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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; adiciona el artículo 26 Bis; adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo 105; y reforma el primer párrafo del artículo 201 de la Ley del Seguro Social.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN SEGURIDAD SOCIAL DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE SUJETOS DE ASEGURAMIENTO DE RÉGIMEN OBLIGATORIO QUE PRESENTA LA DIPUTADA JOSEFINA SALAZAR BÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Josefina Salazar Báez, Diputada por el V Distrito Federal de San Luis Potosí, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que disponen la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6º, numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevo a la digna consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que ADICIONA fracción IV, y último  párrafo al artículo 12; ADICIONA artículo 26 BIS; ADICIONA segundo y tercer párrafo al artículo 105; y REFORMA el primer párrafo del artículo 201; todos de y a la Ley del Seguro Social; con el objeto de incorporar a dicha Ley a los estudiantes de nivel medio superior y superior en calidad de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dándole una base legal y certeza jurídica definitiva al llamado seguro facultativo para estudiantes; y en segundo lugar, adicionar a los sujetos beneficiaros del servicio de guardería, a las mujeres universitarias que sean madres, durante el tiempo que cursen sus estudios y de acuerdo a la Ley, prestación no contemplada por el seguro estudiantil actual. Lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Seguro de Salud para estudiantes, también conocido comúnmente como seguro facultativo, es un esquema de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior y superior; concediéndoles las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Puesto que la Ley del Seguro Social no incluye a los estudiantes dentro de los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, su inclusión se hizo posible mediante Decretos Ejecutivos: el primero publicado el 10 de junio de 1987, y el segundo, que está vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998.

El citado Decreto incorpora al régimen obligatorio del seguro social a las personas que cursen estudios en los niveles medio y medio superior en instituciones educativas del Estado, y que no cuenten con otra protección. Con lo cual este grupo poblacional obtuvo acceso a varias  prestaciones en especie, mientras que el gobierno federal asimilaba los costos, según se aprecia en los siguientes fragmentos del Decreto:

Artículo 1.  Se incorporan al régimen obligatorio del seguro social, por lo que corresponden a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior  y superior  en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto  o cualquier otra institución de seguridad social. (…)

Artículo 3. El Gobierno Federal cubrirá en forma integral, por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. (…)

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto del salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste factor del 1.723% multiplicado por el número de estudiantes asegurados.

Así mismo, el decreto contiene también disposiciones de orden operativo en sus artículos 4º a 6º, como el establecimiento de convenios con las instituciones educativas, la provisión de datos para dar de alta a los asegurados, y los informes y documentos necesarios para el IMSS.

Sin embargo, ante los retos que la población enfrenta y con una perspectiva a futuro, es necesario afianzar la seguridad social de los estudiantes del sistema público mexicano. Por eso, y con ese fin, esta iniciativa comprende dos objetivos: el primero consiste en incorporar a la Ley del Seguro Social a los estudiantes de nivel medio superior y superior en calidad de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dándole una base legal y certeza jurídica definitiva al seguro para estudiantes.  Y en segundo orden, adicionar a los sujetos beneficiaros del servicio de guardería, a las estudiantes de nivel superior que sean madres, durante el tiempo que cursen sus estudios y de acuerdo a la Ley, prestación no contemplada por el seguro estudiantil actual.

En lo tocante al primer punto, resulta vital darle certeza jurídica a un mecanismo que ha existido durante más de 30 años y que ha traído beneficios a la población asegurada, como por ejemplo: apoyo a la economía familiar, que en muchos casos se traduce en facilidades para la conclusión de los estudios, ya que como las estadísticas educativas lo señalan, la deserción es uno de los más grandes problemas que enfrenta el nivel medio superior y superior. Por ejemplo, se estima que entre 600 mil y 700 mil jóvenes abandonan los estudios de nivel medio superior anualmente, es decir alrededor del 15% de quienes ingresan. [*] Respecto al nivel superior, de acuerdo al INEGI, únicamente 8 de cada 100 alumnos que inician una carrera universitaria la terminan, [*] por lo que es muy probable que, sin la disponibilidad del seguro, los índices de deserción pudieran ser todavía más altos.

