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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación de fiscales y personal ministerial en general, en materia de extinción de dominio y a considerar la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura, en todos los casos de corrupción que sean de su competencia.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REDOBLAR LOS ESFUERZOS ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN DE FISCALES Y PERSONAL MINISTERIAL EN GENERAL EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y A CONSIDERAR LA VIALIDAD JURÍDICA DE BUSCAR LA APLICACIÓN DE ESTA FIGURA EN TODOS LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SEAN DE SU COMPETENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

La que suscribe, Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al a la Fiscalía General de la República a redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación de fiscales y personal ministerial en general en materia de extinción de dominio, y a considerar la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura en todos los casos de corrupción que sean de su competencia.

Consideraciones

En abril de 2019, el recuento de bienes decomisados que se devolvieron a presuntos infractores de la ley, elaborado por el periódico reforma, daba cuenta del caso de Raúl Salinas de Gortarí, a quien en 2009 le regresaron cuentas bancarias; a Mario Villanueva Madrid, a quien en 2012 le devolvieron 5 propiedades; al recientemente liberado Andrés Granier, a quien en 2015 le devolvieron 9 de 13 inmuebles asegurados; a al menos un par de líderes sindicales a quienes les descongelaron cuentas bancarias entre 2018 y 2019 y les regresaron diversos viene muebles e inmuebles [*] .

Cabe señalar que para 2015 la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales (SEIDF) afirmaba que el uso de la figura de extinción de dominio, a nivel nacional, sólo se había utilizado en 64 ocasiones, de las cuales sólo 43 tuvieron sentencias favorables [*] .

Asimismo, la entonces Procuraduría General de la República, en 2016 reportaba seis sentencias ejecutorias de extinción de dominio “correspondientes a 5 inmuebles con un valor aproximado de 77.8 millones de pesos así como numerario en efectivo por 2.9 millones de pesos y 900 mil dólares americanos”. Por su parte, la SEIDO cerró ese año aplicando la extinción de dominio sobre 171.8 millones de pesos y 1.9 millones de dólares americanos.

A estas cantidades, la antigua PGR añadía 15 millones de dólares que sumaban la totalidad de los montos recuperados a través de la figura de extinción de dominio entre 2012 y 2016 [*] .

Al contrastar las cifras históricas derivadas del recurso de extinción de dominio o los montos devueltos a presuntos delincuentes frente a lo que se logra recuperar en otros países, queda en evidencia un uso ineficiente de esa herramienta en nuestro país. Ese hecho de impunidad, fue uno de los motores de la decisión que el electorado planteó hace un año y es uno de los motivos para que el actual liderazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera recaiga en un servidor público con el prestigio que tiene hoy su titular.

Sin embargo, la ciudadanía mantiene una preocupación legítima en las integraciones que haga el ministerio público federal. Ello, debido a que tan sólo en uno de los casos más recientes que vinculan a proceso a un exfuncionario de PEMEX, se ha hablado de hasta 10.5 millones de dólares de presuntos sobornos [*] , es decir, casi 200 millones de pesos, cifra superior a lo que se aseguró de 2012 a 2016 y a los aseguramientos “históricos” hechos por la SIEDO en 2016.

Considerando todo lo anterior, las posibles nuevas causas que se desprendan de este caso y las posibilidades de nuevos hallazgos que eventualmente se puedan encontrar con personajes públicos a quienes la prensa ha mostrado indicios de enriquecimiento inexplicable, así como las posibilidades que esta herramienta puede generar, a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (antes Sistema de Administración y Enajenación de Bienes), en medio de las necesidades presupuestales que tiene el país, resulta natural exhortar a la Fiscalía General de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación de fiscales y personal ministerial en general en materia de extinción de dominio, y a considerar la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura en todos los casos de corrupción que lleguen a sus manos. Ello al considerar que si bien la ciudadanía estaría atenta a que se procese y sentencie a los servidores públicos corruptos, acabar con la impunidad implica, principalmente que se reingrese a las finanzas públicas lo que se le haya hurtado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República a redoblar los esfuerzos orientados a la capacitación de fiscales y personal ministerial en general en materia de extinción de dominio, y a considerar la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura en todos los casos de corrupción que sean de su competencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2019.

ATENTAMENTE

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz


[*] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Extinción de Dominio”, Documento de trabajo Núm. 296, Noviembre de 2018, Cámara de Diputados.

[*] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Extinción de Dominio”, Documento de trabajo Núm. 296, Noviembre de 2018, Cámara de Diputados.

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