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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instrumente un programa de estímulos fiscales dirigido a sociedades rurales o empresas comunitarias de las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA

Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE INSTRUMENTE UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS FISCALES DIRIGIDO A SOCIEDADES RURALES O EMPRESAS COMUNITARIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE OAXACA, CHIAPAS, GUERRERO Y VERACRUZ, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pobreza, la marginación y la desigualdad son tres de los principales problemas estructurales –y añejos– de México, que han limitado a todos los gobiernos pasados su potencial de crecimiento y desarrollo, dado su origen multifactorial y sus grandes dimensiones. Pese a que existen grandes avances respecto a su medición, diagnósticos y focalización, las políticas y los programas sociales no han logrado romper con esa inercia negativa que generan los círculos de pobreza.

La propia heterogeneidad entre las entidades federativas y los municipios significa, en muchos casos, grandes desigualdades regionales, que van desde las económicas, las sociales y las geográficas, las cuales representan importantes retos para el diseño de políticas públicas que incluyan dentro de su población objetivo factores y características tan diversas.

Estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) refieren que en nuestro país del 2008 al 2016 aumentó el número de pobres de 49.5 millones de personas en situación de pobreza (44.4% del total de la población) a 53.4 millones de personas (43.6% de la población nacional). Aunque se observa una disminución en 0.8% en términos de la población total, 3.9 millones de personas más cayeron a situación de pobreza.

Respecto a la pobreza extrema hubo una importante disminución en este periodo al pasar de 11% a 7.6%, que representa 2.9 millones de personas menos en esta situación. Cabe destacar que este organismo de evaluación reconoce que la disminución podría atribuirse a un “... efecto de los programas, acciones y estrategias de coordinación focalizadas que han buscado incidir directamente en los indicadores de la medición de pobreza en los últimos años.”

Las entidades federativas con los porcentajes más altos de población en pobreza fueron Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%), Veracruz (62.2%)  y Puebla (59.4%), es decir cerca de 8 de cada 10 chiapanecos y 7 de cada 10 oaxaqueños viven en esta condición.

Aunque en términos absolutos, el Estado de México es el que concentra más pobres (8.3 millones de personas), en estos cinco estados viven cerca de 24 millones de mexicanos, que representan el 45% del total de la población en pobreza.

Un dato muy relevante es que el 58.2% de la población (40.8% en pobreza moderada y 17.4% en pobreza extrema) que vive en zonas rurales está en condiciones de pobreza, es decir, alrededor de 6 de cada 10 personas.

Al desagregarse en pobreza municipal, de acuerdo al CONEVAL, en el año 2015 en 927 municipios, 75% o más de su población estaba en situación de pobreza (la mayoría son municipios pequeños, con un porcentaje alto de población indígena y rurales). En 19 municipios, prácticamente el total de su población (99%) es pobre.

Por otro lado, 185 municipios del país concentraban la mitad de la población en pobreza (26.7 millones de personas) y el municipio de Santos Reyes Yucuna? en Oaxaca era el único con 99.9% de su población en pobreza.

Respecto a la pobreza extrema, 18 municipios tenían 75% o más de su población en esta situación, de los cuales 11 se ubicaban en Oaxaca, 2 en Guerrero y 5 Chiapas. Nuevamente, el municipio oaxaqueño Santos Reyes Yucuna? fue el único con más de 90% de su población en situación de pobreza extrema.

Lo anterior nos da una clara dimensión de los retos que representa instrumentar una política de crecimiento incluyente considerando estas grandes disparidades. Sin embargo, el CONEVAL ve un área de oportunidad en las políticas públicas que buscan generar las condiciones, mecanismos o canales para que las personas o los distintos sectores de la economía produzcan mayor valor económico. Incluso hace referencia al “Programa para Democratizar la Productividad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2013, que tiene como propósito coordinar las acciones de gobierno cuya finalidad es eliminar los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas, impulsar el uso eficiente de los recursos productivos y analizar de manera integral la política de ingresos y gastos públicos para que las estrategias y los programas del gobierno induzcan la formalidad.

En este tenor, consideramos que las personas que viven en ejidos y comunidades rurales representan un importante sector económico que ha sido subestimado. Durante los últimos años, las empresas comunales, que se dedican principalmente al aprovechamiento sustentable de sus recursos y realizan actividades económicas de impacto local como ecoturismo, elaboración de artesanías y muebles, aserraderos y venta de madera, granjas acuícolas, por mencionar, algunas, han logrado desarrollar importantes fuentes de empleo e ingresos.

En el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca con el apoyo de las seis empresas comunitarias se construyó el 90% del palacio municipal. Además de que han apoyado a la construcción de banquetas y techados para las escuelas públicas, pavimentación, obras de drenaje y agua potable, restauración del templo católico, incluso han contribuido con el parque vehicular del ayuntamiento.

Sin embargo, cuando estas empresas comunales comienzan a desarrollar cadenas productivas o industrializan sus actividades, la Ley de Impuesto Sobre la Renta les aplica el mismo tratamiento que a cualquier empresa privada, lo cual tiene un impacto considerable en sus ingresos, máxime cuando el objeto de estas empresas es el beneficio social. Por ejemplo, cuando una empresa comunal realiza alguna actividad de tequio, como apoyar a la realización de trabajos de reforestación y cuidado del bosque, estas actividades no son facturables y, por tanto, tampoco deducibles de impuestos.

Está situación limita el crecimiento y la vida de estas empresas sociales frente a las demás empresas con fines lucrativos. Actualmente la Ley Agraria contempla la figura de sociedades rurales como la de Asociaciones Rurales de Intere?s Colectivo (Artículo 110) y Sociedades de Producciónn Rural (Artículo 110) donde pueden agruparse ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de sociedades de producción rural. Adquieren personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y en los Registros Pu?blicos de Cre?dito Rural o de Comercio.

Sin embargo, la Ley de Impuesto Sobre la Renta no establece ningún estímulo fiscal para estas empresas sociales que no tienen fines lucrativos. Por tal razón, se vuelve prioritario que en el marco de la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere instrumentar un Programa de Estímulos Fiscales para Sociedades Rurales o Empresas Comunitarias de los estados con el mayor rezago social que son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. El Reglamento Interior de la Secretaría le da facultades, a través de su Unidad de Política de Ingresos, para estudiar y analizar el comportamiento de la economía nacional con el propósito de identificar problemas y proponer alternativas de política de ingresos. Además le otorga atribuciones en materia de política de ingresos, incluyendo la fiscal, para la creación de  “… estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional…” (Fracciones I y II, artículo 38). Consideramos que fortaleciendo las capacidades de las empresas sociales mediante incentivos fiscales, se contribuye a reactivar la economía local y al bienestar de las familias menos desfavorecidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instrumente un Programa de Estímulos Fiscales dirigido a Sociedades Rurales o Empresas Comunitarias de las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 05 de junio de 2019.

SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO


CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México. 2018. P. 21

Ibídem. Pp. 25-27

Ibídem. P. 30

Ibídem. P. 62