Por lo tanto, esta propuesta busca adicionar a la Ley las disposiciones contenidas en el citado Decreto publicado el 14 de septiembre de 1998; con ello se aseguraría la inclusión del seguro para estudiantes en la Ley, aumentando la certidumbre sobre este mecanismo, y sin cambiar su operación en general; por lo que el financiamiento, cubierto por el Gobierno Federal quedaría fundamentado en los mismos términos en que el Decreto vigente lo dispone. También se incorporan las disposiciones que indican que serían beneficiarios los estudiantes de nivel medio superior y superior de escuelas públicas, que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social; se prevé de igual forma que el Instituto pueda celebrar convenios con las Instituciones educativas para facilitar el acceso de los estudiantes a esa prestación, para lo cual tendrán que proporcionar al Instituto la información requerida.

Por tanto, la continuidad del aseguramiento en los mismos términos sería posible integrando las disposiciones del Decreto antes citado al cuerpo de la Ley del Seguro Social, en materia de beneficiarios, convenios, delimitaciones y financiamiento. Igualmente, tampoco podemos pasar por alto la relevancia del tema en lo legislativo; ya que como antecedente, debemos mencionar que en el año 2013, fue promovida una iniciativa con objetivos generales similares ante el Legislativo Federal.

Respecto al segundo objetivo, se plantea extender las prestaciones en especie del seguro mencionado para que incluir, en el caso de maternidad, el servicio de guardería para las estudiantes de nivel superior que sean madres.

El embarazo a temprana edad es una tendencia marcada en México, que ocupa el primer lugar en el indicador, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. [*]

Es notorio que estos embarazos ocurren en la etapa de vida escolar de las adolescentes y jóvenes en cuestión, lo que hace que tengan el doble rol de estudiantes y madres. Las mujeres en esas condiciones están prácticamente invisibilizadas en nuestro país, ya que no hay cifras precisas sobre su cantidad y edad, incluso no hay muchos estudios que se centren en ellas, de acuerdo a la investigadora Rosa María Huerta:

 “(Se piensa que) no conforman una cifra representativa. Postura que puede implicar la invisibilización de estas mujeres, sobre todo si esto se plantea  desde una perspectiva general sobre las dinámicas de la población estudiantil universitaria, sin  considerar que muchas de las estudiantes que son madres no pueden cumplir en tiempo y  forma la currícula escolar. (…) en muchos casos no se generan estadísticas.” [*]

Se cuenta con datos de algunos centros educativos, que arrojan algún atisbo de su porcentaje, aunque éste es pequeño, según las investigadoras Dinorah Miller y Vanessa Arvizu:

“En la institución que nos sirve de referencia, la UAM Azcapotzalco, el porcentaje de madres estudiantes en las generaciones estudiadas no sobrepasó el 6%. Otra evidencia de lo excepcional que resulta esta doble condición (…) no sólo es la baja proporción de estudiantes que son madres, sino también la escasa información y los pocos estudios al respecto.” [*]

Como los estudios lo señalan las estudiantes que son madres, resultan invisibles en muchos casos, aún para algunas políticas públicas que las han excluido en perjuicio de su bienestar y de sus hijos; como por ejemplo en el caso de “el decreto  presidencial que obliga la creación de lactarios en las instituciones públicas y privadas, para  que las mujeres puedan amamantar a sus hijos y/o extraer la leche de forma aséptica, se  contempla como un derecho para las madres trabajadoras y no se incluye a las estudiantes  como sujetas de derecho.” [*] Lo anterior señala las condiciones de esta población femenina y la necesidad de incluirlas dentro de las acciones que apoyen su bienestar y el de sus hijos.

