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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la Federación; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para tomar las medidas necesarias para la asignación equitativa y la verificación constante del presupuesto federal destinado a infraestructura carretera.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LOS GOBERNADORES DE LAS 31 ENTIDADES QUE COMPONEN A LA FEDERACIÓN Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ASIGNACIÓN EQUITATIVA Y LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL PRESUPUESTO FEDERAL DESTINADO A INFRAESTRUCTURA CARRETERA.

El  que  suscribe,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla,  y  los  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción Nacional  de  la  LXIV  Legislatura  del  honorable  Congreso  de  la  Unión,  con  fundamento  en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la Federación, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para tomar las medidas necesarias para la asignación equitativa y la verificación constante del presupuesto federal destinado a infraestructura carretera, al tenor de las siguientes;

CONSIDERACIONES

El desarrollo carretero en nuestro país es uno de los grandes proyectos de infraestructura que acompañaron a la política pública mexicana durante gran parte del siglo XX. La construcción de carreteras como la 85 federal o la “Autopista del Sol”, son ejemplos de cómo el proyecto de nación que se ha acuñado en México le ha dado prioridad a la gesta de las vías indispensables para el desarrollo y usufructo del plano económico, político y social de cada entidad. La posibilidad de poder interconectar una serie de espacios distantes mediante tiempos cortos, así, encontraba satisfacción en dicho proyecto, labor que no ha sido dejada de lado ante la constante creación y remodelación de muchas de las vías de mayor importancia en nuestro país desde hace algunas décadas.

Recalcar la importancia de ellas, aquí, pareciera redundante. Sin la existencia de dichos caminos, las condiciones del México contemporáneo serían muy distintas. En sus funciones y consecuencias en la vida cotidiana, las carreteras no solamente abren la posibilidad de comerciar, sino de conectar a las diferentes personas y comunidades de los muy variados lugares de los cuales consta nuestro país. Hacen posibles las reuniones entre familias que viven distanciadas, hacen posibles las juntas de trabajo en diferentes entidades, facilitan las vías de acceso que vuelven al turismo una de las principales actividades de nuestra nación, etc. En pocas palabras, las carreteras federales traen bienestar a la población, por lo que mantener el proceso de planificación, construcción y mantenimiento lejos de actividades nocivas, como lo serían actos de corrupción, se torna una labor indispensable para garantizar un desarrollo nacional que se apegue a los estándares de calidad internacional y los derechos de la ciudadanía.

Vulnerar los derechos mediante actividades que afecten la planificación y uso de dichas vías, por lo tanto, requiere que se les dé un trato de protección similar al de cualquier “bien de la nación”. Por ello, la publicación en enero del 2019 de un estudio del Banco Mundial [*] acerca del uso del desarrollo carretero como actividad partidista no vino a sorprender a nadie, pero sí a recordarnos el historial del mal uso que le hemos dado a la política pública desde la trinchera de los representantes públicos.

De acorde a las conclusiones del trabajo, de 1993 a 2012 la expansión carretera se vio íntimamente relacionada con la preferencia política de municipios y estados, donde las entidades que contenían una mayor cantidad de votantes a favor del presidente en turno contaban con cerca del doble de infraestructura carretera que aquellas entidades que contenían una mayor cantidad de votantes para la oposición del partido en turno [*] . Sobre esto, el estudio argumenta que ante un uso de esta clase de prácticas, se requieren de dos requisitos para hacerles frente: la necesidad de oposición electoral y una “estabilidad legislativa”. Esto último, labor nuestra, encuentra su justificación en la idea sobre lo indispensable de un marco jurídico eficiente que evite los abusos de carácter político. La necesidad de observar a detalle los presupuestos en infraestructura carretera asignados a los estados es un requisito indispensable para aprobarlas, razón por la cual sorprende que las legislaturas anteriores no hayan hecho un gran revuelo durante su labor en gestiones anteriores, es solo una parte de la solución. Colaborar con las instituciones encargadas de la gestión de presupuestos y la supervisión de la planificación carretera pareciera ser el centro de la discusión.

El ejercicio del presupuesto corresponde a la planificación previa que las diferentes entidades realizan de acorde a sus competencias. Secretarías federales, municipios y estados, idealmente,  participan en las proyecciones de infraestructura que se requieran de acorde a las necesidades que se tiene en cada región. A pesar de ello y con la evidencia que provee el Banco Mundial, además de la muy conocida práctica común de usar políticas públicas con fines electorales, el demandar un alto a este tipo de prácticas ha encontrado poca resonancia. Los efectos nocivos que puede tener la política pública de carácter clientelar únicamente derivan en el deterioro del potencial crecimiento de las comunidades, en la perdida de legitimidad a mediano plazo de las formas de organización política (democracia) y  en el derroche presupuestal ante la falta de acoplamiento entre la necesidad, la inversión y la expectativa de los efectos de la ampliación o renovación carretera.

Por lo tanto, considerar que la nueva administración busque eliminar esta clase de prácticas entre los representantes públicos en todos los niveles es una labor sumamente importante, titánica en su demanda de voluntad política y controversial ante los múltiples argumentos que surgirán ante la resistencia de ciertos grupos que se favorecen de políticas de esta clase. Así, solicitar de manera urgente la colaboración de las instancias y niveles de gobierno correspondiente para garantizar el desarrollo de proyectos de infraestructura que estén enfocados a las necesidades regionales y a funciones explícitas de acorde a una planificación de desarrollo regional, resulta en una labor de prioritaria para el mantenimiento de un proyecto de nación enfocado a la ciudadanía y no en intereses individuales o que vayan más allá de la expectativa de brindar bienestar general a la población.

Por lo anterior, en favor de mantener una inversión de acorde a las necesidades y prioridades de las diferentes entidades estatales y municipales, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente;

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la Federación, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para proponer un plan nacional carretero que use como eje rector la necesidad de creación, ampliación y mantenimiento de tramos carreteros de acorde a la necesidad de desarrollo regional del país.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la Federación, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a colaborar en la implementación de métodos más rigurosos de verificación y validación de proyectos carreteros en favor de priorizar los proyectos más urgentes a zonas desfavorecidas en administraciones pasadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019

José Salvador Rosas Quintanilla

Diputado Federal


[*] Harris Selod & Souleymane Soumahoro. (2019). Highway Politics in a Divided Government, de Banco Mundial. Sitio web: http://documents.worldbank.org/curated/en/493691547756360057/pdf/WPS8710.pdf

[*] Ídem