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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo sobre la retención y desarme de personal militar en el municipio de La Huacana, Michoacán.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIóN.


Con Punto de Acuerdo sobre la retención y desarme de personal militar en el municipio de La Huacana, Michoacán.

La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo sobre la retención y desarme de personal militar en el municipio de La Huacana, Michoacán, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sobre la operación de las fuerzas armadas en operativos de combate a la delincuencia y sobre la letalidad de sus actuaciones, basado en información oficial de tres mil 327 combates registrados en el sexenio de Felipe Calderón estableció que cuatro de cada diez combates fueron ‘eventos de letalidad perfecta’, es decir, sólo registraron muertos y ningún herido.

Los denominados ‘eventos de letalidad perfecta’ incrementaron año con año, pues mientras en 2007 hubo 15, para 2011 hubo 451, además de que en ellos se dieron 86 por ciento de las tres mil 413 muertes de presuntos delincuentes registradas en combate.

Los índices de letalidad, son muy superiores a los que registran ejércitos en guerra, donde generalmente hay más heridos que muertos, pero en el caso mexicano, en el periodo analizado, el comportamiento de las fuerzas armadas fue diferente.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reveló un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que quedaban inscritas las instrucciones que recibió el teniente que comandó la intervención militar en el caso de la masacre de Tlatlaya en el Estado de México el 30 de junio de 2014, en ese documento se señala como instrucción VII de la Orden de Relevo y Designación de Mando del 11 de junio de 2014 dirigida al nuevo jefe militar a cargo de los soldados asentados en Tlatlaya que: “Las tropas deberán operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, fueron privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de estar rendidas.

En la recomendación 51/2014 la CNDH documentó que "después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas", menciona el documento.

La actuación del ejército y de las fuerzas armadas en estas acciones de combate a la delincuencia y en acciones de seguridad pública no sólo resultaba letal, sino claramente violatoria de los derechos humanos.

Durante años denunciamos todos estos abusos, durante años exigimos que la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública fuesen limitadas y reguladas, durante años exigimos que el uso de la fuerza legítima del estado se basara en estándares internacionales, en niveles de intervención y en graduación proporcional frente a las amenazas reales, actuales e inminentes que se les presentaran, exigiendo también que no volvieran a ocurrir masacres y ataques letales como los que instituciones académicas y de defensa de los derechos humanos habían venido registrando.

Durante años lo hemos exigido y lo seguiremos haciendo porque estamos convencidas de que el legítimo uso de la fuerza es y debe ser el último recurso del estado y no el primero.

En ese sentido es importante mencionar que recientemente el Congreso aprobó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, ordenamiento en el que se incorpora a todos los cuerpos de seguridad, incluyendo a los elementos militares, lo cual representa sin lugar a dudas un importante avance en la consolidación de un estado de derecho que se ajuste a los principios y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero sobre todo, es un muy importante avance en el mejoramiento de la actuación de los cuerpos policiales en el ejercicio de su trabajo cotidiano.

Los objetos de esta ley están claramente delimitados en el contenido de su articulado y se expresan de manera clara para establecer las  normas generales bajo  las cuales los  integrantes  de  las Instituciones de   seguridad  pueden ejercer el  uso  de  la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones; así como el regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones  para  los  integrantes  de  las  instituciones  de  seguridad  que ejercen el uso de la fuerza; estableciendo también las  reglas  para  el control y  administración del  equipamiento oficial de  los integrantes de  las instituciones de seguridad; y  los esquemas de  coordinación  operativa  para  las  instituciones  de seguridad en el uso de la fuerza y  del armamento oficial; procurando con todo ello el brindar certeza jurídica y transparencia a  la ciudadanía en relación con  el uso  de  la fuerza  que  realicen las  instituciones de  seguridad  en  el ejercicio de sus funciones, para lo cual establece también un  régimen  de responsabilidades por  la inobservancia de esta Ley y por la violación a las disposiciones que en materia de derechos humanos se han adoptado como Estado mexicano.
El reconocer legalmente los principios que regirán en todo momento el uso de la fuerza legítima del estado, así como fijar claramente la gradualidad en el uso de los mecanismos y técnicas de las que pueden disponer las y los agentes de seguridad es sin lugar a dudas otro de los componentes más destacables de esta legislación.
 
