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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de construir una política de Estado que guíe la actuación de las autoridades para que todas las personas tengan un acceso efectivo a los derechos que consagra nuestra Constitución.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE GUÍE LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN UN ACCESO EFECTIVO A LOS DERECHOS QUE CONSAGRA NUESTRA CONSTITUCIÓN.

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH es un organismo autónomo constitucional, que tiene por objetivo proteger y defender los derechos humanos de los mexicanos. Esta institución fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992 cuando se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación por el cual se adicionó un apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior facultó al Congreso de la Unión y las legislaturas de las distintas entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se establecieran organismos especializados en la atención de quejas en contra de los actos u omisiones cometidos por las autoridades que violaran los derechos de las personas. A la par, facultó a los organismos para formular recomendaciones no vinculatorias a las autoridades.
El 13 de septiembre de 1999, se reformó nuevamente el apartado B del artículo 102 de la Constitución con el objetivo de darle autonomía constitucional. Esto significó un cambio de paradigma porque el Estado Mexicano reconoció la necesidad de conformar una institución independiente de los poderes de la Unión para actuar como garante de los derechos de las personas ante las acciones del Estado. Finalmente, la reforma Constitucional de 2011 dotó a la CNDH de facultades para investigar violaciones graves.

Esta reforma fue fundamental para promover y proteger los derechos de todos los mexicanos porque además de elevar a rango constitucional los tratados internacionales firmados y ratificados por México, estableció la obligación de las autoridades de respetar y hacer respetar la Constitución. Además, estableció la posibilidad de que los particulares también pudieran ser sujetos de violaciones de derechos humanos cuando ejercen una actividad pública.

Esta Institución ha sido un referente en materia de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, sus recomendaciones han permitido que los agentes del Estado revisen los actos de autoridad en los que incurren. El titular de la CNDH encarna la figura de ombusman, es decir, el “defensor del pueblo”, quien busca ante todo, revisar los actos de autoridad y velar porque todo ejercicio de la función pública se realice con pleno respeto de los derechos humanos.

Los informes anuales de las actividades habían sido entregados de manera directa al presidente de la República. Se trata de un protocolo en el que se aceptan las acciones del ombusman y se realiza una evaluación de las acciones del Estado en contra de los derechos de las personas. 

La negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir el informe anual de Actividades presentado por el ombusman constituye una señal de desdén por los derechos humanos.

La actitud del Presidente de la República refleja una falta de interés por hacer valer los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que presentó a la Cámara de Diputados el gobierno federal habla del fortalecimiento de los derechos humanos de todos los mexicanos; entonces ¿cómo hablar de respeto y defensa de los derechos humanos si no se asume la responsabilidad de tales actos?

En un estado garantista como, lo es el Mexicano, toda autoridad está obligada a atender las acciones y las recomendaciones emitidas por la CNDH, pero para la presente administración los derechos humanos no representan una prioridad. Desde el inicio se han acumulado hechos, actos y omisiones que permiten dilucidar que la vigencia de los derechos humanos no constituye una premisa en la actuación de la Administración Pública Federal.

Es evidente que el titular del Ejecutivo se incomoda con todas las instituciones del Estado mexicano que cuestionan su gobierno. Basta señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, se ha expresado en los siguientes temas:

  • Su total rechazo a las agresiones y retención contra personal militar en La Huacana, Michoacán, subrayando que bajo ningún supuesto debe hacerse uso de la fuerza y la violencia para solicitar o exigir planteamiento alguno a las autoridades.
  • Su preocupación por el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población en todo el país, derivado de la reducción presupuestal y/o la no transferencia de recursos a ese sector, a partir de las medidas de austeridad implementadas por la actual administración
  • Los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.
  • Reconoció la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como el párrafo último, y 7, párrafo primero fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por considerar que establecían una regulación deficiente para fijar las percepciones del personal del servicio público.
  • Expresó su preocupación por el agravamiento de las condiciones ambientales de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y exhortó a las autoridades federales, estatales, municipales y alcaldías a adoptar con urgencia las medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar la salud de las personas.
  • Alertó a las autoridades, al sector económico y a la sociedad en su conjunto sobre la tasa de desempleo de la Población Económicamente Activa (PEA) que llegó al 3.6% en marzo del presente año, registro que no se alcanzaba desde diciembre de 2016.
  • Emitió una postura sobre memorándum del titular del Ejecutivo Federal para dejar sin efecto la Reforma Educativa de 2013.
  • Solicitó de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que garantice que los servicios de tamizaje neonatal.
  • Solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de seis medidas cautelares para impedir la violación a los derechos humanos de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.
  • Exhortó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles.

La CNDH debe ser vista como un contrapeso que colabora con los Poderes de la Unión. Desafortunadamente, en 29 años de existencia de la CNDH, el Presidente de la República optó por no asistir a la presentación del informe anual y requirió que fuera atendido por la Secretaria de Gobernación.

El avance democrático y la vigencia del Estado de derecho exigen garantizar el respeto y protección de los derechos humanos para que todos los mexicanos tengan una vida digna.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de construir una política de Estado que guíe la actuación de las autoridades para que todas las personas tengan un acceso efectivo a los derechos que consagra nuestra Constitución.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su preocupación por la ausencia del Presidente de la República en el informe del Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a que representa un mensaje político de regresión en materia de Derechos Humanos.

Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 05 de junio de 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en representación del Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros.


http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/CNDH-Constitucion.pdf

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