Ahora bien, la posibilidad de proveer de cuidados a sus hijos, sea por medio de redes de apoyo como la familia, o utilizando recursos económicos autogenerados, es un factor determinante en los casos de deserción, la que alcanza cifras de 280 mil casos al año, atribuibles a embarazo y maternidad de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública. [*]

El mismo organismo, señala que:

“Entre las primeras tres razones que arguyen las mujeres para abandonar sus estudios están, sólo después de las razones económicas, el embarazo y las uniones conyugales en respectivo orden; esto resulta preocupante porque refleja la ocurrencia anticipada de los eventos, más aún por las pocas posibilidades que estas mujeres tienen de regresar a terminar su educación media, una limitante para continuar con la educación superior.” [*]

Los estudios que se han realizado son concluyentes en cuanto a que el embarazo, así como la disponibilidad de apoyo para el cuidado de sus hijos es un determinante de la permanencia en  la escuela. Además de que una vez que se efectúa la deserción es difícil que la estudiante regrese a concluir sus estudios, por lo que existen grandes posibilidades de interrupción definitiva de los estudios.

A pesar de la invisibilidad general de estos casos, existen algunos programas que se han implementado para apoyar al cuidado de los hijos. Huerta Mata señala el programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, que cuenta con un subsidio para madres estudiantes, y varias Universidades Públicas en Entidades como Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas y Nayarit entre otras, que han hecho uso de estos esquemas para tratar de abatir el problema de la deserción.

No obstante la misma autora señala que es necesario un consenso general que asegure que programas de este tipo sean aplicados de manera efectiva y homogénea, en todos los centros educativos. [*]

Por principio de derechos, y para brindar atención a un problema público, hace falta un verdadero esquema universal, no importa el número de casos, que no está cuantificado a detalle, sino la observación de los derechos de una población específica y la realización de acciones afirmativas, de tipo compensatorias, tendientes al fortalecimiento de las garantías y las oportunidades reales dentro de un marco común. 

Hasta ahora, esta problemática se ha considerado un asunto pertinente a la esfera de lo privado, sin embargo, la deserción escolar, resulta relevante como un problema público y uno de los más graves para la educación en México.

El abandono de estudios evita el acceso a mejores posibilidades laborales y socioeconómicas, formando parte de círculo vicioso que afecta en este caso a muchas mujeres y familias, y da continuidad a las condiciones de vulnerabilidad, que a su vez son un factor determinante de la pobreza.

Además, desde una perspectiva jurídica, primeramente resulta necesario salvaguardar los derechos reproductivos, reconocidos en el párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución, que afirman que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; por lo que se aduce que las decisiones reproductivas recaen en lo individual.  Y aunque se podría argumentar que en muchos casos los embarazos tempranos no ocurrieron de forma informada, no es justificación para que se produzca una limitación real, efectuada mediante actos y omisiones, de las oportunidades a las que estas personas como sujetos de derechos puedan acceder, mucho menos en casos que forman parte de un problema público reconocido como es la deserción escolar.

Por lo tanto, se requiere acción pública efectiva emprendida desde el Estado. Las madres estudiantes deben dejar de ser vistas como posibles beneficiarias de asistencialismo, y contemplarse como titulares de derechos, [*] como el acceso a la educación y como objetivo de acciones afirmativas, encaminadas a compensar su igualdad en el ejercicio de tal derecho. También, tales acciones deben de contemplarse dentro de aquellas encaminadas a “favorecer la permanencia escolar y reducir el rezago educativo en adolescentes con  y sin hijos”, que resultan del todo necesarias en las condiciones actuales. [*]

De manera que lo que se pretende es que las estudiantes que sean madres, puedan acceder al servicio de guarderías en términos de la cobertura para ellas que la Ley otorgaría al incluir a los estudiantes de nivel medio superior y superior como beneficiarios. Esto en virtud de que la Ley del Seguro Social, en su Artículo 11, fracción V, establece que el régimen obligatorio comprende el seguro de guarderías y prestaciones sociales; por lo que, al considerar a dichas estudiantes dentro del régimen obligatorio, acceden a esa prestación.

Sin embargo, para otorgar mayor certeza jurídica, se propone que la mención expresa de las madres estudiantes beneficiarias sea adicionada al primer párrafo del artículo 201, que enumera los sujetos específicos cuyo riesgo de no poder proporcionar cuidados a sus hijos queda cubierto y que pueden acceder al servicio de guardería. El servicio se otorgaría en términos de la propia Ley: es decir aplicaría a menores de 46 días a 4 años de edad, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 206, y siempre y cuando la madre beneficiaria tenga la calidad de estudiante universitaria.

Finalmente, leamos con atención lo que al respecto dice el connotado experto en el tema de la pobreza Amartya Sen, quien: “establece que las políticas públicas deben ser el medio para  que las personas desarrollen sus capacidades,” [*] y en este caso, al fundamentar en la Ley el seguro estudiantil y al mismo tiempo extender las prestaciones para las madres que estudian, se estará proveyendo el marco para políticas la continuidad y el crecimiento de políticas que apoyarán a nuestros adolescentes y jóvenes en el desarrollo de sus capacidades, sobre todo a quienes hasta ahora han sido invisibles y cuyos derechos deben fortalecerse.

FUNDAMENTO LEGAL

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6º, numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE SUJETOS DE ASEGURAMIENTO DE RÉGIMEN OBLIGATORIO

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; se adiciona artículo 26 BIS; se adiciona segundo y tercer párrafo al artículo 105; y se reforma el primer párrafo del artículo 201; todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I a III. … .

IV. Las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social, en lo que corresponde a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social promoverá la celebración de convenios con las instituciones de educación media superior y superior, con objeto de facilitar el acceso a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad según lo descrito en esta Ley.

Artículo 26 BIS. Los estudiantes beneficiarios en términos del artículo 12, deberán proporcionar la información que el Instituto Mexicano del Seguro Social les requiera para el disfrute de las prestaciones, sea en forma directa, o a través de las instituciones educativas donde realicen sus estudios. Las instituciones públicas de educación media superior y superior proporcionarán al Instituto Mexicano del Seguro Social, los informes y documentos que les requiera para el cumplimiento de los fines señalados en esta Ley.

Artículo 105. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado.

El Gobierno Federal cubrirá en forma integral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. Para tal efecto enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los primeros diecisiete días de cada uno de los meses del año, las cantidades proporcionales respecto de la estimada como costo de operación anual. Dentro de los tres primeros meses de cada año se realizarán los ajustes que procedan, cubriéndose en su caso, las diferencias.

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste el factor del 1.723% multiplicado por el número de estudiantes asegurados.

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, de la mujer beneficiaria estudiante de nivel superior, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2019.

A T E N T A M E N T E

JOSEFINA SALAZAR BÁEZ

DIPUTADA FEDERAL


[*] http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/235446  Consultado el 8 de diciembre 2018.

[*] https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_34505.html  Consultado el 2 de diciembre 2018.
Prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. En: http://tese.edu.mx/documentos2004/5780_SACNFGU.pdf  Consultados el 5 de diciembre 2018.

[*] Rosa María Huerta Mata. Joven, mamá y estudiante: Identidad materna universitaria de la “madre soltera”. El Colegio de San Luis. Tesis Doctoral. P. 138.

[*] Dinorah Miller, Vanessa Arvizu. Ser madre y estudiante. Una exploración de las características de las universitarias con hijos y breves notas para su estudio. En: Revista de la Educación Superior
Volume 45, Issue 177, January–March 2016, Pages 17-42.  En: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300085 Consultado el 5 de diciembre 2018.

[*] Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 346.

[*] Miller, Arvizu. Op. Cit.

[*] Rosa María Huerta Mata Op. Cit. Pp. 142-143, 348.

[*] Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 148.

[*] Aremis Villalobos-Hernández. Lourdes Campero. Et. Al. Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis de una encuesta nacional en México. En Salud pública Méx vol.57 no.2 Cuernavaca mar./abr. 2015. En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000200008   Consultado el 4 de diciembre 2018.

[*] Citado por Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 349.