En contraposición, quienes durante años en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto aplaudieron los abusos de la fuerza que se cometieron, aplaudieron las masacres convertidas en graves violaciones a los derechos humanos y encubrieron a los responsables hoy levantan la voz por lo ocurrido en “La Huacana” en Michoacán, exigiendo que se le permita al ejercito y a la marina el “uso discrecional” de las armas y el atacar a la población de forma indiscriminada cuando subjetivamente “se sientan en condición de riesgo”.

Nosotros somos congruentes con nuestra posición de control del uso de la fuerza, no repetición de graves violaciones a los derechos humanos y sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza como el último recurso del estado.

La retención de un grupo de militares ocurrida esta semana en Michoacán por un grupo de personas presuntamente integrantes de una célula de autodefensas que se mantiene operando en la región volvió a colocar en el debate público los alcances sobre el uso de la fuerza así como el contenido de los protocolos y las instrucciones ordenadas a los cuerpos castrenses en las tareas auxiliares de seguridad pública que siguen desarrollando, sin embargo, esa discusión se ha desviado de los puntos centrales y se ha colocado en el absurdo dicotómico que aquí mismo estamos revisando.

Estas voces que critican la actuación del ejército en La Huacana por haberse mantenido pasivos y tolerantes frente a las exigencias de la población, son las mismas que durante dos décadas implementaron una estrategia de seguridad que llevó a nuestro país a hundirse en la peor crisis en materia de seguridad y violencia de nuestra historia reciente.

Por ello, hemos de insistir que este tipo de discusiones deberían de centrarse en lo importante para  la población, en las causas de la violencia, en las medidas para combatir la presencia de las fuerzas criminales al interior de las fuerzas policiales, en las medidas de coordinación para respaldar la nuestra estrategia de seguridad con una visión de respeto pleno a los derechos humanos, en las medidas que juntas y juntos debemos de realizar para construir una paz justa y duradera.

Antes de seguir discutiendo sobre cómo deberían de actuar o no actuar las fuerzas armadas frente a este tipo de casoses importante decir que : es preferible un escena como la ocurrida en La Huacana, que una escena como la ocurrida en Tlatlaya, ojalá que quede claro y que se entienda, no mas abusos del poder, no más uso de la fuerza indiscriminado, no más violaciones a los derechos humanos consentidas y toleradas desde el Gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su apoyo a los integrantes de las fuerzas armadas por su actuación prudente y de respeto a los derechos humanos, en los hechos ocurridos en el municipio de la Huacana, Michoacán.
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que en este caso investiguen las conductas ilícitas y determinen lo que ha derecho proceda, sentido en el que se ha pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a implementar protocolos y estrategias de actuación en la atención de estos casos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
a los 5 días del mes de junio de 2019

SUSCRIBE

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA



Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y Rebeca Calzada. “Combates de la “guerra contra las drogas” 2007 – 2011: actuación de las fuerzas públicas”. Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3396/Combate_RC_IBD.pdf?sequence=7&isAllowed=y. Consultado el 30 de mayo de 2019.

AFP. “Ejército ordenó abatir criminales en Tlatlaya: ONG”. En El Economista 2 de julio de 2015. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ejercito-ordeno-abatir-criminales-en-Tlatlaya-ONG-20150702-0203.html Consultado el 30 de mayo de 2015.

Redacción Animal Político. “Ejército ejecutó a 15 de los 22 muertos en Tlatlaya, afirma CNDH en nueva recomendación (documento íntegro)”. En Animal Político 22 de octubre de 2014. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2014/10/ejercito-ejecuto-15-de-los-22-muertos-en-tlatlaya-afirma-cndh-en-recomendacion-dirigida-sedena-pgr-y-edomex/ Consultado el 30 de mayo de 2019.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 51/2014 Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2014/Rec_2014_051.pdf Consultado el 30 de mayo de 2019.