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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


Iniciativa que presenta el diputado Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario de Morena con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quien subscribe, Diputado Marco Antonio Medina Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de dicha Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente Propuesta de Proyecto de Reforma Constitucional pretende dotar de certeza y certidumbre constitucional a los servidores públicos que integran el Cuarto Nivel de Gobierno en la administración pública municipal y, por ende, hacerlos acreedores a una remuneración y a las prestaciones de ley que correspondan.

Exposición de Motivos

En las diferentes Entidades Federativas que conforman nuestro país, la administración pública local ha utilizado diversas formas de organización para cumplir con las funciones de gobierno. A la organización y autonomía de los ayuntamientos se les ha adherido la capacidad de nombrar personal de apoyo en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal. Dicho personal es electo por la propia comunidad para ejercer labores administrativas e incluso dar fe pública, cumpliendo así con las atribuciones de un servidor público o representante de gobierno. Estos funcionarios son conocidos comúnmente como “Agentes”, “Subagentes”, “Comisarios” o “Delegados” municipales y forman parte regular de la administración pública municipal.

Derivado de la falta de un apartado constitucional que dote de personalidad jurídica a estos funcionarios municipales, diversos Ayuntamientos han utilizado el argumento de la autonomía constitucional y de la falta presupuestal para evadir la responsabilidad de dotar a dichos servidores públicos de una remuneración que retribuya las funciones que desempeñan. Sin embargo, en diferentes estados de la República existen iniciativas de ley que han intentado legislar sobre los derechos y obligaciones administrativas de los ciudadanos electos por sus comunidades. A pesar de ello, no existe un cuerpo legal a nivel nacional que dote de certidumbre jurídica a esta figura, primer contacto entre gobierno y sociedad en las comunidades.

En lo que corresponde a la razón jurídica sobre la institucionalización del Agente municipal cono servidor público, existen diversas sentencias y resoluciones jurisdiccionales que han establecido la obligación por parte del Ayuntamiento de dotar de una remuneración adecuada a estos funcionarios. Tan sólo en Veracruz existen, por ejemplo, dos casos de jurisprudencias recientes a favor de la figura del agente municipal, bajo el expediente TEV-JDC-262/2018 -el cual se confirma con la sentencia emitida bajo el expediente SX-JDC-926/2018- y bajo el expediente SUP-REC-1485/2017, los cuales fungen como antecedentes directos al reconocer el derecho de dichos servidores públicos a tener una remuneración económica.

Analicemos un caso en concreto. El expediente TEV-JDC-262/2018 refiere a un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano mediante impugnación por parte de un agente municipal de la Congregación de Pacho Nuevo, correspondiente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en 2018, por la omisión del Ayuntamiento a otorgarle una remuneración por el ejercicio de su cargo como servidor público. El caso se resuelve ordenando al Ayuntamiento de Emiliano Zapata que modifique el Presupuesto de Egresos 2019 para fijar una remuneración, bajo los siguientes considerandos:

• El Tribunal Electoral determinó que, de conformidad con la Constitución Federal y Local, todo servidor público tiene derecho a recibir una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión.? Así, del estudio de la normativa municipal se puede concluir que los Agentes Municipales son servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos, a los mismos, les corresponde el pago de remuneración por el desempeño de su cargo.

• Ante la situación mencionada y para no seguir generando situaciones contrarias al derecho mencionado, se dio vista al Congreso del Estado para que tome las medidas que considere pertinentes, para garantizar el derecho de los Agentes y Subagentes municipales de recibir una remuneración y haga de conocimiento la presente sentencia a los Ayuntamientos para el efecto de que prevean, en sus respectivos presupuestos de egresos, las remuneraciones que por derecho deben recibir.

Aunado a lo anterior, cabe hacer hincapié en el siguiente argumento del Tribunal para emitir la sentencia. Es inconstitucional la omisión de la responsable de otorgarle una remuneración económica por sus funciones como Servidor Público en el cargo de Agente Municipal, pues dicha omisión violenta el siguiente marco jurídico: lo señalado por los artículos 36, fracción IV, 115, párrafo primero, Base I y IV, y el artículo 127, de la Constitución Federal; el artículo 82 de la Constitución Local, como ha sido objeto de estudio por parte de la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-14851/2017; la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz: artículos 1, 19, 22, 61, 62, 171-185; y el Código Hacendario para el Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: artículos 5, 275, 277, 300, 306, 308, 309, 312, 325.

Tomando en cuenta lo anterior, queda claro que existe un marco jurídico nacional que ya dota de certidumbre como servidor público a los trabajadores del municipio. Sin embargo, hace falta especificar que son servidores públicos los miembros que desempeñan algún empleo, cargo o comisión en las demarcaciones territoriales que integran el municipio, y por lo tanto deben recibir una remuneración adecuada por sus servicios.

Por ende, se pretende que el municipio, en pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal, emprenda un análisis de la disposición presupuestal que permita formular ante el Cabildo una propuesta de reorientación del gasto en el Presupuesto de Egresos programado para el ejercicio del año correspondiente, lo cual no implicaría una erogación adicional en los municipios y permitiría que se contemple el pago de una remuneración para los servidores públicos que funcionan como auxiliares del municipio.

De esta forma, la presente propuesta busca modificar el artículo 115, Fracción 1, del texto constitucional para dar certeza a estos funcionarios de Gobierno como parte oficial de la administración pública municipal del país. La modificación anterior obliga a que se cumpla lo establecido en los artículos constitucionales 36, fracción IV; 108, párrafo primero; y 127, párrafo 1, fracciones III y VI, a fin de reconocer estas figuras municipales:

El artículo 36, fracción IV, establece lo siguiente:

“Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y ”

De acuerdo al artículo 108, párrafo primero:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

Del mismo modo el artículo 127, párrafo 1 y fracciones III y VI, mencionan que:

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.”

En resumen, se propone reconocer jurídicamente la figura los servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos, dotándolos de certeza y certidumbre constitucional, para que sean acreedores a una remuneración adecuada e irrenunciable. Asimismo, cabe mencionar una vez más que lo anterior implicaría una reasignación y no una erogación presupuestal adicional, respetando en todo momento la autonomía administrativa del municipio.

Para mayor claridad, se anexa un cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAMOS UNIDOS MEXICANOS.
DICE DEBE DECIR
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. …

(SIN CORRELATIVO)

… Artículo 115. …

I. …

Cada municipio podrá contar con servidores públicos que funcionarán como auxiliares de los Ayuntamientos en las respectivas áreas territoriales que se establezcan y que serán electos conforme a lo establecido en la legislación local, observando en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades de ley adquiridas como servidor público y el otorgamiento de una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función.


Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo a la Fracción I y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Art. 115. …

I. …

Cada municipio podrá contar con servidores públicos que funcionarán como auxiliares de los Ayuntamientos en las respectivas áreas territoriales que se establezcan y que serán electos conforme a lo establecido en la legislación local, observando en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades de ley adquiridas como servidor público y el otorgamiento de una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función.

Transitorios

Primero- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo- Se establece un plazo de hasta 180 días para que las Legislaturas Locales y el Congreso de la Ciudad de México lleven a cabo las modificaciones a sus ordenamientos constitucionales, a fin de atender lo establecido en el presente decreto.

Tercero- Las erogaciones que deben realizarse a servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos correrán a cargo del presupuesto municipal, por lo que los cabildos, en el ámbito de su competencia y autonomía, deberán hacer las adecuaciones y reorientación del gasto que corresponda.

Palacio Legislativo, a 31 de mayo de 2019.

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica)