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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CáMARA DE SENADORES.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE expide la Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental

La suscrita Senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55, fracción II y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE expide la Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aumentar el ahorro público a través de un uso eficiente del gasto del Estado ayudará en el mediano y largo plazo a prevenir aumentos en los costos del financiamiento, además de propiciar un clima de estabilidad económica entre los inversionistas nacionales y extranjeros y contribuir a un gasto focalizado a atender las necesidades primordiales del estado que logren una equidad entre los sectores económicos de la región.  

Un ejemplo de ello, se pudo observar en el caso de Chile, que en el periodo de 2000 a 2005, incrementó su ahorro público en 2.5% del PIB, con lo que se incrementó el ahorro total respecto al PIB DE 20.6% A 23.6% respectivamente, condición que permitió que de igual forma las calificaciones crediticias de la soberana se elevara para llegar a una A+, quedando al nivel de países como Corea del Sur o Israel, y quedando como la más alta en América Latina.

Casos como el anterior expuesto, es el reflejo de una correcta implementación de ahorro público que trae consigo beneficios económicos que se traducen en oportunidades de crecimiento y desarrollo en nuestro país en distintos aspectos tales como el financiero, el laboral, el económico y sobre todo el social, realidad que puede ser una oportunidad similar para México.

Toda vez que, al garantizar que la eficiencia del gasto se encuentre respaldada con un plan de austeridad que propicie el ahorro público, fortalecerá la postura de las finanzas públicas para cumplir a cabalidad las obligaciones económicas del estado en cuanto a asignación, distribución y estabilización.

La presente propuesta contiene 35 artículos divididos en 4 capítulos y 3 disposiciones transitorias. En el Capítulo I, Disposiciones Generales, se señala que la Ley tiene por objeto establecer las disposiciones de austeridad que permitan la operación eficiente de los entes públicos bajo criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria; además contiene las definiciones de conceptos contenidos en la Ley; y, los sujetos obligados a las disposiciones contenidas. En el Capítulo II, De las Medidas de Austeridad, contiene las materias en las que dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones de austeridad presupuestaria; señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de racionalizar los recursos con que participa el país en el exterior; además contiene disposiciones sobre los vehículos oficiales, adquisiciones o arrendamientos de vehículos, telefonía celular, asesorías, equipo informático, pasajes aéreos, obsequios, entre otros. En el Capítulo III, De las Medidas de Eficiencia, establece las medidas a las quedeben sujetarse los fondos y fideicomisos. Finalmente, el Capítulo IV, Del Control y Vigilancia, señala que la Función Pública será la encargada de verificar el estricto cumplimiento de la presente Ley.  

En mérito de todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE expide la Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental.

Ley de Austeridad y Eficiencia Gubernamental

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las disposiciones de austeridad que permitan la operación eficiente de los entes públicos bajo criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria.

Artículo 2. Lo previsto en esta Ley y en las disposiciones que de ella emanen, deberán promover en todo momento la austeridad en la operación de los entes públicos, sin afectar el eficiente, eficaz y transparente cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sustantivos a cargo de los entes públicos.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I.       Cuenta Pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.       Dependencias: las secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados; los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, serán consideradas dependencias, la Oficina de la Presidencia de la República y los Tribunales Agrarios;

IV.     Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y los organismos autónomos por disposición constitucional de la Federación;

V.      Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales;

VI.     Función Pública: la Secretaría de la Función Pública;

VII.    Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, y

VIII.   Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 6. Las medidas de austeridad aplicables a la Administración Pública Federal serán detalladas de manera específica en el programa a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los informes correspondientes y, en general, la rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos mediante las medidas de austeridad previstas en esta Ley, se llevarán a cabo conforme a la disposición citada en el párrafo anterior.

Lo anterior, sin perjuicio de que se deberá incluir en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente, un reporte de las medidas de austeridad adoptadas, el monto total de ahorro obtenido y los resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal en cuestión.

