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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica


De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIñEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca garantizar los derechos y la atención de las niñas y niños en su etapa de primera infancia. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años. En los últimos años la participación porcentual de la población de niñas, niños y adolescentes en México ha disminuido; resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 mostraron que 34.9% de la población total en el país tenía 17 y menos años. En 2018, la ENOE estima que esa proporción es de 30.1 por ciento. [*]

Debemos señalar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), considera que la primera infancia abarca de los 0 a los 5 años de edad y es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño o niña, siendo ésta la etapa más vulnerable durante el crecimiento, pues es en esta fase, en la que se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. [*]

Por lo anterior es indiscutible que la primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser humano. En ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, dado que el crecimiento y desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia entre un código genético y las experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir un incomparable aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la base de toda una vida.

Es importante recordar que, dentro de los Objetivos del Milenio, se plantea lograr la enseñanza primaria universal para generar una educación de calidad, logrando con ello un mundo apropiado para la niñez, por lo anterior la UNICEF ha hecho énfasis en que se debe trabajar con los gobiernos y otros aliados para garantizar que todos los niños reciban “el cuidado en su primera infancia que les prepare para afrontar la escuela con éxito”. [*]

La observación N° 7 del Comité de los Derechos del Niño a la Convención de los Derechos del Niño Realización de los derechos del niño en la primera infancia señala que, producto de las experiencias del Comité al examinar los informes de los Estados Partes, en muchos casos se ha ofrecido muy poca información sobre la primera infancia, y los comentarios se han limitado principalmente a la mortalidad infantil, al registro del nacimiento y a la atención de la salud. El documento indica que

Mediante esta observación general, el Comité desea facilitar el reconocimiento de que los niños pequeños son portadores de todos los derechos consagrados en la Convención y que la primera infancia es un período esencial para la realización de estos derechos. La definición de trabajo del Comité de "primera infancia" incluye a todos los niños pequeños: desde el nacimiento y a lo largo del primer año de vida, en los años de preescolar y durante el período de transición que culmina con su escolarización. [*]

Dentro del mismo documento, el Comité internacional, señala que

La Convención sobre los Derechos del Niño define al niño como "todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" (art. 1). Por lo tanto, los niños pequeños son beneficiarios de todos los derechos consagrados en la Convención. Tienen derecho a medidas especiales de protección y, de conformidad de sus capacidades en evolución, al ejercicio progresivo de sus derechos. Al Comité le preocupa que, en la aplicación de sus obligaciones en virtud de la Convención, los Estados Partes no hayan prestado atención suficiente a los niños pequeños en su condición de portadores de derechos, ni a las leyes, políticas y programas necesarios para hacer realidad sus derechos durante esta fase bien diferenciada de su infancia. El Comité reafirma que la Convención sobre los Derechos del Niño debe aplicarse de forma holística en la primera infancia, teniendo en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

El documento elaborado por el Sistema de Información sobre la Primera Infancia (SIPI) en colaboración con la UNICEF, el Instituto Internacional de Planeación de la Educación (IIPE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), refiere que durante las últimas décadas se han ido consolidando en el debate sobre las políticas públicas ciertos acuerdos que tienden a poner a la niñez y en particular a la primera infancia en América Latina, en el primer plano de la discusión pública.

Esta demanda para los gobiernos se traduce en la implementación de políticas y programas que buscan avanzar hacia la consolidación de la protección integral de la niñez en los inicios de la vida, ya que, durante los primeros años, en el cerebro se desarrolla a un ritmo de conexiones que no vuelve a repetirse en ninguna otra etapa de la vida: en los primeros tres años establece de 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo, las cuales dependen en gran medida de las interacciones que las niñas y niños establecen con sus cuidadores y de la influencia de los estímulos positivos y negativos de su entorno. Estas conexiones tempranas constituyen la base de la neuroplasticidad sobre la cual se asientan la salud mental y física, los resultados de aprendizaje, la adquisición de competencias sociales y la capacidad de adaptarse y ser productivo. [*]

Es por ello que las inversiones dirigidas a la primera infancia deben ser intersectoriales y responder a las necesidades específicas de la niñez en estas etapas, para poder garantizar el derecho de este sector poblacional. Lamentablemente, en México se invierten muy pocos recursos dirigidos a la atención infantil en los primeros años de vida, y dicho sea de paso, no existe una política Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia aplicada desde las Estancias Infantiles, que garantice a todas las niñas y niños su pleno potencial desde esta etapa. Muy al contrario, las políticas implementadas desde el Gobierno Federal han estado enfocadas en la disminución de los recursos para la atención de la infancia en esta etapa, como pudimos observar con la cancelación del financiamiento para las estancias infantiles.

Así entonces, las leyes y políticas públicas para la primera infancia deberán comprender actividades relativas a la salud y nutrición básicas, desarrollo cognitivo del lenguaje, desarrollo motor y desarrollo socioemocional, educación temprana, medidas laborales y la asistencia social necesaria para fortalecer a la familia, así como programas de educación para ayudar y asesorar a los padres. Consideramos primordial que dicha atención se involucre el trabajo intersectorial para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas y niños, traducidos en cuidado, nutrición y educación desde la primera infancia.

Si bien en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre de 2014, en la que se incluyen los derechos comprendidos en la Convención de los Derechos de los Niños, no se incluyó lo referente a los derechos particulares para la atención a la primera infancia, cuando se ha llegado al consenso científico de que esta etapa de la vida implica una política pública especifica de atención, desde el nacimiento hasta los 6 años a través de derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente.

Por ello, es importante la presente iniciativa de reforma y adición a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de asegurar los derechos de la infancia al comienzo mismo de la existencia.

Las decisiones que se tomen y las actividades que se realicen en favor de las niñas y los niños durante este período de primera infancia, influyen en el cumplimiento del artículo 4º Constitucional, el cual precisa que en todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Por lo anterior expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11, primer párrafo; 13, último párrafo; 125, fracción IV; y se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 10, con un segundo párrafo; 11, con un segundo párrafo; 15, con un segundo y tercer párrafo; 50, con una fracción XIX; 141, con un segundo párrafo y 142, con un segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Art. 5…

La primera infancia de las niñas y los niños comprende desde el nacimiento hasta los seis años de edad, desde el nacimiento y hasta su escolarización.

Artículo 10…

La Política de Estado en materia de primera infancia será obligatoria en todo el territorio nacional y están obligados a su cumplimiento las autoridades federales, las de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias.

Art. 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo cognitivo del lenguaje, físico, mental y social.

Las niñas y los niños que se encuentren comprendidos dentro de la etapa de primera infancia requieren de una protección especial e integral siendo la familia la primera responsable en proveerla. Las autoridades federales, las de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, velarán por su protección fortaleciendo a las familias, a los organismos e instituciones estatales específicos para la etapa y a las organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a dar respuesta a las necesidades e intereses de las niñas y niños.

Artículo 13…

I. a XX…

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición, incluidas las niñas y los niños que se encuentran en la etapa de primera infancia. Las acciones afirmativas positivas en favor de la infancia, implementadas por la Administración Pública, deberán otorgar apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las condiciones de discriminación múltiple que tienen las niñas y los niños durante sus primeros años de vida.

Artículo 15…

El Desarrollo Integral de las niñas y niños en la etapa de primera infancia, será abordado por una Política de Estado desde los siguientes componentes:  

I. Atención prenatal, post parto y puerperio a las madres, de conformidad con lo establecido en la ley;

II. Promoción de programas de lactancia materna o su sustitución a efecto de proveer la nutrición de manera suficiente y adecuada;

III. Promoción del desarrollo físico y combate a la desnutrición mediante la promoción de programas alimentarios enfocados en la primera infancia;

IV. Impulso del desarrollo psicológico y neuroafectivo.

V. Priorizar la atención de las niñas y niños con alguna discapacidad;

VI. Impulsar el desarrollo comunitario y garantizando la atención médica especializada que se requiera.

Los componentes serán considerados para todos los efectos, derechos humanos fundamentales.

El Estado garantizará la protección de los derechos de la niñez en la etapa de la primera infancia, favoreciendo en todo momento el principio de progresividad de los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución, los Tratados internacionales en la materia y la legislación aplicable.

Artículo 50…

I. a XVIII…

XIX. Recibir estimulación temprana para un desarrollo integral en la primera infancia, que les permita desarrollar al máximo las capacidades cognitivas, físicas, emocionales, sociales, afectivas y lingüísticas de las niñas y los niños.

Artículo 125…

I. a III….

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida la primera infancia;

Artículo 141…

El Programa Nacional incluirá la elaboración de la política de primera infancia.

Artículo 142….

El Programa Nacional en materia de primera infancia contendrá al menos, los siguientes elementos:

I. Diagnóstico de la situación nacional de primera infancia, desagregando además los datos por demarcación territorial o división política;

II. Análisis de la relación e integración al Plan Nacional de Desarrollo;

III. Objetivos, estrategias y líneas de acción;

IV. Bases de coordinación entre las diversas dependencias de la Administración Pública que estén contempladas o que realicen acciones en el marco del Plan Nacional;

V. Indicadores; y

VI. Otros elementos que acuerde el Sistema.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión a los 12 días del mes de junio de 2019.

SUSCRIBEN

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña                                  Dip. Claudia Reyes Montiel