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Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación Pública; de Economía y del Trabajo y Previsión Social a implementar una estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE BIENESTAR, DE SALUD, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE ECONOMÍA, DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL QUE PERMITA ATENDER A LOS INFANTES QUE VIVEN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE NUESTRO PAÍS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo  fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Comisión Permanente; con base en las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

En nuestro país, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran reconocidos en el artículo 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se indica que:

Artículo 1. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en los artículos 1°, 2° y 4°:

Articulo 1. El objeto de la misma (Ley) es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas”

Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”

Y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los artículos 1°, 2° y 6°:

 “Artículo 1. Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo

Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”

Durante el periodo 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo, se insertaron estos principios a través del Eje Rector 1 México en Paz:

“Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

Estrategia 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación.

Líneas de acción

• Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

 • Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación de personas o grupos.

• Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación.

 • Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.

 • Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Durante este periodo se tuvieron alcances relevantes, tales como:

  • Paridad de género en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos Locales,
  • Instalación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,
  • Creación del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, donde a la par de instalaron Observatorios de Participación en cada Entidad Federativa,
  • Incorporación de la perspectiva de género a las Reglas de Operación de todos los programas, 
  • Certificación de las dependencias de la Administración Pública Federal y del sector privado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y, 
  • Matrimonio Igualitario 

Sin embargo, en México aún quedan retos por superar; uno de ellos es la situación de las mujeres privadas de su libertad y de sus hijas e hijos en condición de internamiento.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país existen 16 Centros Femeniles Estatales en donde se encuentran 3,284 mujeres.

Un Centro Femenil Federal que alberga 4,441 reclusas, y 75 Centros Mixtos en los que se localizan 5,264 mujeres, dando así, un total de 9,705 mujeres privadas de su libertad censadas en el 2017. De los 92 Centros de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres.

Ahora bien, mayoritariamente las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional” , ésta podría caracterizarse como una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, pues no tienen con los recursos para poder solventar los gastos que representa su atención.

De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa que impulsó el Banco Interamericano de Desarrollo en “Las Mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres”, se visibilizan los costos indirectos por mantener a un reo en prisión, pues no sólo requieren de ayuda económica para alimentos, medicamentos o productos de limpieza sino también para sostener su estancia el Centro de Reclusión.

Dentro de los Centros Penitenciarios son concebidos niñas y niños, ya que es un derecho de las reclusas recibir visitas íntimas, cuando las mujeres están por parir son enviadas para su atención médica, por lo que posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y lactancia.

Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el Centro Penitenciario, vivan con alguno de sus parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplan con su condena, sin embargo, también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario.

El 16 de Julio de 2016 se expidió en nuestro país la Ley Nacional de Ejecución Penal en la cual se reconocen en el artículo 10, los Derechos de las mujeres privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios, en la que se delimita que los menores podrán conservar la guardia y custodia de sus hijos hasta los tres años de edad.

Además, se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral tanto de las madres como de sus hijos.

Como ya se señaló anteriormente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo primero el goce de los derechos humanos otorgados por la misma y por tratados internacionales de los que formamos parte, y a su vez, prohíbe todo tipo de discriminación.

En otras palabras, las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de dichos derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.

A su vez, en la misma Carta Magna, artículo 4 se establece que el Estado debe velar por el principio de interés superior de la niñez:

Artículo 4. (…) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Por otra parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada con el objetivo de “reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos por lo que implica garantizar el pleno ejercicio, protección, respeto y promoción de sus derechos humanos, bajo  los principios rectores y criterios que sean definidos en la política nacional del Estado.”

Por su parte, el Estudio de Menores que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios del Instituto Belisario Domínguez señala que aunque en el artículo 13 de esta Ley se describen los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes, éstos son violentados, por lo que cabe hacer la siguiente referencia a lo encontrado :

  • Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, no lo hacen en condiciones de dignidad, pues carecen de las mismas necesidades básicas que sus madres.
  • Derecho de prioridad. El marco legislativo mexicano, establece que los niños son la prioridad para el diseño e implementación de las políticas públicas con el fin de proteger sus derechos. Las niñas y los niños que viven en las prisiones con sus madres, no son considerados en el ciclo de las políticas públicas.
  • Derecho a la identidad. No se sabe con exactitud si las niñas y niños nacidos en los centros penitenciarios, fueron registrados inmediatamente, y se desconoce si cuentan con un acta de nacimiento.
  • Derecho a vivir en familia. Los niños y las niñas no deben ser separados de sus familias de origen, a menos de que sea necesario. En el caso de los menores que nacen en las prisiones, la Ley establece que deben permanecer con sus madres hasta la edad de tres años, cumplida esa edad, deben ser separados y entregados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades para que sean ubicados en el mejor de los casos, con su familia extensa o ampliada, y en el caso más sensible, sean entregados a una familia de acogida.
  • Derecho a la igualdad sustantiva. Las niñas y niños que viven en las prisiones con sus madres, tienen derecho al mismo trato e igualdad de oportunidades que las niñas y los niños que viven fuera de las prisiones.
  • Del derecho a No ser discriminados. El artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indica que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia” , entonces las niñas y niños que nacieron en las prisiones, no deben discriminados por circunstancias de nacimiento, ni por este hecho se les debe de restringir o limitar sus derechos.
  • Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral. Si bien, todas las niñas y niños tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, las niñas y los niños que viven en las prisiones con su madre no lo tienen, y aunque distintas instituciones demuestran que el ambiente carcelario no es bueno para ellos, sigue prevaleciendo el derecho a estar con su familia, en este caso, las madres que cumplen condenas y, que por distintos motivos no pueden separar a sus hijos de ellas.
  • Derechos de Acceso a una vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal. Todos los menores, tienen derecho a una vida libre de violencia, y aunque no se tienen datos oficiales sobre la violencia que sufren las niñas y niños que viven en las prisiones con su madre, sí se tienen informes de la CNDH sobre la violencia que viven las mujeres en las prisiones, lo cual es de preocupación para el desarrollo de los menores. 
  • Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social. La precariedad de la atención médica ha quedado visibilizada en distintos estudios de la CNDH y del INMUJRES. Las niñas y los niños que viven en ambientes carcelarios con sus madres no reciben atención médica de calidad, a pesar de que en el artículo 50 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud”.
  • Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad. De las 444 niñas y niños que viven en las cárceles con su madre según el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, no se tiene información sobre si alguno de los menores tenía una discapacidad y si recibían la atención adecuada. De ser así, los niños y niñas con discapacidad deben ser incluidos y recibir un trato con igualdad de oportunidades al resto de los demás menores que se encuentran fuera de las prisiones.
  • Del Derecho a la Educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación , y al mismo tiempo el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” . A pesar de ello, de todos los Centros de Reinserción, sólo el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, cuenta con un Centro de Desarrollo Social (CENDI) validado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), otros no cuentan con dicha validación o no existen.
  • De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de fomentar el descanso y esparcimiento de las niñas y los niños en actividades ya sea, culturales, artísticas, deportivas, o de cualquier otro ámbito para su pleno desarrollo, independientemente del lugar donde vivan.
  • De los Derechos de la Libertad de Convicciones Ética, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura. Este derecho se encuentra señalado en el artículo 62, y tiene el fin de garantizarse en el marco del Estado Laico, a su vez, queda prohibida su discriminación.
  • De los Derechos a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Se debe de tomar en cuenta la opinión de las niñas y los niños, y aunque aquellos que viven en las prisiones tienen 3 años o menos, no puede ser excusa para no considerar su voluntad.
  • Del Derecho a la Participación. Una vez más este derecho también involucra a que las opiniones de las niñas y niños sean tomadas en cuenta, y el artículo 71 establece que debe ser acorde a su edad, a su desarrollo evolutivo, a su desarrollo cognoscitivo y a su madurez.
  • Del Derecho a la Asociación y Reunión. Es cierto que las niñas y los niños que viven en las prisiones con su madre no tienen garantizado este derecho por las condiciones en las que se encuentran, empero, su permanencia en los primeros años de vida con su madre, parece ser lo correcto.
  • Derecho a la Intimidad. El artículo 76 de la misma Ley, establece que “Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación” . A las niñas y niños que viven en las prisiones también se les debe respetar este derecho.
  • Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. Para el caso de las niñas y los niños que viven en los reclusorios, no son ellos quienes cometieron un delito, pero sí sus madres, y en el mejor de los casos, están tratando de demostrar su inocencia, o bien, pagando una condena.
  • Niñas, niños y adolescentes migrantes. Las niñas y los niños que nacen en un reclusorio nacional, son considerados mexicanos, sin importar la nacionalidad de sus padres.

De acuerdo con el estudio publicado por Reinserta A.C y el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche (17.14%), pañales (16%), servicio médico (14,85%), medicinas para niñas y niños (10.28%), alimentos (8.5%), fuentes de trabajo para las madres (6.85%), ropa (6.85%), centros para niños/guarderías (6.28%), visitas más seguidas y más largas (3.42%), juguetes (3.42%), espacios especiales para que duerman los menores (2.28%), talleres para las madres (1.71%), mejor trato de las custodias hacia los menores (1.14%) y apoyo legal (1.14%).

