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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que emita la Convocatoria del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil de este año, en los mismos términos que en el del año 2018.

Se dio turno directo a la Tercera Comisión.


Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que emita la Convocatoria del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil de este año, en los mismos términos que en el del año 2018.

La que suscribe, diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El trabajo infantil representa un problema que debe ser puntualmente atendido por los gobiernos alrededor del mundo, ya que implica un grave daño para la niñez, y representa enormes costos para las sociedades en general, teniendo como una de las peores consecuencias la creciente deserción estudiantil infantil, y la gran dificultad durante la edad adulta para tener acceso a trabajos mejor remunerados.

Para poner en su justa dimensión este asunto, basta señalar que en el mundo existen cerca de 218 millones de niños de entre 5 y 17 años, que participan dentro de alguna actividad económica; de los cuales, unos 152 millones de infantes son considerados como víctimas del trabajo infantil. Por sectores, el 71% se concentra en la agricultura con el 71%, mientras que el 17% trabaja en el sector de servicios y el 12% en el sector industrial.

Según la misma OIT, hacia 2016 en América Latina y el Caribe, más de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes estaban en situación de trabajo infantil; cifra que corresponde al 7,3% del total de la población regional de entre 5 a 17 años. Aunque también se puntualiza que entre 2008 y 2016 se dio una reducción de 3,7 millones de infantes en esta situación.

México no es ajeno a esta grave problemática. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), indica que existen 38.3 millones de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años; 11.4 millones son menores de 6; 13.2 tienen edades de entre 6 a 11; y 13.7 millones más se encuentran entre los 12 y los 17 años. De este total, 1.1 millones de entre 16 y 17 años no van a la escuela; solamente el 21.8% tiene algún grado de educación primaria; y sólo 62.8% lograría concluir la secundaria.

En este mismo sentido, según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), en su Informe de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México se ubica en el segundo lugar de la región, con la mayor prevalencia de trabajo infantil, con un total de 2 millones 217 mil 648 niños, niñas y adolescentes que trabajan, lo que significa un promedio equivalente al 7.5% del total de la población infantil del país.

Sin duda, las hijas e hijos de jornaleros agrícolas constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población. Cabe señalar que, según la ENOE, el segmento de los jornaleros agrícolas, al tercer trimestre de 2018, se estimaba en 2 millones 155 mil jornaleros (89.6% hombres y 10.4% mujeres), de los cuales el 39.6% tenía de 3 a 5 hijos, el 29.8% entre 1 o 2 hijos, el 20.9% no tenía hijos, y el 9.8% tendría 6 o más hijos.

De este universo de trabajadores agrícolas, la mayor parte son adultos de entre 30 a 64 años (57.7%); seguido por el sector de los jóvenes de entre 15 y 29 años (37.8%); y las personas de 65 años o más representa sólo el 4.5%. El 95.0% trabaja sin existir contrato escrito de por medio, y el 93.4% lo hacen bajo esquemas de informalidad. Asimismo, la distribución de ingresos es la siguiente: 53% de los jornaleros gana más de uno y hasta dos salarios mínimos; 35.1% menos de un salario mínimo; 10.0% percibe más de dos y hasta tres salarios; el 1.5% más de tres y hasta cinco; el 0.4% recibe ingresos por un solo salario; y sólo el 0.1% llegan a percibir más de cinco salarios mínimos.

A lo anterior, cabe añadir que aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan cada año sus comunidades con sus familias en busca de trabajo y mejores ingresos , por lo que se puede afirmar que esa población infantil es doblemente vulnerable: primero, por su calidad de migrante, y después por ser menores de edad e hijos de jornaleros agrícolas, que también se incorporan a las actividades productivas del sector, además de enfrentarse a la consecuente discriminación por motivos de origen, lengua y género.

Considerando las terribles consecuencias y resultados negativos que esta actividad infantil representa, el tema ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda internacional. La meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, contempla medidas específicas y eficaces “para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

En este contexto, durante la pasada administración se implementaron una serie de medidas tendientes a combatir dicha problemática, entre las que destacan las siguientes: se entregaron becas escolares a infantes de familias de bajos recursos y se implementó una de las más importantes políticas para la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

Además, el Titular del Poder Ejecutivo envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para reformar el Artículo 123 Constitucional Apartado “A”, Fracción III, a fin de elevar la edad mínima permitida para el empleo de los 14 a los 15 años, misma que fue aprobada por ambas cámaras y por la mayoría de las legislaturas estatales, para luego ser publicado el decreto correspondiente el 17 de junio del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Estas acciones posibilitaron la ratificación por parte de nuestro país del mencionado Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Y aunado a lo anterior es necesario resaltar el compromiso signado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mismo que fue ratificado por el Senado de la República el pasado 19 de junio donde en su apartado laboral las partes se comprometen a abolir el trabajo infantil y prohibir de las peores forma de trabajo infantil, por lo que resulta más que evidente la obligación del Estado Mexicano por generar las condiciones legales y de política pública para cumplir dichos compromisos.