Artículo 7. No serán aplicables las medidas a que se refiere esta Ley a las erogaciones que estén directamente vinculadas al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas prioritarios de desarrollo social; las labores de supervisión y labores en campo; la defensa de la soberanía nacional; la seguridad pública y nacional; la atención de situaciones de emergencia; los servicios imprescindibles para la población; así como a las erogaciones destinadas a cubrir derechos laborales y prestaciones debidamente establecidas. Asimismo, no serán aplicables cuando ello repercuta en una mayor generación de ingresos por parte de las dependencias o entidades.

Artículo 8. Los poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos por disposición constitucional, los institutos nacionales de salud, los centros públicos de investigación, las empresas productivas del Estado y demás entes públicos que cuenten con un régimen especial de autonomía presupuestaria en términos de las Leyes que los rigen, establecerán medidas de austeridad de acuerdo a las particularidades de cada ente público y tomando en cuenta en lo conducente las medidas establecidas en la presente Ley.

Los entes públicos a que se refiere el presente artículo deberán publicar, a más tardar durante el primer bimestre de cada ejercicio fiscal, el programa de austeridad aplicable en el ente público correspondiente o, en su caso, las modificaciones a los programas vigentes. Asimismo, deberán incluir en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente, un reporte de las medidas de austeridad adoptadas, el monto total de ahorro logrado y los resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal en cuestión.

Artículo 9. Los titulares de las unidades de administración y finanzas o, en su caso oficiales mayores, de las dependencias y entidades serán responsables de vigilar que las erogaciones por los conceptos a que se refiere esta Ley se apeguen a lo dispuesto a la misma.

CAPÍTULO II

De las medidas de austeridad

Artículo 10. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones de austeridad presupuestaria que se establezcan en el programa a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, por lo menos en materia de:

  1. Servicios personales;
  2. Adquisición de materiales y útiles de administración;
  3. Fotocopiado;
  4. Alimentos;
  5. Adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos;
  6. Adquisición de pasajes para transporte áereo, marítimo o terrestre;
  7. Pago de viáticos y de representación;
  8. Servicios telefónicos;
  9. Servicios de agua potable;
  10. Servicios de energía eléctrica;
  11. Servicios de arrendamiento;
  12. Servicios de asesoría, informáticos, estudios e investigaciones;
  13. Servicios de mantenimiento, conservación e instalación;
  14. Servicios de difusión, información y publicaciones;
  15. Servicios de traslado e instalación;
  16. Servicios oficiales;
  17. Adquisición de mobiliario y equipo de administración, y
  18. Adquisición de vehículos y equipo de transporte.

Artículo 11. La Secretaría y la Función Pública emitirán, de manera conjunta, las disposiciones administrativas aplicables a las dependencias y entidades que señala expresamente el presente Capítulo y, en su caso, las que sean indispensables para que las dependencias y entidades den cumplimiento a la Ley.

Artículo 12. Las dependencias y entidades contarán con las estructuras orgánicas que sean estrictamente indispensables para el logro de los objetivos y metas a su cargo, relativos a los programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo y directamente relacionados con las atribuciones que tienen conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales o sus Leyes específicas de creación.

Las dependencias y entidades deberán realizar una evaluación periódica de sus estructuras orgánicas, por lo menos cada tres años, con el objeto de adoptar las medidas que correspondan para optimizar las mismas y, en su caso, para compactar las estructuras administrativas vigentes, así como la contratación por honorarios. En particular, se realizará una evaluación sobre los mandos medios y superiores, permanentes y eventuales, con el objeto de que se mantengan sólo aquéllos que sean estrictamente indispensables para cumplir los objetivos y metas institucionales.

En caso de que como consecuencia de reformas al marco jurídico, se incorporen nuevas funciones a la dependencia o entidad competente y sea indispensable realizar ajustes a las estructuras orgánicas de las mismas, éstas deberán justificar plenamente tal situación ante la Secretaría y la Función Pública, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 13. La Secretaría de Relaciones Exteriores tomará las medidas necesarias para racionalizar los recursos con que participa el país en el exterior, tanto en embajadas, consulados, representaciones, delegaciones u otro tipo de oficinas autorizadas; así como en organismos o foros internacionales.

Artículo 14. Los servidores públicos no podrán disponer de recursos humanos, financieros y materiales adicionales a los estrictamente indispensables para el cumplimiento eficaz de las funciones a su cargo.

Bajo ninguna circunstancia los recursos señalados podrán ser utilizados para beneficio del servidor público, sus familiares ni cualquier otra persona. Tampoco podrán ser utilizados fuera del horario de trabajo, salvo durante las jornadas extraordinarias de trabajo.

Toda contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 15. Las erogaciones correspondientes a la alimentación de personal, deberán limitarse a los gastos de alimentación fuera de la ciudad en que laboren los servidores públicos de las dependencias y entidades que sean estrictamente necesarios por el desempeño de sus funciones.

No se considerarán restringidos los gastos por concepto de alimentación correspondientes a erogaciones para la alimentación de personas que se estén atendiendo en instituciones de salud; repatriados y extraditados; personal militar, de seguridad pública y nacional; reos e internos; personal que realiza labores en campo; las adquisiciones de alimentos y complementos nutricionales para su venta o distribución a la población; así como los gastos de alimentación por jornadas de trabajo extraordinario.

Artículo 16. Los vehículos oficiales sólo podrán ser asignados a los servidores públicos de las dependencias y entidades que desempeñen funciones de seguridad pública y nacional, así como en los casos que, derivado de la naturaleza de las funciones del servidor público, sea más eficiente su desempeño a través de traslados en vehículos oficiales, en los términos que se establezcan en las disposiciones que al efecto emitan la Secretaría y la Función Pública.

El gasto por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos deberá destinarse únicamente para vehículos que pertenezcan al parque vehicular oficial de las dependencias y entidades.

Artículo 17. Las adquisiciones o arrendamientos de vehículos y equipos de transporte que, en su caso, lleven a cabo las dependencias y entidades sólo se realizarán para la sustitución de vehículos siniestrados, por razones de ampliación de las operaciones o, en los casos que por las condiciones que guarden los vehículos se haga oneroso el gasto de mantenimiento; y no deberán incluir en ningún caso los clasificados como de lujo.

Artículo 18. El servicio de telefonía celular se limitará, siempre que sea indispensable para el desempeño de sus funciones, a los titulares de las dependencias, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales en las dependencias y sus equivalentes en las entidades.

Los titulares de las unidades de administración y finanzas podrán autorizar, de manera indelegable, dicho servicio a otros servidores públicos distintos a los señalados anteriormente, siempre y cuando sea indispensable para el desempeño de sus funciones.

En todo caso, quedarán a cargo de los usuarios a que se refiere este artículo, los gastos excedentes al límite máximo establecido para el ejercicio fiscal en cuestión, por la Secretaría y la Función Pública.

Artículo 19. Las dependencias y entidades tienen prohibido realizar erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos por concepto de comunicación social en radio, televisión y medios impresos.

Únicamente podrán efectuar erogaciones por concepto de comunicación social a través de la radio y la televisión, una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados tanto en los medios de difusión del sector público, como aquéllos que por Ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, exclusivamente para difundir mensajes de emergencia.

Los tiempos fiscales y tiempos del Estado serán distribuidos de manera equitativa entre los entes públicos, dando prioridad a las dependencias y entidades que deban informar a la población sobre programas de salud, educación, protección civil y desarrollo social.

Artículo 20. En las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones las dependencias y entidades deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos reglamentos.

Estas contrataciones deberán ser evaluadas por cada dependencia y entidad para verificar la no existencia de estudios o trabajos similares contratados con anterioridad por las mismas, y que quede plenamente justificado que estas contrataciones son indispensables y congruentes con los objetivos y metas de los programas de dichas dependencias y entidades. De la evaluación anterior se informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate.

Artículo 21. Las dependencias y entidades establecerán programas que incrementen la utilización del equipo informático y sistemas de comunicación electrónica, para el envío de documentación dentro y hacia fuera de las dependencias y entidades, con el propósito de abatir el consumo de papelería, artículos de oficina y servicios de mensajería. Asimismo, se prohíbe a las dependencias y entidades contratar servicios de mensajería y paquetería que no sean para uso oficial.

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán establecer acciones a efecto de que los pasajes aéreos correspondan a tarifas económicas.

Queda prohibido pagar pasajes aéreos de primera clase a servidores públicos.

Cuando se requiera utilizar los servicios de agencias de viajes, éstos deberán contratarse conforme a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, invariablemente mediante licitación pública.

El pago de viáticos y comisiones se sujetará a los tabuladores que al efecto emitan la Secretaría y la Función Pública por medio de disposiciones generales.

Artículo 23. Las erogaciones por concepto de gastos de ceremonial, orden social, congresos, ferias y exposiciones, sólo podrán ser autorizadas, de manera indelegable, por el Titular de la dependencia o entidad de que se trate.

Artículo 24. Los Titulares de las dependencias o entidades presentarán a la Secretaría, por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por lo menos cada dos años, un informe de los espacios en inmuebles que les hayan sido destinados por el Gobierno Federal, que por su nivel de subutilización sean susceptibles de ser entregados para su aprovechamiento a otras dependencias y entidades o, en su caso, llevar a cabo su enajenación. Dicho informe deberá precisar la naturaleza de las áreas señaladas y las condiciones en las que se encuentren, así como su dimensión y ubicación. De igual manera se procederá con los bienes y activos en desuso.

En todo caso los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes inmuebles deberán ser enterados a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

Tratándose de bienes inmuebles ociosos o subutilizados que se encuentren en la zona federal marítimo terrestre, los informes serán enviados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual decidirá sobre su uso y destino, y en el caso de recintos portuarios, dichos informes deberán ser enviados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que resuelva lo conducente.

Artículo 25. Tratándose de inmuebles ocupados en arrendamiento, las dependencias y entidades evaluarán y justificarán ante la Secretaría la conveniencia de continuar ocupándolos y la temporalidad de dicha ocupación; en el supuesto que resulte procedente, se adoptarán las medidas conducentes a efecto de dar por terminados o en su defecto, modificar los contratos respectivos acorde a sus necesidades reales, en caso de estar siendo subutilizados.

Los nuevos arrendamientos de bienes inmuebles serán autorizados invariablemente por la Secretaría y la Función Pública, sólo cuando:

I.       No exista espacio en otro inmueble propiedad del Gobierno Federal;

II.      No sea posible la adquisición de un bien en propiedad, el costo de la adquisición resulte demasiado oneroso en relación con el monto del arrendamiento, o

III.      Por situaciones coyunturales se requiera de su utilización por tiempo definido, siempre que cuente con la previsión presupuestaria.

Artículo 26. Las dependencias, con base en las disposiciones que emitan la Secretaría y la Función Pública, deberán instrumentar acciones para la enajenación de todos aquellos bienes muebles que no sean utilizados en el ejercicio de sus funciones sustantivas. Para el caso de las entidades, deberán aplicar las normas y procedimientos que sobre el particular hubiesen emitido sus respectivos órganos de gobierno.

Artículo 27. Las dependencias y entidades serán responsables de vigilar que los gastos por concepto de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria y equipo, inmuebles, así como los servicios de instalación, sean los estrictamente indispensables para garantizar el buen funcionamiento de dichos bienes.

Artículo 28. Los servidores públicos no podrán otorgar obsequios con cargo al Presupuesto de Egresos, salvo en el caso de las entidades que estrictamente por razones de su actividad comercial requieran de la promoción de sus bienes y servicios, sean indispensables para brindar las atenciones que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general, previa aprobación y regulación del respectivo órgano de gobierno.

Asimismo, será procedente el otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole, que por razones de protocolo así corresponda.

Las dependencias y entidades que otorguen obsequios en términos de este artículo deberán reportarlo en la Cuenta Pública.

Artículo 29. Las dependencias y entidades no podrán realizar, con cargo al Presupuesto de Egresos, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean indispensables para cumplir con los objetivos y metas de los programas a su cargo.

CAPÍTULO III

De las medidas de eficiencia

Artículo 30. Los titulares de las unidades de administración y finanzas de las dependencias y sus equivalentes en las entidades, con el apoyo de los titulares de los órganos internos de control de las mismas, remitirán a la Función Pública, sus programas para fortalecer las acciones que permitan dar una mayor eficiencia y transparencia a la gestión pública, sobre todo en las áreas de atención a la ciudadanía.

Para efectos de la integración de los programas se indicarán de manera específica el objeto de cada acción, los responsables de su instrumentación, las metas, unidades de medida, avances e indicadores necesarios para asegurar su cumplimiento. Asimismo, las dependencias y entidades informarán trimestralmente a la Función Pública sobre los resultados obtenidos de las acciones emprendidas.

A fin de que la sociedad conozca apropiadamente sus derechos y obligaciones, las áreas de atención ciudadana de las dependencias y entidades deberán contar con la información necesaria sobre los bienes y servicios públicos que prestan, los requisitos y los tiempos de respuesta de los mismos, así como los módulos para la adecuada atención de la ciudadanía.

Artículo 31. La Secretaría y la Función Pública emitirán las disposiciones aplicables para compactar los horarios de trabajo, los cuales serán de observancia obligatoria, en los términos de las disposiciones aplicables. Las excepciones deberán ser autorizadas, de manera temporal o permanente, por el Titular de cada dependencia o su equivalente en la entidad, con base en dichas disposiciones.

Los criterios para la determinación de horarios de utilización y permanencia en instalaciones de las dependencias y entidades deberán sustentarse en el óptimo aprovechamiento de la luz natural, el abatimiento de los consumos de energía eléctrica, los costos y gastos de traslado de personal, así como la naturaleza de la función.

En ningún caso la compactación de horarios de trabajo podrá implicar la afectación de la prestación de servicios básicos a la población.

Artículo 32. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expedirá las disposiciones aplicables para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas públicas de la Administración Pública Federal, los que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de febrero de cada año.

Artículo 33. Los fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier contrato análogo deberán sujetarse a lo siguiente:

I.     Para su constitución, registro, ejercicio de recursos, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, deberán observar las disposiciones específicas en la materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Tesorería de la Federación; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Instituciones de Crédito y, en su caso, las leyes específicas que prevean su creación y operación;

II.    Adicionalmente, las unidades responsables de las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento para que puedan continuar vigentes:

a)    Durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal, presentarán a la Secretaría una justificación sobe la necesidad de que continúen vigentes. En caso de que se hayan cumplido los fines para los cuales fueron celebrados, deberán iniciar durante el mismo plazo los trámites correspondientes para su extinción o terminación;

b)    La Secretaría, durante el mes de febrero de cada ejercicio fiscal, tomando en consideración la justificación presentada determinará la procedencia de que continúen vigentes o, en su caso, de que se reduzca el patrimonio fideicomitido o aportado, e informará lo conducente a la dependencia o entidad correspondiente;

c)    Durante el mes de marzo de cada ejercicio fiscal, las dependencias y entidades deberán concluir los trámites correspondientes para extinguir o dar por terminados los instrumentos cuya continuación de vigencia no haya sido autorizada, concentrando los recursos correspondientes en la Tesorería de la Federación o, en su caso, en la tesorería de la entidad si se trata de recursos propios de la entidad. Lo anterior, sin perjuicio de que podrá constituirse un depósito en la Tesorería de la Federación para cubrir las obligaciones devengadas pendientes de pago.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a los fondos y fideicomisos creados por disposición específica de una ley federal, y

III.   La Secretaría reportará sobre lo dispuesto en este artículo en los Informes trimestrales a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Cuenta Pública.

CAPÍTULO IV

Del control y vigilancia

Artículo 34. La Función Pública y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, verificarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, con el fin de garantizar la observancia de las disposiciones correspondientes.

Artículo 35. El incumplimiento de esta Ley será objeto del fincamiento de responsabilidades en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran resultar.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Tercero. A más tardar a los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, el Programa de Austeridad a que se refiere el artículo 6 de esta Ley.

En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, los entes públicos distintos al Ejecutivo federal deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación sus respectivos programas de austeridad a que se refiere el artículo 8 de esta Ley.

Dado en el Senado de la República a los 12 días del mes de junio de 2019.

SUSCRIBE

SENADORA BEATRIZ PAREDES RANGEL.