De ese mismo estudio, se cuestiona por el trabajo al interior de los Centros de Reinserción Social lo que el resultado arrojó que: “El 53% de las mujeres encuestadas comentó no tener un trabajo al interior de la prisión; el 25% dice que sí trabaja dentro del centro, aunque algunas consideran actividades informales como manualidades (es la mayor frecuencia) o servicios de faena como un trabajo, el 22% no contestó a esta pregunta.

De las que sí trabajan al interior del centro, el 52% no recibe ninguna remuneración económica; al 40% sí le pagan por trabajar (aunque esto no quiere decir que lo reciban por la institución penitenciaria); el 6% no respondió y el 2% no respondió.”

En cuanto a la distribución de los gastos: “El 56% de las mujeres que reciben algún apoyo económico o les pagan por el trabajo que realizan, utilizan el dinero para sus necesidades al interior del centro; 18% utilizan el dinero para la manutención de sus hijos e hijas y el 13% para abastecer su negocio. El 16% del total de las mujeres encuestadas considera que su ingreso semanal es entre 100 y 299 pesos mexicanos, aunque el 62% no respondió a esta pregunta.”

Para atención y cuidados de los menores: “El 41% de las mujeres afirma alimentar a sus hijas e hijos con leche materna; el 32% no alimenta a sus hijas e hijos con leche materna y el 28% no respondió.”

Respecto a la alimentación, “30% de las mujeres considera que cuenta con los alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34% los considera insuficientes y el 36% no respondió a esta pregunta.”

El tema de Salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicada, pues “el 58% de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34% no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13% no sabe por qué; 13% no tiene acceso a vacunas; 50% mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25% por otra situación.

Cuando las niñas o los niños se enferman, el 40% recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13% fuera del centro penitenciario; el 12% no recibe atención pediátrica; el 34% no respondió y el 1% dentro y fuera del centro penitenciario. Esto sucede porque hay algunas niñas y niños que salen temporalmente con algún familiar y algunas mujeres aprovechan para que sus hijas e hijos puedan ir con medico fuera del centro penitenciario, sin embargo, son muy pocas las que tienen el apoyo.

Cuando las y los menores se enferman, el 39% recibe las medicinas sin costo en el centro penitenciario; el 35% lo consigue en el mercado negro; el 15% las tiene que conseguir por otro medio; el 7% a través del centro penitenciario, pero las tiene que pagar y el 4 % otra (…). El 66% de las mujeres considera que su hija o hijo tiene buena salud; el 17% no respondió; el 13% un estado de salud regular; 3% no sabe y el 1% mala salud.”

Si bien, el análisis presentado de los 11 Centros de Readaptación Social por INMUJERES no refleja una generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias.

“Es por todas” y con la finalidad de que los infantes que habitan en los Centros Penitenciarios de nuestro país sean atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la Administración Pública Federal que garanticen además los principios del interés superior de la infancia que se somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

P U N T O  D E  A C U E R D O

Primero. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Bienestar a implementar una estrategia que permita el acceso a los Programas de Bienestar a los hijos de las madres que habitan en los Centros de Reinserción Social, garantizando lo estipulado por las leyes secundarias en la materia.

Segundo. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a reforzar la atención y acceso a la Salud de los menores que habitan en los Centros de Reinserción Social de nuestro país.  

Tercero. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a implementar una medida que permita que los menores que viven en condición de internamiento en los Centros Penitenciarios de nuestro país accedan a una educación de calidad, así como a facilitar la validación de los Centros de Desarrollo Infantil.

Cuarto. La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaria de Economía que permita impulsar medidas de apoyo para que las mujeres en condiciones de internamiento en los Centros de Readaptación Social Femenil de nuestro país puedan recibir capacitación en materia laboral que permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

Atentamente

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2019.


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1° y Artículo 4°, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Artículo 1°, Artículo 2° y Artículo 4°, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 1°, Artículo 2° y Artículo 6°, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf

Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 110s, disponible en http://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/PND.pdf

CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, p. 617s, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf

Ibídem.

Reinserta A.C, INMUJERES, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hija e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de Políticas Públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes, p. 20, disponible en   https://reinserta.org/noticias/diagnostico-de-maternidad-en-centros-penitenciarios

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, Op. Cit.

Carla Angélica Gómez Macfarland, Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México, Instituto Belisario Domínguez, Agosto 2017, p. 12, disponible en http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ibídem, Articulo 13.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Articulo 39, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf

Ibídem, Articulo 50.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 3, Op. Cit.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Artículo 57, Op. Cit.

Ibídem, Artículo 62.

Ibídem, Artículo 71.

Ibídem, Artículo 76.

Reinserta A.C, INMUJERES, Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, p. 122.
Nota: Los datos fueron pasados a porcentajes.

Ibídem, p.73.

Ibídem, p. 74.

Ibídem, p. 86.

Ibídem

Ibídem, p. 87.