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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o lineamientos para realizar el cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la que los ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía eléctrica.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIÓN.


PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE ESTABLEZCAN LOS CRITERIOS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL COBRO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO; EN AQUELLOS CASOS EN LA QUE LOS AYUNTAMIENTOS CAMBIEN DE SUMINISTRADOR, O BIEN, SE VUELVAN AUTO ABASTECEDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El que suscribe, José Del Carmen Gómez, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, mediante el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o lineamientos para realizar el cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la que los ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía eléctrica.

Consideraciones

La Reforma Energética propuesta por la pasada Administración Federal, consideró reformar el marco jurídico energético para que se respondiera a las necesidades del país y asegurar con ello el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de la Nación.

Bajo ese contexto se señalaba que en México las poblaciones de más de 100 mil habitantes registraban una electrificación superior al 99%, en tanto que en las localidades más pequeñas y marginadas de menos de 2,500 habitantes la cifra representaba el 93.5%.

Con esas cifras, es importante considerar a la erradicación de la pobreza energética como un elemento importante para alcanzar el desarrollo humano. Dado ello, y para que la transformación del sector energético beneficie a todos los mexicanos, se requiere establecer el acceso universal a la energía eléctrica como una prioridad fundamental de la política energética. Actualmente, se tienen pendientes por electrificar alrededor de 43,000 localidades, lo que representa más de 2 millones 200 mil personas.

Con una cobertura de 98%, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se acerca al cumplimiento de su cometido original. No obstante, crecen los reclamos de la sociedad por los altos costos de la energía eléctrica. Esta situación se da en un contexto en el que las finanzas de la CFE son endebles y sus tarifas no son competitivas a nivel internacional.

Una comparación con nuestro principal socio comercial muestra que, aún con subsidio, en promedio nuestras tarifas son 25% superiores a las de los Estados Unidos de América, con diferencias aún mayores en la industria y el comercio.

Cabe señalar, que la reforma energética originalmente planteaba como uno de sus objetivos el corregir las limitaciones del modelo actual, para agregar capacidad de energías renovables a gran escala mediante la creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado a través de un operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias.

Con lo todo antes expuesto, vale aludir a la Ley de la Industria Eléctrica que en su artículo 1 de la misma Ley señala:

……….

“…Esta Ley tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energía Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.”

Por su parte, el artículo 4 de la misma Ley señala:

………..

El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.

En ese sentido, en el documento denominado: “Problemática en el Cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP)”, señala que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación del servicio de alumbrado público es una atribución municipal que forma parte de su patrimonio. Los municipios se encuentran facultados para cobrar un Derecho de Alumbrado Público (DAP), como una contribución establecida a su favor para favorecer sus finanzas públicas.

El referido documento, señala que el DAP es una contribución recaudada por las administraciones municipales y estatales para cubrir el costo de la prestación del servicio de alumbrado público en calles, plazas, parques y demás lugares públicos.

Ahora bien, el DAP es un monto que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparece en la factura de los usuarios de energía eléctrica, lo cual le facilita la recaudación de las administraciones municipales. Este mecanismo de cobranza se deriva de convenios celebrados entre la CFE y los municipios.

Cabe señalar, que el cobro del DAP se aplica en 21 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Lo que equivale que el DAP se cobre en 1,131 ayuntamientos, lo cual representa el 48% del total de municipios del país. Dado ello, los gobiernos de los estados se han interesado en impulsar el establecimiento del DAP en las Leyes de Ingresos o Códigos Fiscales locales.

Al respecto, es del conocimiento público que los municipios del país consumen grandes cantidades de energía eléctrica para alumbrado público y dependen de lo que recaude la Comisión Federal de Electricidad por concepto de Derechos de Alumbrado Público, esquema que les permite fortalecer sus finanzas públicas municipales.

Sin embrago, la mayoría de los municipios del país no alcanzan a cubrir el costo del servicio de alumbrado público con lo que obtienen de la recaudación del DAP y se siguen acumulando grandes deudas a la CFE.

Razón de ello, los municipios del país acumulan deudas históricas con la CFE, ya que en aquellos municipios en los cuales se recauda recursos por concepto de Derechos de Alumbrado Público son insuficientes para pagar la facturación por el suministro de energía eléctrica mes con mes; lo que hace indispensable que los municipios cuenten con ese recurso para no tener un mayor endeudamiento con la Comisión Federal de Electricidad, mismo organismo que se ve afectada en sus finanzas patrimoniales.

A enero de 2019, el titular de la Comisión Federal de Electricidad señaló que la cartera vencida de este organismo, es por 45 mil millones de pesos, de los cuales, 14 mil millones son los adeudos del gobierno federal, estados y municipios, mientras que el resto tiene que ver con la falta de pago por parte del sector residencial, comercial e industrial.

