de proveedores de bienes, productos y servicios, el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la “Ley Federal de Protección al Consumidor”, iniciando con ello una nueva etapa en la que se protegen los derechos de los consumidores.

A partir de entonces nació a la vida jurídica la “Procuraduría Federal del Consumidor”, institución encargada de: proteger y promover los derechos de las y los consumidores; garantizar relaciones comerciales equitativas entre consumidores y proveedores de bienes, productos y servicios, que fortalezcan la cultura de consumo responsable; además de procurar el acceso de los consumidores en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, con el que se aseguren certeza, legalidad y seguridad jurídica, en las relaciones comerciales; sancionar a los proveedores de bienes, productos y servicios, que contravengan a lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Debido al constante cambio en las relaciones comerciales y ante la necesidad de regular las mismas, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se publicó la “Ley Federal de Protección al

Consumidor”, que abrogó la “Ley Federal de Protección al Consumidor” de mil novecientos setenta y cinco, cuyo objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.

Ahora bien, en virtud de que los servicios educativos prestados por particulares estaban escuetamente regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía, publicó el diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”.

Dicho marco normativo establece las obligaciones que deben cumplir los particulares que prestan servicios educativos, así como los derechos de los usuarios del mismo.

Cabe señalar que la validez y legalidad del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, ha sido cuestionada e impugnada; sin embargo, ante tal situación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Tesis Aislada 1a. CCLIX/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Diciembre de dos mil dieciocho, visible en el Libro sesenta y uno, Tomo I, página doscientos cincuenta y siete, estableció

que el: ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES MÍNIMAS DE INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN LOS PARTICULARES EXPEDIDO EL 10 DE MARZO DE 1992. NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD NI CONSTITUYE UNA INDEBIDA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS EN FAVOR DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

A partir de la fecha de publicación del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, este no ha sido armonizado y actualizado por las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento (Procuraduría Federal del Consumidor, y actualmente la Secretaría de Economía), tomando en consideración las necesidades presentes de la sociedad y en consonancia con el sistema jurídico mexicano.

En la revisión y análisis del multicitado Acuerdo, se sugiere que se adicione al mismo, que las Unidades Educativas:

  • Den cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que hace a que deben contar con sus Avisos de Privacidad así como el formulario o solicitud para que los particulares puedan ejercitar sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
  • Al prestar sus servicios educativos lo hagan sin discriminación alguna a los usuarios de sus servicios y que en todo momento se respeten los Derechos Humanos sancionados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y que son Ley Suprema de toda la Unión.
  • La prestación de los servicios educativos se brinde en un ambiente libre de violencia, a fin de garantizar el efectivo aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo educativo.
  • Regulen el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como medio de relación entre los prestadores de servicios educativos y los usuarios, a fin de que se pueda dar cumplimiento a sus diversas obligaciones, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente Punto de:

A  C  U  E  R  D  O

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que de manera coordinada y con base en las necesidades actuales de la sociedad,  armonicen y actualicen a la brevedad, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan  los  particulares”,  buscando  ante  todo, la  protección  de  los

derechos fundamentales de los consumidores previstos y sancionados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y que son Ley Suprema de toda la Unión.
 .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de junio  de 2019

DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DEL TRABAJO