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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Educación Pública a conducirse con estricto apego a las normas constitucionales y legales en el proceso de elaboración y aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, y exhorta a ambas Cámaras del Congreso a utilizar los principios y métodos del Parlamento Abierto en dicho proceso.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONDUCIRSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS CONSITUCIONALES Y LEGALES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA, Y EXHORTA A AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO A UTILIZAR LOS PRINCIPIOS Y MÉTODOS DEL PARLAMENTO ABIERTO EN DICHO PROCESO

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al secretario de Educación Pública a conducirse con estricto apego a las normas constitucionales y legales en el proceso de elaboración y aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, y exhorta a ambas Cámaras del Congreso a utilizar los principios y métodos del Parlamento Abierto en dicho proceso, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 27 de mayo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estaos Unidos Mexicanos, dio a conocer un documento con folio Presidencia-014/05/27/19 signado por él y dirigido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de un diálogo sostenido con esta agrupación en Palacio Nacional.

Este encuentro fue posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 15 de mayo del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el documento citado, el Presidente propone como “vía” para resolver los “cuestionamientos” de la Coordinadora a la reforma constitucional “iniciar una mesa de trabajo con representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional”.

Esto no debiera de ser motivo de preocupación, toda vez que teniendo el Presidente derecho de iniciar leyes federales, puede allegarse de los elementos y los interlocutores que le parezcan convenientes para ejercer ese derecho.

Pero el contexto en que se da la propuesta de instalar esta mesa nos lleva a algunos cuestionamientos.

En primer lugar, en el proceso de discusión y aprobación de la reforma constitucional se alcanzaron acuerdos políticos entre las fuerzas representadas en el Congreso para que la legislación secundaria surgiera del propio Poder Legislativo mediante el trabajo conjunto con el Ejecutivo, con el magisterio, expertos, académicos, autoridades educativas y con todos los interesados en la transformación del sistema educativo nacional.

Cerrar el proceso de elaboración de las leyes que derivan de la reforma constitucional en materia educativa a una mesa de trabajo del Ejecutivo con los maestros se contrapone a los acuerdos alcanzados en ambas Cámaras y limita la interlocución a un sector que si bien es reconocido desde la Constitución, como un agente fundamental del proceso educativo que contribuye a la transformación social, no es el único actor que puede aportar sus valiosos conocimientos y experiencia al proceso de conformación de dichas leyes.

Las Cámaras han llevado a cabo Parlamento Abierto en temas fundamentales, como Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, reforma laboral y la propia reforma educativa, dejando en claro que escuchándonos todos podemos construir mejores leyes. Preocupa que el Presidente desdeñe esta experiencia y se limite a una mesa con un sector la confección de estas leyes, en la que tampoco se aclara si sus sesiones serán públicas o si su contenido se hará del conocimiento general.

Sin embargo, no esto nada más lo que nos preocupa.

En el documento citado, se proponen “lineamientos generales” sobre los que se propone hacer las leyes reglamentarias; en síntesis propone:

  1. Previo censo y verificación por una instancia bilateral y paritaria, basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública, cumpliendo las normas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional).
  2. Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales y los diversos grados de dificultad, compromiso y capacidad que cada una demanda.
  3. De conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo, el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y, a partir de ello, otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos.
  4. Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base en tres criterios: antigüedad (40%), experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social (40%) y reconocimientos de buen desempeño en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo (20%).

Se hacen otras propuestas en materia de mejoramiento de la infraestructura educativa, se propone la creación de Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) para administrar el presupuesto para mejoras que se entregará (se entiende, por escuela) de manera trimestral.

Y reitera compromisos de campaña: reparación del daño a los maestros afectados por la “mal llamada reforma educativa”, liberación de presos políticos, reinstalación de docentes cesados y el reconocimiento de los maestros como protagonistas en la construcción de un país “honesto, solidario, pacífico, soberano y verdaderamente democrático”.

De los puntos incluidos en el documento, los número 1, 3 y 4 se refieren propiamente a una de las materias en las que el Congreso debe legislar: el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues refiere mecanismos para el ingreso al servicio docente, así como la promoción y  el reconocimiento en el desempeño. Los otros puntos son ofrecimientos para cumplir reivindicaciones laborales o medidas de política educativa cuestionables, cuyo comentario rebasa los propósitos de este punto de acuerdo.

Preocupa encontrar en el compromiso del Ejecutivo con la CNTE medidas que, si se incorporan a la legislación secundaria, resultarían evidentemente contrarias al espíritu y la letra del Decreto del 15 de mayo.

Dice el artículo 3º constitucional vigente, en sus párrafos sexto y séptimo:

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo.

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones.

La reforma constitucional crea un nuevo sistema de carrera, basado en el mérito, la capacitación, la formación continua y la actualización. Partiendo de la rectoría del Estado en el sistema educativo, el ingreso, el reconocimiento y la promoción de maestras y maestros, se determinará mediante procesos académicos a los que concurrirán en condiciones de igualdad y transparencia. El objeto de este sistema es que los trabajadores de la educación ingresen y mejoren por mérito propio, no como el resultado de una canonjía o un intercambio de favores con la autoridad, el gobierno, o algún liderazgo.

Las medidas que propone el Presidente contrarían lo dispuesto en la Constitución. El punto 1, referido a la basificación “de todos” los maestros que trabajan en distintos regímenes, de acuerdo a una instancia bilateral y paritaria, en los términos dispuestos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (no por la ley que se desprenderá del Decreto del 15 de mayo) es prácticamente un golpe de estado a la reforma: sin transparencia, sin censos educativos por una instancia objetiva e imparcial (como se hizo en 2013 por parte del INEGI) y sin más controles que la negociación entre el Estado patrón y la representación sindical deja sin efecto la disposición constitucional ya citada, que dice que “los nombramientos derivados  de estos procesos (de selección) sólo se otorgarán en términos de dicha ley”.

El ingreso automático al servicio, controlando la matrícula de las normales (punto 3)  elimina de facto cualquier proceso de selección público, transparente, equitativo e imparcial para el que la evaluación de los conocimientos, aptitudes y experiencia son intrascendentes.

Por otro lado, un sistema de mejora (punto 4) basado en antigüedad, experiencia en el desempeño en zonas “de marginación, pobreza y descomposición social” y  “reconocimientos de buen desempeño de padres, alumnos y compañeros de trabajo” implica sesgos evidentes e incluso subjetividades que no necesariamente conducen a la mejora del magisterio ni cumplen con el requisito constitucional de considerar los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, como factores para la promoción y el reconocimiento.

Honorable Asamblea:

Es fundamental que la próxima etapa en la reforma educativa, que es el proceso legislativo que llevará a la expedición de las leyes secundarias, se haga con pleno respeto a los principios de una república representativa, observando en todo momento el principio de división de poderes y la normatividad por la que los Poderes de la Unión forman y aprueban las leyes federales.

La legislación que se desprende del Decreto del 15 de mayo pasado debe apegarse de manera estricta a los propósitos y a la letra de la norma superior que le da origen; es inaceptable que se pretendan incorporar al marco jurídico educativo normas contrarias y hasta regresivas a lo que establece nuestra Ley Fundamental.

Como integrantes del Poder Legislativo, proponemos además que se utilicen los principios y la metodología del Parlamento Abierto en este proceso; no es una norma que solo atañe e interese a un sector del magisterio. No es poco decir que en esta construcción legal e institucional está en juego el futuro de nuestro país.

Para las y los legisladores del PRD, la defensa de la educación pública, obligatoria, laica, gratuita y de calidad ha sido una de nuestras principales banderas. Hemos postulado además que esta educación debe estar al alcance de todas y todos y debe tener la calidad y la pertinencia que permitan el mejor aprovechamiento tanto en el aula como en la vida cotidiana.

A través de la educación podemos aspirar a mejores condiciones de vida para la población y a un desarrollo nacional sostenido, equitativo y sustentable, por lo que reiteramos nuestro compromiso por el fortalecimiento de la educación pública, para que llegue a todas las niñas, niños adolescentes y jóvenes de México, en especial a los que menos tienen.


Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de La Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al secretario de Educación Pública a conducirse con estricto apego a lo dispuesto por las normas constitucionales y legales relativas a la formación y aprobación de leyes, el principio republicano de división y separación de poderes, el interés general y los principios consagrados en el artículo 3º constitucional vigente, durante el proceso de elaboración y aprobación de la legislación secundaria en materia educativa que se desprende del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2019.

SEGUNDO. Asimismo, exhorta a las Cámaras del Congreso a proceder en el mismo sentido del resolutivo anterior, aplicando además los principios y métodos del Parlamento Abierto, para la elaboración y aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, referida con anterioridad.

Suscriben,

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña                              Dip. Claudia Reyes Montiel

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas                          Dip. Abril Alcalá Padilla

Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo                                   Dip. Mónica Almeida López

Dip. Mónica Bautista Rodríguez                                Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez

Dip. Raymundo García Gutiérrez                              Dip. Antonio Ortega Martínez

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 5 de junio de 2019