En total, durante 2018, la CFE dejó de percibir más de 105 mil millones de pesos por robo, pérdidas técnicas, no técnicas y cartera vencida. La cifra, incluso, supera en 57 por ciento el robo de hidrocarburos que fue calculado en 66.7 mil millones de pesos.

La problemática se acentúa dado que las tarifas de la CFE no son competitivas y, se corre el riesgo de que se incremente la deuda de los municipios con dicha institución. Situación que por un lado debilita aún más las finanzas públicas municipales y por otro, se empeora la situación financiera de la propia CFE.

De acuerdo al documento emitido por el Gobierno de la República de los recursos obtenidos del DAP se alcanza a cubrir aproximadamente el 65% de la facturación del alumbrado público en los estados donde se aplica. La mayoría de los municipios que cobran este derecho son deficitarios en la recaudación, por lo que los gobiernos estatales y/o municipales deben asumir el costo de la facturación que no se obtuvo del DAP, para realizar el pago total del servicio.

En ese sentido, se pretende que los municipios puedan ingresar al mercado eléctrico mayorista como lo establece la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento para que se puedan conseguir mejores precios por el kWh. Además, es conveniente para el país que la energía eléctrica que consuman los municipios para el alumbrado público provenga de energías renovables y puedan adquirir los certificados de energías limpias.

No obstante, los municipios tienen una gran limitante. La Comisión Federal de Electricidad ha manifestado a los municipios que si éstos cambian de Suministrador o son Auto-abastecedor de Energía Eléctrica para alumbrado público la CFE dejaría de realizar la recaudación por concepto de Derechos de Alumbrado Público.

Situación que desinhibe a los municipios a ser Usuarios Calificados para participar en el mercado eléctrico mayorista, ya que el DAP es un ingreso importante para los municipios para el pago del alumbrado público y sin ese recurso, afectarían sus finanzas públicas.

En ese sentido, es importante que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad establezcan los acuerdos y lineamentos para que la CFE cobre un porcentaje menor a los municipios por el servicio de recaudación del DAP, en caso de cambiar de suministrador o consuman energía eléctrica por auto abasto.

Esta medida permitiría que los municipios busquen suministradores o auto-abastecedores de energía eléctrica para alumbrado público que les oferte mejores precios de tarifa eléctrica por kWh, y que esta provenga de energías renovables. De esta manera, la CFE dejaría de producir energía cara, y que en consecuencia repercute en el precio del kWh que les ofrece a los municipios del país.

En ese sentido, resulta importante que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad establezcan los criterios o lineamientos a efecto de que cualquier municipio cuando cambie de suministrador de energía eléctrica para alumbrado público, la CFE siga recaudando el DAP para que los municipios sigan contando con el recurso por concepto de los Derechos de Alumbrado Público; lo que permitirá que los municipios se generen ingresos por el referido concepto y al mismo tiempo no se vean obligados a permanecer con la CFE.

Bajo ese contexto, tanto la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la propia Comisión Federal de Electricidad serían beneficiados al establecer los criterios o lineamientos referentes a los montos que debe cobrar la CFE al municipio, en caso, de que el municipio se cambie de suministrador o se vuelva auto-abastecedor de energía eléctrica para alumbrado público.

Desde luego, procurando que el pago que efectúen los municipios a la CFE sea un pago justo para ambas partes por el servicio de recaudación de los Derechos de Alumbrado Público, en aquellos casos que se deje de consumir energía eléctrica a la CFE y opten por otros suministradores o auto-abastecedores de energía eléctrica para alumbrado público.

Expuesto todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente,

Punto de Acuerdo:

Primero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan los criterios o lineamientos para realizar el cobro por concepto de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la que los ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores de energía eléctrica conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica.

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que den certeza a los ayuntamientos de contar con los recursos derivado de la recaudación de los Derechos de Alumbrado Público a objeto de que puedan cubrir el pago al suministrador de energía eléctrica que más les beneficie o mediante el auto abasto de energía electica.

Tercero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que deje de cobrar u obligar a los municipios para que firmen convenios que establezcan cualquier tipo de comisión por concepto del cobro del Derecho de Alumbrado Público.

DIP. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2019.

Referencias:

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- www.diputados.gob.mx.

2.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- pnd.gob.mx

3.- Ley de la Industria Eléctrica.- www.diputados.gob.mx.

4- Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.- www.diputados.gob.mx.

5.- Problemática en el Cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).- Gobierno de la República (Secretaría de Energía).