En este orden de ideas, una de las más exitosas políticas para la erradicación del trabajo infantil que se han aplicado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la del otorgamiento a centros de trabajo agrícola del país del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI), que funciona como modelo de gestión y organización, y que permite a las empresas contratar a trabajadoras y trabajadores del campo.

Tiene una vigencia de dos años con posibilidad de renovación, y cobertura en todo el territorio nacional; atiende a empleadores, trabajadores, poblaciones indígenas y menores de edad. Además de que se garantiza por parte de los centros de trabajo el cumplimiento de las leyes y normas laborales vigentes, es una muestra de las prácticas de responsabilidad social y de la correcta aplicación de otras políticas de cuidado y protección infantiles. También contempla reglas y criterios en beneficio de las familias y los hijos menores de los jornaleros.

El principal objetivo del DEALTI, consiste en reconocer públicamente la aplicación de estas medidas a los centros de trabajo agrícolas de todo el país. Las empresas que lo adquieren reciben múltiples beneficios; son reconocidas como organizaciones de responsabilidad social comprometidas con la calidad de vida de los jornaleros agrícolas y de sus familias; se posicionan con inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general como “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, lo que favorece su incorporación a los mercados, al lograr una mayor productividad en un entorno laboral más justo y seguro.

Adicionalmente, los centros de trabajo pueden tener acceso a programas públicos como el de Atención a Jornaleros Agrícolas, que destina recursos para apoyar acciones de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de albergues para ofrecer atención a la población jornalera.

La relevancia de estos esfuerzos es evidente. Durante el periodo de 2010 al 2012, fueron reconocidos 107 centros de trabajo; entre 2013 al 2017, fue otorgado a 142 empresas, esto significó un total de 649 centros de trabajo reconocidos, distribuidos en 23 estados de la República, con lo que se logró beneficiar a más de 265 mil personas de manera directa; de las cuales el 35% fueron mujeres y el 65% hombres.

Este distintivo otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha contribuido a la consolidación de una cultura de la responsabilidad social, específicamente dirigida a la no utilización de mano de obra infantil, pero, además, al cuidado, protección y garantía de los derechos de los hijos de los trabajadores jornaleros agrícolas mediante la implementación de diversos procesos para el desarrollo integral de las familias.

Gracias a la aplicación de este tipo de medidas, se han logrado algunos resultados favorables, por ejemplo, entre el 2007 y el 2013, se registró una reducción del orden del 33.4%, en el número de niñas, niños y adolescentes ocupados; además, durante el periodo 2011-2013, la población de entre cinco a 17 años en situación de trabajo infantil, tuvo una disminución en más de 500 mil infantes, al pasar de 3, a 2.5 millones.

Como puede apreciarse, combatir y erradicar el trabajo infantil, en cualquiera de sus formas, ha representado para México enormes desafíos, por esta razón, desde cualquier ámbito se debe abonar a la construcción de una estrategia integral, con miras a encontrar soluciones eficaces e inmediatas con una perspectiva de protección y garantía a los derechos de la infancia, y con la colaboración y coordinación de los tres ámbitos de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad.

Son necesarias políticas públicas que verdaderamente permitan y garanticen a nuestras niñas, niños y adolescentes acceder a mejores condiciones de vida y donde les sean garantizados el acceso a una alimentación suficiente y adecuada, a una educación de calidad en todos sus niveles, así como a todos los servicios sociales y de salud que sean requeridos, en una palabra, a sus derechos fundamentales.

Con el propósito de continuar con los diferentes programas de apoyo y beneficio a los trabajadores del sector agrícola y particularmente, con el fortalecimiento de las acciones que permiten combatir y erradicar el trabajo infantil, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que emita la convocatoria para que los centros de trabajo agrícolas del país participen en el proceso de selección para obtener o renovar el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI), considerando los mismos términos que la convocatoria de 2018.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  al Gobierno Federal para que diseñe e implemente una estrategia integral que permita prevenir y erradicar el trabajo infantil en los campos agrícolas del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día de 24 de junio de 2019.

ATENTAMENTE


ENOE. (febrero de 2019). Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Obtenido de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

CEPAL. (24-26 de abril de 2019). Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Obtenido de Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44551/4/S1900070_es.pdf

ONU. (25 de septiembre de 2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

DOF. (12 de junio de 2013). ACUERDO por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Diario Oficial de la Federación, págs. 9-12.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348865&fecha=17/06/2014

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2014). El trabajo infantil en México: Avances y desafios. Ciudad de México: STPS. Recuperado el 6 de junio de 2019, de http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf