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Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica


De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas autoridades, sujeto de la recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para su cumplimiento, así como para la celebración de la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, respecto a los resultados del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIVERSAS AUTORIDADES, SUJETOS DE LA RECOMENDACIÓN 29/2019 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA SU EXACTO, PUNTUAL Y EXPEDITO CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA  DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS.

Quienes suscriben, Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, Diputadas Federales a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 10 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que, desde el 31 de mayo, comunicó a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, la Recomendación 29/2019, sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. La recomendación está dirigida a la Lic. María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar, al Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, a la Lic. María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realiza un exhaustivo análisis de la situación previa del programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, de sus resultados, de la colaboración con instancias internacionales como la UNICEF y el PNUD, resultado de lo cual, la CNDH indica que

98.1. Seis meses después de los talleres impartidos por el PNUD a las responsables de las estancias participantes, el índice de desarrollo infantil se incrementó 11%.

98.2. Se encontró un incremento del 9.6% en el índice de inclusión social, mismo que considera aspectos como: si el niño(a) tiene amigos “preferidos” en la Estancia, si es obediente y sigue instrucciones, si tiene una relación de cariño con el personal de la Estancia o si es amable y cuidadoso con los demás niños, entre otros.

98.3. La expectativa de los padres de familia para inscribir a las y los niños con discapacidad en un sistema de educación regular al salir de la Estancia Infantil ha aumentado en un 9.6%. Esto significa que mientras mayor sea el nivel de inclusión del niño o de la niña con discapacidad dentro de la Estancia Infantil mayor también será su inclusión dentro de su comunidad.

Indica, además, que de los estudios realizados por la Auditoría Superior de la Federación, únicamente el 1.8% de los recursos destinados para este programa fueron observados y que, no obstante la evidencia, los recursos que se le asignaron a este Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 fueron superiores a los 2 mil millones de pesos, a pesar de la reducción consistente en poco más del 50% respecto al monto asignado el año fiscal anterior. Señala también que, en el mes de enero de 2019, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dirigió una comunicación a la Cámara de Diputados en donde consignó los resultados siguientes respecto a la operación del Programa de Estancias Infantiles

109.1. “. […] las estancias infantiles del PEI [Programa de Estancias Infantiles], son las que tienen mayor cobertura, medida tanto por el número de infantes atendidos como por el número de estancias.

109.2. Las evaluaciones realizadas al Programa de Estancias Infantiles han mostrado resultados favorables. Por un lado, es efectivo para promover la participación en el mercado laboral de mujeres de escasos recursos con hijos pequeños, especialmente las que no trabajaban antes de entrar al programa.

109.3. Las evaluaciones también identifican mejoras en la socialización de los infantes y diversidad de su dieta. Las niñas y niños que tienen mayor exposición al programa cuentan con mejoras en el puntaje de la escala de comunicación. Las hijas y los hijos de las titulares que no trabajaban antes de entrar al programa son los que más se benefician en cuanto al desarrollo del comportamiento individual, social y este efecto es mayor conforme aumenta la exposición al programa.

109.4. De acuerdo con el Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU), el nivel de satisfacción percibida por los beneficiarios registró calificaciones altas en las variables de Satisfacción (94 puntos), Calidad percibida (95 puntos), Expectativas (87 puntos) y Confianza (96 puntos).

109.5. El gobierno actual busca impulsar el acceso efectivo a los derechos sociales y el bienestar social de la población, lo cual incluye cubrir las necesidades de cuidado de las niñas y niños mientras sus tutores salen a trabajar. Dicho acceso requiere de tres elementos: 1) que las personas puedan costear opciones de cuidado (accesibilidad); 2) que existan opciones de cuidados ya sean familiares, privados o públicos (disponibilidad); y 3) que estas opciones sean de calidad, es decir que no sólo sean espacios de contención de los infantes, sino que les permitan desarrollar sus habilidades socioemocionales y motrices en ambientes seguros (calidad).”

Después de las declaraciones presidenciales y sus señalamientos respecto a actos de corrupción, mismos que estigmatizaron a las estancias infantiles, se emitieron las reglas de operación de un Programa totalmente nuevo y que, según consta en la documentación, no se encontraba autorizado dentro del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, el Programa se denominó Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. Todo lo anterior se realizó, a consideración de la CNDH, violentando lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Concluye la CNDH que

Del análisis del proceso de creación de las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo al Bienestar para el Ejercicio Fiscal 2019, se advierte que esas Reglas no cumplieron los procedimientos administrativos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor. Lo anterior en virtud de que no se observaron las disposiciones constitucionales y legales aplicables ni se subsanaron las observaciones realizadas por la SHCP y la CONAMER, situación que resulta violatorio del derecho a la seguridad jurídica.

Adicionalmente, la CNDH realizó un comparativo entre las reglas de operación del programa de estancias infantiles y este nuevo programa, mismo que dio por resultado

El objetivo del Programa de Estancias es más amplio en comparación con el Programa de Apoyo al Bienestar, ya que buscaba establecer garantías institucionales de protección a los derechos de madres, padres y sus hijas e hijos.

En el Programa de Apoyo al Bienestar se remplaza el objetivo de acceso a servicios de cuidado y atención infantil por apoyo económico para el cuidado y atención infantil. Cobertura

En el Programa de Apoyo al Bienestar se otorga prioridad de acceso a 642 municipios de población indígena; el nivel de ingreso de los beneficiarios deja de ser requisito para acceder al programa; el número máximo y edad de las niñas y niños beneficiados se mantiene igual que en el Programa de Estancias; se elimina el apoyo económico en todo el país para mejora de la infraestructura y creación de nuevas estancias infantiles.

La cobertura de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles, llegaba a 1,278 municipios, en tanto que en las diversas del Programa de Apoyo al Bienestar se habla de atención prioritaria únicamente a 642 municipios indígenas.

En el Programa de Apoyo al Bienestar la obtención de Cartas de No afiliación al IMSS o ISSSTE es un requisito adicional que no se solicitaba en el Programa de Estancias Infantiles 2018, en cuyo caso dicha obligación corresponde a los usuarios/as que deben obtenerlo a través de internet.

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar no se prevé la posibilidad de un nuevo beneficiario ante una eventualidad de cambio de guarda y custodia de niñas y niños, es decir, de que la persona a cargo de su cuidado pueda ser la nueva beneficiaria del mismo.

A diferencia del Programa de Estancias Infantiles, en el Programa de Apoyo al Bienestar no se contempla la contratación de seguros para niñas y niños.

En el Programa de Apoyo al Bienestar se reduce el monto del apoyo en $150 pesos al mes; en el caso de niñas y niños con discapacidad se mantiene el monto. Se elimina el monto para el impulso a los servicios de cuidado y atención integral infantil.

En el Programa de Apoyo al Bienestar no se prevé como atribución del DIF Nacional la capacitación a las responsables de las estancias, así como la supervisión que realizaba a las estancias infantiles.

A diferencia del Programa de Estancias, el Programa de Apoyo al Bienestar no se establece disposiciones técnicas y requisitos para estancias beneficiarias, porque se elimina el impulso a los servicios de cuidado de atención infantil, es decir, los apoyos para infraestructura y creación de nuevas instancias.

Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar son omisas en cuanto al modelo educativo, y no mencionan el convenio con la SEP para que las niñas y niños que acudan acrediten el primer año de preescolar.

En relación específica a las violaciones a los derechos humanos, la Comisión señala que existe incumplimiento de la prohibición de regresividad de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por parte de las autoridades señaladas dado que

 153. El deber de no regresividad de los derechos humanos supone que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los mismos “[…] el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de esos derechos […]”

Lo anterior se fundamenta en que

159. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019 no prevén mecanismo alguno para verificar que los recursos entregados a las familias se destinen al pago de los servicios de las estancias infantiles, ni establecen medidas para garantizar la calidad de estos servicios; asimismo, el apoyo para el impulso a la creación de más estancias infantiles se elimina, en detrimento de la demanda de servicios existente en el país.

179. A pesar que en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos estaba dispuesta la continuidad del Programa de Estancias Infantiles (aunque con menos presupuesto), la Secretaría de Bienestar elaboró y emitió las nuevas Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar que eliminan dicho programa y lo sustituyen por otro de diversa naturaleza, sin explicitar los fundamentos y motivación, en el marco de protección a los derechos humanos de niñas, niños, madres y padres, que esa autoridad tomó en cuenta para:

179.1. Reducir $150 pesos mensuales al monto de apoyo para las niñas y niños de 0 a 4 años de edad.

179.2. Eliminar el apoyo que se entregaba a las estancias por concepto de Impulso a los Servicios de Atención y Cuidado Infantil.

179.3. Eliminar la contratación del seguro contra accidentes personales para las niñas y niños usuarios de las estancias.

179.4. Eliminar las atribuciones del DIF Nacional en materia de capacitación al personal de las estancias y de supervisar el cumplimiento del modelo de atención.

179.5. Eliminar la participación de las Secretarías de Educación Pública para tener por acreditado el primer año de preescolar conforme a los convenios específicos que se celebrasen.

179.6. Cambiar la modalidad de entrega del subsidio a transferencia económica directa a las madres y padres en vez de a las responsables de las estancias, sin establecer mecanismos de control y auditoría que permitan verificar que los recursos entregados se destinen al cuidado de niñas y niños en primera infancia.

182. Considerando lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la supresión del Programa de Estancias y la emisión del Programa de Apoyo al Bienestar con un presupuesto 50.16% menor que el correspondiente al ejercicio fiscal 2018, constituyen medidas de carácter regresivo tanto en lo normativo como en sus resultados, que trastocan la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de niñas y niños, madres y padres usuarios de estancias infantiles, ya que limita injustificadamente el monto de los beneficios otorgados anteriormente para la prestación de esos servicios, y disminuye el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del entonces Programa de Estancias Infantiles. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar son una norma posterior a las que regulaban el Programa de Estancias que suprime, limita o restringe los derechos o beneficios otorgados anteriormente al amparo del derecho social.

187. Como se desprende de lo expuesto en la presente Recomendación, el Programa de Estancias Infantiles permitió que más de 9 mil mujeres cada año, que viven en todas las entidades federativas del país, pudieran trabajar, accediendo al empoderamiento económico, a la independencia y autonomía, siendo titulares de las estancias infantiles y beneficiando a sus propias familias, así como a las aproximadamente 30,000 mujeres que trabajaban en ellas, por lo que el impacto positivo se potenció. Por ello, la cancelación de la entrega de recursos económicos a las estancias infantiles tiene un impacto tangible en los DESC de las mujeres encargadas o que laboraban en las estancias, quienes han reportado suspensión o incluso cierre de actividades derivadas de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar.

La CNDH también considera que existe una omisión de considerar el interés superior de niñas y niños en primera infancia, lo anterior dado que

207.1. Ninguna de las autoridades responsables motivó de forma concreta, razonable y fundamentada en el interés superior de las niñas y niños, los actos administrativos que llevaron a cabo para la eliminación del Programa de Estancias y la creación del Programa de Apoyo al Bienestar, pues aunque mencionan de manera formal que los actos estaban encaminados a la protección de sus derechos e incluso se refieren expresamente a su interés superior, ninguna proporcionó a este Organismo Nacional evidencias de haber efectuado un análisis integral y transversal del impacto que a corto, mediano y largo plazo tendrían las medidas para la vida de niñas y niños.

207.2. No refirieron qué elementos tomaron en cuenta para asegurar que las determinaciones adoptadas favorecieran el goce y ejercicio de los derechos de niñas y niños en primera infancia.

207.3. No se advirtió la aplicación de un enfoque diferenciado que visibilizara a los distintos grupos de niñas y niños que recibían los servicios de las estancias.

207.4. Tampoco se demostró que se hubiesen implementado ejercicios de participación para la incorporación de las opiniones e ideas de las niñas y niños en el proceso de toma de decisiones, ni se requirió la asesoría y apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA como lo dispone la LGDNNA.

207.5. Asimismo, las autoridades responsables no justificaron la decisión de cambiar la modalidad la entrega de los recursos del Programa de Apoyo al Bienestar a transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios, a pesar de tener el deber por mandato constitucional y convencional de fundamentar y explicar de qué manera ese cambio contribuirá a una mejor protección de sus derechos, y las consecuencias normativas y fácticas que generarían.

207.6. En ese mismo sentido, la ausencia en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar de mecanismos para verificar que los recursos públicos que se entreguen a las familias se destinen al pago de los servicios de cuidado infantil, impedirá medir el impacto que la inversión estatal tiene en el cumplimiento de sus derechos y los beneficios reales en su desarrollo, además representa una medida de carácter eminentemente asistencial que no considera a niñas y niños como sujetos de derechos que ameritan la protección reforzada por parte del Estado, sino como sujetos de protección cuyo cuidado y bienestar pertenece al ámbito privado de las familias.

Establece también que existieron irregularidades en la elaboración del censo de beneficiarios del Programa de Apoyo al Bienestar, al no establecer mecanismos efectivos y certeros que permitieran el correcto levantamiento del Censo de beneficiarios, afectando con ello a muchos de quienes gozaban de los servicios en el Programa de Estancias Infantiles.

La CNDH indica que hubieron violaciones al derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo. Lo anterior con base en que

232. La eliminación de los apoyos para el impulso a los servicios de las estancias atenta contra el derecho a la supervivencia y el desarrollo que incluye los servicios de apoyo a las familias para que puedan cumplir con sus responsabilidades parentales, en términos del artículo 18 de la Convención de la Niñez, debido a que varios de los centros existentes han suspendido o cesado definitivamente sus actividades ante la falta de apoyos correspondientes a las niñas y niños beneficiarios, y la eliminación de la entrega del subsidio al impulso referido.

233. A su vez, ello incrementa las probabilidades que madres y padres valoren la opción de dejar a sus hijas e hijos al cuidado de familiares o terceras personas, en franco detrimento al cumplimiento de sus demás derechos como a la educación, la seguridad, el desarrollo integral y a una vida libre de violencia, o bien que las mujeres se vean obligadas a abandonar sus empleos para asumir el cuidado de sus hijos e hijas, limitando su capacidad económica para satisfacer las necesidades materiales de las niñas y niños, y el ejercicio de sus derechos al empoderamiento económico, la independencia y autonomía.

234. Este Organismo Autónomo considera que la entrega directa de los recursos públicos a las familias conforme a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar, no ofrecen las garantías necesarias para asegurar servicios de cuidado infantil, accesibles, disponibles y de calidad, ya que, por ejemplo, el Programa de Estancias Infantiles consideraba medidas que contribuían a la protección integral de niñas y niños.

El organismo autónomo acredita Violaciones al derecho de prioridad de niñas y niños, en virtud de

250. En la decisión de eliminar el Programa de Estancias y la creación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019, las autoridades omitieron considerar que el cumplimiento y garantía de los derechos de niñas y niños tienen preferencia, y que debe otorgarse primacía a su participación para el diseño y ejecución de las políticas públicas enfocadas en su protección.

251. Ninguna de las autoridades a las que se solicitó información consideró que la atención a la primera infancia es un tema de la máxima prioridad por los efectos positivos que la inversión en esa etapa de la vida puede generar para el desarrollo nacional, y que por tanto, cualquier reducción presupuestal o modificación al Programa de Estancias debió ser sometido a una valoración estricta para asegurar que ninguna de las decisiones de la autoridad violentara alguno de sus derechos o redujera el nivel de protección que hasta el momento se había logrado conseguir.

254. El Programa de Apoyo al Bienestar omite considerar que existen recomendaciones del Comité de la Niñez para una asignación presupuestaria que destine el máximo de los recursos posibles, aún en tiempos de crisis, para su garantía y cumplimiento. Los compromisos internacionales del Estado mexicano en ese ámbito son vinculantes y lo obligan a informar de su cumplimiento ante ese organismo internacional. Su incumplimiento constituye una violación a los derechos reconocidos en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

En consonancia, el ombusdperson considera que se presentaron violaciones al derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral,

264. Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019 no consideran que los servicios de cuidado y atención integral infantil no son sólo una prestación que abona a la seguridad social de las madres y padres, sino además un derecho de las propias niñas y niños como titulares de derechos, a que sus familias cuenten con los recursos y condiciones necesarias para proveerles de cuidados y atención adecuadas. La eliminación del seguro contra accidentes personales para las niñas y niños bajo el cuidado de personas beneficiarias del programa considerado en el Programa de Estancias Infantiles, dejó desprotegidos a las y los titulares de los derechos ante eventuales hechos que lesionen o dañen su integridad física, lo cual es un incumplimiento del Estado de su obligación de proteger y garantizar los derechos de la niñez.

265. De conformidad con el Programa de Apoyo al Bienestar 2019, el subsidio se entregará directamente a la madre, padre solo o tutor, sin embargo, en el contenido de las Reglas de Operación de dicho programa no se explica por qué las transferencias económicas directas a las familias resultan ser mecanismo idóneo para garantizar que ese recurso se destine a hacer efectivos los derechos de niñas y niños de la primera infancia, y cabe el riesgo de que ante los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social los apoyos económicos entregados sean destinados a satisfacer otras necesidades básicas de las familias

Hubieron también violaciones al derecho a la educación de niñas y niños.

275. La eliminación del Programa de Estancias Infantiles constituye una medida regresiva por parte de las autoridades responsables respecto a las obligaciones referidas ya que, en lugar de impulsar la creación de más espacios de cuidado y atención integral que permitan cubrir la demanda y proporcionar a las niñas y niños de educación inicial, no sólo a los hijos o hijas de madres y padres sin acceso a la seguridad social sino como un sistema de carácter universal, retiraron el apoyo económico a los centros de atención y cuidado integral infantil, e incluso han sugerido públicamente que la familia extensa sea la que se haga cargo del cuidado de las personas menores de edad, omitiendo que existe evidencia empírica sobre el impacto positivo de la estimulación temprana y la educación desde las etapas iniciales de la vida, y desconociendo sus obligaciones como garantes del derecho a la educación.

276. De acuerdo con el CONEVAL la población potencial a atener en esta etapa de vida son 3,055,751, por lo que en lugar de eliminar el Programa de Estancias Infantiles que representaba mayor cobertura a nivel nacional, sus recursos deberían ampliarse a fin de garantizar la atención y servicios educativos a un mayor número de niñas y niños. Más aún, si tomamos en cuenta que en los últimos años más de 1,000 estancias firmaron convenios con la SEP a fin de poder impartir el primer año de preescolar, dada la falta de cobertura de dicha dependencia para garantizar el cumplimiento de este derecho.

Adicionalmente, se presentaron violaciones al derecho a la salud de niñas y niños así como a los derechos de niñas y niños con discapacidad,

287. En las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 2018 se establecía que el DIF Nacional impartiría capacitaciones complementarias de carácter obligatorio para las responsables de estancias en materia de cuidado y atención infantil, estimulación para el desarrollo integral, discapacidad, promoción de la salud, alimentación y desarrollo de actividades y juegos, situación que no se contempló en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019. Lo anterior con independencia de los convenios para la aplicación del Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sin pasar por alto que las estancias infantiles eran el esquema de cuidado que más niñas y niños con discapacidad atendían a 5,403, a 2015.

En el mismo tenor, la CNDH establece violaciones al derecho a la participación de niñas y niños,

293. Al no realizar consultas públicas sobre las inquietudes de los padres, madres y responsables de estancias, se incumple su obligación de democratizar el proceso de planeación gubernamental y legislativa democrática y nulifica el derecho a la participación de niñas y niños y sus familias, lo anterior, no obstante que la Cámara de Diputados del Congreso General exhortó a la Secretaría de Bienestar para que, previo a la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles, se realizaran mesas de trabajo con todos y cada uno de los actores involucrados.

Violación al derecho al juego y esparcimiento,

296. La eliminación del impulso a los servicios de cuidado infantil en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar 2019, generó un impacto en la adaptación de espacios lúdicos de las estancias infantiles, pues dicho apoyo era utilizado para la adquisición de materiales recreativos para las y los niños usuarios del programa.

En lo que se refiere a los derechos de las madres trabajadoras y padres solos, la CNDH indica que se violaron:

El derecho a la igualdad y no discriminación,

308. En sus orígenes, el Programa de Estancias Infantiles representó una medida afirmativa para contribuir a la igualdad de género permitiendo que las mujeres se incorporaran al mercado laboral mientras sus hijas e hijos eran cuidados y atendidos por personal capacitado y en un entorno seguro, lo cual tenía como consecuencia la conciliación entre las responsabilidades familiares y el trabajo, lo que no sucede con el Programa de Apoyo al Bienestar.

El derecho de las familias a la protección de su organización y desarrollo,

318. En consecuencia, este Organismo Nacional considera que la entrega de apoyos directos a las familias y la eliminación del apoyo económico en su modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil no son medidas satisfactorias para garantizar el derecho a la protección de las familias con hijas e hijos que requieren servicios de cuidado integral infantil, ya que implica la omisión del Estado del cumplimiento de sus obligaciones como rector de los mismos, pues al cancelar la entrega de los recursos a las estancias, así como las capacitaciones y supervisiones de los centros, deja de fomentar la ampliación de la oferta de servicios, y de invertir en su mejoramiento para garantizar que la atención que reciban las niñas y niños en primera infancia cumpla con lo previsto en el artículo 9 de la Ley General mencionada, lo cual reduce las opciones de las familias de contar con espacios seguros y de calidad para dejar a sus hijas e hijos mientras ellas y ellos trabajan.

319. La prestación de los servicios de cuidado es una responsabilidad del Estado en la que coadyuvan los particulares quienes desempeñan una función subsidiaria que permite satisfacer la demanda de espacios de atención infantil que el primero no podría proveer por sí mismo; de ahí que las estancias infantiles no son intermediarios entre las autoridades y las familias para la entrega de recursos, sino prestadores de servicios a los que éstas tienen derecho a acceder con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de sus obligaciones parentales.

320. Asimismo, la abrogación del Programa de Estancias Infantiles puede propiciar que las madres y padres afectados en la atención y cuidado de sus hijas e hijos, busquen otras opciones que deriven en un gasto familiar imprevisto, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, se vean en la necesidad de dejar el cuidado de ellas y ellos a personas que no cuenten con las habilidades y preparación suficientes para el desempeño de esas labores y a un potencial riesgo en la integridad y seguridad de las personas menores de edad.

El derecho al trabajo de madres trabajadoras y padres solos,

329.1. Las autoridades tienen la obligación de fortalecer a las familias para que cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones como garantes de los derechos de niñas y niños; de ahí que la Convención de la Niñez prevea en su artículo 18 el deber de los Estados de establecer servicios de guarda y cuidado de niñas y niños a efecto que ellas y ellos puedan estar seguros y recibir educación inicial, mientras sus madres y padres trabajan.

329.2. De conformidad con la información reportada por el CONEVAL, al cierre de la gestión 2018, el Programa de Estancias Infantiles contaba con un total de 10,535 padres y 300, 433 madres trabajadoras beneficiadas.

329.3. La cancelación del Programa de Estancias Infantiles y la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar, genera el riesgo de que madres y padres afectados, se vean obligados a renunciar a sus empleos debido a la falta de acceso a los servicios de cuidado y atención infantil; riesgo que se incrementa de manera importante para quienes carecen de redes familiares de apoyo y que, por tanto, no cuentan con opciones que les permitan seguir desempeñando su trabajo.

329.4. Debe tomarse en cuenta que el Programa de Estancias Infantiles representaba una política pública para garantizar la participación de las mujeres en el mercado laboral, que fue perfeccionándose con el pasar de los años a partir de distintos mecanismos de consulta con las y los beneficiarios. Así para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se realizó una consulta ciudadana en la que los participantes opinaron que los créditos para mujeres emprendedoras, así como las guarderías y estancias infantiles son el tipo de políticas que más ayudan a dicho sector.

329.5. En comparación con el grado de evolución del Programa de Estancias Infantiles, el Programa de Apoyo para el Bienestar es un nuevo esquema cuyo diseño e implementación no fue consultado con los sectores afectados previamente a su creación, ni siguió el procedimiento establecido en la normatividad para su emisión. Lo anterior, implica un riesgo pues se podrían profundizar las brechas de desigualdad de género entre mujeres y hombres, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de sus hijas e hijos, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo e independencia económica.

329.6. Para esta Comisión Nacional los testimonios de las mujeres trabajadoras afectadas por la cancelación del Programa de Estancias Infantiles referidas en esta Recomendación, son indicios de que el riesgo de perder su empleo por carecer de espacios de cuidado para sus hijos e hijas es real, y tiene origen en la omisión de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento del artículo 18 de la Convención de la Niñez respecto a la provisión de ese tipo de servicios, y de la inobservancia de sus obligaciones constitucionales, convencionales y legales de cumplir y garantizar el derecho al trabajo y empoderamiento económico, así como al derecho al trabajo de los padres solos, lo cual constituye una violación a los mismos.

329.7. De acuerdo al CONEVAL, en 2011 el 34 % de madres beneficiarias del entonces Programa de Estancias Infantiles manifestó que si este desapareciera tendrían que dejar de trabajar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica también que se observaron violaciones a los derechos de las personas responsables y trabajadoras de Estancias Infantiles afectadas,

335. Es así que al emitir el Programa de Apoyo al Bienestar en el que se eliminó el Apoyo al Impulso a los Servicios de Cuidado, la Secretaría de Bienestar creó una nueva situación jurídica para las responsables de las estancias infantiles, en la cual se les privó, a través de un procedimiento no apegado a la normatividad en materia de presupuesto y desarrollo social, de un ingreso que era lícito y estaba condicionado al cumplimiento de determinados requisitos para garantizar su utilización en beneficio de la seguridad y calidad de los servicios que prestaban a niñas y niños, lo cual genera un riesgo real, demostrable e identificable de que varios centros de cuidado se vean obligados a suspender temporal o definitivamente sus actividades, o a llevar a cabo recortes de personal, lo que a su vez podría derivar en la disminución de la oferta de servicios en el país, y en el retorno de las mujeres beneficiarias y las que trabajan en ellas a una condición de vulnerabilidad por carecer de empleo.

338. Ante los señalamientos de actos de corrupción, irregularidades o problemas administrativos referidos por la Secretaría de Bienestar, esta Comisión Nacional considera que es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a las personas que incurran en ese tipo de conductas; sin embargo, la autoridad no puede desconocer el principio de presunción de inocencia, ni las garantías constitucionales del debido proceso que, en su caso, asisten a las responsables y trabajadoras de estancias a quienes se les impute haber incurrido prácticas ilícitas, lo cual en el caso en estudio no ocurrió, pues la Secretaría de Bienestar señaló, públicamente y de forma genérica, a las mujeres responsables de las estancias infantiles de la antes SEDESOL, como intermediarias en la entrega de recursos que formaban parte de una red de corrupción, como responsables de tener “niñas y niños fantasmas en los registros” y de incumplimiento de sus obligaciones respecto a la salvaguarda de la integridad de las niñas y niños; sin que haya aportado pruebas de procesos administrativos, civiles o penales al respecto, ni nombres de algún caso concreto.

339. Asimismo, esa Secretaría omitió considerar que de conformidad a las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 2018 y anteriores, la entonces SEDESOL era la autoridad competente para conformar y actualizar periódicamente el padrón de beneficiarios, y quien contaba con las facultades para hacer del conocimiento de las autoridades cualquier irregularidad e incumplimiento de los requisitos establecidos para la operación de las estancias infantiles. En ese sentido, las responsables de las estancias infantiles no tenían acceso a la base de datos o padrón de niñas y niños atendidos, ni facultades para dar de alta o baja a personas beneficiarias del Programa. Por tanto, suponiendo sin conceder que hay imprecisión o incluso, registros apócrifos de niñas y niños, la SEDESOL, hoy Secretaría de Bienestar, es la responsable de tomar las medidas correctivas o preventivas que impidan el uso indebido de los recursos públicos, y de iniciar las acciones pertinentes para la investigación y sanción de las conductas ilícitas.

El organismo indica también que se presentó inobservancia de las medidas cautelares emitidas por este Organismo Nacional, atribuible a la Secretaría de Bienestar, ya que mediante un oficio comunicado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, con fecha 5 de marzo pasado, en el cual solicitó:

344.1. Medidas de seguridad urgentes para las responsables de estancias infantiles que habían sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información publicada y relacionada con acusaciones de corrupción, y por haber realizado la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres.

344.2. El pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba el Programa de Estancias Infantiles en 2018.

344.3. Una disculpa pública de las autoridades federales “por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles”, toda vez que se dañó su imagen y reputación.

344.4. Frenar el hostigamiento a las responsables de estancias infantiles por parte de autoridades federales y en algunos casos, estatales y municipales”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala diversas acciones que deberán llevar a cabo las dependencias como medidas para la reparación integral del daño causado y garantizar su no repetición y emite las siguientes recomendaciones:

A usted, señora Secretaria de Bienestar:

PRIMERA. Realizar las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de niñas y niños a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, de prioridad, bienestar y a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, a la participación y al juego y esparcimiento a partir de su interés superior, así como implementar gestiones propias y ante las instancias que correspondan que permitan el establecimiento de un mecanismo que, independientemente de su denominación, restituya a niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados con motivo de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto, en los términos establecidos en el presente documento recomendatorio, particularmente en el apartado de reparación del daño.

SEGUNDA. Establecer, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aceptación de esta Recomendación, un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado, y desarrollo integral infantil, a través de las alternativas a que se refiere el apartado de reparación del daño del presente documento recomendatorio. Para tal efecto, se deberá considerar las recomendaciones y observaciones formuladas por el CONEVAL y la ASF respecto a los indicadores de seguimiento y resultados de la operación del entonces Programa de Estancias Infantiles, e incluir un enfoque diferenciado que permita a todas y todos los beneficiarios acreditar su cumplimiento de la manera más eficiente y eficaz posible.

TERCERA. Actualizar, en un plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del entonces Programa de Estancias Infantiles a febrero de 2019. Lo anterior, a fin de que se les otorguen los beneficios correspondientes derivados del mecanismo de restitución en los términos del punto recomendatorio primero, debiendo garantizar la protección de la información recabada para evitar un inadecuado uso de la misma.

CUARTA. Generar las acciones que resulten necesarias para que el presupuesto asignado al mecanismo de restitución cuente con, al menos, la misma proporción de recursos con el que contaba el Programa de Estancias Infantiles en el ejercicio fiscal 2018, el cual deberá incrementarse de manera progresiva.

QUINTA. Llevar a cabo, en un mes contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, las acciones que permitan el pago retroactivo de subsidios a las estancias infantiles conforme al padrón del Programa de Estancias Infantiles vigente al 28 de febrero de 2019, desde la última fecha en que se hayan pagado y hasta aquella en que se emitieron las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.

SEXTA. Solicitar la asesoría y apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de organismos nacionales e internacionales expertos en los derechos de niñas y niños, a fin de realizar un análisis sobre el funcionamiento e impacto en el ejercicio de los derechos de niñas y niños derivado del establecimiento del mecanismo de restitución, en un término de seis meses a partir de su implementación. Dicho análisis deberá incluir necesariamente mecanismos para recabar la opinión de las niñas y niños, madres y padres, y personas responsables y trabajadoras usuarios y beneficiarios, y de otros actores sociales involucrados; una fundamentación y motivación adecuada a la luz de los mandatos constitucionales, convencionales y legales de protección a los derechos de la niñez, teniendo como máxima prioridad su interés superior, haciendo del conocimiento de esa Secretaría los resultados de dicho diagnóstico.

SÉPTIMA. Solicitar a instancias expertas en temas de niñez, en el término de un mes a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un diagnóstico sobre la situación, operación y condiciones de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, públicos y mixtos, a partir del cual se implementen las medidas que permitan garantizar la progresividad del estándar de protección en dichos centros.

OCTAVA. Llevar a cabo las acciones pertinentes para que el personal encargado de la elaboración de los anteproyectos presupuestarios de programas sociales y reglas de operación de programas encaminados al desarrollo social atienda las observaciones que, en el ámbito de su competencia, emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para garantizar el derecho a la seguridad y certeza jurídica de la población.

NOVENA. Coordinarse con el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de diseñar, en un término de seis meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, una política pública nacional que de manera progresiva permita el acceso a todos los niños y niñas en primera infancia a un sistema de cuidados que provea de servicios de atención integral, basado en el enfoque de derechos, de género y en el interés superior de la niñez, incluyendo la participación de las y los titulares de los derechos, madres, padres, responsables y trabajadoras de estancias, autoridades y demás actores del sector público, social y privado.

DÉCIMA. Comunicar a la opinión pública los resultados de la Evaluación en materia de Diseño que será practicada en el presente ejercicio fiscal al Programa de Apoyo al Bienestar por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Social, prevista en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019.

DÉCIMA PRIMERA. A partir de que el Estado ha hecho una inversión considerable en la capacitación y certificación de responsables de estancias, se deberá dar prioridad a quienes hayan acreditado tales circunstancias para la oferta de espacios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

A usted, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público:

PRIMERA. Llevar a cabo las acciones necesarias para que la Secretaría de Bienestar remita el Diagnóstico del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, al que se hizo referencia en la autorización de suficiencia presupuestaria de ese programa.

SEGUNDA. Generar acciones que permitan verificar, previo a la emisión de la autorización presupuestaria, que los anteproyectos de Reglas de Operación que presentan las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades no coordinadas, se encuentren expresamente establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda y cumplan los requisitos señalados en la normatividad aplicable, tal como quedó establecido en el párrafo 351.2.4 de la presente Recomendación.

TERCERA. Implementar los mecanismos que permitan que las autorizaciones presupuestarias para programas de desarrollo social, particularmente las previsiones para el “Anexo transversal 13” de cada ejercicio fiscal, se realicen con una perspectiva de derechos humanos y dispongan, al menos, de la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal anterior.

CUARTA. Adoptar las medidas que resulten adecuadas para que, en la asignación de recursos presupuestarios para programas y políticas que impliquen la prestación de servicios de cuidado y atención infantil, las entidades y dependencias de la administración pública federal observen lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Programación y Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 de esa Secretaría.

A usted, señor Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria:

PRIMERA. Llevar a cabo las acciones que estime necesarias para garantizar la transparencia y la mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación, particularmente de los programas de desarrollo social, las cuales deberán estar encaminadas, entre otros aspectos, a mejorar la presentación de la información en el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio, considerando lo siguiente: i) los trámites deberán ser claros y corresponder con los nombres previstos en la normatividad aplicable; ii) deberá especificarse expresamente la normatividad aplicable con vínculos hacia dichos documentos; iii) todas las actuaciones (dictámenes, oficios, autorizaciones, estado de cumplimiento de las eventuales observaciones, etc.) deberán estar disponibles para consulta pública, y iv) en los casos de expedientes de tramité iniciados y posteriormente cancelados o sustituidos, se deberá publicar una leyenda con las aclaraciones correspondientes y, en su caso, los vínculos hacia los nuevos procedimientos.

SEGUNDA. Verificar que las reglas de operación de programas de desarrollo social cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto, para evitar la posterior expedición de lineamientos complementarios.

TERCERA. Verificar los supuestos en los cuales es procedente la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, para evitar que se publiquen regulaciones que impliquen restricción o reducción de prestaciones o derechos para los particulares.

CUARTA. Realizar, en un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un diagnóstico sobre los niveles de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que dirige a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus dictámenes regulatorios emitidos con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Presupuesto, a efectos de determinar: i) qué autoridades atienden sus observaciones con mayor y menor frecuencia; ii) los niveles de participación de la ciudadanía en el proceso de revisión de los anteproyectos que se publiquen en su página Web; iii) en qué medida la publicación en la página Web ha contribuido a la mejora de las regulaciones vigentes, y iv) qué medidas son necesarias para que la CONAMER cumpla con los objetivos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria, incluyendo en dicho análisis el dictamen regulatorio de Apoyo al Bienestar.

A usted, señora Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

PRIMERA. Coordinar la supervisión y vigilancia de las estancias infantiles los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Generales de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes y la de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Para tal efecto, se deberán revisar y, en su caso, modificar los criterios establecidos en el Protocolo de Supervisión, Asesoría y Acompañamiento a fin de dar claridad y certeza a los usuarios de dichos centros.

SEGUNDA. Garantizar que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil prestados por personas físicas o morales se orienten a lograr la observancia y ejercicio de los derechos de niñas y niños contemplados en el artículo 11 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

A ustedes, señora Secretaria de Bienestar y señor Secretario de Hacienda y Crédito Público:

PRIMERA. Garantizar la progresividad de los derechos humanos en los recursos que deben asignarse, mediante las acciones necesarias de ajustes presupuestales que permitan que el mecanismo de restitución cuente, por lo menos, con un presupuesto igual al que tuvo el Programa de Estancias Infantiles en 2018, ponderando entre las diferentes alternativas, aquella que mejor responda al cumplimiento del interés superior de niñas y niños.

SEGUNDA. Instrumentar, en su caso y de manera inmediata, las acciones pertinentes para que se transfieran los recursos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, a las personas responsables de centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil beneficiarias del entonces Programa de Estancias Infantiles.

TERCERA. Gestionar ante las instancias que correspondan una asignación complementaria de recursos económicos para el mecanismo de restitución, por lo menos, del monto asignado al entonces Programa de Estancias Infantiles 2018, a fin de garantizar la misma cobertura poblacional y geográfica que se tenía hasta diciembre de 2018.

A ustedes, señora Secretaria de Bienestar y señora Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

PRIMERA. Conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y expertos en atención y cuidado de niñas y niños, deberán realizar, en un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un diagnóstico comparativo de las Reglas de Operación de los Programas Estancias Infantiles y de Apoyo al Bienestar, a fin de identificar aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora para fortalecer el mecanismo de restitución, en el cual se adviertan, de manera enunciativa y no limitativa, los efectos de: i) la pérdida del apoyo económico en la modalidad de impulso a los servicios de atención y cuidado infantil; ii) la pérdida del seguro contra accidentes; iii) el impacto en el cumplimiento de niñas y niños que se generen con motivo de la entrega directa a los beneficiarios de los apoyos económicos que incluya datos y análisis sobre la oferta y disponibilidad de las estancias, y iv) el impacto para las familias de las responsable y trabajadoras de los centros de cuidado.

SEGUNDA. Realizar conjuntamente con las demás instancias de gobierno que tengan alguna injerencia, las acciones que permitan fortalecer y dar continuidad al Sistema de Vigilancia Nutricional y Neurodesarrollo en los Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

TERCERA. Solicitar la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, a fin de llevar a cabo las acciones que resulten pertinentes para que las niñas y niños, que hayan cubierto los requisitos para la acreditación del primer año de preescolar, en términos de los convenios suscritos entre la SEP y las estancias infantiles que se encontraban afiliadas al entonces Programa de Estancias Infantiles, cuenten con dicha validación, sin dilaciones, obstáculos y de forma gratuita, además de garantizar la continuidad de dicha acreditación a nivel nacional en beneficio de las niñas y niños.

CUARTA. Fortalecer, en un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, el Modelo de Atención Integral de las Estancias Infantiles y el Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

A ustedes, señora Secretaria de Bienestar, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público y Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

ÚNICA. Elaborar conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, en un término de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, lineamientos que homologuen el cumplimiento del interés superior de la niñez en la presupuestación y elaboración de anteproyectos de Reglas de Operación de Programas en materia de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

A todas las autoridades destinatarias de la presente Recomendación:

PRIMERA. Armonizar, en su caso, los puntos concretos recomendados con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que emita el Ejecutivo Federal en el marco de la reforma al artículo 3º de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, observando los estándares constitucionales, convencionales y legales en materia de derechos de niñas y niños.

SEGUNDA. Remitir a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten el cumplimiento de los puntos concretos recomendados que correspondan en su respectivo ámbito de competencia.

TERCERA. Instruir a quien corresponda para que se designe al servidor público de alto nivel de decisión, de cada autoridad destinataria de la presente Recomendación, que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Nacional.

Lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora, es indispensable garantizar los derechos de la niñez en todos los actos del gobierno federal y no resulta aceptable, desde ningún punto de vista, que se señale sin pruebas a quienes han desarrollado, desde la sociedad civil, un trabajo para el que el Estado no está preparado.

Desde el Grupo Parlamentario del PRD reconocemos estos esfuerzos y expresamos nuestra más amplia solidaridad con quienes, desde la sociedad civil, empeñan sus más grandes esfuerzos en beneficio de las niñas y los niños de nuestro país, principalmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con los derechos de las niñas y los niños así como de las madres trabajadoras, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de

ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Lic. María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar, al Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, a la Lic. María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para dar cumplimiento exacto, puntual y expedito a la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer la Lic. María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar, para explicar a detalle los resultados del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, 2019.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de junio de 2019.

SUSCRIBEN

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña          Dip. Claudia Reyes Montiel